TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 79/2019-RI                                                        

Fecha: 06 de febrero 2019                                                 

Expediente: SC-7-19-A                                                                                 

Partes: Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental c/Adel Coimbra Espinoza y otros.                                 

Proceso: Nulidad de títulos de propiedad y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 310 a 321, interpuesto por la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental a través de sus representantes; contra el Auto de Vista de fecha 02 de octubre de 2018, cursante de fs. 294 a 295, pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario nulidad de títulos de propiedad y otros, seguido por la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental contra Adel Coimbra Espinoza y otros; la contestación al recurso de fs. 325 a 326; el Auto de Concesión del recurso de fecha 22 de noviembre de 2018, cursante en fs. 327; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. En base al memorial de demanda de fs. 75 a 80 subsanado por el escrito de fs. 83 a 85, la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental a través de su representante inició proceso ordinario sobre nulidad de títulos de propiedad y otros; acciones que fueron dirigidas en contra de Adel Coimbra Espinoza y otros, de quienes, una vez citados, la empresa ECOVIANA SRL por intermedio de su representante, contestó de forma negativa a la demanda, reconvino e interpuso excepción de falta de personería en el demandante a través de los memoriales de fs. 111 a 112 y 126 a 129; desarrollándose de esta manera el proceso hasta que en Audiencia Preliminar se dictó el Auto Interlocutorio Simple de fecha 06 de julio de 2018, cursante de fs. 247 vta. a 250, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declaró PROBADA la excepción antes referida.
  2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida de reposición bajo alternativa de apelación por la representación de la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental en audiencia preliminar y ratificada mediante el memorial de fs. 268 a 271; la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de fecha 02 de octubre de 2018, cursante de fs. 294 a 295, por la que declaró INADMISIBLE el recurso antes mencionado.
  3. Resolución de segunda instancia que fue recurrida en casación por la representación de la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental, mediante el memorial de fs. 310 a 321; recurso que es objeto de análisis en cuanto a su admisibilidad.

CONSIDERANDO II

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

  1. Señalan que el auto interlocutorio emitido por el Juez de instancia, no merecía el tratamiento de un auto definitivo, pues este podía ser subsanado en primera instancia al constituir un auto interlocutorio simple y de esa manera proseguir el proceso hasta su conclusión.
  2. Reclaman que la resolución que resuelve la excepción de falta de capacidad, personería y representación en el actor no define el fondo y sustancia de la causa, en ese entendido, ha mediado una interpretación y aplicación indebida del art. 367.II inc. 3) de la ley 439, cuando el Juez de instancia ordena el archivo de obrados como si se hubiera discutido y debatido el fondo, castigándolo por tanto con el tácito desistimiento de su pretensión.
  3. Denuncian que la excepción estudiada y analizada, únicamente tiende a depurar un extremo formal y no esencial del litigio, en tal sentido no se puede dar lugar y sancionar con el archivo de obrados, cuando la propia norma, acusada de infringida, refiere que de estimarse la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se concederá un plazo de 10 días a la parte accionante para subsanar lo omitido, ordenando, bajo prevención y aviso de tenerse por no presentada la demanda.
  4. Señalan que la ex Federación de Ferroviarios del Oriente, luego asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental y ahora Asociación de Jubilados Ferroviarios Red Oriental, ha tenido muchas mutaciones y cambios de apelativo, circunstancias que no afectan su capacidad y derecho de accionar en pos de obtener un fallo estimatorio, ya que esta entidad no se ha desintegrado, fusionado, liquidado o de alguna manera extinguido para que merced a ello sea declarada probada la excepción de falta de capacidad, personería o representación.
  5. Finalmente arguyen que la resolución recurrida ha atentado su derecho de acceder a la justicia y a tener un juez natural para la solución de sus conflictos, lo que hace que sus derechos al debido proceso y defensa también hayan sido conculcados, pues su capacidad jurídica se halla plenamente consolidada y debidamente aclarada, de tal manera que cuentan con la capacidad jurídica de obrar, y por ende representar a la entidad accionante dentro de este proceso.

En base a estos y otros argumentos solicitan que este Tribunal anule obrados y ordene la prosecución del proceso hasta que se dicte Sentencia o en su defecto se case el Auto de Vista con igual disposición.

Respuesta al recurso de casación.

  1. Tras una exposición de los antecedentes de la presente causa, señala que la interposición del recurso de casación en forma obligatoria debe observar lo dispuesto en el art. 271 del Código Procesal Civil, referente a las causales de casación, empero en el recurso del contrario, únicamente se hace alusión a una exposición de hechos, actos y derecho bastante larga sin que se aclare si el recurso es de fondo o forma, o ambos a la vez, asimismo no indica cuales son las leyes violadas, interpretadas erróneamente o de aplicación indebida.
  2. Finalmente arguye que ante la falta de personería en los recurrentes y ante el hecho de que el recurso no contempla los requisitos exigidos por la norma adjetiva civil en su art. 274.I inc. 3), esta debe ser declarada improcedente.

CONSIDERANDO III

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1.- De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación.

Sobre el tema en cuestión, previamente corresponde señalar que, si bien el Principio de Impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, y por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese principio no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que se encuentra limitado, por la misma Ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase o naturaleza de la resolución, y tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el particular el art. 250.I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario”, disposición legal que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270.I del mismo Código es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley.

Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este máximo Tribunal de Justicia, interpretación que debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, es así, que de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, "...de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria". También dentro del análisis del Principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que es una manifestación del Principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que anulen todo lo obrado, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.

Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la S.C. 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución.

Valga aclarar que lo expuesto no resulta una regla absoluta, en el entendido que el legislador ha establecido prohibiciones expresamente establecidas por Ley, para la inviabilidad o improcedencia del recurso de casación dentro de procesos ordinarios, como ser lo determinado en el art. 113.II, 248.II del Código Procesal Civil entre otros, que pese a tener esa calidad de Autos definitivos son inimpugnables de casación, y para el caso de Autos de Vista que resolvieren sentencia es inviable el recurso de casación en los procesos ordinarios que derivaren de resoluciones dictadas en proceso extraordinarios conforme manda el art. 270-II del referido Código.

3.- Sobre el trámite y forma de impugnación de las excepciones previas contenidas en la Ley 439.

Conforme se ha trazado en el punto anterior el principio de impugnación no debe concebirse como una potestad absoluta o ilimitada que atribuya al litigante la posibilidad de impugnar cuanta resolución considere le causa agravio o hacerlo a través de cualquier medio de impugnación o en cualquier tiempo y forma; sino que ese principio debe ser ejercido de acuerdo a las previsiones, exigencias y condiciones previamente normadas por Ley, más aun cuando del recurso de casación se trata.

En ese entendido, si nos detenemos a analizar el Código Procesal Civil, con vigencia plena a partir del 06 de febrero de 2016, podremos advertir que en su art. 250.I de forma clara señala que: “Las resoluciones judiciales son impugnables, salvo disposición expresa en contrario”, siguiendo esa línea el art. 252 del citado cuerpo normativo señala que: “Los medios de impugnación judicial son: 1. Reposición; 2. Apelación; 3. Casación; 4. Compulsa;  y 5. Revisión extraordinaria de sentencia”.

Bajo esa óptica el art. 257.I del citado código señala que: “Procede el recurso de apelación contra las sentencias, autos definitivos y otras resoluciones que expresamente establezca la Ley”, disposición normativa que genera un criterio orientado a establecer que el recurso de apelación procede contra resoluciones de primera instancia bajo las reglas del sistema de números apertus, pues la salvedad dispuesta en la última parte de esta norma “otras resoluciones que expresamente establezca la Ley” da cuenta de la posibilidad impugnar otro tipo de resoluciones ajenas a las Sentencias y los Autos definitivos, empero cuando de estas resoluciones se trata, no puede dejarse de lado que por su naturaleza, éstas puede ser concedida en el efecto suspensivo, devolutivo o diferido.

Entonces teniendo en cuenta que existen tres diferentes efectos de concesión de apelación, su procedencia ha de responder a lo preceptuado por el art. 260 de la tantas veces citada Ley 439 que claramente dispone:

  1. La apelación tendrá efecto suspensivo solo en procesos ordinarios cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio, o hagan imposible su continuación.
  2. En los demás casos, la apelación no tendrá efecto suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente.
  3. El anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto diferido procederá contra las siguientes resoluciones de primera instancia:
  1. Autos interlocutorios que resolvieren cuestiones previas, excepto las mencionadas en el art. 367 Parágrafo 1, Numeral 3.
  2. Autos interlocutorios que resolvieren incidentes.
  3. Resoluciones sobre proposición, producción, denegación y diligenciamiento de la prueba.
  4. Resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente Código disponga lo contrario.

Sobre el particular, el art. 128 del mismo adjetivo civil, establece un catálogo de excepciones denominadas previas, a cuyo respecto el art. 129 de la misma norma, dispone que una vez planteadas las mismas, estas serán corridas en traslado al demandante para que las conteste en un plazo de quince días, salvo que mediare reconvención (en cuyo caso el plazo será el previsto para la contestación a la reconvención); cumplido este trámite, las excepciones previas serán resueltas en audiencia preliminar a tiempo del saneamiento del proceso, conforme expresa el art. 366 núm. 4 de precitado Código.

Siguiendo este trámite, una vez resultas dichas excepciones, bajo un criterio de interpretación sistemático, es decir, tomando en cuenta toda la normativa procedimental civil, en lo que a las formas de impugnación concierne, corresponde expresar lo siguiente:

El citado entendimiento orienta cual es el trámite de impugnación a seguir para los casos de excepciones previas, ahora en lo que concierne a la posibilidad de su impugnación a través del recurso de casación, cabe resaltar que procederá el recurso de casación cuando se declare probadas las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación, cosa juzgada y falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda, ello porque esta determinación es una con carácter definitivo y ha de cortar procedimiento ulterior, subsumiéndose dentro de uno de los casos procedencia desglosados en el punto anterior (resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación), siguiendo esa línea, cabe destacar que estas excepciones, aun sean rechazadas (declaradas improbadas), diferidas en su apelación y confirmadas en segunda instancia, este hecho no importará que las mismas no puedan ser analizadas en casación, ello precisamente porque poseen una connotación sustantiva e inciden directamente en el derecho material que se litiga.

Ahora bien en lo que concierne a las excepciones de falta de capacidad de la parte demandante o Impersonería en su apoderado o apoderada, Litispendencia; Demanda defectuosamente propuesta, tramite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones; Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del termino o el cumplimiento de la condición; Emplazamiento de terceros; y Desistimiento del derecho, como se tiene indicado, cuando estas sean declaradas improbadas, concedidas en el efecto diferido y sean confirmadas en segunda instancia, el auto de vista que resuelva la apelación respecto al pronunciamiento de esas excepciones no admite recurso de casación, debido a que ese tipo de resoluciones no posee una connotación sustantiva, sino meramente adjetiva no encontrándose por ende inmersas dentro de los supuestos desarrollados en el punto anterior, por no tratarse de un auto de vista que analizó un auto definitivo, ni de una sentencia o una resolución que anulare el proceso; situación que también acontece cuando estas hayan sido declaradas probadas, concedidas en el efecto devolutivo y confirmadas en segunda instancia.

Sin embargo no sucede lo mismo cuando es el auto de vista el que revoca la decisión de grado y declara probadas las citadas excepciones previas, ya que, en este caso, la resolución de Segunda Instancia como efecto de su determinación anulará lo obrado a objeto de que se subsane el óbice u obstáculo procedimental en que se funda la excepción acogida y el proceso se desenvuelva normalmente, encontrándonos en ese escenario ante un auto de vista que anulatorio, resultando viable el recurso de casación por encontrarse dentro de uno de los supuestos expuestos en el punto anterior III.1.

CONSIDERANDO IV

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso corresponde realizar las siguientes apreciaciones:

  1. De la revisión de los antecedentes procesales, se tiene que habiendo sido planteada la demanda sobre nulidad de títulos de propiedad y otros de fs. 75 a 80, subsanada por el escrito de fs. 83 a 85, con los fundamentos inmersos en el mencionado memorial, fue citada la empresa ECOVIANA SRL, quien por intermedio de su representante, contestó de forma negativa a la demanda, reconvino e interpuso excepción de falta de personería en el demandante a través de los memoriales de fs. 111 a 112 y 126 a 129, bajo el fundamento de que existe una certificación emitida por la Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, que indica que no existe ninguna personería jurídica extendida en favor de la Federación Central de Trabajadores Ferroviarios Red Oriental (demandantes), lo que da cuenta que la persona jurídica actora no existe; excepción que fue sometida al trámite previsto por el art. 129 y 366 de la Ley 439 y en audiencia preliminar visible en fs. 244 a 250, la autoridad judicial de instancia, declaró probada la citada excepción; determinación contra la cual, la parte demandante en la señalada audiencia, interpuso recurso de recurso de reposición bajo alternativa de apelación, el cual, tras ser rechazado, fue concedido en el efecto suspensivo ante el superior en grado, y a través del Auto de Vista de 02 de octubre de 2018 cursante en fs. 294 a 295 se confirmó la resolución que declara probada la citada excepción.
  2. Analizado que fue el descrito antecedente en consideración a la orientación que se tiene desarrollada en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable, se puede establecer que el Auto recurrido que dio origen al recurso ordinario de apelación (Auto de 06 de julio de 2018), constituye un Auto Interlocutorio simple y de ninguna manera puede calificarse como Auto definitivo, porque si bien el presente proceso es de carácter ordinario, dicho Auto de fs. 247 vta. a 250 por su naturaleza no corta procedimiento ulterior ni mucho menos pone fin al proceso, por lo que tampoco podía haber sido concedido en el efecto suspensivo (pues debió ser concedido en el efecto devolutivo), y en realidad tomando en cuenta que dicha resolución acoge la excepción de impersonería en el demandante, y que tal determinación fue confirmada por el Tribunal de grado, ésta debe someterse al trámite inmerso en el art. 367.II núm. 3 del Código Procesal Civil, que dispone que: “Si se acogiere la excepción de falta de capacidad personería o representación, se concederá un plazo de diez días para la subsanación del omitido bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda”, disposición legal que deberá tener presente el juez de instancia a momento de ejecutar la resolución de primer grado.

De ahí que se puede concluir que el Auto de 06 de julio de 2018 confirmado por el Auto de Vista de 02 de octubre de 2018 (incorrectamente recurrido de casación), no ingresa en la categoría prevista por el art. 260.I del Código Procesal Civil, en lo que respecta a autos que pongan fin al litigio o hagan imposible su continuación para hacer viable la procedencia del recurso de casación.

Correspondiendo en consecuencia declarar la improcedencia del recurso y emitir resolución en la forma prevista en el art. 220.I núm. 3 del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.I núm. 3 del Código Procesal Civil, declara IMPROCEDENTE el recurso de casación de fs. 310 a 321, interpuesto por la Asociación Central de Jubilados Ferroviarios Red Oriental a través de sus representantes; contra el Auto de Vista de fecha 02 de octubre de 2018, cursante de fs. 294 a 295, pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional al abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.