TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 77/2019        

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-82-18-S.

Partes: Walder Fernando Quiroz Hollweg c/ Marlene Cabral Suárez y Hugo Eduardo Becerra Cabral.  

Proceso: Cumplimiento de contrato y otros.                                   

Distrito: Santa Cruz.                

VISTOS: Los recursos de casación interpuestos por Marlene Cabral Suárez, representada por Pimpa Cabral de Pasten, y Hugo Eduardo Becerra Cabral, cursante de fs. 253 a 259 vta., y de fs. 261 a 267 y vta., respectivamente, planteado por contra el Auto de Vista Nº 23/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 244 a 246,  pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de cumplimiento de contrato y otros, que sigue Walder Fernando Quiroz Hollweg contra los recurrentes, la concesión de fs. 280 y Auto Supremo de admisión  de fs. 286 a 287 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Walder Fernando Quiroz Hollweg, por memorial de fs. 11 a 13, interpone demanda de cumplimiento de contrato, desocupación y entrega de inmueble, reconocimiento de daños y perjuicios, acción negatoria, que una vez citados los demandados, Marlene Cabral Suárez  contestó en forma negativa e interpuso demanda reconvencional de anulabilidad solicitando la invalidez del Poder Nº 738/2011 y del contrato de transferencia, habiendo comparecido también Hugo Eduardo Becerra Cabral como consta en el memorial  de fs. 63 a 64 vta.

2. Tramitado el proceso ordinario concluyó con Sentencia de 17 de marzo de 2017, cursante de fs.  189 a 192, emitida por el Juez Público Civil y Comercial Nº 1 de Montero Santa Cruz, que declaró PROBADA la demanda principal de cumplimiento de contrato y otros, e IMPROBADA la demanda reconvencional de anulabilidad, determinación que fue apelada por Pimpa Cabral de Pasten en representación de Marlene Cabral Suárez, mediante memorial de fs. 198 a 202, y por Hugo Eduardo Becerra Cabral por escrito de fs. 204 a 207; en mérito a esas impugnaciones la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública emitió Auto de Vista Nº 023/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 244 a 246,  que Confirma la Sentencia de 17 de marzo de 2017 fundamentando en lo principal, que el hecho de que el poder haya resultado fraguado, confesado por el demandado Hugo Eduardo Becerra Cabral, no tiene por qué afectarle al comprador de buena fe, que no existió ni un solo elemento que evidencia que hubo mala fe de parte del comprador demandante, o que lo involucre en la participación de la falsificación, y que el comprador de buena fe está exento, por mandato de la ley, de los efectos de la nulidad o anulabilidad del poder notariado que utilizó el apoderado de la vendedora.

3. Notificados los recurrentes con la resolución de segunda instancia ahora impugnada en casación por ambos demandados, que fue admitido mediante Auto Supremo cursante de fs. 286 a 287 vta., se pasa a considerar su contenido.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación de Marlene Cabral Suárez.

1. Manifestó que el Tribunal Ad quem coincidió con las partes que el Poder Nº 783/2011 es falso y que no cuenta con matriz notarial,  que la minuta de transferencia se realizó sin consentimiento alguno de la legítima propietaria, que no existió aceptación verbal, ni escritura refrendada ante notario que demostrara que Marlene Cabral Suárez  otorgó poder a su hijo y que no concretó contrato con el actor porque vivía en España, que el poder fue fraguado por el demandante que la complicidad de la abogada que firma la minuta que es su esposa. 

2. Acusó que todos conocen que el poder es fraguado por lo que se demostró la causal de anulabilidad prevista en el art. 554 num. 1 del Código Civil sobre la minuta de transferencia.

3. Indicó errónea interpretación del art. 554 num. 1) del Código Civil,  cuando el Tribunal de alzada consideró que la venta es válida aunque el mandato de poder sea falso, porque se hubo acompañado al presentar la demanda los planos, certificados catastrales y comprobantes de pago; además añadió que el Tribunal Ad quem  tiene un concepto errado del contrato simulado en tal sentido, al ser el actor parte del proceso no puede ser considerado tercer perjudicado, aludiendo el art. 544 del Código Civil.

Concluyó solicitando se dicte auto anulatorio o case en el fondo declarando probada la demanda reconvencional.

Del recurso de casación de Hugo Eduardo Becerra Cabral.

1. Refirió que el Auto de Vista consideró la certificación emitida por migración lo cual evidencia que Marlene  Cabral Suárez se encontraba fuera de Bolivia a tiempo de la emisión del poder.

2. Acusó que el poder fue otorgado en complicidad con el Notario de la localidad de Mineros quien falsificó el mandato, y que el Auto de Vista estableció como hecho probado la transferencia  efectuada por el hijo de la propietaria con un poder falsificado.

3. Alegó que la Escritura Pública  Nº 417/2015 fue suscrita entre el recurrente y el actor por lo que no se entiende la cita de los arts. 559 y 544 del Código Civil, no existiendo tercero perjudicado. Añadió que el demandante actuó en colusión con el notario y que el único beneficiado es el actor, no su persona y perjudica a su madre.

4. Acusó de aberración jurídica que se considere que la venta es válida aunque el mandato de Poder Nº 738/2011 sea falso, por el solo acompañamiento de planos, certificados catastrales y comprobantes de pago de impuesto. Alegó también observación al concepto de contrato simulado del Auto de Vista, citando el art. 544 del Código Civil, por no existir un tercer perjudicado.

Concluyó solicitando se dicte Auto Supremo anulatorio y se case el Auto de Vista  declarando probada la demanda reconvencional.

De la contestación al recurso de casación.

1. Manifestó que ambos recursos no precisaron bajo que causal se está invocando el recurso, solo se limitaron a relacionar la fundamentación de  hechos clamando el art. 554 num. 1 del Código Civil de la acción de anulabilidad, no precisaron que recurso de casación pretenden, en el fondo o en la forma,  no precisaron las normas violentadas, no señalaron cómo debió realizarse la valoración de prueba y en qué consistió el error de hecho o de derecho; señalaron interpretación incorrecta de los arts. 554 num. 1 y 101 del Código Civil, relacionando una serie de hechos que no es de la anulabilidad sino de la nulidad, además que su petitorio es contradictorio.

2. Señaló que la acción de anulabilidad invocada  en la demanda reconvencional  sustentada en el art. 554 num. 1) del Código Civil es improcedente, porque conforme el Tribunal de alzada, la acción que debió plantearse es de nulidad por ilicitud de causa y motivo establecido en el art. 549 num. 3) del Código Civil; los efectos de la anulabilidad no puede perjudicar a terceros de buena fe  que adquirieron un inmueble de manera onerosa, por lo que no podría generarse ningún perjuicio a su persona por la falsedad siendo que no se produce efecto hacia su persona.

3. Acusó que los demandados actúan en colusión  y que tienen la misma defensa, que es el hijo quien le transfirió el inmueble, pero ahora su madre quiere hacerse a la víctima, que de invalidarse la venta seria perjudicado por haber pagado $us. 36.500. Añadió que el tema de señalar que la documentación se encontraba en su poder es un hecho  que demuestra su buena fe al haber adquirido el inmueble, siendo el argumento del recurso impertinente.

4. Aludió al AS Nº 275/2014 de 2 de junio, reiterando que se debió accionar la nulidad por ilicitud de causa y motivo,  y no invocar de manera errónea la anulabilidad.

Solicito se declaran improcedentes o en su caso infundados ambos recursos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio iura novit curia.

El Auto Supremo Nº 735/2014 de 9 de diciembre en relación al principio iura novit curia manifestó: “…no debemos perder de vista que conforme el principio dispositivo, la congruencia a la que los jueces están reatados se refiere a los hechos expuestos por las partes y a la pretensión que persiguen, sin que estos (hechos y pretensiones) puedan ser cambiados o modificados por el juzgador, empero, la calificación jurídica es un aspecto que corresponde privativamente al juzgador quien no se encuentra reatado a la calificación jurídica que las partes efectúan; pues es el juez, sobre la base de los hechos expuestos por las partes quien califica las pretensiones demandadas, sin que ello suponga vulnerar el principio dispositivo ni el de congruencia, sino más bien hacer efectivo el principio iura novit curia, y con ello el principio de justicia material”.

En virtud del principio iura novit curia el propósito de los procesos es llegar a establecer la verdad jurídica de los hechos y otorgar la protección jurisdiccional que corresponda, de manera que aplicando dicho principio, corresponde al juzgador aplicar la norma legal aun cuando la parte plantee su demanda sin precisar en qué disposición sustenta su pretensión; en autos, la pretensión demandada es la nulidad de la transferencia del inmueble de los actores por faltar su consentimiento en la celebración del contrato y por faltar objeto en el mismo, por lo que en aplicación de dicho principio no es requisito indispensable que las partes tengan que utilizar necesariamente el tecnicismo jurídico, bastando la claridad en la exposición de los hechos, en base a los cuales el Juez debe aplicar el derecho…. ha transferido un inmueble que no le pertenecía y sin autorización de los titulares del mismo, en base a un Poder falso (Nº 233/96 de 15 de agosto de 1996), llegándose de esa manera a demostrar la nulidad del contrato por falta de consentimiento y por falta de objeto lícito y posible en el mismo, y que en esas condiciones, se tiene que el acto es inexistente, nunca nació a la vida jurídica por lo que se prevé la sanción de nulidad, concluyéndose que los de instancia han obrado efectuando una correcta aplicación y calificación de la norma y del principio jurídico iura novit curia”.

III.2. De la falsedad de documentos y su sanción de invalidez.

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la SPC  919/2014 de fecha 15 de mayo en relación a la invalidez de instrumentos por falsedad manifestó que: “En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad; toda vez que, desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos, cuyos casos están establecidos en el art. 549 del CC, se fundamenta en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible; por su parte la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el art. 554 del CC, tiene la finalidad de garantizar a las partes, el cumplimiento de las normas legales en la “formación del contrato”, a causa, por ejemplo de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma (dimensión subjetiva).

Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos, que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio en las relaciones del conjunto de la sociedad (dimensión objetiva); por lo tanto más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la “falsificación” a una causal de anulabilidad, más aun tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad”.

Así también el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.”(El subrayado y la negrilla no corresponden al original) Líneas más abajo en la misma resolución se estableció también que: “…corresponde puntualizar que el Tribunal Supremo como administrador de justicia no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito como causal de anulabilidad basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad de la minuta (…) este Tribunal  Supremo no puede reconocer  una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.”

III.3. De la falsedad y la consecuencia con los adquirientes de buena fe.

El Tribunal Supremo de Justicia delineó postura respecto al reproche de los actos fundados en falsedad, además que estableció las consecuencias jurídicas sobre los derechos de los terceros buena fe que pueden verse afectados por la invalidez del acto, a lo que citamos el Auto Supremo Nº 112/2016 de 5 de febrero que manifestó: “En ese entendido, respecto a la protección del tercero adquiriente de buena fe, indicaremos que nuestra legislación siempre contó con la protección a los terceros de buena fe, pero solamente en los casos previstos de anulabilidad, nunca para los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelven al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134  del CC, situación que en el caso de autos no concurre.  Por dicho motivo concluiremos indicando que esta nulidad tiene efectos Ex tunc, “desde el origen”; la nulidad ex tunc es una nulidad que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, término latino, utilizado para referirse a una acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Los recursos de casación, de ambos recurrentes, anuncian que son de fondo y forma, sin embargo en su contenido no se establece el planteamiento de agravios de forma, por lo cual se ingresa a considerar los agravios de fondo identificados en el Considerando II.

Del recurso de casación de Marlene Cabral Suárez.

A efectos de resolver la problemática planteada se hace necesario realizar la siguiente puntualización:

El actor Walder Fernando Quiroz Hollweg pretende el cumplimiento de contrato respecto a una transferencia de bien inmueble, en la ciudad de Montero, en la Urbanización Área Central zona sur-oeste, U.V. 4, manzana 2, lote s/n, que le fue transferido por Marlene Cabral Suárez representada en el contrato por Hugo Eduardo Becerra Cabral. Citada la parte demandada, Marlene Cabral Suárez, mediante su apoderada procesal, negó la pretensión manifestando que no firmó ningún poder para que se pueda transferir su inmueble y que ese contrato es nulo alegando que radica en España; y planteó, mediante reconvención,  anulabilidad  del Poder Nº 783/2011 y en consecuencia la minuta de transferencia en el marco del art. 554 num. 1) del Código Civil, por no haber otorgado consentimiento.

En ese antecedente fáctico la sentencia declaró probada la pretensión de cumplimiento de contrato, e improbada la reconvencional de anulabilidad del poder y minuta; determinación que al ser impugnada fue confirmada por el Auto de Vista.

Establecido lo anterior, la recurrente denunció que el Tribunal Ad quem reconoció que el Poder Nº 783/2011 es falso, que no cuenta con matriz notarial  y  que es fraguado por lo que se demostró la causal de anulabilidad prevista en el art. 554 num. 1) del Código Civil sobre la minuta de transferencia.

De los antecedentes del proceso, se establece que, conforme la denuncia vertida en casación, el testimonio de Poder Nº 783/2011 con el cual se procedió a la transferencia del inmueble por parte de Hugo Eduardo Becerra Cabral  alegando representación de Marlene Cabral Suárez es falso, en consideración a que no se encuentra su registro en Libro de Poderes del Notario de Fe Pública de Minero en el número y año que corresponde a su descripción, correspondiendo el número 783/2011 a otro poder con personas ajenas al proceso, aspecto que se acredita por la certificación de fs. 110 y la pericia realizada por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) de fs. 172 a 178, mismo que fue establecido por el Tribunal Ad quem cuando fundó que “El hecho que el poder haya resultado fraguado, es decir, que concretamente no tiene matriz en la Notaría, tal cual se certificó a fs. 110 y lo confiesa judicialmente  el demandado apoderado de la vendedora, Hugo Eduardo Becerra Cabral, no tiene por qué afectarle al comprador de buena fe  (hoy demandante)”.

Establecida la falsedad del poder, con el cual celebró el apoderado- vendedor, Hugo Eduardo Becerra Cabral, la transferencia del inmueble a favor de Walder Fernando Quiroz Hollweg, corresponde que esa transferencia no pueda ser concebida como válida por tener su génesis en la falsedad de la representación (poder) de la vendedora Marlene Cabral Suárez; pues al evidenciarse una falsificación se demuestra un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos útiles en desmedro de la persona ausente al acto de quien se falseó su consentimiento y se mermó su patrimonio. En esa lógica razonó el Auto Supremo Nº 275/2014 de 2 de junio que manifestó: “…que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito”; conforme se tiene apuntado en el punto III de la doctrina legal aplicable; tesis nulificante que se aplica también al hecho de que la falsedad del mandato para intervenir en contrato posterior no puede ser considerada como válida por la consecuencia directa que tiene ese instrumento falso en un contrato lesivo a los intereses de la persona de quien se falseó su intervención.

Si bien ciertamente la demandada, Marlene Cabral Suárez, interpuso demanda reconvencional de anulabilidad y no de nulidad, se debe tener presente que esa calificación jurídica está apuntalada en la invalidez del poder y del contrato de transferencia, por ser el testimonio de poder  falso, ya que la reconvencionista no firmó ni extendió el mismo, por lo cual se debe aplicar el principio de iura novit curia que, considerando  el propósito de los procesos de llegar a establecer la verdad jurídica de los hechos y otorgar la protección jurisdiccional que corresponda, incumbe al juzgador la calificación jurídica en forma privativa quien no se encuentra reatado a la subsunción efectuada por las partes; pues es el juez, sobre la base de los hechos expuestos, quien califica las pretensiones demandadas, sin que ello suponga vulnerar el principio dispositivo ni el de congruencia; así se desarrolló en la doctrina legal aplicable que este Tribunal Supremo de Justicia adopta.

En esa consideración, aun se hubo calificado jurídicamente como anulabilidad en la demanda reconvencional, empero la pretensión está dirigida a invalidar el Poder Nº 783/2011 y el contrato de transferencia insertó en la Escritura Pública Nº 417/2015, en tal sentido, conforme los hechos establecidos en lademanda y la probanza de la falsedad del mandato, corresponde calificar, en esta instancia casacional, y establecer la nulidad del Poder Nº 783/2011 y el contrato de transferencia insertó en la Escritura Pública Nº 417/2015; además considerando que la SPC  919/2014 de fecha 15 de mayo, teniendo en cuenta la trascendencia de la falsificación de los instrumentos públicos y privados estableció que: “En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad…”, lo que permite que un instrumento falso, por vía de la anulabilidad o nulidad, sea reprochado jurídicamente mediante la invalidez, consideración constitucional adecuada al caso.

De otro lado, es preciso señalar que la logicidad de la nulidad o de la anulabilidad de los contratos establecidos en el Código Civil es que, en ambos casos, los contratantes en la celebración del contrato tienen participación activa, y que los vicios ocurridos en su origen al momento de celebrarse el acto- generan su invalidez y, acorde el vicio, puede invalidarse el acto sea mediante nulidad o anulabilidad. Sin embargo, la norma sustantiva no previó una situación nacida de una falsedad, sea material o ideológica, de un instrumento público o privado, por ello existió confusión durante mucho tiempo de la calificación jurídica ajustada a ese tipo de casos, pues se pretendió establecer una calificación en la ley civil no prevista.

En ese antecedente, se debe aclarar que la invalidez que emerge de una falsificación de un instrumento público o privado no tiene su calificación en la norma civil sino que su invalidez emerge de la aplicación de los preceptos constitucionales, es decir es una nulidad cuya sanción jurídica nace de los preceptos morales y valores que irradia de la Constitución Política del Estado, así el Auto Supremo N° 275/2014, hito sobre la invalidez por falsificación estableció: “Toda falsedad supone un engaño, todo engaño es contrario a la moral y quebranta el ordenamiento jurídico, consecuencia de ello, en virtud a los valores ético morales reconocidos en la Constitución Política del Estado, toda falsedad debe merecer reproche del ordenamiento jurídico porque de lo contrario se afecta la armonía social. Ahora bien, pretender que un acto que se origina en una falsedad produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario de esa falsedad resulta inaceptable en un Estado Constitucional, como el nuestro, basado en principios éticos morales señalados anteriormente”. En ese orden de ideas, el pretender que se establezca una calificación jurídica precisa por los contendientes, no es acorde al principio de accesibilidad que sustenta a la jurisdicción ordinaria, prevista en el art. 180.I de la norma suprema, por lo cual se debe calificar jurídicamente la pretensión de la demanda reconvencional como invalidez vía nulidad en función a los hechos establecidos en demanda, aun se hubiere calificado como anulabilidad por la demandada, por los fundamentos explicados supra.

La motivación  expresada está dirigida, también a allanar el argumento del actor en la respuesta al recurso de casación que manifestó equivocación en la reconvención al demandar anulabilidad y no nulidad; asumiéndose una calificación jurídica acorde a los hechos demandados y  por las razones ampliamente explicadas, incluso desde el Auto Supremo N° 275/2014 citado por el actor, siendo además ajeno el Auto Supremo N°532/2013 que razona sobre la formulación de pretensiones contrarias que no es el caso, por no existir ese tipo de pretensión en la demanda  reconvencional.

Asimismo, en función al agravio expresado por el actor, respecto a que el Tribunal Ad quem  tiene un concepto errado del contrato simulado y que el actor no puede ser considerado tercer perjudicado aludiendo el art. 544 del Código Civil; se debe indicar que el Auto de Vista en forma inadecuada aludió el art. 544 del Código Civil, cuando el debate era ajeno a la simulación de contrato, asimismo, aplicó de manera errada la previsión del tercer perjudicado que es propia de los contratos simulados y cuya consecuencia está limitada por ley.

No obstante lo anterior, el Auto de Vista fundó su resolución en el hecho que el poder fraguado no tiene por qué afectar al comprador de buena fe, afirmación que no es correcta por cuanto la falsificación de un instrumento público, como es el Poder N° 783/2011, no puede originar la eficacia del contrato de transferencia posterior, ya que bajo esa discordancia se afectaría la seguridad jurídica, al concebirse falsedades en la representación para generar, a su vez, transferencias fraudulentas de bienes que se escudarían en la buena fe del comprador, con consecuencias inaceptables para la victima de la falsedad; al respecto  el Auto Supremo N° 112/2016 de 5 de febrero manifestó: “En ese entendido, respecto a la protección del tercero adquiriente de buena fe, indicaremos que nuestra legislación siempre contó con la protección a los terceros de buena fe, pero solamente en los casos previstos de anulabilidad, nunca para los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelven al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134  del CC, situación que en el caso de autos no concurre”.

El Tribunal Ad quem no consideró que el celebrar un contrato de transferencia de un bien inmueble con un mandato falso de la propietaria del bien, no puede irradiar consecuencias jurídicas en contra de la víctima, por lo que el efecto jurídico invalidante de la falsedad alcanza también al contrato posterior, aún la concurrencia del comprador en el contrato fuera de buena fe, pudiendo este último activar las vías legales a afectos de la restitución de las prestaciones o la persecución penal que corresponda en contra del que aparentó representación. En esa consideración, el actor aun hubiera celebrado el contrato de buena fe, creyendo que Hugo Eduardo Becerra Cabral era apoderado de Marlene Cabral Suárez y, ante la probanza de la falsedad del mandato, es ineludible  establecer la nulidad del contrato de transferencia inserto en la Escritura Pública Nº 417/2015, debiendo revertirse la decisión asumida en la instancia inferior y desestimarse la demanda principal,  por no poder  cumplirse la obligación de entrega del inmueble requerida por la parte actora por la invalidación del contrato. La explicación brindada subsume  también el argumento de buena fe en la compra del inmueble argüida por el actor en su contestación a los agravios de casación, además es oportuno incidir que aun la víctima de la falsedad sea madre del demandado que utilizó el mandato falso, no desvirtúa el hecho de la falsificación del poder que debe ser reprochado jurídicamente. 

Del recurso de casación de Hugo Eduardo Becerra Cabral.

No obstante que los agravios acusados se subsumen a lo explicado en el recurso de Marlene Cabral Suárez, se debe precisar que los cargos sostenidos están orientados a la nulidad del poder y el contrato de transferencia del inmueble, por lo cual se debe aplicar el apotegma jurídico nemo auditur propiam turpitudinem allegans, es decir, que no se escucha al que alega su propia torpeza, pues si el recurrente fue quien participó en la falsificación de mandato no puede, arguyendo esa falsedad, solicitar la anulabilidad del mandato y, en su emergencia, la invalidez del contrato de transferencia, por lo cual no se ingresa a analizar los agravios deducidos y se declara  infundado su recurso.

En conclusión, por la motivación desglosada, se debe revertir la decisión del Auto de Vista y determinando en el fondo se debe declarar  improbada la demanda principal y, en consecuencia, corresponde se declare probada la demanda  reconvencional. 

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA  el Auto de Vista Nº 23/2018 de 23 de marzo, cursante de fs. 244 a 246,  pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y fallando de fondo, declara IMPROBADA la demanda de fs. 11 a 13 presentada por Walder Fernando Quiroz Hollweg, y PROBADA la demanda reconvencional de fs. 40 a 44 interpuesta por Marlene Cabral Suárez; en consecuencia se dispone: 1) la invalidez del testimonio de Poder Nº 783/2011 de 24 de agosto de 2011; 2) la invalidez del contrato de 25 de junio de 2015 insertó en la Escritura Pública Nº 417/2015 de 11 de agosto de 2015; 3) se ordena la cancelación del asiento 2 de la columna A del Folio Real con Matrícula Nº 7.10.1.01.0000238, debiendo mantenerse la titularidad de Marlene Cabral Suárez registrada en al asiento 1 de la columna A del registro indicado.  Se declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hugo Eduardo Becerra Cabral. Sin costas por ser juicio doble.

Sin responsabilidad para las autoridades por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.