TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 68/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019 

Expediente: B-10-18-S

Partes: Doris Ortiz Escalier. c/ Mique Romel Oliver Cortéz.

Proceso: Acción reivindicatoria  y otros.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 647 a 648 vta., interpuesto por Doris Ortíz Escalier contra el Auto de Vista Nº 60/2018 de 03 de abril, cursante de fs. 613 a 616 y su Auto complementario de fecha 24 de abril de 2018 que cursa a fs. 621, pronunciados por la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario de reivindicación y otro, seguido por la recurrente contra Mique Romel Oliver Cortéz, la contestación cursante de fs. 660 a 661 vta., el Auto de concesión de fecha 04 de junio de 2018 cursante a fs. 663, los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. En base a la demanda cursante de fs. 7 a 8, Doris Ortiz Escalier inició un proceso ordinario de reivindicación y otros; acción que fue dirigida contra Mique Romel Oliver Cortéz, quien una vez citado, por memorial de fs. 26 a 28 vta., contestó negativamente a la demanda y presentó acción reconvencional de anulabilidad de contrato; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 151/2017 de fecha 30 de agosto, cursante de fs. 175 a 176 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 3 del Tribunal Departamental de Justicia de Trinidad - Beni, declaró PROBADA la demanda principal de acción reivindicatoria y negatoria e IMPROBADA  la demanda reconvencional de anulabilidad.   

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Mique Romel Oliver Cortéz; la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista Nº 60/2018 de fecha 03 de abril, cursante de fs. 613 a 616,  REVOCANDO la sentencia apelada, en consecuencia declaró IMPROBADA la demanda de reivindicación y otros, y PROBADA la demanda reconvencional de anulabilidad de documento, decisión asumida en función al siguiente argumento:

Que el título de Doris Ortíz Escalier  es inidóneo por haber soportado la anulabilidad verificada judicialmente en los cánones del debido proceso y su inscripción no le otorga validez precisamente por haber sufrido una anulabilidad judicial, por lo que al resultar inidóneo para fundar acción reivindicatoria, también resulta estéril para la acción negatoria. En cuanto a la anulabilidad reconvenida sostiene que el fundamento vertido en primera instancia es incoherente con el sistema civil, porque en la problemática infra lite se encuentra garantizada y en su mérito el no perjuicio de los derechos de la demandante en su condición de tercera interesada y ulterior adquiriente en la sucesión de transferencia dominial a título oneroso y a la luz de la presunción de buena fe, que se encuentra plasmada en el art. 614-3 del CC.

Asimismo, ante la solicitud de complementación y enmienda de fs. 619 y vta., interpuesta por Mique Romel Oliver Cortez, el citado Tribunal de Alzada emitió el Auto de fecha 24 de abril de 2018 que cursa a fs. 621.  

3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Doris Ortíz Escalier según memorial de fs. 647 a 648 vta., de obrados, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

a) Que de forma equivocada el Tribunal de Alzada señaló que el Juez A quo  realizó un análisis incorrecto e interpretó de manera adversa la norma indicando que la recurrente no tiene sustento de mala fe en la adquisición, ya que no existía Sentencia ni anotación preventiva para que la recurrente este advertida o tuviera conocimiento de la causa, entonces la mala fe no está demostrada.

b) Que el Tribunal de Alzada no tomó en cuenta que la parte demandada al indicar que la recurrente es una adquiriente de mala fe, debió evidenciar este aspecto con prueba y que al no haberlo hecho el Tribunal de Alzada debió observar este punto, sin embargo de forma errónea omite pronunciarse sobre este aspecto y usa como fundamento de su decisión el art. 614  del Código Civil, el mismo que no tiene relación con el presente proceso.

De esta manera, solicita la emisión de un Auto Supremo casando el Auto de Vista.

De la contestación al recurso de casación.

Denuncia que el recurso no cumple con los parámetros determinados en el art. 274 del Procesal Civil, en si no especifica si es recurso en la forma o fondo, no especifica cuales las causales de procedencia, ni las normas o leyes violadas, por lo que corresponderá en aplicación del art. 220 del mismo cuerpo adjetivo declararlo improcedente.

En cuanto al fondo señala que el Auto de Vista ha corregido los errores en los cuales se ha incurrido, pues está viciado el título de la demandante y que su derecho se encuentra protegido en cuanto a la evicción.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA  APLICABLE AL CASO

De los efectos de la anulabilidad demandada contra terceros art. 559 del Código Civil.

Conforme al entendimiento asumido en innumerables fallos, la acción de anulabilidad podrá ser accionada por las personas intervinientes en el contrato o sus herederos, hasta los 5 años de celebrado el acto; es un instituto del derecho civil que procede cuando una obligación, un contrato o un acto jurídico tiene vicios en su formación, pero que pueden ser subsanados o confirmados por la voluntad de las partes. La nulidad o anulabilidad del contrato o un acto jurídico necesariamente debe ser declarada a través de una resolución judicial, pues el supuesto acto o contrato anulable produce todos sus efectos mientras no se lo impugne y se declare su nulidad o anulabilidad precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos (Art. 546 del C.C., sobre la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad), pues la Sentencia que dispone la nulidad o anulabilidad de un contrato tiene un efecto retroactivo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo acto jurídico y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato. Sin embargo en el caso de la anulabilidad existe la salvedad en cuanto a los efectos de esta acción respecto a terceros (Art. 559 del C.C.), puesto que esta no afecta los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

En este sentido diremos que la acción de anulabilidad tiene como fin invalidar o dejar sin efecto un acto o contrato impugnado en base a una de las causales del art. 554 del CC, para retrotraer al nacimiento del mismo acto o contrato viciado, es decir lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato, sin que esto afecte los derechos adquiridos por terceros de buena fe, por lo que corresponde centrar nuestro estudio en analizar que se entiende por buena fe.

Al respecto la doctrina nos señala que resulta ser “…un criterio que no significa otra cosa sino lealtad y claridad en el hablar y en la conducta en atención al dato elemental de que la contraparte nada conoce, ni está obligada a conocer, del querer interior de la otra; conoce, únicamente, aquello que la declaración y la conducta integral externa le hace evidente.” (Negocio Jurídico -  Gonzalo Mauricio Meza) siguiendo lo señalado por el autor, éste recoge el concepto emitido por Renato Scognamiglio que señala: “Por ello conviene explicar que la misión de la buena fe en un sistema normativo que destaca ese principio en todas las manifestaciones de la vida contractual, se justifica plenamente en materia de interpretación (subjetiva), por la necesidad de realzar otro criterio más penetrante para resolver la divergencia persistente sobre el significado del contrato…”, concluyéndose que debe existir una “confianza recíproca”; de la misma forma la doctrina la describe como el principio constitucional que obliga a que las autoridades públicas y la misma ley, a que presuman la buena fe en las actuaciones de los particulares.  Por su parte Santos Cifuentes en su obra Negocio Jurídico haciendo cita a Von Tuhr nos enseña que: “No debe olvidarse que en los supuestos de transmisión negocial, si bien en estos casos el enajenante no es el titular ni está facultado para disponer, es indispensable que exista el acto o negocio, de la misma manera que la buena fe del adquiriente; son dos elementos del factum, y el primero, negocio o acto de enajenación, no obstante la ausencia de titularidad del enajenante desconocida por el adquiriente, debe estar cubierta de todos los recaudos de una enajenación válida”.

Ahora en lo que se entiende por buena fe este Tribunal Supremo citando  a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional de Colombia, a través de la sentencia Constitucional C-544 de 1994 señaló :"La buena fe ha sido, desde tiempos inmemoriales, uno de los principios fundamentales del derecho, ya se mire por su aspecto activo, como el deber de proceder con lealtad en nuestras relaciones jurídicas, o por el aspecto pasivo, como el derecho a esperar que los demás procedan en la misma forma. En general, los hombres proceden de buena fe: es lo que usualmente ocurre. Además, el proceder de mala fe, cuando media una relación jurídica, en principio constituye una conducta contraria al orden jurídico y sancionado por éste. En consecuencia, es una regla general que la buena fe se presume: de una parte es la manera usual de comportarse; y de la otra, a la luz del derecho, las faltas deben comprobarse. Y es una falta el quebrantar la buena fe”. Es decir la buena fe se presume y quien alega que hubo mala fe debe probarlo.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del análisis de su recurso de casación se denota que todos sus reclamos confluyen en observar la errónea aplicación del art. 559 del Código Civil, por parte del Tribunal de apelación, al no haberse demostrado la mala fe al momento de la adquisición del bien, debido a que no existió sentencia ni anotación preventiva que desacredite la buena fe.

Advirtiéndose que el recurso está destinado a enervar la demanda reconvencional de anulabilidad, a los efectos de una argumentación jurídica clara y precisa, es preciso establecer cuáles son los antecedentes que son base fáctica de la demanda reconvencional de fs. 26 a 28 vta., donde se extrae que Mique Romel Oliver Cortéz refiere que todas las actuaciones realizadas por Luis Aguirre Pérez posteriores al Testimonio Nº 072/2011 de 31 de enero, carecen de validez y entre ellas se encuentra realizada por el Sr. Luis Aguirre quien actuando en  su nombre y sin  representación de su persona transfiere un inmueble a favor de José Ángel Mercado Pedraza registrándola en el asiento A2, y por ende la transferencia que hace este último a favor de Doris Ortíz (actual demandante principal) de  fecha 8 de abril de 2013, compra y venta carece validez legal al no contener su aval,  y  tomando en cuenta que por resolución judicial ejecutoriada dictada en otro proceso de anulabilidad se dejó sin efecto el asiento A2 y el bien regreso a su propiedad, esta última venta registrada en el asiento A3 inscrito en el Folio Real Nº 8011010009198, carece también de eficacia y merece tramitarse mediante acción ordinaria de anulabilidad, al adecuarse esta situación a lo determinado en el art. 554 inc.1) del CC, por lo que solicita en definitiva  la anulabilidad de la transferencia del bien inmueble que se hubiera realizado mediante Escritura Pública Nº 413/2013 de 8 de abril, debido a que este registro le impide dar cumplimiento a la sentencia de anulabilidad que determinaron que el predio vuelva a la titularidad de su persona, ya que nunca prestó su consentimiento para que Luis Aguirre Pérez transfiera y José Ángel Mercado y menos aún para que este último otorgue la titularidad a la citada demandante principal.

Que Doris Ortíz Escalier contestó a la demanda reconvencional refiriendo que la misma no procede debido que ya se tiene interpuesta una demanda de anulabilidad, por lo que corresponde su rechazo.

Que, la sentencia de fs. 175 a 176 vta., declaró probada la demanda de reivindicación, e improbada la demanda de anulabilidad, refiriendo de forma precisa en cuanto a esta última, es decir a la compra venta de la demandante Doris Ortiz Escalier y Ángel Mercado, no se tiene prueba alguna que existió mala fe en su adquisición, porque no existe una sentencia, ni anotación preventiva para que la compradora sobreviniente estuviera advertida o tuviera conocimiento de la causa, y al no estar acreditada deberá mantenerse su derecho propietario.

El Tribunal de apelación de fs. 613 a 616, Revocó la sentencia declarando improbada la demanda principal y probada la demanda reconvencional de anulabilidad de documento en función a que el fundamento fáctico, intelectivo resulta a todas luces desafortunado e incoherente con el sistema civil, puesto que el juzgador al insertar el art. 559 del CC, su derecho se salvaguarda en su condición de tercera interesada en apego de lo establecido en el art. 614 num. 3 del CC.

Como elementos probatorios adjuntos, se tiene  la matrícula de DD.RR., de fs. 4 y plano de fs. 5, el demandante reconvencional al margen de presentar el mismo registro en Derechos Reales, acompaña en fotocopia legalizada la Sentencia Nº 32/14  de fs. 22 a 23 vta., donde declara probada la demanda  interpuesta por Mique Romel Oliver contra Luis Aguirre Pérez, disponiendo la anulación del contrato de compra venta suscrito mediante Escritura Pública Nº 71/2012 y Auto de Vista en copia simple de fs. 24 a 25, dentro del proceso acumulado se adjuntó fotocopias legalizadas de la ejecución de sentencia del proceso de anulabilidad de transferencia antes citado visible a fs. 69 y siguientes, así como el proceso de anulabilidad en fotocopia simple y el proceso concursal.

Teniendo en claro cuáles son los fundamentos y los medios probatorios que sustentan la demanda reconvencional, en el sub lite la demanda de anulabilidad no resulta viable, pues si bien refiere que las transferencias realizadas por Luis Aguirre Pérez posteriores al Testimonio Nº 072/2011 de 31 de enero, carecen de validez entre ellas la transferencia realizada por el Sr. Luis Aguirre actuando en nombre  y sin  representación de su persona, quien transfiere su inmueble a favor de José Ángel Mercado Pedraza registrada en el asiento 2, y por ende la transferencia que hace este último a favor de Doris Ortíz de  fecha 8 de abril de 2013, empero este argumento no puede ser asimilado por este Tribunal, para lo cual  se debe tener en cuenta el criterio vertido en el acápite de la doctrina aplicable, debido a que si bien la acción de anulabilidad tiene como fin invalidar o dejar sin efecto un acto o contrato impugnado en base a una de las causales del art. 554 del CC, para retrotraer al nacimiento del mismo acto o contrato viciado, es decir lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato, sin embargo se ha precisado que por determinación del art. 559 del CC, estos efectos no alcancen en cuanto a los derechos adquiridos por terceros de buena fe, la cual no significa otra cosa -sino lealtad y claridad en la conducta en atención al dato elemental, desconociendo cualquier acto que vaya en contra de su actuar-. Bajo ese entendimiento en el caso de autos el demandante Mique Romel Oliver Cortéz con relación a la demandante Doris Ortíz Escalier, es una tercera totalmente ajena al motivo que fundo la anulabilidad dispuesta en la Sentencia 32/2014 visible a fs. 22 a 23 vta., donde declararon la invalidez de la Escritura Pública Nº 71/2012 donde no fue parte suscribiente,  entonces al poseer esa calidad, es decir de tercera adquiriente de buena fe, no se ve afectada con los efectos o consecuencias jurídicas que pueda emerger del citado actuado (Sentencia Nº 32/2014) como para repercutir en la litis, ahora con respecto al tema de la buena fe se debe tener presente, que este es un principio esencial en materia de obligaciones, pues da relieve y realza la palabra empeñada en todos los negocios jurídicos para que los mismos se ejecuten y produzcan el efecto esperado en apego al principio pacta sunt servanda, es por eso que la buena fe como principio universal se presume, a contrario sensu esta debe enervarse, y en el caso de autos no existe ni un solo medio de prueba que pueda evidenciar la existencia de mala fe en el contrato del cual se pretende su nulidad Escritura Pública Nº 413/2013, pues al momento de la compra se encontraba exenta de anotaciones que provengan del anterior proceso de anulabilidad, como para que al momento de su compra estuviese anoticiada de un proceso en curso, entonces no corresponde acoger la anulabilidad impetrada, por los límites que llega a generar el art. 559 del CC, con relación a los terceros de buena fe, lo que evidencia que la resolución de alzada no interpreta en su real alcances dicho articulado.

En cuanto a la contestación al recurso de casación sobre la falta de requisitos en el recurso de casación, este hecho no resulta evidente pues el mismo ha sido analizado en la fase de admisión, motivo por el  cual ha sido admitido, y  contra esa determinación no se ha realizado observación alguna, sobre el fondo de la causa al estar abocado al caso en concreto nos ratificamos en la argumentación jurídica vertida líneas supra.

Por todos los fundamentos expuestos  corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el artículo 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,  en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil  CASA el Auto de Vista Nº 60/2018 de fecha 03 de abril, cursante de fs. 613 a 616 y su Auto complementario de fecha 24 de abril de 2018 que cursa a fs. 621, pronunciados por la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, y deliberando en el fondo mantiene incólume la sentencia. Sin costas ni costos.

Sin responsabilidad por ser excusable. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.        

Relator: Mgdo.  Juan Carlos Berrios Albizú.