TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 67/2019        

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-64-18-S.

Partes: Daniela Delgadillo Hurtado y otro c/ Adela Elizabeth Vaca Toro.  

Proceso: Anulabilidad de contrato y otro.                                   

Distrito: Santa Cruz.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 119 a 128, interpuesto por Adela Elizabeth Vaca Toro contra el Auto de Vista Nº 109/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 116 a 117 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de anulabilidad de contrato, seguido por Daniela Delgadillo Hurtado y otro contra la recurrente, la concesión de fs. 133, Auto Supremo de Admisión Nº 517/2018-RA y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Daniela Delgadillo Hurtado y Roberto Emidio Da Silva interponen la demanda de anulabilidad de contratos, resarcimiento de daños y perjuicios por memorial de fs. 36 a 37vta., que citada la parte demandada, Adela Elizabeth Vaca Toro contestó en forma negativa y planteó demanda reconvencional de cumplimiento de la obligación por escrito de fs. 51 a 53 vta., y una vez tramitado el proceso ordinario concluyó con la Sentencia Nº 038/2017 de 18 de mayo, (fs. 92 vta. a 95), mediante la cual el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Nº 1 de San Ignacio de Velasco, en suplencia legal, declaró PROBADA la demanda de anulabilidad de contratos, resarcimiento de daños y perjuicios, e IMPROBADA la demanda reconvencional sobre cumplimiento de obligación y entrega de cosa vendida, con las determinaciones establecidas en dicha resolución.

2. La demandada notificada con la sentencia, apeló dicha resolución que fue CONFIRMADA por Auto de Vista Nº 109/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 116 a 117 vta.,  pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en cuyo contenido, en lo principal, sostiene que el juez realizó la identificación de la prueba y su compulsa  valorativa, que el apelante no asumió el diligenciamiento de su prueba cuando correspondía y que su inconcurrencia  al proceso permitió aplicar el art. 365.III del Código Procesal Civil teniendo por cierto los hechos alegados.

3. Notificada la apelante con la resolución de segunda instancia, recurrió de casación por escrito de fs. 119 a 128, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Manifestó violación de los arts. 4, 134, 135, 138, 145 y 213 del Código Procesal Civil y del art. 478 del Código Civil, vinculando esas infracciones a la denuncia que la demanda fue planteada por vicios del consentimiento (violencia) a momento de celebrar el contrato, sin embargo, el juez no realizó  una valoración integral de todo el cuerpo de pruebas, entre las que se encuentra el certificado  emitido por la UOTB- SMT013/2015 que acredita que no existió denuncia de la libertad de los demandantes.

2. Acusó que al solicitar la anulabilidad por existir supuesta violencia, el Auto de Vista consideró elementos como el recibo o no del dinero producto de la transferencia, que es un hecho incongruente con la demanda principal.

3. La impugnante sostuvo que no existe ningún elemento de prueba contundente que demuestre violencia para obtener el consentimiento.

Concluyó solicitando se case la resolución impugnada y se declare improbada la demanda de anulabilidad interpuesta.

De la contestación al recurso de casación.

No se contestó al recurso de casación por la parte actora.

CONSIDERANDO III.

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

Efectos de incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar.

Respecto a los efectos de la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar esta Sala a través del Auto Supremo Nº 1110/2018 manifestó: “Ante la ausencia del demandado que no haya justificado su incomparecencia es válido dictar Sentencia, empero existe la salvedad en los casos que el art. 127.III del Código de Procesal Civil indica: No será admisible el allanamiento si el objeto de la pretensión es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pudieren ser probados por confesión

Además de lo señalado se concluye que existen otras causales para que el juez en la audiencia preliminar no pudiera dictar Sentencia de manera inmediata.

Respecto a las excepciones establecidas en el art. 127.III del Código Procesal Civil, Manuel Jesús Chuquimia Zeballos, en su obra Proceso Civil Ordinario (Nuevo Código Procesal Civil), Santa Cruz, 2014, pág. 141, indica lo siguiente: …constituye una norma de remisión, concretamente, nos remite a los casos de excepción del medio probatorio de confesión señalados en el artículo 162.I CPC, consecuentemente es inadmisible el allanamiento cuando: i. Los hechos en que se funda la demanda están excluidos por Ley del medio probatorio de confesión. ii. Cuando los hechos en que se funda la demanda afectan los derechos del confesante no puede confesar o transigir válidamente. iii. Cuando la pretensión recae sobre hechos cuya investigación o información esté prohibido por Ley. iv Si la confesión fuera opuesta a documentos fehacientes de data anterior, ya agregados al expediente.

De las opiniones de los juristas citados que hacen un estudio sobre la interpretación del art.365.III del Código Procesal Civil, se sostiene que no es cerrada la postura de que el juez ante la incomparecencia del demandado que ha planteado reconvención no pueda dictar Sentencia de inmediato en la audiencia preliminar, sino que existen diferentes variables y excepciones que se deben tomar en cuenta, siendo estas: 1) Cuando se haya sido desvirtuado mediante prueba documental presentada a tiempo del acto de la contestación, y 2) Cuando están dentro de las previsiones establecidas en el art. 127.III del adjetivo civil que remite a los casos establecidos en el art. 162.I del mismo código”. 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Siendo que los agravios expresados en el recurso de casación están vinculados al análisis de los efectos de la incomparecencia del demandado a la audiencia preliminar, corresponde realizar el examen siguiente:

El art. 365 del Código Procesal Civil que regla la audiencia preliminar manifiesta:

I. Convocada la audiencia preliminar, las partes comparecerán en forma personal, excepto motivo fundado que justificare la comparecencia por representante. Las personas colectivas y los incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.

II. Si se suspendiere por inasistencia de una de las partes, atribuible a razón de fuerza mayor insuperable, la audiencia podrá postergarse por una sola vez. La fuerza mayor deberá justificarse mediante prueba documental en el término de tres días de suspendida la audiencia.

III. Vencido el término y ante la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos. Si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada en la nueva audiencia, facultará a la autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario y siempre que no se tratare del caso previsto por el Artículo 127, Parágrafo III, del presente Código”.

Conforme lo impreso, la norma prevé sanciones a la incomparecencia de las partes (demandante demandado) a la audiencia preliminar, debido a la importancia y trascendencia de ese acto procesal. Al establecer nuestro régimen procesal civil el proceso por audiencia que, si bien es un modelo mixto, pondera como elemento central del proceso a la audiencia por su componente oral y por la reunión de las partes y el juez, como sujetos esenciales de la causa; en ese objeto la exposición de motivos del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, fuente de nuestro Código Procesal Civil,  explicó que la audiencia es: “…la reunión de quienes protagonizan el proceso, permite el intercambio, la ratificación y la más fácil descripción (y comprensión) del pasado, que importa y es trascendente, con las narraciones, muchas veces complementarias a través de pedidos de aclaraciones, aun con las ineludibles contradicciones. Ese proceso oral es el de hablar y oír (audire-audiencia), que constituyen los modos naturales y concurrentes de desenvolvimiento. Vale decir la oralidad, no como punto de partida, sino como consecuencia de la necesaria presencia co-presencia de los sujetos en la audiencia”.

Siendo trascendente la audiencia preliminar a los fines del proceso, su incomparecencia, no justificada oportunamente, acarrea sanciones a la parte actora o demandada, según el caso; si la inasistencia no justificada es de la parte actora o reconviniente se tendrá por desistida la pretensión; si la ausencia injustificada es de la parte demandada, se tendrá por ciertos los hechos de la demanda que faculta al juez dictar sentencia de inmediato.

El Código Procesal Civil, en el art. 365, estableció la consecuencia jurídica procesal de tener por ciertos los hechos alegados por el actor ante la inasistencia  del demandado a la audiencia preliminar, atendiendo la importancia de ese acto; en tal sentido la incomparecencia del demandado a audiencia preliminar importa un allanamiento a los hechos establecidos en demanda que, a diferencia del allanamiento en la contestación que se origina en la admisión expresa de los hechos por el demandado, se produce en el comportamiento indolente del demandado al llamamiento judicial; es decir, la conducta del demandado de inasistir a la audiencia preliminar importa allanamiento tácito de los hechos descritos en la demanda por el actor.

Sin embargo, el mismo art. 365.III del citado código prevé excepciones a esa solución al manifestar que la inasistencia del demandado a la audiencia preliminar “…facultará a la autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la o el actor en todo cuanto no se hubiere probado lo contrario y siempre que no se tratare del caso previsto por el Artículo 127, Parágrafo III, del presente Código”, estableciéndose, conforme la doctrina legal aplicable expresada en el punto III.1, las siguientes excepciones: 1) Cuando se haya desvirtuado mediante prueba documental presentada a tiempo del acto de la contestación, y 2) Cuando están dentro de las previsiones establecidas en el art. 127.III del adjetivo civil, entre estos últimos supuestos se tienen los siguientes: Si el objeto de la pretensión es de orden público, si se tratare de derechos indisponibles o si los hechos en que se funda la demanda no pueden ser probados por confesión, en estos casos el juzgador no está facultado a dictar sentencia, sino que debe proseguir el proceso en las etapas que corresponde para llegar a sentencia.

Determinado lo anterior, incumbe manifestar que la recurrente acusó violación de los arts. 4, 134, 135, 138, 145 y 213 del Código Procesal Civil y del art. 478 del Código Civil, empero no precisó de qué manera se vulneró cada una de esas normas y la trascendencia en la determinación de fondo, lo que imposibilita examinar, en función a lo alegado, cada norma acusada.

Respecto a la denuncia que el juez no realizó  una valoración integral de todo el cuerpo de pruebas conforme la pretensión de anulabilidad, se debe manifestar que es función privativa de los jueces de instancia la valoración y apreciación de la prueba, por lo cual, conforme los manifestado por el Auto de Vista, se realizó una apreciación integral de la prueba que se arrimó a la demanda, debiendo considerarse además que la conducta de la recurrente de inasistir a la audiencia preliminar importó allanamiento a los hechos descritos en demanda, que permitió emitir sentencia favorable a los actores. La única denuncia sobre una errónea valoración de la prueba es respecto al certificado UOTB- SMT 013/2015, que no fue denunciada oportunamente en apelación, lo que inhibe realizar examen del mismo por su inoportunidad.

En relación a la acusación de que el Auto de Vista consideró elementos como la recepción o no del dinero producto de la transferencia, que es un hecho incongruente con la demanda principal, se debe manifestar que la determinación de alzada manifestó que no se hubiere recibido ningún dinero por concepto de préstamo, ni por la venta, pero fue en función a la conclusión asumida en sentencia, que no fue cuestionada en apelación.

Por último, la recurrente sostuvo que no existe ningún elemento de prueba contundente que demuestre violencia para obtener el consentimiento, sin embargo, no considera que fue esencial para tomar la decisión en instancia, su incomparecencia a la audiencia preliminar que originó, por efecto de la ley, se tenga por ciertos los hechos postulados en demanda que otorgó convicción en el juez para tomar la decisión de anulación en sentencia.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, se declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 119 a 128, interpuesto por Adela Elizabeth Vaca Toro contra el Auto de Vista Nº 109/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 116 a 117 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costos ni costas por no hallarse contestación al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.