TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 66/2019                                                                

Fecha: 06 de febrero de 2019                                        

Expediente: LP-85-18-S                                                                                 

Partes: Cesar Arce Ferrufino y otra c/ Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.                                

Proceso: Reivindicación y otros.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 985 a 987 vta., interpuesto por César Arce Ferrufino por sí y en representación de Blanca Arce Cuenca contra el Auto de Vista Nº 76/2018 de 01 de marzo, cursante de fs. 981 a 984, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre reivindicación y otros, seguido por los recurrentes en contra del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - GAMLP y el Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado - SAMAPA; la contestación al recurso que cursa en fs. 990 a 991.; el Auto de Concesión del recurso de fecha 28 de junio de 2018, cursante en fs. 993, y el Auto Supremo de Admisión de fs. 999 a 1000 vta., los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, la Juez de Partido Civil y Comercial Nº 5 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 397/2015 de fecha 28 de agosto, cursante de fs. 916 a 929, por la que declaró: IMPROBADA la demanda principal sobre reivindicación y otros; RECHAZA las excepciones perentorias de SAMAPA y declara PROBADA la acción reconvencional sobre acción negatoria del GAMLP.

Resolución de primera instancia que fue apelada por César Arce Ferrufino por sí y en representación de Blanca Arce Cuenca, por medio del escrito que cursa en fs. 935 a 940 vta., a cuyo efecto la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el Auto de Vista Nº 76/2018 de 01 de marzo, cursante de fs. 981 a 984, CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada, argumentando que a fin de probar la determinación material del bien (ubicación), no se tiene elementos de prueba conducentes que prueben ello, toda vez que la documentación de fs. 38, 39, 301, 302, 321, 520, 521, 522, 523, 524, 578, constituyen simples copias que no cuentan con el visado correspondiente de las instituciones encargadas de la planimetría; por otro lado, si bien se tiene en original el plano de lote de fs. 753 que refiere el código catastral 20-133-5 a nombre de César Arce Ferrufino, el cual cuenta con una referencia material del bien que se pretende, se tiene que el informe Nº 106/10 de fs. 475, da cuenta el referido Código Catastral pertenece a la Zona Escobar Uriana Calle 6, motivos suficientes para desvirtuar el mencionado plano, por la disimilitud de la ubicación, por lo que no se cuentan con elementos de prueba que refieran materialmente la determinación e individualización del bien.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 985 a 987 vta., interpuesto por Cesar Arce Ferrufino por sí y en representación de Blanca Arce Cuenca, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa que el Tribunal de apelación centra su fundamentación en la falta de precisión de los terrenos objeto de reivindicación, y de aceptar dicho argumento lo correcto era que dicho Tribunal anule obrados hasta el auto de relación procesal, puesto que en ninguno de los puntos de esa resolución se le impuso probar de forma taxativa tal extremo.

2. Reclama que el día de la celebración de la audiencia de inspección ocular, al llegar al inmueble con su abogado, se sorprendieron que la juez de instancia ya había dado por finalizada la referida audiencia; irregularidad procesal, que señala haber reclamado en apelación, empero la misma no mereció pronunciamiento alguno por parte del Ad quem.

3. En el contexto del reclamo que precede, sostiene que de haber participado en la audiencia de inspección ocular el decisum del fallo recurrido seria otro, pues habría establecido la ubicación del terreno y además contrastado tal extremo con otras pruebas que cursan en el expediente, empero al haberle impedido tal situación, se han vulnerado sus derechos al debido proceso y la igualdad.

4. Denuncia que el Tribunal de Alzada se limita a citar los doce puntos del reclamo recursivo, pero en ninguno de los considerandos hace una fundamentación  señalando si en cada agravio tiene o no razón, y peor aún no llega a establecer si la Juez A quo, hizo una correcta valoración de la prueba y solo en un punto de los considerandos hace una fundamentación global de dichos agravios.

5. Reclama que el Tribunal Ad quem, emitió un Auto de Vista carente de precisión y fundamentación al no considerar que mediante la Resolución Nº 190605 del 28 de junio de 1979 se anuló la Resolución Suprema Nº 164031 de 28 de septiembre de 1972, así como los títulos ejecutoriales de José Condori Chura y Pacesa Cosi de Condori, y en ese entendido no sería evidente que los 14.4000 m2, expropiados mediante la Ordenanza Municipal Nº 042/66, pertenecieran al nombrado Sr. Condori, pues este no tenía derecho propietario alguno sobre estos terrenos.

En base a lo expuesto solicita que este Tribunal emita resolución anulando obrados o declare fundado el recurso de casación.

Respuesta al recurso de casación.

Respuesta del Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado SAMAPA

1. Indica que el recurso planteado por la parte actora, carece de los requisitos mínimos exigidos por el art. 274 inc. 3 de la Ley Nº 439, al no expresar con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, pues no especifican en qué consisten las infracciones, violaciones, falsedad o error, menos se aclara meridianamente si se trata de un recurso en el fondo o en la forma o ambos; especificaciones que deberían hacerse en el recurso planteado y no fundarse en hechos o memoriales anteriores.

2. Sostiene que los demandantes no han presentado planimetría, catastro u otra prueba que demuestre plenamente la ubicación exacta del inmueble motivo de la presente litis.

3. Refiere que el registro propietario de los actores data del 18 de enero de 1989, es decir cuando ya se encontraba concluido el proceso de expropiación instruido por la Ordenanza Municipal Nº 042/66 y aprobada la planimetría mediante Ordenanza Municipal Nº  042/80.

En merito a lo relacionado, solicita que este Tribunal rechace el recurso del contrario por no cumplir con los requisitos del art. 274 del Código Procesal Civil, vale decir se la declare improcedente o infundado, sea con costas a determinarse en ejecución de sentencia.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde).

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.

III.2. Sobre la reivindicación.

El art. 1453 del Código Civil establece que: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta. II.- Si el demandado después de la citación por hecho propio cesa de poseer o detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor  y resarcirle el daño”.

En ese sentido el artículo de referencia establece que por esta acción el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicarla de quien la posee o detenta, siendo el legitimado activo el propietario que cuente con derecho propietario debidamente registrado respecto al inmueble del cual pretende su reivindicación, asimismo el propietario debe demostrar que un tercero se encuentre en posesión de su bien inmueble, sin contar con derecho propietario que respalde su posesión, pudiendo dirigirse esta acción contra un simple poseedor o detentador que no tiene ningún título.

Al respecto en el Auto Supremo Nº 60/2014, de fecha 11 de marzo orientó: El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular. El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee”.

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario.

Siguiendo con el análisis de este instituto jurídico en el Auto Supremo Nº 44/2015 de fecha 26 de enero se estableció: “Es  importante aclarar que en  la acción de reivindicación se debe probar el derecho propietario y  demostrar también que otras personas que no tienen la propiedad del bien, se encuentren en posesión del inmueble. Al respecto Gonzalo Castellanos Trigo en su libro posesión, usucapión y reivindicación  edición 2011 establece  “Que el derecho propietario es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa. Puede el propietario, además ejercer las acciones tendentes a mantener el derecho, el cual por su naturaleza conlleva “la posesión” emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal  o natural del bien, habida cuenta de que tiene la “posesión civil” que está integrada por sus elementos “corpus” y “animus” Generalmente el propietario  aun cuando no esté en posesión natural o actual de su inmueble puede perder la posesión o tenencia misma por acción de terceros como ocurre, por lo que sería una utopía la acción reivindicatoria si acaso se le exigiese la posesión previa o anterior a la eyección, desconociéndose el concepto de dominio y la posesión misma que le confiere al propietario de usar y gozar del bien . De ahí que la acción reivindicadora esta acordada al propietario cuando ha perdido la posesión corporal de su inmueble en manos de un tercero”.

El Auto Supremo 786/20015-L  orientó respecto a los presupuestos necesarios para esta acción refiriendo: “La doctrina orienta que tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta 3) que la cosa se halle plenamente identificada ; respecto a esta acción real, la uniforma jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este tribunal Supremo expreso con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al “propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y que el derecho propietario por su naturaleza conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo”. (El resaltado nos corresponde).

III.3. De la carga de la prueba.

Previo a considerar lo concerniente a la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos al tratadista  Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada “CÓDIGO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO”, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos  naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”. De lo que se puede asumir que la prueba está constituida por la actividad procesal de las partes y en ocasiones del propio juez o tribunal encaminada a la determinación de la veracidad o no de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, y cuya finalidad no es otra que la de conducir al órgano judicial sentenciador a la convicción psicológica acerca de la existencia o inexistencia de dichos hechos.

A tal efecto, el mencionado autor, ha momento de referirse a la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo, impeditivo o modificativo está obligado a probar su excepción conforme  a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….” (El resaltado es nuestro).

III.4. Sobre el principio de trascendencia y convalidación.

El régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos principios esa disposición como última opción.

A tal efecto, entre los diversos principios que rigen a la nulidad procesal, tenemos al Principio de Trascendencia, del cual el art. 105.II del Código Procesal Civil, indica: El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión, a este respecto, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente, de tal manera que sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

Al respecto el Auto Supremo No. 212/2016 de 11 de marzo, señala: “Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale…” (El subrayado nos pertenece).

Por otra parte en ese mismo catálogo de principios que constituyen presupuestos de la nulidad procesal encontramos al Principio de Convalidación, que consiste en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.

Entonces, bajo ese contexto, se puede concluir señalando que la nulidad procesal solo procede cuando la infracción o inobservancia, no haya sido consentida (tacita o expresamente) por las partes y esta sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que deje al sujeto procesal en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que ese error procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el error, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir a partir de estos conceptos.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina aplicable al presente caso, corresponde expresar las siguientes consideraciones:

1. En el primer reclamo de casación, los recurrentes formulan una tesis concerniente a la nulidad de obrados, señalando que de ser cierta la fundamentación del Tribunal de Alzada, concerniente a la falta de precisión de los terrenos objeto de reivindicación, lo correcto era que dicho Tribunal anule obrados hasta el auto de relación procesal, ello porque en ninguno de los puntos del mencionado auto, se le habría impuesto de forma taxativa probar tal extremo.

Sobre esta cuestión, en el marco de lo expuesto en el razonamiento doctrinal del punto III.2, conviene de inicio señalar que lo estipulado en el art. 1453.I del Código Civil, sin duda conceptualiza una de las acciones de protección de la propiedad, que justamente constituye uno de los instrumentos para prevenir, impedir o reparar una lesión al derecho de propiedad consagrado en el art. 56.I de la CPE, y también para garantizar el ejercicio de las facultades que esta supone (usar, gozar y disponer), frente a las eventuales intromisiones ajenas de terceros.

Empero, se debe tener presente que conforme la jurisprudencia de este Tribunal (393/2017 de 12 de abril), para que esta acción sea procedente se hace necesaria una actividad probatoria encaminada a que el reivindicador pruebe; 1) su derecho propietario sobre la cosa que trata de reivindicar; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación de la cosa que se reivindica, nótese que al margen de la exigencia de comprobación del derecho propietario, otro de los presupuestos requeridos se encuentra en la identificación de la cosa pretendida, de ahí que el demandante debe especificar sin margen de duda la identificación del bien que reclama como propio, lo que implica la presentación de elementos probatorios que den cuenta que el bien que se reivindica coincida o corresponda en perfecta identidad con lo descrito en el título legitimador; coincidencia que supone que la realidad física del bien se identifique con la que resulta del título.

En ese entendido, la identificación a los efectos reivindicatorios, no consiste sólo en describir la cosa reclamada, fijando con precisión y exactitud los linderos, sino que además ha de ser demostrado sin lugar a dudas que el predio topográficamente señalado es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba utilizados, lo que implica un juicio comparativo entregado a la soberana valoración del juzgador de instancia con carácter fáctico; no basta por tanto una identificación puramente documentaria, sino que se precisa que esa descripción coincida con la realidad física del objeto reclamado.

Razonamiento en el cual, se tiene que el Tribunal de Alzada ha adecuado su determinación, al señalar que los recurrentes no han demostrado que el bien que se pretende reivindicar coincida o corresponda en perfecta identidad con lo descrito en su título propietario de fs. 10 y 11 a 14 de obrados (por ser un título genérico), criterio que sin duda es emergente de la exigencia establecida por la disposición normativa del art. 1283 del CC, que de forma concreta señala que: “I. Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión, de tal manera que la actividad probatoria encaminada a la determinación de la veracidad de las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes, recae en quien demanda una determinada pretensión, de ahí que la tesis formulada por los recurrentes resulta inconsistente, pues no pueden pretender solicitar la nulidad de obrados, cuando independientemente de los puntos señalados en el auto de relación procesal, era obligación de ellos demostrar, a través de los diferentes elementos probatorios, el cumplimiento de los presupuestos exigidos para la procedencia de la presente acción, tal cual es la correspondencia de su título con la identificación exacta de los predios pretendidos, y ello precisamente porque el título legitimador de su pretensión (fs. 11 a 14), solamente hace alusión a lotes de terreno ubicados en los sectores denominados “Chullpa Cuchu”, “Comacachi-Pata”, “Comacachi-Pata” o “Comocolipata” y “Poquepata-Churo” o “Poquepata-Chura” y su registro propietario (Tarjeta de Propiedad - fs. 10), da cuenta de un inmueble ubicado en el Cantón Palca con una superficie de 8.072,00 m2, descripción predial que si bien, por alegación de los actores, actualmente correspondería a la zona de Pampajasi -en cual además se encontrarían los pretendidos terrenos de 1.939 m2 y 220,50 m2 -, no resulta convincente para establecer la correspondencia de dicho título con la identificación de los predios demandados, de ahí que era necesaria la comprobación del presupuesto señalado para ingresar a un análisis objetivo de la pretensión incoada.

En ese entendido y considerando que la demostración de las pretensiones deducidas en la litis, es una carga que recae sobre los partes procesales, este Tribunal concluye que al no advertirse ninguna transgresión a las garantías del debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa de los recurrentes, resulta impertinente la nulidad procesal solicitada, razón por la cual no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto.  

2. En el segundo y tercer reclamo, los recurrentes acusan la vulneración de sus derechos al debido proceso y la igualdad, señalando que el día de la celebración de la audiencia de inspección ocular, al llegar al inmueble, se sorprendieron que la juez de instancia ya había dado por finalizada la referida audiencia, impidiendo su participación y el establecimiento de la ubicación de los terrenos pretendidos.

En ese contexto denuncian que esta irregularidad procesal, fue reclamada en apelación, empero la misma no mereció pronunciamiento alguno por parte del Tribunal Ad quem.

Al respecto, de la revisión del cuaderno procesal, podemos advertir que en fecha 23 de septiembre de 2014 (ver fs. 860 a 861), fue celebrada la audiencia de inspección ocular de esta litis, acto procesal en cual no fueron presentes la parte demandante ni el co-demandado GAMLP, a cuyo efecto mediante el memorial de fs. 857 a 858, los recurrentes solicitaron la reposición de dicha actuación, alegando que el día y hora señalado, se constituyeron al juzgado con la anticipación necesaria, empero de un momento a otro la Juez y la secretaria de Juzgado salieron de su oficina rumbo a los terrenos pretendido a bordo de un vehículo de SAMAPA, sin dar ninguna instrucción al respecto y dejándolos en desventaja, puesto que cuando se constituyeron al lugar, la audiencia ya había concluido.

Respecto a esta cuestión, la Juez de instancia, emitió el Auto Interlocutorio Nº 434/2014 de fecha 10 de octubre (ver fs. 867 a 868), a través del cual rechazó la reposición planteada, y como la misma fue formulada con alternativa de apelación, fue sujeta al trámite dispuesto por el art. 25 de la Ley Nº 1760, es decir al trámite de la apelación diferida, situación que da cuenta que el reclamo de referencia deviene de un recurso formulado en el efecto diferido por parte de los recurrentes.

Ahora bien, de la revisión del recurso de apelación que cursa en fs. 935 a 940, no se advierte que los demandados, ahora recurrentes, hayan dado cumplimiento a lo establecido en el referido art. 25 de la Ley Nº 1760, que claramente dispone que: “I. …sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y la prosecución del proceso, se reservará la fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la sentencia definitiva”, es decir que después de haberse sustanciado la causa principal y dictada la Sentencia, los agraviados al recurrir de apelación y estando interpuesto su recurso de apelación en el efecto diferido en la forma y en el plazo establecido por ley, debieron remitirse a los fundamentos de su impugnación (fs. 857 a 858) o en defecto de ello fundamentarlo paralelamente con los agravios de la Sentencia, empero en el presente caso no se tiene que haya acontecido tal situación, pues si bien dentro de las alegaciones recursivas de apelación, existe mención a la audiencia de inspección ocular, ello se lo tiene planteado como parte de los fundamentos que hacen al agravio referente a la errónea valoración de la prueba (sobre los cuales si existe pronunciamiento), de ahí que es justificada la determinación asumida por la juzgadora A quo, que a través del Auto de fs. 943 optó por declarar desistida la apelación diferida, y en ese marco cerro también toda posibilidad de que el Tribunal de Alzada, pueda realizar un análisis pormenorizado de dicha problemática, pues la misma no fue refutada por los recurrentes, quienes tras ser debidamente notificados con el mencionado Auto de fs. 943, no opusieron objeción alguna al respecto, convalidando con ello la decisión de la Juez de instancia, en consecuencia, los recurrentes no obstante de haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hicieron oportunamente en su primera actuación y con ese proceder dotaron de plena eficacia jurídica a dicho acto, resultando aplicable la disposición inmersa en el art. 107 de la Ley Nº 439 que refiere “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”, en cuyo entendido si bien el presunto vicio fue reclamado a través del recurso de reposición que cursa en fs. 857 a 858, y concedido este en el efecto diferido, se tiene que el mismo no fue ratificado ni fundamentado en el recurso de apelación de fs. 935 a 940 de acuerdo a las reglas establecidas por el art. 25 de la Ley Nº 1760, situación que imposibilitó el análisis del Tribunal de Alzada, deviniendo de ello la improcedencia de la alegada vulneración del debido proceso y el derecho a la igualdad formulada por los recurrentes. 

Sin perjuicio de ello, resulta pertinente señalar también, que incluso de haberse ingresado a considerar el reclamo referido, el mismo resultaría siendo intrascendente, pues debe comprender el recurrente que en el presente caso, por la generalidad de sus títulos de propiedad (que nos son específicos respecto a los bienes pretendidos), no era precisamente, la audiencia de  inspección ocular, la prueba conveniente para establecer la correspondencia de sus títulos con relación a la identificación de los bienes pretendido, ya que para ello pudo ser más provecho un examen técnico-científico que identifique tales extremos,  situación que al no haber acontecido, no permite realizar mayores consideraciones al respecto e importa un rechazo de la alegación recursiva, en sentido de no haberse advertido la concurrencia de los principios que regulan la nulidad procesal descritos en el punto III.4 de la doctrina aplicable.

3. Finalmente en los puntos cuarto y quinto del recurso de casación, los recurrentes acusan la falta de fundamentación y precisión del Auto de Vista, señalando que en dicha resolución, el Tribunal de Alzada no expreso si en los agravios planteados tiene o no la razón (el apelante), así como tampoco estableció si la valoración probatoria realizada por la Juez de instancia es correcta; finalmente no consideró que mediante la Resolución Nº 190605 del 28 de junio de 1979 se anuló la Resolución Suprema Nº 164031 de 28 de septiembre de 1972, así como los títulos ejecutoriales de José Condori Chura y Pacesa Cosi de Condori, y en ese entendido no sería evidente que los 14.4000 m2, expropiados mediante la Ordenanza Municipal Nº 042/66, pertenecieran al nombrado Sr. Condori, pues este no tenía derecho propietario alguno sobre los terrenos pretendidos.

Sobre esta cuestión, conviene de inicio señalar que la fundamentación de las resoluciones judiciales, es concebida como uno de los elementos que garantiza el debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, disposición constitucional que exige que toda autoridad judicial que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, deba ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de tal manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador pueda comprender los alcances y razones de la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores del trámite judicial, empero, se debe tener presente, que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales; cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación y fundamentación de una resolución judicial.

Presupuesto que en el presente caso, cumple el Auto de Vista Nº 76/2018, al contener las razones determinativas de su decisorio, y en ese marco cuenta con la fundamentación y motivación que la sustenta, pues si bien no expone citas detalladas respecto a cada uno de los reclamos de apelación, ello se debe a que todos los agravios se encuentran orientados a observar la falta de fundamentación respecto a la valoración de las pruebas producidas en el proceso, tanto es así que todas las alegaciones del referido recurso fueron capituladas bajo el título “ausencia de motivación y falta de valoración de la prueba”, de ahí que el Tribunal de Alzada, tomando en cuenta todos estos fundamentos y el motivo central del decisum de instancia (falta de precisión de los terrenos objeto de reivindicación) emitió el fallo recurrido, señalando que a fin de probar la determinación material de los bienes pretendidos, no se tienen elementos de prueba conducentes que demuestren aquello, toda vez que la documentación adjunta en fs. 38, 39, 301, 302, 321, 520, 521, 522, 523, 524, 578, constituyen simples copias que no cuentan con el visado correspondiente de las instituciones encargadas de la planimetría, concluyendo en ese mérito que no se cuentan con elementos de prueba que refieran materialmente la determinación e individualización de los bienes pretendidos, fundamento con el cual se tienen cumplidas las exigencias establecidas en el punto III.1 de la doctrina aplicable, sin que se adviertan las insuficiencias que se reclaman, pues, para la resolución de la presente causa, resultaba intrascendente la consideración de la anulación de los títulos ejecutoriales de José Condori Chura y Pacesa Cosi de Condori, pues el objeto de la presente causa se encuentra orientada a establecer la procedencia de la acción reivindicatoria en base al título de propiedad que cursa en fs. 10 a 14 de obrados, y no así en relación a los títulos de propiedad de quienes fueren sus predecesores, tal cual se tratare de una acción de mejor derecho propietario.   

En consecuencia y en base a todo lo descrito, corresponde dictar resolución de acuerdo al mandato legal inmerso en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 985 a 987 vta., interpuesto por Cesar Arce Ferrufino por sí y en representación de Blanca Arce Cuenca contra el Auto de Vista Nº 76/2018 de 01 de marzo, cursante de fs. 981 a 984, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000, para los abogados que responden al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.