TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L 

       


Auto Supremo: 65/2019        

Fecha: 06 de febrero de 2019                

Expediente:        LP-71-18-S

Partes: Rina María, Maruja y Rosa Jacinta todas ellas Bustinza Maidana y Ruth Marlene Bustinza de Lira c/ Cooperativa de ahorro y crédito  “El Carmen Ltda.” representada por Tito Almaraz López.

Proceso: Extinción de hipoteca por prescripción.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 303 a 308 vta., interpuesto por Tito Almaraz López, contra el Auto de Vista Nº 80/2018 de fecha 1 de marzo, cursante de fs. 297 a 298, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de extinción de hipoteca por prescripción, seguido por Rina María, Maruja y Rosa Jacinta todas ellas Bustinza Maidana y Ruth Marlene Bustinza de Lira contra el recurrente, la contestación al recurso de fs. 311 a 315; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 29 de mayo de 2018 que cursa a fs. 316; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 506/2018-RA de 13 de junio que cursa de fs. 320 a 321 vta.; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Rina María, Maruja y Rosa Jacinta todas ellas Bustinza Maidana y Ruth Marlene Bustinza de Lira, por memorial de demanda que cursa de fs. 17 a 18, iniciaron el proceso de extinción de hipoteca por prescripción y consiguiente cancelación de partida en Derechos Reales; acción que fue interpuesta contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen Ltda.”, representada por Tito Almaraz López, quien una vez citado, por memorial que cursa a fs. 36 y vta., contestó negativamente a la demanda.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, mediante Sentencia Nº 443/2015 de fecha 15 de diciembre, cursante de fs. 260 a 264 vta., declaró PROBADA la demanda principal; en consecuencia dispuso la prescripción de la hipoteca y consecuente cancelación de gravamen, ordenando de esta manera la cancelación en Derechos Reales de la ciudad de El Alto de la Partida Nº 883, Fojas 221, Libro 2º.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Tito Almaraz López, mediante memorial de fs. 271 a 274, interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 80/2018 de fecha 1 de marzo que cursa de fs. 297 a 298, donde los        Jueces de Alzada en lo más sobresaliente de dicha resolución señalaron que en el caso de autos el Juez A quo habría valorado la existencia de la obligación jurídica en virtud al informe de Derechos Reales de la ciudad de El Alto cursante a fs. 224, lo que les habría permitido establecer la existencia del derecho de crédito conforme a la Escritura Pública Nº 874 de fecha 8 de noviembre de 1983; asimismo, señalaron que la legitimación de la parte demandante emerge de la aceptación de la herencia que fue perfeccionada con la trasmisión de los derechos, obligaciones y situaciones posesorias del causante a sus herederos, conforme manda el art. 1503 del CC, por lo que tendrían la calidad de sujetos pasivos de la obligación y la titularidad de los derechos reales, de crédito y potestativos de sus causantes. Del mismo modo arguyeron que en el presente caso se tendría como objeto normativo únicamente la prescripción de la obligación y no así el cumplimiento de la misma; finalmente refirieron que la declaración del testigo Roberto Pinto Valda no mantendría conducencia ni relevancia sobre el objeto de conocimiento procesal, el tiempo y la existencia del derecho de crédito, ya que la declaración del referido testigo solo haría mención a la relación que este tendría con la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen Ltda”. Por lo expuesto, el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada.

4. Fallo de segunda instancia, que puestas en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Tito Almaraz López,  interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CO NSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa la vulneración del art. 1003 del Código Civil, toda vez que la sucesión solo comprendería derechos y obligaciones transmisibles que no se extinguen con la muerte; en ese entendido refiere que las actoras al haberse declarado herederas de su padre Ignacio Bustinza Vega y de su madrastra Dominga Quispe de Bustinza, se constituirían en deudoras del préstamo que se otorgó a su progenitor de Bs. 336.000.- con el interés del 4% anual, obligación que habría sido otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen Ltda.”  con la garantía hipotecaria del bien inmueble objeto de litis; sin embargo, aduce que habrían pasado más de 30 años sin que se haya cancelado esa obligación, al contrario, lo que habría ocurrido es que el bien inmueble dado en garantía habría sido transferido vía sucesión hereditaria a las actoras, conforme se tiene del Testimonio Nº 291/2001, teniendo estas pleno conocimiento de la deuda de su padre y madrastra, así como del gravamen que pesa sobre el bien inmueble, empero maliciosamente éstas habrían esperado que transcurran 15 años para iniciar la presente demanda.

2. Aduce que por la información extendida por Derechos Reales de la ciudad de El Alto, así como por la inspección ocular realizada en dicha institución, se tendría acreditado el préstamo de Bs. 336.000.- y la garantía hipotecaria que fue registrada en base a la Escritura Pública Nº 874/1983, obligación que no habría sido cancelada por los prestatarios, por lo que el préstamo y la garantía  estarían ratificados; extremos que no habrían sido tomados en cuenta por los jueces de instancia.

3. Arguye que el art. 1388 del Sustantivo Civil señala en su numeral 1) que las  hipotecas se extinguen por extinción de la obligación principal, y como en el caso de autos la parte actora no habría presentado documento alguno que acredite que la obligación fue cumplida por su padre y su madrastra.

4. Reitera que el Tribunal de Alzada para dictar el Auto de Vista recurrida no habría tomado en cuenta la prueba documental, testifical, inspección ocular a DD.RR., pues solo se habría tomado en cuenta el art. 1507 del CC, a letra muerta, cuando debió analizarse las causas que interrupción de la prescripción, como sería la declaratoria de herederas de las actoras.

5. Del mismo modo acusa la errónea interpretación del art. 1003 del CC, pues en aplicación de dicha norma correspondería a las herederas demandantes cancelar la obligación y de esta manera, mediante otro documento público,  levantar el gravamen.

6. Acusa que durante la tramitación del proceso habría sufrido muchos atropellos, como el hecho de que se habría tratado de confundir al Juez A quo de que solo se debe Bs. 33.000.- y no lo que dice el documento; en ese entendido, acusa que la resolución recurrida adolecería de omisiones, errores y desaciertos de gravedad quela torna inhábil e injusta.

7. Finalmente refiere que con todos los medios probatorios producidos y presentados ante el Juez A quo, habría demostrado los puntos de hecho propuesto mediante Resolución Nº 217/14.

Por lo expuesto solicita se anule el Auto de Vista recurrido y la Sentencia de primera instancia, paralelamente solicita se declare improbada la demanda principal. 

De la respuesta a los recursos de casación.

Rina María Bustinza Maidana, por memorial que cursa de fs. 311 a 315, respondió al recurso de casación de la parte demandada, bajo los siguientes fundamentos:

- Que en virtud a los arts. 1507, 1492.I y 1493 del Código Civil, y como el demandado no presentó prueba que demuestre que inició una acción civil ejecutiva u otra sobre cumplimiento de obligación o para el préstamo del cobro aludido, la misma estaría extinta por prescripción por haber transcurrido más de 30 años.

- Que al no haber la parte demandada declarado en mora a los deudores ante el Órgano Judicial competente por incumplimiento de obligación pecuniaria con acción civil oportunamente declarada, ésta de acuerdo al tiempo transcurrido habría ingresado en prescripción y como consecuencia se habría extinguido la hipoteca.

- Señala que el demandado no habría demostrado con prueba idónea la existencia de préstamo de dinero, ya que en su calidad de representante de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Carmen Ltda.”, habría informado que dicha entidad no cuenta con documentación y que desconocería el estado de cuenta, plan de pagos, cuotas de pago, saldo, etc., de los deudores Ignacio Bustinza Vega y Dominga Quispe de Bustinza.

- Que si bien la Notario de Fe Pública Nº 10 Blanca Elena Málaga Aliaga a petición directa del demandado  informó la existencia de la EE.PP. Nº 874/1983, sin embargo no habría dado a conocer el contenido completo de la misma, al contrario señalaría que en el mismo falta la firma de los testigos instrumentales, la firma y sello del Notario y que no existe la minuta, por lo que dicho informe sería inidóneo.

- Finalmente refiere que el Tribunal de Alzada valoró correctamente todas las pruebas de cargo en todo su alcance de acuerdo a la ley y con objetividad, por lo que no existiría omisión, error o desacierto.

Por lo expuesto solicita e declare infundado el recurso de casación y se mantenga firme y subsistente las resoluciones de grado.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la prescripción de la obligación.

Sobre el tema en el Auto Supremo No 271/ 2017 de fecha 9 de marzo ha orientado: “…´la prescripción es una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en ley. El fundamento de la prescripción es de mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, que hace necesario el de establecer la temporalidad de disposición del derecho, impidiendo el ejercicio intempestivo del mismo.

En ese marco, la doctrina establece dos presupuestos para la prescripción, al respecto Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282) señala que: ´Pero el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho. La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene´.

En virtud a lo expuesto, la prescripción para surtir el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establecen los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

Y en cuanto al comienzo de la prescripción el art. 1493 del CC, establece: ´La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo´ la doctrina en cuanto a la referida norma Carlos Morales Guillem citando a Pothier señala: ´El punto de arranque para computar la prescripción, es el día a partir del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor, esto es, desde el día que el acreedor puede demandar a su deudor…´.

III.2. De la interrupción de la prescripción.

Al respecto el A.S. Nº 232/2016 de 05 de marzo ha señalado: “… que la prescripción es la institución que estudia el efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre la estabilidad de algunos derechos, puede verse alterado por algunos hechos, que se conocen como suspensión e interrupción de la prescripción.

Según anota el autor Carlos Morales Guillén, la suspensión de la prescripción detiene el curso del plazo, sin anular el tiempo cumplido y se reanuda desde el punto en que se había detenido, apenas cesa la causa de la suspensión, la interrupción destruye la prescripción, porque borra retroactivamente todo el plazo transcurrido hasta el momento de la interrupción, en otras palabras, los actos que interrumpen la prescripción borran totalmente el plazo transcurrido el cual deberá computarse nuevamente por completo.

El citado autor Luis Moisset de Espanés, señala que uno de los problemas más serios que se presentan en la doctrina y la jurisprudencia es el relativo al alcance y valor que debe darse al vocablo demanda. Para unos la demanda judicial a que hace referencia la norma y que interrumpe la prescripción no puede ser otra que la demanda tendiente al cobro de la acreencia, sin embargo, otros autores consideran que la palabra demanda, en un sentido más amplio, comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, en ese sentido, el citado autor, anotando el criterio expuesto por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, apunta que: "el término "demanda", no debe tomarse a la letra, y no excluye otros actos igualmente formales y demostrativos de la intención del acreedor de no permanecer en inactividad o silencio para el cobro de su crédito".

El art. 1503 del Código Civil, señala: ´I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor.´. En tal caso, la norma presenta dos escenarios de interrupción vía judicial y extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales aun incompetentes, cuyo requisito fundamental es la citación (notificación en sentido genérico) con la demanda y demás actuados que se indican; y la otra, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor.

Respecto a la ineficacia de la interrupción el art. 1504 del CC, establece que ´La prescripción no se interrumpe: 1) Si la notificación se anula por falta de forma o se declara su falsedad 2) Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo al Código de Procedimiento Civil 3) si el demandado es absuelto de la demanda.´. Con relación a la interrupción de la prescripción el art. considera tres situaciones puntuales como la anulación de la notificación por falta de forma o falsedad, cuando se desiste de la demanda o se extingue la instancia y finalmente si el demandado es absuelto”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos expuestos supra, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos inmersos en el recurso de casación que interpuso la parte demandada.

1. En ese entendido, con relación a la vulneración del art. 1003 del Código Civil, porque el bien inmueble objeto de litis que fue dado en garantía al haber sido transferido vía sucesión hereditaria a las actoras, conforme se tiene del Testimonio Nº 291/2001, daría a entender que las demandantes tenían pleno conocimiento de la deuda asumida por su padre y madrastra, así como del gravamen que pesa sobre el bien inmueble del cual se hicieron declarar herederas, empero maliciosamente habrían esperado que transcurran 15 años para iniciar la presente demanda.

Previamente a considerar el presente reclamo, resulta pertinente señalar que conforme a lo establecido en el art. 524 del Código Civil, evidentemente se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes; bajo esa premisa, en caso de que una de las partes suscribientes de un contrato fallezca, la sucesión comprenderá no solo derechos emergentes del mismo, sino también las obligaciones adquiridas por el causahabiente, siempre y cuando estas tengan la característica de ser trasmisibles, es decir, que no se extingan con la muerte del titular, tal y como ocurre en los contratos de préstamo de dinero con garantía hipotecaria, que ante el fallecimiento del deudor, las obligaciones se trasmiten a sus herederos o causahabientes, obviamente cuando estas sean aceptadas.

En ese entendido, en el caso de autos, de la revisión de las pruebas cursantes en obrados (fs. 224 a 227), se tiene que Ignacio Bustinza Vega y Dominga Quispe de Bustinza adquirieron en calidad de préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Carmen Ltda., la suma de Bs. 336.000.- con la garantía hipotecaria del inmueble ubicado en la Urbanización Villa Tahuantinsuyo, Manzano Y, Lote Nº 10 de la ciudad de El Alto con una superficie de 300 mts.2, hipoteca que fue registrada en Derechos Reales en la Ptda. Nº 883, fojas 221, Libro 2º de fecha 12 de noviembre de 1983 según Escritura Pública Nº 874 de fecha 08 de noviembre de 1983; inmueble que actualmente se encuentra registrado en la Matricula Computarizada Nº 2014010050933 y la hipoteca en el asiento 1 de restricciones.

De igual forma, del Testimonio Nº 291/2001 de fecha 1 de febrero que cursa de fs. 5 a 6 vta., se advierte que las ahora demandantes, Rosa Jacinta, Ruth Marlene, Rina María y Maruja todas ellas Bustinza Maidana, ante el fallecimiento de su padre Ignacio Bustinza Vega, se hicieron declarar herederas de todos los bienes, acciones y derechos de su causahabiente, quienes registraron su derecho sucesorio en la matricula computarizada citada anteriormente, el Asiento A-2 de titularidad en fecha 18 de agosto de 2004, respetando el 50% que le pertenece a Dominga Quispe de Bustinza y salvando el derecho de terceras personas (fs. 227 y vta.). En ese contexto, se infiere que las actoras, evidentemente, al haberse hecho declarar herederas de su padre Ignacio Bustinza Vega, les fue trasmitido por sucesión no solo derechos, como el derecho de propiedad del 50% del bien inmueble objeto de litis, sino también obligaciones, como la hipoteca que recae sobre el mismo.

Consiguientemente, si bien es evidente que conforme a lo establecido por el principio pacta sunt servanda, los contratos deben cumplirse en la manera en que estos fueron acordados y no a capricho de una de las partes contratantes, pues una vez que se asumen las estipulaciones del mismo, deviene el deber moral de cumplir con lo pactado; sin embargo, no se puede soslayar que es la misma ley que establece que los contratos no pueden estar vigentes por la eternidad, de ahí que los derechos que se originaron y/o adquirieron en un determinado contrato tienden a prescribir si el titular del mismo no los ejerce en el tiempo que establece la norma. Bajo esa lógica, el Código Civil dedica todo un capítulo a la prescripción que comprende los arts. 1492 al 1513, normas que respecto al derecho de cobro que tiene el acreedor, estipula que cuando este no es ejercido por su titular en el tiempo señalado por ley este prescribe, toda vez que no resulta lógico que la parte sobre la que recayó la obligación de pagar espere de forma indefinida que se le requiera el cumplimiento de la misma, máxime cuando esa imprecisión lo único que causa es que se genere inseguridad jurídica en las partes contratantes, extremo que no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico, que contrariamente a lo señalado, establece límites en el tiempo para que el acreedor pueda reclamar judicialmente la cantidad adeudada, es decir, que nuestra norma sustantiva civil admite la prescripción extintiva de las deudas ante la inercia del acreedor de hacer efectivo el derecho de cobro en el tiempo señalado por ley.

De esta manera, abocándonos a los límites en el tiempo que la norma establece para ejercer un derecho, el art. 1507 del Código Civil, de manera expresa señala que los derechos patrimoniales se extinguen por prescripción en el plazo de cinco años, salvo que la misma ley disponga otra cosa; en consecuencia se infiere que la prescripción extintiva llamada también liberatoria, es una forma de extinción de las obligaciones que tiene como fundamento que un derecho subjetivo no ejercido durante un período prolongado de tiempo (mayor al permitido por ley), crea la convicción de que aquél ha sido abandonado por su titular, o sea que si el acreedor no realiza ningún reclamo de cobro durante un periodo determinado, una vez transcurrido el mismo, el derecho que éste tenía queda prescrito.

En virtud a estas consideraciones, en el caso de autos se tiene que las ahora demandantes, al haberse hecho declarar herederas al fallecimiento de su padre Ignacio Bustinza Vega, adquirieron el derecho de propiedad que éste tenía sobre el 50% del bien inmueble objeto de litis; sin embargo, conforme a lo estipulado en el art. 1003 del CC, a las demandantes, una vez que se hicieron declarar herederas, no solo les fue transferido derechos sino también obligaciones, como el préstamo de Bs. 336.000.- que su padre juntamente con Dominga Quispe de Bustinza adquirieron de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Carmen Ltda., deuda que fue garantizada con el bien inmueble objeto de litis, pues no otra cosa significa que en el asiento referido a los gravámenes, en fecha 12 de noviembre de 1983, se haya registrado la hipoteca en virtud a la Escritura Pública Nº 874 de 8 de noviembre de 1983. Empero, de la revisión de obrados no se observa medio probatorio alguno que acredite o por lo menos de un indicio de que la parte demandada, ahora recurrente, haya intentado vía judicial o extrajudicial cobrar dicha acreencia, es decir, que de las pruebas cursantes en obrados, no existe ninguna que esté orientada a demostrar que la citada cooperativa de ahorro y crédito en su calidad de acreedora de la prestación, haya, desde 1983 hasta la fecha, intentado cobrar el monto adeudado a Dominga Quispe de Bustinza, Ignacio Bustinza Vega, o a  las herederas de éste último, que fungen como actoras en el presente proceso; extremo que nos permite inferir que independientemente de los derechos y también de las obligaciones que les fue transferido a las actoras, si la entidad demandada de quien ahora es representante Tito Almaraz López, dejó transcurrir el tiempo por más de 30 años sin realizar actividad alguna que tienda a cobrar el monto prestado, es decir a exigir el cumplimiento de la obligación, y lo único que hizo en el presente reclamo fue confesar de manera espontánea que transcurrieron más de 30 años sin que los deudores hayan cancelado el monto otorgado en calidad de préstamo, y más de 15 años desde que las ahora demandantes se hicieron declarar herederas, y pese a tener conocimiento del gravamen registrado en la matricula computariza del bien inmueble donde también registraron su derecho sucesorio, éstas tampoco habrían cumplido con la deuda; aspectos estos que nos permiten concluir que si los deudores no cumplieron con la obligación adquirida, la cooperativa debió iniciar los actuados judiciales o extrajudiciales para exigir que este sea cumplido, y no esperar la voluntad de la parte deudora, máxime cuando el art. 1492 concordante con el art. 1507 ambos del Código Civil, son bastante claras al señalar que los derechos se extinguen por prescripción cuando su titular no las ejerce durante el tiempo que señala la ley, de esta manera, al haberse extinguido el derecho de la parte demandada de solicitar el cumplimiento de la obligación por efecto de la prescripción, correctamente por consecuencia lógica procede la extinción de la hipoteca conforme lo estipula el art. 1388 inc. 1) del Código Civil.

Fundamentos en virtud a los cuales se tiene que la vulneración del art. 1003 del Código Civil no es evidente, pues la obligación en el caso de autos no se extinguió porque hayan fallecido los titulares que recibieron el préstamo, sino porque la parte recurrente se mantuvo inerte o inactivo ante el incumplimiento, inclusive en el presente caso, por lo que corresponde declarar infundado el reclamo acusado en este punto.

2. Conforme al hecho de que por la información extendida por Derechos Reales de la ciudad de El Alto, y por la inspección ocular realizada en dicha institución se tendría acreditado el préstamo de Bs. 336.000.- y la garantía hipotecaria que fue registrada en base a la Escritura Pública Nº 874/1983, obligación que no habría sido cancelada por los prestatarios, por lo que el préstamo y la garantía  estarían ratificados; extremos que no habrían sido tomados en cuenta por los jueces de instancia.

Conforme a lo acusado, y remitiéndonos a lo ya expuesto supra, así como a los fundamentos que sustentan el Auto de Vista recurrido, específicamente lo expuesto en el Considerando III, numeral 2, debemos señalar que en el caso de Autos en ningún momento se negó el hecho de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Carmen Ltda., haya otorgado en calidad de préstamo la suma de Bs. 336.000.- a Ignacio Vega Bustinza y a Dominga Quispe de Bustinza, como tampoco se negó que el bien inmueble del cual eran propietarios estos deudores, el cual se encuentra registrado en la Matrícula Computarizada Nº 2014010050933, fue otorgado en calidad de garantía hipotecaria; sin embargo, lo que no se manifestó de forma convincente es que dicha obligación haya sido cumplida por los deudores, toda vez que durante la tramitación del proceso, al margen de acreditarse el derecho de crédito, no se presentó ni se produjo prueba por ninguno de los sujetos procesales, que exprese que la obligación fue o no cumplida por los deudores; empero, la comprobación de dicho extremo, conforme a los medios probatorios acusados de omitidos, carece de trascendencia, pues los jueces de instancia, correctamente acogieron la demanda principal de extinción de la hipoteca por efecto de la prescripción de la obligación, ya que la parte demandada en su condición de acreedor, lo único que acreditó es que durante todo este tiempo (más de 30 años), se comportó pasivamente sin realizar reclamos alguno para solicitar el cumplimiento de la deuda, cuando en realidad, si los deudores no hubiesen cumplido con su obligación, debió activar los mecanismos judiciales o extrajudiciales encaminados a lograr que los deudores o los herederos de estos cancelen el monto prestado. Por lo tanto, se infiere que la omisión de valoración acusada en este numeral no resulta evidente.

3. Con relación a que el art. 1388 del Sustantivo Civil  numeral 1), no debió aplicarse en el caso de Autos, porque la parte actora no habría presentado documento alguno que acredite que la obligación fue cumplida por su padre y su madrastra.

En lo que concierne a este reclamo debemos señalar una vez más que el art. 1492 del Sustantivo Civil, de manera clara establece que los derechos también se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece; de lo expuesto, se infiere que el derecho de cobro que tiene el acreedor, cuando no es ejercido por el titular en el tiempo señalado por ley, este se extingue por efecto de la prescripción, tal como lo señala el art. 1507 del mismo cuerpo normativo, que respecto a los derechos patrimoniales señala que estos los derechos- se extinguen por prescripción en el plazo de cinco años.

En ese contexto, ya en el caso de autos debemos señalar que, como ya se señaló a lo largo de este Considerando, al haberse extinguido la obligación principal (pago de la deuda) por efecto de la prescripción, lógicamente, como razonaron los jueces de instancia, corresponde extinguir la hipoteca que fue registrada en virtud a dicha obligación; lo que permite inferir que lo acontecido en el presente caso correctamente se adecua a lo estipulado en el art. 1388 inc. 1) del Código Civil, toda vez que la hipoteca se extinguió no solo por el cumplimiento de la obligación, sino también por la extinción de la obligación principal, que en el caso concreto ocurrió por efecto de la prescripción.

4. Ahora bien, con relación al hecho de que el Tribunal de Alzada no habría tomado en cuenta la prueba documental, testifical, inspección ocular a DD.RR., y solo habría aplicado a letra muerta el art. 1507 del CC, cuando debió analizarse las causas que interrumpieron la prescripción como sería la declaratoria de herederos.

En virtud a que lo acusado deviene en una posible omisión en que hubiesen incurrido los jueces de instancia, corresponde verificar si dicho extremo resulta o no evidente; en ese entendido, de la revisión minuciosa de los fundamentos que sustentan el Auto de Vista objeto de casación, se tiene que el Tribunal de Alzada en virtud a lo estipulado en el art. 265.I del Código Procesal Civil, en el Considerando III, numeral 2., que está conformado por tres acápites, de manera clara y precisa se abocó a los reclamos acusados en apelación, arguyendo que la existencia de la obligación jurídica emergió del informe de Derechos Reales, prueba que le permitió tener certeza de la objetividad del derecho de crédito; sin embargo, consideró que la declaración testifical de Roberto Pinto Valda no mantiene conducencia ni relevancia sobre el objeto de conocimiento proceso, el tiempo y la existencia del derecho de crédito, toda vez que dicho medio de prueba referiría únicamente una relación entre el mencionado testigo y la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Carmen Ltda.

De estas consideraciones se infiere que el Tribunal de segunda instancia, se refirió de manera expresa a la prueba documental y testifical a la cual hace alusión la parte recurrente; empero, si bien es evidente que no existe una consideración expresa sobre la inspección ocular a Derechos Reales de la ciudad de El Alto, sin embargo esta omisión no puede ameritar la nulidad de obrados, toda vez que lo advertido en dicho acto procesal inspección judicial-, fue ratificado en el informe que dicha entidad envió al Juez de la causa y que cursa a fs. 224 de obrados, donde se puso en conocimiento del Juez A quo el registro de la hipoteca sobre el bien inmueble del cual son ahora copropietarias las demandantes. De igual forma, la consideración del acta de inspección judicial a DD.RR., que ofreció la parte demandada, carece de relevancia, toda vez que la valoración que se haga sobre dicho acto procesal, en nada modificará el fondo de la decisión asumida, pues dicha prueba no está orientada a desvirtuar las razones por las cuales se concluyó que en el caso de Autos se produjo la extinción del derecho por efecto de la prescripción, ya que lo único que se logró acreditar en el mismo fue el registro de la hipoteca y por consiguiente la existencia de la obligación, extremo que como ya se señaló en el numeral 2. Del presente considerando en ningún momento fue negado por los jueces de instancia.

Ahora bien, respecto a la interrupción de la prescripción, debemos señalar que la declaratoria de herederos que registraron las demandantes en la matricula computarizada del bien inmueble que fue dado en garantía hipotecaria, desde ningún punto de vista puede ser considerado como un acto que interrumpa la prescripción, pues si nos remitimos a los fundamentos expuestos en el punto III.2., se tiene que la prescripción solo se interrumpe por actos judiciales o extrajudiciales que tiendan a demostrar una manifestación de la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, requisito que obviamente no se adecua al trámite de declaratoria de herederos que hicieron las demandantes, ya que este acto jurídico no tiene relación alguna con el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación que ostentaba el acreedor; resultando de esta manera inexistente la interrupción aducida por el recurrente.

5. En este numeral, el recurrente reitera la acusación de errónea interpretación del art. 1003 del Código Civil; en ese entendido, y con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos en el numeral 1. del presente considerando, donde se explicó de manera por demás detallada las razones por las cuales no se interpretó erróneamente dicha norma.

6. Como otro reclamo de casación, el recurrente denuncia que durante la tramitación del proceso habría sufrido muchos atropellos como el hecho de que se habría tratado de confundir al Juez A quo de que el monto adeudado solo ascendía a Bs. 33.000. En virtud a lo denunciado en este numeral, debemos señalar que si el recurrente consideraba que durante la tramitación del proceso se estaban realizando actuados procesales que le ocasionaban perjuicio, este debió reclamar oportunamente dicha irregularidad y advertir al juez de la causa sobre el mismo, toda vez que el proceso civil al estar conformado por etapas procesales que se abren y cierran, no corresponde que recién en casación se acuse irregularidades procesales que ocurrieron en primera instancia, máxime cuando el no hacer uso de ese su derecho amerita la convalidación del acto y la preclusión de reclamar en otra instancia posterior.

No obstante de lo señalado, corresponde señalar que lo advertido por la parte recurrente, sobre el monto que fue dado en calidad de préstamo a Ignacio Bustinza Vega y Dominga Quispe de Bustinza, fue aclarado por el informe de Derechos Reales que cursa a fs. 224, donde se señaló que la hipoteca registrada sobre el bien inmueble que era de propiedad de dichos sujetos, fue sobre el monto de Bs. 336.000.- por lo que no existe razón alguna para declarar la nulidad procesal por una irregularidad que en caso de haber existido fue debidamente subsanado con dicho informe; de ahí que las omisiones, errores y desaciertos que fueron acusados de manera general y ambigua resultan irrelevantes.

7. Finalmente, con relación a que con todos los medios probatorios producidos y presentados ante el juez A quo habría demostrado los puntos de hecho propuestos en el Auto de relación procesal. Conforme a lo acusado, y como ya se explicó a lo largo de la presente resolución, lo único que demostró la parte demandada fue la existencia de un registro de hipoteca por un préstamo de dinero que se encuentra inscrito en Derechos Reales en la matricula computarizada Nº 2014010050933  en fecha 12 de noviembre de 1983, derecho que al no haber sido ejercido por el acreedor en el plazo establecido por ley, es decir, que al no haberse reclamado el cumplimiento de la obligación y haber dejado que transcurran más de 30 años, éste el derecho- se extinguió por efecto de la prescripción. 

Por lo expuesto, y toda vez que los reclamos acusados por la parte demandada, ahora recurrente, no resultan evidentes ni relevantes, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 303 a 308 vta., interpuesto por Tito Almaraz López, contra el Auto de Vista Nº 80/2018 de fecha 1 de marzo, cursante de fs. 297 a 298, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del Abogado profesional de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.