TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 59/2019

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente:        CB-35-18-S.

Partes: Emilio Huayta Reynaga c/ María Luz Santos Vargas.

Proceso: Sumario reivindicación, pago de daños y perjuicios y lucro cesante.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 188 a 192, interpuesto por María Luz Santos Vargas contra el Auto de Vista Nº 13/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 177 a 185 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar y Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso Sumario de reivindicación, pago de daños y perjuicios y lucro cesante, seguido por Emilio Huayta Reynaga contra la recurrente, la concesión de fs. 197, Auto Supremo 623/2018 de 10 de julio que admitió el recurso cursante de fs. 203  204, los antecedentes y.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Emilio Huayta Reynaga y Benigna Moscoso de Huayta, interpusieron la demanda sumaria de reivindicación, pago de daños y perjuicios y lucro cesante (fs. 21 a 22 vta), dirigiendo su acción contra María Luz Santos Vargas, quien una vez citada con la acción (fs. 33), se apersona al proceso oponiendo excepciones de incompetencia, litispendencia y oscuridad, contradicción, o imprecisión en la demanda, respondiendo negativamente a la demanda (fs. 46 a 48 vta.). Tramitada así la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 13 de la capital (Cochabamba) pronunció la Sentencia Nº 140/2016 de 31 de agosto (fs. 122 a 126) declarando PROBADA EN PARTE la demanda de reivindicación, ordenando a la demandada restituir el inmueble de la extensión superficial de 670 mts.2  ubicado en calle Miguel Ángel Corminola, entre Avenida Simón López, Luis Toro Mayor y A. Sotomayor de la zona de Condebamba,  distrito Nº 3, Sub distrito 21, manzana 416, de la ciudad de Cochabamba.

2. La demandada María Luz Santos Vargas, formuló recurso de apelación (fs. 131 a 134 vta.), mereciendo el  Auto de Vista Nº 13/2018 de 2 de mayo, pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba cursante de fs. 177 a 185 vta., que CONFIRMÓ en forma total la sentencia apelada, fundamentando en lo principal que: a) La sentencia se encuentra debidamente fundamentada y tal como se señaló en ella, la motivación debe responder con tres aspectos esenciales, fáctico, probatorio y jurídico, encontrándose en su contenido estructural la relación fáctica aunque no en el orden que seguramente pretende la apelante, cuenta con la fundamentación legal, cita de las normas que sustentan la parte dispositiva,  b) No resulta evidente que el juez de primera instancia no haya realizado la apreciación intelectual y jurídica de la condición de adjudicataria de la apelante, en relación al bien inmueble objeto de la litis en su totalidad de 1.052,81 mts.2, cumpliendo a cabalidad con la previsión de los arts. 1286 del Código Civil y 397.I del Código de Procedimiento Civil, c) Se probó en el proceso la venta judicial a favor de la demandada, empero, conforme al art. 1538 del Código Civil, ningún derecho real sobre inmueble surte efecto frente a terceros sino desde el momento en que se hace público, publicidad que se adquiere mediante la inscripción del título en Derechos Reales, extremo que no cumplió la demandada, d) Los actores probaron su derecho de propiedad debidamente publicitado a través de la inscripción en Derechos Reales, e) Los demandantes poseen los tres requisitos exigidos para la procedencia de la acción reivindicatoria, es decir tienen el derecho propietario sobre la cosa, la cosa se encuentra en poder de la demandada como tercero poseedor o detentador,  la identificación o singularización de la cosa cuya reivindicación se demanda.

3. La demandada contra el fallo descrito precedentemente, formuló recurso de casación en el fondo mediante memorial de fs. 188 a 192, recurso que fue concedido mediante auto de 19 de junio de 2018 (fs. 197) y admitido mediante Auto Supremo 623/2018-RA de 10 de julio que discurre de fs. 203 a 204, ameritando en consecuencia su consideración y resolución.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACIÓN

Revisado el recurso de fs. 188 a 192, se evidencia que la demandada María Luz Santos Vargas formuló recurso de casación exponiendo en lo principal de su fundamentación los siguientes extremos:

- Denunció errónea aplicación del art. 1453 del Código Civil al dar a entender que la recurrente estaría en calidad de poseedora o detentadora, aspecto no fue demostrado de manera alguna en el transcurso del proceso.

- Refirió vulneración del principio de legalidad establecido en el art. 1 num. 2 de la Ley Nº 439, en vista que los jueces de grado no consideraron que los demandantes antes de ser propietarios, se subdividieron el inmueble “a su gusto” conforme se evidencia de la resolución ejecutiva de división y el Testimonio Nº 311/2006 de 21 de marzo, constando además que registran su documento de venta en fecha 12 de mayo de 2005 después de consolidarse el documento de sub división y registran su derecho propietario en Derechos Reales recién en fecha 3 de mayo de 2006, actos que fueron convalidados por los jueces de grado.

- Refirió que la recurrente en su calidad de adjudicataria por la venta judicial de ninguna forma puede ser eliminada por la vía de la acción de la reivindicación como erróneamente pretenden los demandantes, teniendo en cuenta además que su condición es de adjudicataria judicial y no de simple poseedora o detentadora por lo que se vulneró el debido proceso y el legítimo derecho de haber accedido a la justicia para efectuar la compra judicial, más aun ignorar la decisión de un juez de partido competente.

- Finalmente citando basta doctrina española e italiana, existe una verdadera identidad entre la venta judicial y la compraventa contractual que justifica la aplicación analógica del régimen jurídico de la compraventa, destacando el hecho que en la venta judicial quién debe salir a la evicción del bien es el deudor ejecutado, con el fin de brindar garantía al adquirente del bien subastado, en caso de pierda la cosa adquirida a manos de su verdadero dueño.

Petitorio.

Solicitó al Tribunal Supremo de Justicia se CASE en su totalidad el Auto de Vista con costas.

De la contestación del recurso.

Mediante memorial de fs. 195 y vta., los demandantes responden al recurso, manifestando que no se tomó en cuenta que el presente proceso es un proceso sumario, tramitado con el anterior Código de Procedimiento Civil, tramite en el que no está permitido deducir recurso de casación contra los Autos de Vista, por lo que, el Ad quem debió rechazar el recurso y no conceder por carecer de competencia para ello.

Que como demandantes demostraron los tres presupuestos que hacen viable la acción de reivindicación, que nunca se desconoció la venta judicial en la que se adjudicó el bien inmueble en conflicto la actual demandada, derecho propietario de la demandada de conformidad al art. 545-III del Código de Procedimiento Civil quedó perfeccionada, empero solo entre las partes contratantes textual-, pues respecto a terceros, la regla general establecida en el art. 1538 del Código Civil, establece que ningún derecho real sobre inmuebles surte efecto frente a terceros sino desde el momento que se hace público.

Petitorio.

Solicitó se declare la incompetencia del Tribunal de Alzada para conceder el recurso de casación y la improcedencia del recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la acción de reivindicación.

En el Auto Supremo 207/2016 de fecha 11 de marzo de 2016, citado por el Auto Supremo 87/2017 de 3 de febrero pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal se orientó en cuanto al tema expresando: “corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos de obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad legítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido , podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

A efecto de resolver el recurso en estudio, dentro del marco establecido por el Auto de Vista recurrido y los fundamentos del recurrente, considerando la doctrina legal establecida para el caso de autos, se hacen necesarias las siguientes consideraciones:

En primer lugar y para un mejor entendimiento de la respuesta al recurso y antes de ingresar al análisis jurídico del mismo, corresponde precisar qué se entiende por reivindicar. Así, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que reivindicar es sinónimo de reclamar o pedir a alguien con vehemencia y firmeza una cosa a la que tiene derecho y de la cual ha sido desposeído o está amenazado de serlo.

Ya en el análisis jurídico del recurso se tiene que la recurrente denunció errónea aplicación del art. 1453 del Código Civil al dar a entender que la misma estaría en calidad de poseedora o detentadora, aspecto que no fue demostrado de manera alguna en el transcurso del proceso. Respondiendo a este punto del recurso en estudio, debe indicarse que este artículo cuya errónea aplicación se acusa señala: “(ACCIÓN REIVINDICATORIA).- I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta. II. Si el demandado, después de la citación, por hecho propio cesa de poseer o de detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor y resarcirle el daño. III. El propietario que obtiene del nuevo propietario o detentador la restitución de la cosa, debe rembolsar al anterior poseedor o detentador la suma recibida como valor por ella.

De la glosa precedente y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 del presente fallo, la acción reivindicatoria trae consigo los siguientes presupuestos: a) Quién demanda reivindicación, debe ser el propietario del bien que pretende reivindicar o “reclamar”, b) El bien debe estar en poder de un poseedor o detentador, c) El bien inmueble debe encontrarse perfectamente identificado o individualizado.

Dicho de otro modo, la acción de reivindicación tiene por objeto ejercer el derecho propietario que se posee sobre una cosa con el propósito de obtener su devolución, cuando esta se encuentra en posesión de un tercero.

En autos, los demandantes demostraron ostentar derecho propietario sobre el inmueble de la extensión superficial de 670 mts.2  ubicado en calle Miguel Ángel Corminola, entre Avenida Simón López, Luis Toro Mayor y A. Sotomayor de la zona de Condebamba,  distrito Nº 3, Sub distrito 21, manzana 416, de la ciudad de Cochabamba, adquirido a título de compra venta de sus anteriores propietarios Hermógenes García Prado y Melinda Aramayo de García en fecha 12 de mayo de 2005, derecho propietario debidamente inscrito en la oficina de Derechos Reales bajo la matrícula computarizada Nº 3.011.02.0027936, asiento A-2 de fecha 3 de mayo de 2006 (fs. 5 a 6 vta. y 64 a 65), habiendo sido desposeídos del inmueble de su propiedad en virtud al mandamiento de desapoderamiento emitido por el Juez Noveno de Partido en lo Civil de Cochabamba (fs. 7 a 8 vta.), dentro del proceso coactivo que siguiera Mirtha Montán Santos contra Hermógenes García Prado y Melinda Aramayo Orellana de García (quienes vendieron el inmueble a los demandantes, habiéndose adjudicado el inmueble en cuestión la actual demandada.

Conviene anotar que aquel mandamiento de desapoderamiento fue ejecutado el 13 de agosto de 2017, fecha posterior a la fecha de compra del inmueble objeto de la litis y de su registro en Derechos Reales.

Resulta importante también considerar que en el devenir del proceso, la demandada no probó y/o contradijo la aseveración del demandante en sentido que si bien es cierto que la demandada adquirió el inmueble mediante venta judicial, extremo no discutido en la litis, no es menos cierto que no procedió a su registro en Derechos Reales, resultando entonces que el acto de la venta judicial en el que la demandada funda su defensa y en el que se ampara para afirmar que es propietaria del inmueble, no puede surtir efecto frente a terceros, pues el art. 1538 del Código Civil establece: “PUBLICIDAD DE LOS DERECHOS REALES; REGLA GENERAL).-Ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público según la forma prevista por este Código. II. La publicidad se adquiere mediante la inscripción del título que origina el derecho en el registro de los derechos reales. III. Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los derechos reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiesen llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos sólo entre las partes contratantes con arreglo a las leyes, sin perjudicar a terceros interesados” (negrillas fueron aumentadas).

En consecuencia, conforme la norma glosada, el derecho de la demandada, al no haber cumplido con el requisito supra anotado no pudo ser oponible frente a terceros, en el proceso no pudo alegar similar derecho que el de los demandantes, aun así, haya adquirido aquel bien mediante venta judicial.

Así entendieron los jueces de grado cuanto en sentencia declararon probada en parte la demanda en relación a la acción reivindicatoria y en alzada se confirmó esta resolución por el Ad quem, no siendo entonces evidente que hubieren ingresado en una errónea aplicación del art. 1453 del Código Civil conforme la denuncia de la recurrente.

En relación a la vulneración del principio de legalidad porque los jueces de grado no consideraron que los demandantes antes de ser propietarios, se subdividieron el inmueble “a su gusto”, de la revisión de antecedentes se tiene la existencia del “plano de regularización de lote y sub división”, debidamente aprobado por la entonces Honorable Municipalidad de Cochabamba, Dirección de Urbanismo en 14 de febrero de 2016 (fs. 12),  es decir con anterioridad a la fecha de registro del derecho propietario de los demandantes en Derechos Reales (fecha 3 de mayo de 2006), acto administrativo en el que no interviene la voluntad de los interesados, sino que en él intervienen criterios de orden técnico como son en el caso de autos los establecidos por el colegio de arquitectos y el plan regulador o de ordenamiento territorial del actual Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, siendo irrelevante que la inscripción de la venta del inmueble en Derechos Reales de manera posterior a tal acto administrativo municipal, cuando conforme afirma la recurrente-, se consolidó el documento de sub división del inmueble de 1.100 mts2.,  por lo que, cuando los jueces de grado convalidan o no observan esta documentación, no ingresan en la aludida vulneración del principio de legalidad, entendido como la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Esto quiere decir que todo aquello que emane del Estado debe estar regido por la ley, y nunca por la voluntad de los individuos o ciudadanos que cohabitan en un Estado de derecho.

Tampoco resulta evidente esta vulneración acusada por la recurrente.

Finalmente en cuanto a la denuncia de la recurrente en sentido que la acción de reivindicación no es la idónea para “eliminar” su calidad de adjudicataria que ostenta al haber adquirido el inmueble motivo de autos a través de una venta judicial, debe decirse que conforme el concepto y la naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria que fue ya definida párrafos precedentes, la pretensión de los demandantes no se circunscribe a desconocer el status jurídico de adjudicataria de la demandada, actual recurrente, siendo más bien la causa petendi de la demanda la recuperación o reivindicación del inmueble de su propiedad de un tercero, que es precisamente la demandada.

A mayor abundamiento, corresponde señalar expresamente, que, conforme la misma recurrente afirma en su recurso de casación, si bien es evidente que existe una verdadera identidad entre la venta judicial y la compraventa contractual que justifica la aplicación analógica del régimen jurídico de la compraventa, no es menos evidente que quien debe salir a la evicción del bien es el deudor ejecutado, con el fin de brindar garantía al adquirente (adjudicatario) del bien subastado en caso de pérdida de la cosa adquirida a manos de su verdadero dueño, como ocurrió en la presente causa, extremo que implica entonces que la demandada en ningún caso puede pretender que los compradores del bien inmueble materia de auto (demandantes), puedan salir a la evicción del inmueble subastado, máxime si éstos demostraron su legítimo derecho propietario totalmente perfeccionado y registrado en Derechos Reales.

En cuanto a la respuesta del recurso.

Cuando los demandantes mencionan que no correspondía la formulación del recurso de casación, contra el Auto de Vista de fs. 177 a 185 vta., en virtud a que el presente proceso es un proceso sumario, tramitado con el anterior Código de Procedimiento Civil, debe aclararse que, conforme la disposición transitoria tercera del Código Procesal Civil, hecho acaecido el 10 de febrero de 2016, los juzgados de instrucción, partido en lo civil y comercial, se denominaron juzgados públicos en materia civil y comercial, por lo que a partir de la fecha antes indicada, desapareció la anterior estructura de juzgados establecidos en la Ley Nº 025, motivo éste, por el cual, a momento de pronunciarse la sentencia de primer grado, es decir el 31 de agosto de 2016, el juzgado de instrucción en el que se sustanciaba la presente causa, pasó a ser juzgado público civil y comercial Nº 13 de la capital, Cochabamba, contra cuya resolución de primera instancia, se formuló el recurso de apelación, originado el Auto de Vista ahora recurrido, entonces, contra tal resolución conforme la previsión del art., 270.I del Código Procesal Civil, procede el recurso de fs. 188 a 192.

Evidentemente, conforme al fundamento de la presente resolución, los demandantes demostraron los tres presupuestos que hacen viable la acción de reivindicación, no habiendo los demandados en ningún momento realizado la venta judicial a favor de la demandada del bien inmueble en conflicto, siendo también cierta que, tal venta no pudo surtir efecto en relación a terceros por no haber sido registrada en Derechos Reales, conforme la regla general establecida en el art. 1538 del Código Civil.

Los fundamentos de la presente resolución hacen aplicable el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num 1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación a lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 188 a 192, interpuesto por María Luz Santos Vargas contra el Auto de Vista Nº 13/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 177 a 185 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina