TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 58/2019

Sucre: 04 de febrero de 2019

Expediente: SC-69-18-S                                                                   

Partes: Fortunato Ernesto Sánchez Daza y Eufracia Maldonado Obando c/ Shuei

           Ota Itosu y Otros.

Proceso: Usucapión Decenal.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 215 a 217 interpuesto por Oscar Ángel Cuellar Jiménez contra el Auto de Vista Nº 014/2018 de fecha 28 de febrero, cursante a fs. 208 y vta., pronunciado por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica o Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de usucapión, seguido por Fortunato Ernesto Sánchez Daza y Eufracia Maldonado Obando contra herederos de Shuei Ota Itosu y su esposa Matsuco N. de Ota, presuntos propietarios y Oscar Cuellar Moreira, contestación al recurso de casación de fs. 221, el Auto de concesión  de 23 de mayo de 2018 cursante a fs. 222, el Auto Supremo de Admisión Nº 526/2018-RA de fs. 228 a 229, los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de usucapión interpuesta por Fortunato Ernesto Sánchez Daza y Eufracia Maldonado Obando contra Shuei Ota Itosu y su esposa Matsuco N. de Ota, sus herederos forzosos y  Oscar Cuellar Moreira, quienes fueron citados por edictos el 11 de Noviembre de 2011 (fs. 71, 72 y 73), no habiéndose apersonado al proceso se les designó defensor de oficio, quien contestó la demanda de forma negativa, sin embargo el juez de instancia pudo advertir vicios insubsanables, en tal sentido anula obrados hasta fs. 61, disponiendo la citación a  los herederos de Shuei Ota Itosu, su esposa Matsuco N. de Ota, presuntos propietarios y Oscar Cuellar Moreira, al efecto se publicaron los edictos correspondientes cursantes de fs. 127 a 129, nuevamente ante la inconcurrencia  de los demandados se produjo la designación del defensor de oficio, quien contestó negativamente la demanda.

Desarrollándose el proceso hasta el pronunciamiento de la Sentencia Nº 14/2015 del 10 de febrero cursante de fs. 159 a 160, que declara PROBADA la demanda, disponiendo ministrar posesión real y testimonio de las piezas pertinentes del expediente, ordenado su inscripción en Derechos Reales. Notificándose a los demandados con la Sentencia Nº 14/2015 mediante edictos del 16 de septiembre de 2015 a fs. 192 y del 23 de septiembre de 2015 a fs. 193.

Bajo ese panorama, se apersona al proceso el señor Oscar Cuellar Moreira, mediante un incidente de nulidad presentado el 21 de enero de 2015 y posteriormente plantea recurso de apelación contra la sentencia, y producto de dicha impugnación se dictó el Auto de Vista Nº 014/2018 de fecha 28 de febrero, cursante a fs. 208 y vta., que declara INADMISIBLE el recurso interpuesto por el demandado, además CONFIRMÓ la sentencia Nº 14/2015 del 10 de febrero, cursante de fs. 159 a 160, con costas y costos en ambas instancias a la parte apelante, argumentando:

Que el recurso de apelación fue interpuesto fuera del plazo establecido por ley, en vista que la primera publicación de edictos con la sentencia fue del 16 de septiembre de 2015, teniendo el agraviado el plazo fatal y perentorio de 30 días calendario conforme al art. 78.II del Código Procesal Civil. Por lo que el demandado presentó su recurso a los 33 días calendario, por tanto el apelante excedió el término establecido por ley.

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación de fs. 215 a 217 interpuesto por Oscar Ángel Cuellar Jiménez, mismo que se analiza.

CONSIDERANDO II.

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Indicó que el Auto de Vista recurrido no consideró que el plazo para impugnar la sentencia mediante publicación por edictos se cumplió el 16 de octubre de 2015 y que el recurrente planteó su recurso de apelación el 19 de octubre de 2015, no tomándose en cuenta los 10 días que señala el art. 220 del CPC, por lo que alegó que estuvo dentro del término para impugnar la Sentencia.

Asimismo, señaló que el Tribunal Ad quem tuvo dos errores al indicar que la sentencia declaró improbada la demanda, cuando en realidad fue declarada probada; y otro error al señalar como demandante a Eufronia cuando lo correcto es Eufracia.

Acusó la violación de los artículos 56, 115 y 123 de la Constitución Política del Estado, así como la aplicación indebida de la ley, en cuanto al art. 78 de la Ley Nº 439, apuntando que la sola indicación de desconocimiento de domicilio del demando no habilita la inmediata citación por edictos, sino que el juez debe pedir en forma previa informes a SEGIP y SERECI.

De modo semejante denunció la violación del art. 56 inc.I y II de la CPE, alegando que su padre trabajó en Brasil y fruto de ello compró el bien inmueble del que hoy se reclama mediante la usucapión, en cual está inscrita debidamente en Derechos Reales; negar los recursos interpuestos implicaría una privación a su derecho propietario.

También alegó la violación del art. 115 de la Constitución Política del Estado porque al declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por su padre se estaría infringiendo el derecho a la defensa, una justicia pronta y sin dilaciones.

Finalmente solicitó que este Tribunal case el Auto recurrido y dicte una nueva resolución, sin perjuicio de anular obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 30).

De la respuesta al recurso de casación.

Primero, alegó que el recurrente carece de legitimación, por no ser parte del proceso en conformidad con el art. 27 del Código Procesal Civil.

Segundo, señaló que el recurso de apelación fue presentado fuera de término.

Por último, solicitó declarar infundado el recurso de casación planteado, con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del cómputo de plazo para interponer recurso de apelación.

El precedente jurisprudencial contenido en el Auto Supremo Nº 442/2016 de 06 de mayo, indica que: La Ley N° 439 del Nuevo Código Procesal Civil, que fue promulgada el 19 de noviembre de 2013 e ingresó en vigencia anticipada el 25 de noviembre de dicha gestión, que es la data de la publicación de la Ley por la Gaceta Oficial de Bolivia; estableció en su disposición transitoria segunda que entre las normas que entraron en vigencia al momento de la publicación del presente Código, tal como lo dispone el núm. 3), se encuentra el sistema de cómputo de plazos procesales, incluidos los cómputos para los plazos en relación a medios de impugnación, previstos en los Artículos 89 al 95 de dicho Código; por lo que se concluye que a partir de dicha vigencia anticipada, rige un nuevo sistema de cómputo de plazos procesales, los mismos que comienzan a correr a partir del día siguiente hábil de la respectiva citación o notificación; en ese entendido, la indicada Ley en el art. 90 en su parte pertinente señala lo siguiente: “II. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda los 15 días, los cuales sólo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles. III. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el ultimo día corresponde a día inhábil, el plazo quedara prorrogado hasta el primer día hábil siguiente”. Como se podrá advertir, para los plazos procesales menores a 15 días donde se halla comprendido la interposición del recurso de apelación, la referida Ley prolonga en términos de tiempo computando únicamente los días hábiles cuyo vencimiento además se establece el último momento hábil del horario de trabajo en los respectivos Juzgados y Tribunales, lo que da mayores posibilidades a las partes litigantes a interponer sus recursos otorgándoles mayor tiempo, pues los plazos actualmente no se consideran fatales.

Consiguientemente y toda vez que el plazo para interponer el recurso de apelación, tal y como lo  establece el art. 220-I inc. 1) del Código de Procedimiento Civil, es de 10 días, este plazo al no exceder los 15 días, debe ser computado solo días hábiles, entendiéndose como tales a aquellos días en los cuales funcionan los juzgados y Tribunales, es decir que no deben ser tomados en cuenta los días sábados, domingos y por ende tampoco los días feriados, toda vez que en esos días no funcionan las casas judiciales.”

III.2. Proceso y fases del proceso.

En cuanto a este punto  corresponde evocar el Auto Supremo Nº 416/2016 de 28 de abril, que señala lo siguiente: El  proceso en un conjunto de actos jurídico procesales, que tienen la finalidad resolver la controversia de las partes, procurando arribar a la Sentencia, cada una de las fases del proceso se la denomina procedimiento, así existe un procedimiento de incidentes, un procedimiento de impugnación, ese procedimiento no puede estar supeditado a caprichos o exigencias del operador judicial, tampoco el operador judicial puede torcer la secuencia del procedimiento, salvo decisión  justificada conforme a la normativa procesal, (…)”

III.3. De la legitimación ad causam.

Sobre esta temática, el autor Lino E. Palacio en su obra "DERECHO PROCESAL CIVIL" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 al analizar los requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión señala: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación (…) Cabe, pues, definir a la legitimación, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa (...), por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona procesalmente legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación". (El resaltado nos pertenece).

En ese orden de ideas, es pertinente citar el criterio del autor Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda … por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida … que deben ser objeto de la decisión del Juez…”, es decir que, la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular la función jurisdiccional, así como que esta, sea promovida contra quien tiene la calidad de contraponerse a ese derecho.

Finalmente sobre este tema la Sentencia Constitucional Nº 1587/2011-R de 11 de octubre, señaló: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Cabe poner especial atención al impugnado Auto de Vista Nº 014/2018 de fecha 28 de febrero, cursante a fs. 208 y vta., y analizar a profundidad la declaración de INADMISIBILIDAD que emitió el Tribunal Ad quem, ya que la dilucidación de este asunto trascendería en la eficacia de la resolución pronuncia por Tribunal Ad quem.

En tal panorama, el recurrente Oscar Ángel Cuellar Jiménez hijo de Oscar Cuellar Moreira, basa su recurso de casación en sentido que el Auto de Vista recurrido no habría tomado en cuenta el art. 220 del Código de Procedimiento Civil ni el art. 261.I de la Ley Nº 439, puesto que el Tribunal Ad quem no consideró que el recurrente su padre- al plantear su recurso de apelación el 19 de octubre de 2015 cursante de fs. 185 a 190 vta., estuvo dentro de plazo establecido por ley, argumentando que con la publicación de los dos edictos del 16 y 23 se septiembre de 2015 y de acuerdo al art. 78.II del Código Procesal Civil tendría 30 días de plazo aparte de los 10 días que otorga el art. 261.I de la Ley Nº 439, concluyendo que tendría 40 días para impugnar la sentencia y por lo tanto se encontraría en tiempo hábil y oportuno.

En ese orden de ideas y considerando la doctrina glosada en el punto III.1 sobre el plazo para interponer recurso de apelación, tenemos que el plazo para interponer el mismo es de diez días conforme al art. 261.I del Código Procesal Civil, sin embargo, el Tribunal Ad quem vio conveniente otorgar un plazo de 30 días para apelar la sentencia al demandado a partir de la notificación por edictos con la sentencia del 16 de septiembre de 2015, pese a ello el recurso fue presentado fuera de plazo, criterio sustentado en el art. 78.II del CPC, norma que no describe que al referido plazo se pueda adicionar el plazo de 10 días, como alega el recurrente, como tampoco lo describe el art. 261.I de la Ley Nº 439.

En cuanto a la cita del art. 220 del abrogado Código de Procedimiento Civil, vigente al momento de plantearse recurso de apelación, el precepto no describe que el plazo de diez días, sea adicional a la publicación de edictos, que en el caso presente fueron publicados con motivo de notificar al demandado con la sentencia, deviniendo el reclamo en infundado.

Por otra parte, se tiene de la revisión de obrados que el demandado Oscar Moreira Cuellar se apersonó al proceso en primera instancia mediante incidente de nulidad planteado el 21 de enero de 2015 (fs. 183), aspecto por el que se concluye que el demandado ya se encontraba a derecho con los antecedentes del proceso y a partir de dicho actuado procesal el recurrente tenía la carga de revisar el proceso en estrados judiciales como lo señala el art. 84 del Código Procesal Civil, entendiendo tal situación que la notificación con la sentencia pudo efectuarse en estrados, sin necesidad de publicar edictos para el nombrado, sin embargo, la notificación con la sentencia le fue generada mediante edictos, sobre lo cual, el hoy recurrente pretende forzar inclusive un plazo adicional de 10 días, que resulta ser inexistente en el ordenamiento procesal. En consecuencia, este Tribunal no advierte interpretación errónea del art. 78 del Código Procesal Civil, deviniendo en infundado su reclamo.

Al margen de lo expresado, el recurrente para acreditar su legitimación en la causa, debió justificar dicho aspecto con prueba fehaciente que no fue presentada en el proceso, pues la usucapión se entabla contra de la persona que figura como propietario en el registro de Derechos Reales, que en el caso concreto resulta ser Shuei Ota Itosu, como describe el informe de fs. 52.

Por lo que corresponde resolver el recurso de casación en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 215 a 217 interpuesto por Oscar Ángel Cuellar Jiménez contra el Auto de Vista Nº 014/2018 de fecha 28 de febrero, cursante a fs. 208 y vta., resuelta por la Sala Cuarta Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica o Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios del abogado que contestó el recurso de casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.