TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                          S A L A C I V I L



Auto Supremo: 56/2019

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente: SC-76-18-S.

Partes: Arturo Rodríguez López c/ Hermes Gregorio Bustos Rojas.

Proceso: Usucapión quinquenal.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 351 a 353 vta., interpuesto por Hermes Gregorio Bustos Rojas; contra el Auto de Vista Nº 89/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 341 a 343, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión quinquenal, seguido por Arturo Rodríguez López contra el recurrente; Auto de concesión de 25 de mayo de 2018, cursante a fs. 361, Auto Supremo de admisión del recurso de casación de fs. 368 a 369, todo lo inherente, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Por memorial de fs. 34 a 35 vta., Cleverth Cárdenas Flores en representación legal de Arturo Rodríguez López demandó usucapión quinquenal adquisitiva del 50% en contra de Hermes Gregorio Bustos Rojas,  quien una vez citado y emplazado, contestó negativamente mediante memorial de fs. 103 a 106 vta., asimismo reconvino por acción negatoria como por resarcimiento de daños y perjuicios, desarrollándose de esa manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 271/2016 de 28 de septiembre, cursante de fs. 268 a 269 vta., y su enmienda de fs. 270 vta., donde el Juez Décimo Público en lo Civil de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra declaró Probada la demanda principal de fs. 34 a 35 vta., e Improbada la demanda reconvencional de fs. 103 a 106, disponiendo que en ejecución de sentencia se proceda a ministrar posesión real del 50% del bien inmueble lotes Nros. 4, 5 y 6 ubicado en la U.V. 138 Mza. Nº 31 y que el inmueble debe ser aprobado por ante el ente Municipal a favor de Arturo Rodríguez López y se proceda a la inscripción en Derechos Reales. La cancelación de los Asientos A-4 que salen en las Matrículas Nº 7.01.1.06.0035825; Nº 7.01.1.06.0059219 y Nº 7.01.1.06.0059284, como también la cancelación de los gravámenes B-3 y B-4.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Hermes Gregorio Bustos Rojas, mediante memorial de fs. 320 a 322; por lo que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 89/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 341 a 343, que Confirmó la Sentencia Nº 271/2016 de 28 de septiembre de fs. 268 a 269 vta.

El Tribunal de Alzada absolvió el recurso de apelación con los siguientes argumentos; que de la revisión de las pruebas documentales cursantes en el expediente se tienen los siguientes aspectos de trascendencia para dictar resolución: a) El certificado alodial del inmueble ubicado en la U.V. Nº 138, Mza. Nº 32, lote Nº 4 con superficie de 390,00 m2, inscrito bajo Matrícula Nº 7011060035825 tiene los siguientes antecedentes de derecho propietario: 1) Eva Flores carrasco. 2) Andrés Flores Banegas. 3) Arturo Rodríguez López y 4) Hermes Gregorio Bustos Rojas (en copropiedad con Arturo Rodríguez López) con derecho propietario inscrito el 15 de noviembre de 2013. b) El certificado alodial del inmueble ubicado en la U.V. Nº 138, Mza. Nº 32, lote Nº 5 con superficie de 390,00 m2, inscrito bajo Matrícula Nº 7011060059284 tiene los siguientes antecedentes de derecho propietario: 1) Andrés Flores Banegas. 2) Arturo Rodríguez López y 3) Hermes Gregorio Bustos Rojas (en copropiedad con Arturo Rodríguez López) con derecho propietario inscrito el 23 de abril de 2014. c) El certificado alodial del inmueble ubicado en la U.V. Nº 138, Mza. Nº 32, lote Nº 6 con superficie de 390,00 m2, inscrito bajo Matrícula Nº 7011060059219 tiene los siguientes antecedentes de derecho propietario: 1) Andrés Flores Banegas. 2) Arturo Rodríguez López y 3) Hermes Gregorio Bustos Rojas (en copropiedad con Arturo Rodríguez López) con derecho propietario inscrito el 15 de noviembre de 2013.

De la inspección judicial se acredita, que el demandante Arturo Rodríguez López, se encuentra en posesión de los bienes inmuebles objeto de litis; por otra parte, el demandado Hermes Gregorio Bustos Rojas, no produjo prueba idónea que acredite la interrupción de la posesión que tiene el demandante conforme el art. 1503 del Código Civil.

Concluyendo el Ad quem, que el demandante tiene acreditados los presupuestos de buena fe, publicidad y posesión efectiva de cinco años sobre los bienes inmuebles objeto de usucapión según el art. 134 del Código Civil, es decir, que tiene el corpus y el animus. En consecuencia, desestimó el agravio denunciado por el apelante, máxime si se tiene en cuenta, que éste logro la inscripción de su derecho propietario, cuando los inmuebles descritos ya se encontraban registrados en poder de terceras personas. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Hermes Gregorio Bustos Rojas, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

En la forma.

1. Denunció que no se tomaron en cuenta los arts. 1, 3, 4, 12 y 17 del Código Procesal Civil, señaló que se violó el principio de buena fe y lealtad procesal, el derecho al debido proceso, no se respetó la jurisdicción y no se aplicó el principio de verdad material.

En el fondo.

1. Acusó violación del art. 1503 del Código Civil, ya que para que proceda la interrupción civil debe concurrir 3 requisitos 1) Debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional. 2) Debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer el derecho de propiedad y oponerse a la posesión del poseedor. 3) Debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba, como aconteció en el caso presente.

2. Denunció violación del art. 1505 del Código Civil, en sentido que el actor al demandar usucapión quinquenal el 23 de junio de 2014, reconoció expresamente, al recurrente como propietario del 50% de los tres inmuebles, generándose la interrupción de la prescripción adquisitiva. Tomando en cuenta que desde la gestión 2014 al 2016 (año que se dictó la sentencia), no transcurrieron cinco años para la usucapión quinquenal, asimismo el art. 1506 de la norma sustantiva civil, refiere que por efecto de la interrupción, se inicia un nuevo periodo para la prescripción y el art. 1507 del Código Civil expresa que los derechos patrimoniales se extinguen por la prescripción en el plazo de cinco años.

3. Refirió que mediante las tradiciones y anotaciones preventivas realizadas sobre los tres lotes de terreno, se evidenció que el demandante, tuvo pleno conocimiento de los diferentes procesos judiciales realizados por el recurrente, también consta la anotación preventiva realizada por la parte actora del proceso de usucapión, sobre los precitados lotes de terreno, que se encuentran a su nombre.

4. Indicó que el demandante no cumplió con lo previsto con el art. 134 de Código Civil, ya que no acreditó los presupuestos de buena fe, publicidad y posesión efectiva de cinco años sobre los inmuebles objetos de la usucapión, conculcando además el art. 87 del Código Civil.

Petitorio.

En definitiva, el recurrente solicitó casar el Auto de Vista de 12 de abril de 2016, revocando la sentencia de 26 de septiembre de 2016 o se anule obrados inclusive hasta la demanda principal.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandante señaló, que el recurrente no señala en forma clara, precisa, de qué forma existe una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, o en la apreciación de la prueba se hubiera incurrido en error de derecho o de hecho como lo requiere, el art. 271 del Código Procesal Civil con relación al num. 3) del art. 274, que señala: Expresará con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en que consiste la infracción, la falsedad o error, ya se trate del recurso de casación en la forma y en el fondo. Por lo que al no adecuarse a ley debe ser rechazado los recursos de casación en la forma y el fondo.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1 Del per saltum.

El art 272 del Código Procesal Civil de forma expresa ha establecido como un requisito de procedencia del recurso de casación el agravio sufrido, en tal sentido expone: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista”.

Gonzalo Castellanos Trigo en su texto Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil sobre el tema describe. “…por esta razón la primera parte de la norma en análisis determina que el recurso de casación sólo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio o perjuicio en el auto de vista…”

Por otro lado, el mismo artículo en su parágrafo segundo sostiene sobre la legitimación en su interpretación extensiva a la naturaleza y finalidad de los agravios: “No podrá hacer uso del recurso quien no apeló de la sentencia de primera instancia ni se adhirió a la apelación de la contraparte, cuando la resolución del tribunal superior hubiere confirmado totalmente la sentencia apelada”.

El Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, sobre el tema ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).-que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores (…), y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”

III.2. De la interrupción de la prescripción (art. 1503 del Código Civil).

El Auto Supremo Nº 121/2016 de 5 de febrero sostuvo: “Al respecto, corresponde manifestar que el art. 88 del Código Civil al referirse a las presunciones de la posesión en su párrafo I indica: “I. Se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder sobre la cosa, siempre que no se pruebe que comenzó a ejercerlo como simple detentador”, esta normativa de manera textual establece que la posesión se presume, al igual que el ánimus, en esa misma orientación Carlos Morales Guillen citando al profesor Osorio indica: “El ánimus se presume. Quien contradice al poseedor debe probar que este sólo tiene una simple detentación…”.

Asimismo, el Auto Supremo Nº 308/2013 de 17 de junio, ha concretado que: “…la interrupción de la prescripción únicamente es posible cuando el término de la misma (prescripción) está en curso, de ninguna manera resulta correcto afirmar que la prescripción ya operada pueda ser interrumpida, por actos posteriores a su consolidación”.

De lo detallado, se infiere que en orientación de la doctrina y la jurisprudencia la posesión se presume, al igual que el ánimus, quien contradice al poseedor debe probar que este sólo tiene una simple detentación, por otra parte, la línea Jurisprudencial asumida por este Tribunal ha establecido que una prescripción operada no puede ser interrumpida.

Respecto a lo anterior, el art. 1503 del Código Civil expresa que: "I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente". Cuando la norma alude al término demanda, debemos entender en sentido amplio que hace referencia a todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad de mantener vivo su derecho, es decir que de manera inequívoca demuestren la intención de no permanecer en inactividad o silencio respecto a su derecho. Resultando que para que ese acto sea efectivo se requiere que el mismo: 1) debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

Sin embargo, se debe precisar que no toda acción o controversia judicial genera el efecto interruptivo de la prescripción adquisitiva, sino sólo aquellos que conlleven los tres requisitos enunciados, y siempre que a través de aquellos se demuestre de manera inequívoca la intención de oponerse a la posesión, pues, pueden existir múltiples pretensiones relativas a otros aspectos que si bien evidencian litigiosidad entre partes, empero no interrumpen la posesión, toda vez que para que esto suceda la pretensión opuesta al poseedor inequívocamente debe estar orientada y dirigida a repulsar la posesión.”

III.3. De la usucapión ordinaria o quinquenal.

En el Auto Supremo Nº 581/2015 de fecha 21 de enero de 2015  se orientó: “Circunscribiendo nuestra atención en la Usucapión quinquenal u ordinaria, debemos señalar que el art. 134 del Código Civil norma tal instituto jurídico señalando que: “(USUCAPIÓN QUINQUENAL U ORDINARIA) Quien en virtud de un título idóneo para transferir la propiedad adquiere de buena fe un inmueble de alguien que no es su dueño, cumple la usucapión a su favor poseyéndolo durante cinco años contados desde la fecha en que el  título fue inscrito”.

La norma nos refiere con claridad los requisitos que debe reunir la Usucapión ordinaria que son: título idóneo (justo título), buena fe en la posesión, transcurso del tiempo y posesión (pública, pacífica, continuada e ininterrumpida); requisitos que deben ser comprobados judicialmente para favorecerse de ella.

Sobre el examen de los requisitos que hacen a la Usucapión ordinaria, se debe hacer énfasis en el de título idóneo o justo título, como lo conoce la doctrina, a ello recurrimos a Borda que en su obra Tratado de Derecho Civil (Derechos Reales I, pág. 317) señala: Se llama justo título aquel que es suficiente para la transmisión del dominio y que realmente lo hubiera transmitido de haber sido el transmitente el verdadero propietario del inmueble. Es decir, se trata de un título que ésta rodeado de todas las formalidades y demás requisitos indispensables para la transmisión del dominio, a punto tal que de haber emanado del verdadero propietario, la transmisión seria perfecta y no se plantearía ya la cuestión de la prescripción porque bastaría con ese título para adquirir el dominio.” Para incidir sobre el punto, nos remitimos al art. 584 del Código Civil, que sobre la noción de la venta, se indica que la venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa, denotándose que lo que se transfiere es el derecho de propiedad, en ese sentido, cuando el transferente no tienen el derecho de propiedad es cuando acude la prescripción adquisitiva ordinaria para cubrir ese defecto, por ello el justo título en este escenario juega el papel de verificar  la adquisición de buena fe operada en ella, por ello Néstor Jorge Musto (Derechos Reales, Tomo I, pág. 509) sintetizando el concepto dice: “Con el justo título se ha efectuado una adquisición, pero ella tiene un defecto esencial: falta una condición de fondo, cual es la titularidad en el derecho por parte del enajenante.

Definido el justo título, se debe resaltar que para ser considerado tal debe reunir condiciones de validez, debiendo inexcusablemente tener requisitos intrínsecos y extrínsecos, la primera referida sobre las condiciones esenciales del acto jurídico, y la segunda, reatada a las condiciones del escrito que la comprueba, solemnidades que debe cumplir.

En este contexto, la forma instrumental que recubre al justo título: Escritura Pública, entre otras, está condicionada a estos requisitos extrínsecos por disposición propia de la ley. No debemos olvidar que el justo título no es el instrumento en el que yace el acto jurídico, sino la causa que ha originado esta.

“….Considerando también la buena fe como requisito de la Usucapión quinquenal, se debe indicar que el mismo artículo 134  del Código Civil, sitúa a la buena fe  íntimamente ligado a la del título idóneo, si bien son diferentes pero no son independientes en su actuar, pues el adquirir una propiedad mediante el justo  título hace presumir que el adquiriente la hace de buena fe suponiendo que compra del que verdaderamente fue el dueño, entonces el justo título también hace presumir la buena fe.  En esta esfera Ricardo Papaño (Derechos Reales Tomo 2, pág. 332) citando a Vélez Sarfield dice: “El que quiera prescribir debe probar su justo título, pero su mismo justo título hará presumir la buena fe…, el justo título no es requerido sino como elemento de la buena fe…

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados por el recurrente:

En la forma.

1. Denunció que no se tomaron en cuenta los arts. 1, 3, 4, 12 y 17 del Código Procesal Civil, expuso como infracciones violación del principio de buena fe y lealtad procesal, el derecho al debido proceso, que no se respetó la jurisdicción y no se aplicó el principio de verdad material.

Al respecto el num. 3) del art. 274 del Código Procesal Civil, describe que se expresará con claridad y precisión la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, especificando en qué consiste la infracción en el fondo o en la forma o en ambos. Estas especificaciones se harán en el recurso y no fundarse en memoriales anteriores, ni suplirse posteriormente.

Ahora bien, cuando se plantea el recurso de casación en la forma, es decir, agravios de procedimiento, siendo su finalidad la anulación de la resolución recurrida, cuando esta contenga infracciones formales, o la anulación del proceso en sí, cuando en la sustanciación del proceso se violaron las formas esenciales del mismo y se encuentren sancionadas con nulidad por la ley.

El recurrente señaló que no se tomaron en cuenta los arts. 1, 3, 4, 12 y 17 del Código Procesal Civil, pero no fundamentó, ni argumentó la forma, donde y cuando se violó el procedimiento, y que dicha violación esté sancionada con nulidad, por lo que el recurso de casación en la forma no reúne el requisito aludido en el art. 274 num. 3) del Código Procesal Civil.

Sin perjuicio de lo mencionado y de la revisión del recurso de apelación de fs. 320 a 322, se puede extractar como reclamos de forma que se vulneró derechos y garantías constitucionales, el debido proceso y principios de igualdad y seguridad jurídica, ahora en el recurso de casación en la forma, exponen como infracciones, violación del principio de buena fe, lealtad procesal, el derecho al debido proceso, que no se respetó la jurisdicción y no se aplicó el principio de verdad material.

Al respecto se debe manifestar que las violaciones de las normas acusadas en casación, no tienen un contenido similar a los agravios expuestos en el recurso de apelación, para peticionar a este Tribunal Supremo de Justicia la anulación de obrados, inclusive hasta la demanda principal; consiguientemente diremos que las pretensiones de los recursos de apelación y casación resultan ser diferentes.

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior y al no haberse reclamado en apelación los agravios traídos en casación, pierden el derecho a recurrir en casación sobre esas pretensiones, ya que en sujeción a lo establecido en el art. 272.II del adjetivo civil, no puede revisarse vicios de procedimiento que no hayan sido denunciados en instancias inferiores, pues de la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.1 principio procesal "per saltum"  se entiende que debe agotarse legalmente esos reclamos en la instancia pertinente, y los recurrentes debían exponerlos en calidad de agravios al momento de apelar.

Por lo que el reclamo deviene en infundado.

En el fondo.

1. Respecto a los puntos 1, 2, 3 y 4, el recurrente denunció la vulneración de los arts. 87, 134, 1503, 1505, 1506 y 1507 todos del Código Civil, en sentido que al demandar usucapión quinquenal el 23 de junio de 2014, Arturo Rodríguez López, reconoció expresamente al ahora recurrente, como propietario del 50% de los inmuebles objeto de litis, asimismo refirió que concurrió los tres requisitos para la interrupción civil. Que mediante las tradiciones y anotaciones preventivas realizadas sobre los tres lotes de terreno, se evidenció que el demandante, tuvo pleno conocimiento de los diferentes procesos judiciales realizados por Hermes Gregorio Bustos Rojas, asimismo la anotación preventiva realizada por la parte actora del proceso de usucapión sobre los precitados lotes de terreno.

Al respecto corresponde señalar que este Tribunal Supremo, orientó en diversos fallos, que la pretensión de usucapión debe estar dirigida en contra del titular del derecho de propiedad a ser usucapido, el cual deberá soportar el efecto extintivo que genera la sentencia de usucapión, esto para otorgar seguridad jurídica al verdadero titular del predio y para el propio demandante, pues solo así se podrá asegurar que el proceso judicial, no sea acusado de haber generado indefensión al titular del predio, al efecto se tiene el Auto Supremo Nº 446/2014 de 15 de agosto en el que al respecto señaló: “…por ello resulta indispensable que el actor dirija la demanda contra quienes figuren en el registro de Derechos Reales como titulares del derecho propietario del inmueble que se pretende usucapir; solo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto…”

Ahora bien, con relación a que el actor tenía conocimiento de los procesos judiciales  realizados por el recurrente, se debe establecer, que según la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.2, se estableció que para que se genere el efecto interruptivo en una demanda de usucapión se requiere: 1) Debe ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) Debe demostrar inequívocamente la voluntad de ejercer su derecho de propiedad deduciendo oposición a la posesión del poseedor; y 3) Debe ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba.

De lo manifestado supra y de la revisión del cuaderno procesal, se tiene que no se inició proceso alguno al demandante, Arturo Rodríguez López que pretenda perturbar o en su caso oponer la posesión que ejerce sobre el inmueble objeto de litis, hasta el momento de interponer la demanda de prescripción adquisitiva quinquenal.

Referente a las anotaciones preventivas aludidas por el recurrente, se debe sostener que las mismas, no tienen el fin de interrumpir la usucapión, máxime que del análisis de dichas medidas preventivas se puede evidenciar que el asiento Nº 1 en favor de la Fundación para Alternativas al Desarrollo (FADES) de 5 de enero de 2006, se canceló el 18 de abril de 2009, el asiento Nº 2 en favor del recurrente de 9 de octubre de 2006 se canceló el 17 de abril de 2009, el asiento Nº 3 de 24 de julio de 2010 a favor del demandado, se presentó en fecha posterior a que la presentación de la demanda de usucapión quinquenal. Consiguientemente no se puede acoger el reclamo, de que las anotaciones preventivas interrumpieron la prescripción adquisitiva. 

Asimismo, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que, el recurrente mediante resolución judicial, Auto de 31 de mayo de 2013 emitido por el Juez Sexto Público en lo Civil (fs. 83 vta. a 84 vta.), registró su pretendido derecho del 50% de los inmuebles objeto de litis el 15 de noviembre de 2013, en el derecho de propiedad del actor bajo las Matrículas Nros. 7011060035825, 7011060059284 y 7011060059219, fallo que es revocado por la Sala Civil segunda mediante Auto de Vista de 9 de diciembre de 2014 (fs. 221 a 223), en razón que se afectó el derecho de un tercero que no fue convocado a la litis. Por lo que Arturo Rodríguez López demandó usucapión quinquenal en contra del ahora recurrente, quien con dicha inscripción que fue cancelada, pretendió el 50% de los bienes en calidad de propietario. Por lo que la parte actora demandó a una persona que registró su pretendido derecho sobre los bienes del demandante.          

Por otro lado, el Auto Supremo Nº 308/2013 de 17 de junio, reiterado por el AS Nº 729/2017 de 10 de julio y AS N° 064/2017 de 5 de octubre entre, otros al respecto indicaron: para que la interrupción tenga lugar no debe haberse cumplido el término de la prescripción.” (Papaño, Kiper, Dillon y Causse).

De lo manifestado se concluye que la interrupción de la prescripción únicamente es posible cuando el término de la misma (prescripción) está en curso, de ninguna manera resulta correcto afirmar que la prescripción ya operada pueda ser interrumpida, por actos posteriores a su consolidación.

De lo descrito en el párrafo anterior, se tiene que una prescripción operada no puede ser interrumpida, y del análisis de los antecedentes del proceso se puede establecer que desde la suscripción de los contratos de compra de los bienes inmuebles objeto de litigio, al momento de interponer la demanda de usucapión quinquenal, se tiene consolidado los 5 años necesarios previstos por el art. 134 del Código Civil. Consiguientemente se infiere que la parte actora cumplió con los presupuestos del art. 134 del Código Civil, según se tiene de la doctrina en el considerando III.3; 1) Un bien susceptible a ser usucapido; a) Certificado alodial de fs. 113 y de fs. 172 a 173, que acredita el bien inmueble ubicado en U.V. N° 138, Mza. N° 32, Lote N° 4 con una superficie de 390,00 m2, inscrito bajo la Matrícula N° 7011060035825. b) Certificado alodial de fs. 114 y de fs. 176, que acredita el bien inmueble ubicado en U.V. N° 138, Mza. N° 32, Lote N° 5 con una superficie de 390,00 m2, inscrito bajo la Matrícula N° 7011060059284 y c) Certificado alodial de fs. 115 y de fs. 174 a 175, que acredita el bien inmueble ubicado en U.V. N° 138, Mza. N° 32, Lote N° 6 con una superficie de 390,00 m2, inscrito bajo la Matrícula N° 7011060059219, debidamente registrados en oficinas de Derechos Reales sobre la adquisición en cuanto al 50% de los inmuebles objeto de litis, según lo establecido por el art. 1538 del Código Civil,  2) Posesión; de la prueba de inspección judicial de fs. 258, se desprende que el demandante Arturo Rodríguez López se encuentra en posesión de los inmuebles objeto de litigio, al amparo del art. 87 del cuerpo sustantivo civil, que establece; la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, asimismo el art. 93 del Código Civil refiere; el poseedor es de buena fe cuando cree haber adquirido del verdadero propietario o titular la cosa o el derecho y 3) Transcurso de un plazo; el recurrente no ha producido elementos probatorios idóneos que acrediten la interrupción de la posesión que tiene el actor. Por lo que los reclamos del recurrente no tienen asidero jurídico legal.

De la contestación al recurso de casación.

La parte actora señaló que el recurso debe ser declarado inadmisible; se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones de la recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 8 de noviembre.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso de casación, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 351 a 353 vta., interpuesto por Hermes Gregorio Bustos Rojas; contra el Auto de Vista Nº 89/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 341 a 343, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costos y costas. 

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación, en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.