TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 53/2019        

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente: O-29- 18-S.

Partes: Sociedad Croata de Socorros Mutuos c/ Gladys Arghata Chambi de

             Baltazar y otros.  

Proceso: Acción Negatoria y otros.                                   

Distrito: Oruro.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 570 a 574, interpuesto por Gladys Arghata Chambi de Baltazar y Margot Arghata Chambi de Veliz por sí y en representación de Henrry Omar Arghata Chambi, Sonia Alina Arghata Chambi y Marina Arghata Chambi; contra el Auto de Vista Nº 70/2018 de fecha 17 de mayo, cursante de fs. 556 a 567, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso ordinario de acción negatoria y otros seguido por Sociedad Croata de Socorros Mutuos representado por Oscar Gonzalo Nigoevic Heredia en contra de Gladys Arghata Chambi de Baltazar y otros; la contestación al recurso de casación de fs. 578 a 580 vta.; el Auto de concesión del recurso de fecha 26 de junio de 2018, cursante en fs. 581;  Auto Supremo de Admisión de 10 de julio de 2018; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. En base al memorial de demanda de fs. 25 a 27 vta., la Sociedad Croata de Socorros Mutuos representado por Oscar Gonzalo Nigoevic Heredia inició proceso ordinario de acción negatoria, reivindicación y otros; acciones que fueron dirigidas contra Gladys Arghata Chambi de Baltazar y otros, quienes, una vez citados, por memorial de fs. 45 a 47, 61 a 63 vta., y 179 a 180 vta., contestaron negativamente e interpusieron excepción de oscuridad e imprecisión de la demanda y acción reconvencional de acción negatoria y daños emergentes por paralización de construcción; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 22/2017 de fecha 12 de abril, cursante de fs. 502 a 509 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 8 del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro declaró IMPROBADA la demanda  principal; y PROBADA la pretensión reconvencional.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por la Sociedad Croata de Socorros Mutuos representada por Oscar Gonzalo Nigoevic Heredia, mediante memorial de fs. 513 a 519 vta.; la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 70/2018 de fecha 17 de mayo, cursante de fs. 556 a 567, ANULANDO obrados hasta fs. 268, hasta Audiencia Preliminar, por considerar que el proceso tiene irregularidades que merecen ser sancionadas con nulidad e identificó, en lo principal, incongruencias entre la definición del objeto del proceso y las determinaciones asumidas en sentencia.

3. Fallo de segunda instancia que fue recurrido en casación por Gladys Arghata Chambi de Baltazar y Margot Arghata Chambi de Veliz en representación de Henrry Omar Arghata Chambi, Sonia Alina Arghata Chambi y Marina Arghata Chambi mediante el memorial de fs. 570 a 574, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Del recurso de casación se extrae agravios de forma, expresados en función a la determinación anulatoria del Tribunal de apelación que fue ya advertido por Auto Supremo Nº 613/2018-RA que admitió el recurso, a lo que se tiene:

1. El Auto de Vista ha sido dictado con prevalencia superficial de aspectos de forma por sobre la protección de aspectos de fondo que debían ser tomados en cuenta con mayor énfasis y detenimiento, adoleciendo en consecuencia dicha resolución de la fundamentación y congruencia que justifique la nulidad asumida.

2. El Tribunal de Alzada ha actuado de forma ultra petita, porque la nulidad dispuesta no ha sido solicitada por la parte recurrente, vulnerando no solo el derecho al debido proceso, sino también a la legítima defensa y la justicia eficaz, consagrado en el art. 117, 115.II, 180.I de la CPE.

3. La resolución objeto de impugnación, se funda en simples observaciones de procedimiento, que de forma unilateral son deducidas por el Tribunal de Alzada, sin que la parte adversa hubiere solicitado la nulidad de obrados, respaldando tal decisión en apreciaciones erróneas de la sentencia, sin que se haya observado la preeminencia de los derechos sustantivos. 

Concluyó se case el Auto de Vista y se mantenga la sentencia.

De la contestación al recurso de casación.

Oscar Gonzalo Nigoevic Heredia en representación de la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, en lo principal, contestó al recurso de casación manifestando lo siguiente:

1. Que el recurso de casación no mencionó una sola norma que se esté acusando de infringida, violada o aplicada erróneamente o erróneamente interpretada. Añadió que el reclamo es tan escueto que impide advertir qué parte o partes de la resolución impugnadas deberían ser consideradas como error in iudicando o error in procedendo.

2. Señaló que no se dio cumplimiento efectivo al art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil y que es copia fiel del memorial de contestación al recurso de apelación de fs. 531 a 534 vlta., y que se funda un recurso en un memorial anterior que provoca incongruencia.

3. Además, cuestionó que su petición es defectuosa por lo que debía ser declarado improcedente.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad de obrados y nulidad de oficio.

El Estado, mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales  y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.

Bajo esa consideración, estableció para las nulidades establecidas de oficio un parámetro lógico - jurídico de observancia por los tribunales de instancia y por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, a fines de limitar aquellas decisiones anulatorias que no se ajusten al principio de conservación de los actos y se aparten del derecho a una justicia pronta y oportuna, en tal sentido, el Auto Supremo No. 506/2017 de 16 de mayo 2017 manifestó: “Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales.

Por otra parte, el art. 17 par. I) de la Ley 025 señala: La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al  debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso de casación contiene expresión de agravios de forma, entre otros, en función a la determinación anulatoria de obrados del Auto de Vista, que fueron distinguidas por Auto Supremo Nº 613/2018-RA, avocados a reclamar la nulidad de obrados entendiendo que fue dictado con prevalencia superficial de aspectos de forma por sobre la protección de aspectos de fondo que debían ser tomados en cuenta con mayor énfasis y detenimiento, adoleciendo en consecuencia dicha resolución de la fundamentación y congruencia que justifique la nulidad asumida, que se actuó de forma ultra petita ya que no se solicitó nulidad por parte de los apelantes y que se fundó en simples observaciones de procedimiento que de forma unilateral fueron deducidas por el Tribunal de alzada, sin que la parte adversa hubiere solicitado esa nulidad de obrados; expresión de agravios que se analiza para verificar si son o no evidentes esos reclamos.

El Auto de Vista para fundamentar la nulidad procesal, se remitió en proceso a la Audiencia Preliminar cuya acta cursa de fs. 268 vlta a 284 vlta, a lo que describe, a su criterio, irregularidades que merecen ser sancionadas con nulidad, las cuales son:

1. El Tribunal Ad quem manifiesta que el juez de la causa, al momento de establecer el objeto del proceso, a fs. 280 vlta. de obrados, habría definido respecto a la parte demandante como “objetos secundarios” las pretensiones de devolución de construcciones y el desapoderamiento del inmueble de Litis; así también, enfatiza que respecto a la parte demandada reconvencionista, a fs. 284 vlta., en el objeto se indicó “…se refiere a los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandada…”. Sobre los mismos observa que siendo esos los temas probatorios y decisorios en el proceso, en Sentencia se resolvió en relación al demandante solo respecto a la acción negatoria y reivindicatoria de la fracción del inmueble, sin hacer referencia alguna a los objetos secundarios de demolición y desapoderamiento que correspondía su tratamiento y su pronunciamiento. Y, en relación a la parte demandada, manifiesta que en sentencia se declaró probada la demanda de acción negatoria contenida en la demanda reconvencional de fs. 179 a 180 vta., desconociendo el juez el tema probatorio y decisorio del proceso, toda vez que en audiencia preliminar se mutó el auto de 18 de septiembre de 2014 (fs. 181) por el que admitió la acción negatoria,   por lo que esa mutación mantuvo la pretensión reconvencional de fs. 51  en la que se invoca solo el resarcimiento del daño, no admitiendo la demanda reconvencional de acción negatoria. En ambos casos manifestó el Tribunal de apelación que equivale a incongruencia externa.

En ese antecedente, cabe analizar si la irregularidad advertida por el Tribunal de apelación es suficiente para establecer una nulidad procesal. Remitiéndonos a la audiencia preliminar de 1 de julio de 2018 que cursa en acta de fs. 268 a 284 vta., se puede evidenciar que, a fs. 80 vta., el juez de grado estableció el objeto del proceso manifestando que la causa se trata de una acción negatoria  y acción reivindicatoria y que como objeto secundario se tiene la devolución de las construcciones y el consiguiente desapoderamiento; asimismo, en sentencia determinó declarar improbada la pretensión de  la demanda principal de acción negatoria y acción reivindicatoria accionada mediante memorial de fs. 25 a 27 vta., por la Sociedad Croata de Socorros Mutuos representada por Oscar Gonzalo Nigoevic Heredia. En ese contexto, si el Tribunal Ad quem advirtió pretensiones secundarias que no fueron sujetas a determinación por parte del juez de origen que se considera como incongruencia externa, y al ser expuesto como agravio en el recurso de apelación de la parte demandante que cursa a fs. 513 a 519 vta., debió decidir sobre aquellas omisiones cuestionadas en aplicación del art. 265.III del  Código Procesal Civil que respecto a  las facultades del Tribunal de segunda instancia manifiesta: “Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiera reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”, no siendo permitido anular obrados para su remisión y reparación por el juez inferior.

Del mismo modo, en relación a la pretensión de la reconvención de la parte demandada, si se considera que existió una pretensión otorgada de forma indebida  en sentencia, que no reflejaba el objeto del proceso establecido en audiencia preliminar, correspondió por parte del Tribunal de Alzada que se considere aquella pretensión en su pertinencia y, si era plausible, reconducir la determinación asumida en sentencia, debiendo observar lo previsto en el art. 218.III del Código Procesal Civil que indica: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”; pues no es convincente que sobre esa cuestión de forma se pueda establecer una sanción de nulidad de obrados cuando puede ser reparada por el Tribunal de apelación, sin afectar a los actos anteriores útilmente ejecutados.

2. Otra irregularidad advertida por el Tribunal Ad quem es sobre el apersonamiento de Rosbelinda Oros Vda. de Arghata a través de su apoderada, que no hubo sido expresamente resuelta y en sentencia se la refirió; también del apersonamiento de Oliver Edgar y Dick Ángel Arghata Oros que no se contó con definición si se admitió o no su apersonamiento.  Debemos mencionar que estos aspectos de forma, relativos al apersonamiento de aquellos sujetos procesales, no fue reclamado por la parte actora en el recurso de apelación porque, se comprende, no representaba agravio a sus intereses; también debemos incidir que si el Tribunal de apelación advirtió que en sentencia se menciona a Rosbelinda Oros Vda. de Arghata como postulante de la demanda reconvencional cuando no fue  aceptada su personería en proceso o que no existió declaración expresa del apersonamiento de Oliver Edgar y Dick Ángel Arghata Oros,  era su obligación dimensionar el alcance de la sentencia respecto de  aquellas personas, conforme los datos del proceso y no establecer una nulidad de obrados por no haber tenido incidencia sobre el derecho que se estaba juzgando, pues el identificar ese vicio no basta para aplicar la nulidad procesal, más aun cuando no generó indefensión a alguna de las partes.

3. Igualmente el Tribunal de apelación observó la modificación irregular de la parte dispositiva de la sentencia, en relación a la dictada en audiencia preliminar, que también fue impetrada como agravio en el recurso de apelación. A esto se debe explicar que el Tribunal de apelación tiene la responsabilidad como tribunal de doble instancia de regularizar y dimensionar las decisiones asumidas en sentencia, pues no todo vicio procesal supone nulidad de obrados, debiendo considerarse si aquella forma vulnerada tuvo incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa estuvo seriamente afectado, sin embargo, en el caso, a pesar de identificar el vicio procesal el Tribunal Ad quem no fundamentó su nulidad procesal respecto a la implicancia del derecho a la defensa de alguna de las partes, que estuviera comprometida por el vicio o su incidencia directa en la decisión de fondo de la sentencia.

Es necesario precisar que en el nuevo régimen procesal, implantado por la vigencia del Código Procesal Civil, al tribunal de segunda instancia no le es permitido proceder a una nulidad procesal por incongruencia externa que hubiere cometido la sentencia, por ello el art. 218.III del Código Procesal Civil prevé que: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que es concordante con art. 265.III del  mismo compilado adjetivo que, respecto a las facultades del tribunal de segunda instancia,  manifiesta: “Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiera reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”. De ahí que las determinaciones en sentencia, sean infra petita o extra petita, deben ser analizadas por el Tribunal de alzada y subsanadas en marco de las pretensiones de las partes  y antecedentes del proceso, considerando aquellas pretensiones omitidas o limitando las estimadas o resueltas indebidamente, más no es posible que, alegando incongruencia, proceda a anular obrados remitiendo la labor que le corresponde como tribunal de apelación al juez de grado para que se subsane en esa instancia tales infracciones.

De la misma manera, la existencia de vicios no pueden ser justificativo de una nulidad de obrados inmediata,  sino que deben ser analizados en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, teniendo presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al  debido proceso, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado, conforme se orienta en el apartado III.1 de la doctrina legal aplicable.

En tal marco, se verifica que el Tribunal de apelación actuó en forma imprecisa, estableciendo una nulidad procesal sin considerar que es su deber como Tribunal de doble instancia considerar aquellas pretensiones omitidas o limitar las estimadas o resueltas indebidamente en base a los antecedentes del proceso, cuando existe incongruencia en la sentencia, y si advirtió la existencia de vicios procesales que, a su criterio son de trascendencia, debió necesariamente fundamentar si esas infracciones tienen ocurrencia directa en la decisión de fondo o que vulnera seriamente el derecho a la defensa de una de las partes para establecer una nulidad procesal, siendo evidente el reclamo de la parte recurrente en lo que corresponde a que no se solicitó nulidad por parte de los apelantes y que se fundó en simples observaciones de procedimiento,  sin que se hubieran motivado las mismas.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 70/2018 de fecha 17 de mayo, cursante de fs. 556 a 567, pronunciada por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, y dispone que la misma sala, sin espera de turno y previo sorteo, pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación al art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.