TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 52/2019        

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente: CH-47-18-S

Partes: Alejandro  Gastón  Encinas  Valverde  y  Mayra  Vidaurre Doria Medina. c/ 

            Josué Salvatierra Chávez y Carmen Victoria Encinas Rojas.  

Proceso: Cumplimiento de contrato.                                     

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 251 a 256, interpuesto por Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina, contra el Auto de Vista Nº 145/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 241 a 243, pronunciado por Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso de cumplimiento de contrato que siguen los recurrentes contra  Josué Salvatierra Chávez y Carmen Victoria Encinas Rojas; Auto de concesión a fs. 262; Auto Supremo de admisión Nº 564/2018-RA de fs. 266 a 267, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina por memorial de fs. 43 a 44 vta., subsanado en fs. 47 a 48 vta., interpusieron demanda de cumplimiento de contrato contra Josué Salvatierra Chávez y Carmen Victoria Encinas Rojas, quienes respondieron de forma negativa y reconvinieron por resolución de contrato de transferencia, devolución de dinero, pidiendo la cancelación del asiento del folio real Nº 1011990072231 más el pago de daños y perjuicios, cursante de fs. 56 a 61.
  2. El Juez Público Civil y Comercial Decimo Primero de la ciudad de Sucre pronunció la Sentencia Nº 39/2018 de 9 de marzo, cursante de fs. 202 a 207 vta., y su Auto complementario de 16 de marzo de 2018 a fs. 211 que declaró IMPROBADA la demanda de cumplimiento de contrato y PROBADA la demanda reconvencional de resolución de contrato planteado por los demandados, disponiendo resolución de los documentos de Escritura Pública Nº 550/2015, cancelación de la matricula computarizada Nº 1011990072231 y devolución por los accionantes la suma de dinero $us.185.986.- (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA SEIS 00/100 DÓLARES AMERICANOS).
  3. Resolución que fue apelada por Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina (fs. 217 a 221), emitiéndose el Auto de Vista Nº 145/2018 de 29 de mayo, CONFIRMANDO la Sentencia N° 39/2018 en su totalidad con imposición de costas y costos, bajo el siguiente fundamento:

Que se contextualizo los hechos fácticos del documento suscrito de fecha 18 de enero de 2014, siendo que el Juez de la causa en audiencia preliminar desprende los puntos controvertidos desglosando el objeto de la prueba; el A quo valoró correctamente los contratos de fs. 22 a 25 vta., conforme al art. 147 y siguientes del CPC, y demás pruebas del proceso, señala que la Sentencia razonablemente afirma que las cláusulas pactadas no pueden ser modificadas unilateralmente, conteniendo total coherencia con las fundamentaciones de la pretensión deducidas en su momento por el Juez que no infringe normas procesales dando cumplimiento a las normas del Código Procesal Civil y el principio de verdad material.

  1. Resolución que dio lugar a que Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina interpusieran recurso de casación, el mismo que se pasa a considerar y resolver:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

1. Acusan violación al debido proceso por inobservancia del principio de congruencia interna y externa del Auto de Vista en contravención de los arts. 115, 117 de la CPE y art. 213 del CPC; ya que en el considerando II en lugar de abocarse a responder el recurso de apelación se limita a diferenciar entre la relación procesal y objeto del proceso omitiendo dar una respuesta motivada y fundamentada.

2. Arguyen vulneración a los arts. 145, 149 del CPC y art. 1297 del CC ya que se hubieran valorado erróneamente la prueba, testifical e inspección judicial y el documento de 10 de abril de 2015, ya que en Sentencia no hubieran analizado correctamente dicho documento al no tener certeza o precisión cuando hubiese ocurrido esos hechos en el inmueble reatándolo de por vida a la reposición y reparación de daños y perjuicios siendo que existe un plazo de cumplir con la


reposición de obras descritas que pasada la fecha no tendría ninguna obligación con otros hechos.

3. Reclaman errónea valoración de la prueba de la inspección judicial y pericial con relación a los arts. 1334 del CC, y 187.I y II del CPC, alegando que en la audiencia de inspección proceden a identificar hechos ajenos estipulados en los documentos de 10 de abril de 2015 y 18 de julio de 2014, hechos que no han sido observados ni en la respuesta o reconvención, y que Tribunal de Alzada responde sin contrastar la apelación.

4. Que el A quo y Ad quem transgreden los arts. 1289, 1297, 1330 del CC, 149 del CPC, 8, 180 de la CPE, con relación a la valoración de la prueba documental y testifical respecto a monto de dinero por la transferencia, denotando que la suma pactada por la venta del inmueble era de $us.190.000 y que se habría cancelado $us.100.000 quedando un saldo de $us.90.000, por cuanto los documentos demostrados por las partes demandadas habrían sido valorados de manera errada. Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista recurrido y en consecuencia se declare probada la demanda.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se advierte que los demandados de fs. 259 a 261 responden recurso de casación alegando que todos los agravios sufridos por la falta de motivación y fundamentación fueron resueltos por el Auto de Vista  de 29 de mayo de 2018, siendo que emitió un análisis integral respondiendo de manera precisa que los medios de prueba fueron valorados de manera adecuada al analizarse en los puntos 2, 3 y 4 a la parte apelante, asimismo nuevamente los recurrentes emplean argumento de su primera apelación por lo cual incumple de manera flagrante lo establecido en el art. 271.I del CPC, por cuanto los recurrentes no establecen de manera genérica cuales son los aspectos cuestionados de la prueba limitándose a una simple transcripción de su contenido. Solicitando en definitiva se declare su improcedencia del recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.


En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal Ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal Ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derechos constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

La valoración de la prueba para Víctor Roberto Obando Blanco es: “…el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a partir de las informaciones aportadas al proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos (…) La valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia”.

En esa misma lógica, este autor refiriéndose al fin de la prueba señaló: “La averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria en el proceso judicial”; asimismo, refiriéndose  al curso internacional Teoría de la prueba, realizado en la ciudad de Lima el año 2012, citó a Michele Taruffo que señaló: “El juez es el único que tiene la obligación de descubrir la verdad, dado que la manera como los abogados utilizan las pruebas no es descubrir la verdad sino defender la posición de su cliente, esto es, persuadir al juez de que el cliente tiene la razón”, es decir que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, tal cual expresa José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentarios y Concordancia.

Empero esta actividad valorativa, se encuentra reglada por sistemas adoptados por la legislación procesal civil que orientan este ejercicio cognitivo, a cuyo mérito el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

De estas acepciones podemos inferir, para el caso en concreto, en nuestro régimen procesal civil, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

Entendiendo que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, introducido como un freno o un obstáculo en la actividad valorativa del juez, supone que el propio ordenamiento jurídico establece en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del Juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o  formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley1.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho), es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo, el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN                                                                                             

En mérito a los fundamentos expuestos en el considerando anterior, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación.

1. Los recurrentes acusan violación del Tribunal de Alzada al debido proceso por inobservancia del principio de congruencia (interna y externa) contenida en los arts. 115, 117 de la CPE, y 213 del CPC, pues toda resolución debe concluir en el marco de los puntos expuestos en la demanda, respuesta o reconvención, que nadie puede obviar ni las partes ni el juzgador.

Tomando en cuenta que su reclamo está orientado a observar la falta de congruencia en el Auto de Vista, es menester reiterar lo expuesto en la doctrina aplicable III.1 en sentido que toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, en virtud a dicho presupuesto, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes y segundo lo referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

Al respecto de manera a priori podemos adelantar que el Tribunal de Alzada  no incurrió en incongruencia; ya que en el considerando II claramente hace mención a que el Juez de la causa analizó las respectivas pretensiones contenidas en la demanda, reconvención y las correspondientes contestaciones, en virtud a que lo solicitado en la demanda principal es el cumplimiento del contrato de compra venta por transferencia de un bien inmueble por el precio de $us.190.000, debiendo cancelar el saldo adeudado de $us.90.000 restantes, tal como estipula el documento de fecha 10 de abril de 2015 de fs. 2 y 22 del cuaderno jurisdiccional y por su parte la demanda reconvencional pretende la resolución del contrato, por el incumplimiento del documento de 10 de abril de 2015, es así que Tribunal de Alzada realizó la revisión respectiva de lo determinado por el Juez de la causa que examinó las pretensiones antes señaladas, las cuales fueron debidamente ratificadas en audiencia preliminar de fs. 113 a 114 vta., no pudiendo alegar desconocer ambas controversias, ni la respectiva documentación de cargo y descargo en consecuencia se advierte que los de grado cumplieron con el principio procesal de congruencia porque adecuaron sus actuaciones a los parámetros de la demanda y reconvención, no se advierte que se hubiera actuado fuera del marco de congruencia que determina la norma, de la misma manera el Auto de Vista en todo su contenido no es incongruente, es decir existe coherencia entre su parte considerativa y resolutiva, no siendo evidente la alegación invocada.

En cuanto a los puntos 2, 3 y 4 se observan que todos tienen como punto neurálgico advertir errónea valoración de la prueba documental, pericial, testifical e inspección judicial y transgresión de los arts. 1297, 1289, 1330, 1334 del Código Civil y arts.145, 149, 187.I y II del Código Procesal Civil, además los arts. 8 y 180 de la Constitución Política del Estado con relación a la valoración de la prueba.

De acuerdo a la postura realizada en doctrina aplicable al caso III.2 la valoración probatoria es una de las actividades más importante efectuada por el juzgador por que es en ese momento donde las autoridades judiciales realizaran un despliegue de actividad intelectiva, contrastando todo el elemento probatorio de acuerdo a la regla de la sana critica, prudente criterio legal para determinar cuáles son las más esenciales, bajo ese parámetro, podemos referir que los de instancia han realizado una correcta y coherente valoración probatoria, para lo cual podemos referir los siguientes puntos: a) El estudio de prueba documental contenida en el compromiso de compra del inmueble de fecha 18 de abril de 2015, o que en su cláusula primera es clara al referir “…que luego de los problemas suscitados por la caída del muro de contención de la casa A-3 a la que el vendedor se compromete a realizar todos los trabajos de reposición del muro de contención dependencia de empleadas, parrillero, muro perimetral y todos los arreglos por afectación en la edificación en el interior y exterior de la casa, en un plazo perentorio hasta el 30 de mayo de 2015. Por su parte el Ing. Josue Salvatierra Chávez como comprador verificara, en fecha definida todos los arreglos para dar su conformidad u observación si existiera, para decidir la continuación o no de la compra venta del inmueble.”, asimismo en su cláusula segunda señala que los compradores (ahora demandados) cancelaron en dicha fecha la suma de $us.10.000 mediante cheque Nº 1165 del Banco Bisa S.A. para los arreglos y remodelación del inmueble llegando al monto de $us.100.000 del total de $us.190.000 que serían cancelados por financiamiento bancario a la entrega del inmueble. b)  Asimismo el informe pericial de fs. 139 a 152 es contundente al determinar el daño observable en la vivienda como ser el hundimiento, fisuras, grietas, desprendimientos, descuadre de puertas, revestimiento de humedad en los ambientes del inmueble debido a la explosión de las tuberías de agua, refiriendo que los daños que contiene el inmueble son subsanables y requiere rehabilitación. c) En la audiencia de inspección judicial de fs. 129 a 132 vta. se pudo evidenciar daños como ser rajaduras, fisuras y hundimientos del inmueble que en misma audiencia el recurrente Alejandro Gastón Encinas Valverde señaló “que entonces yo repuse totalmente el muro, y cuando iba a terminar de hacer el muro, dos o tres días más la parte de la rajaduras ya los señores no permitieron el ingreso, por eso es que se mantiene así, y por eso es que el albañil que construyó la casa lamentablemente ha fallecido el año pasado, y no pudo terminar por que él tenía las llaves de la casa, que precisamente para terminar de reparar esas pequeñas rajaduras que no revisten ningún peligro para la casa, absolutamente, esto además se puede resolver en menos de dos días”, demostrándose todos los defectos del bien inmueble. d) Sobre la prueba de declaración testifical Luis Armando Valdez Romero en audiencia testifical declara que cuando el Ing. Josue Salvatierra contrato sus servicios para realizar el avaluó del muro colapsado, al momento de realizar el informe observo fisuras en la paredes, cielo falso, que las fisuras y rajaduras alcanzan el 50% a 60% del total del inmueble que visito en dos oportunidades y que en la segunda visita a la vivienda se encontraba en las misma condiciones, y e) Sobre las pruebas de descargo documental y testifical sobre los pagos realizados por la parte demandada de la venta del inmueble, se demuestra la cancelación estipulado en el documento de fecha 18 de abril de 2015 del monto de $us.100.000, por minuta Nº 550/2015 de 28 de marzo de 2016 el pago de Bs.200.000 y en otra oportunidad en presencia de testigos cancela el monto de  Bs.225.000 como se acredita en la audiencia testifical y en Bs. 173.465 mediante cheque realizado a favor del demandante Alejandro Gastón Encinas Valverde como evidencia a fs. 111 a 112 inserto en lo obrado, dando una suma total $us.185.986 que cancelaron los demandados como compradores del bien inmueble.

Todo lo antes expuesto demuestra que los Jueces de instancia realizaron una correcta valoración pruebas documentales, testificales, informe pericial e inspección judicial, pues todo el universo probatorio como se refiere supra demuestra de forma innegable los daños internos y externos que tiene el bien inmueble por cuanto todo el elemento probatorio acredita una verdad material, motivo por el cual resolvieron declarar probada la demanda reconvencional, habiendo obrando de forma correcta definiendo la litis en base a las pruebas esenciales y decisivas, dando una respuesta coherente y motivada a las mismas, no siendo evidente las alegaciones realizadas. 

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 251 a 256, interpuesto por Alejandro Gastón Encinas Valverde y Mayra Vidaurre Doria Medina contra el Auto de Vista Nº 145/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 241 a 243, pronunciado por Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú. 



1 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”, Edit. Thomson Civitas Navarra, pág. 549 y ss.