TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                             S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 51/2019

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente: LP-69-18-S

Partes: Juana Sosa de Surco c/ Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca

            Pachajaya.

Proceso: Nulidad de Escritura Pública.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 140 a 141 vta., interpuesto por Juana Sosa de Surco representada por Alberto Ángel Yujra Condori; contra el Auto de Vista Nº S-130/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 135 a 136, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de Escritura Pública, seguido por la recurrente en contra de Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca Pachajaya; la respuesta al recurso de fs. 163 a 165 vta.; el Auto de concesión del recurso de 25 de mayo de 2018, cursante a fs. 167, Auto Supremo de admisión del recurso de casación de fs. 173 a 174 vta., todo lo inherente, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 68 a 69, ratificado a de fs. 79, Juana Sosa de Surco mediante su representante legal Alberto Ángel Yujra Condori inició proceso ordinario sobre nulidad de Escritura Pública; acción dirigida en contra de Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca Pachajaya, quienes una vez citados y emplazados, contestaron negativamente de fs. 82 a 83 vta.; sustanciándose de esa manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 82/2016 de 2 de diciembre, cursante de fs. 109 a 113 vta., donde el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social, e Instrucción Penal N° 1 de Puerto Acosta, perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró Probada la demanda principal. Declarando nulo y sin valor legal tanto la Escritura Pública Nº 173/2015 de 10 de marzo, suscrita en la Notaria de Fe Pública Nº 2 a cargo de Bernardino Luque Churata, como la minuta de compraventa de 28 de febrero de 2015. Asimismo, dispuso que en ejecución de sentencia se notifique al Notario de Fe Pública Nº 2 a objeto que anule la referida Escritura Pública y que Modesto Surco Quispe, restituya el monto de dinero recibido por concepto de venta en favor de los demandados. También declaró sin efecto y valor legal, la Sentencia Judicial Nº 64/2016, emitida dentro del proceso monitorio de cumplimiento de obligación de entrega del inmueble objeto de litis, interpuesto por los demandados contra Modesto Surco Quispe, por acumularse al presente proceso en consecuencia de la excepción de litispendencia opuesto por los actores.  

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca Pachajaya, mediante memorial de fs. 118 a 120; como consecuencia de ello la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº S-130/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 135 a 136, que Anuló obrados hasta fs. 109, disponiendo que la autoridad de instancia regularice procedimiento conforme a las consideraciones expuestas en dicha resolución.

El Tribunal de Alzada refirió que dentro las facultades de control y fiscalización del desarrollo del proceso judicial (debido proceso), la autoridad jurisdiccional debe cuidar que el trámite o secuencia de actos se lleven adelante sin vicios de nulidad, lo que implica resguardar el derecho a la defensa a las partes en litigio, En amparo del art. 48 del Código Procesal Civil (litisconsorcio necesario) y el Auto Supremo Nº 52/2017 de 24 de enero, la autoridad jurisdiccional debió dirigir el proceso en el marco de los datos del proceso velando por el cuidado de los derechos y garantías constitucionales del justiciable, en este caso de Modesto Surco Quispe, adecuando su actuar conforme previene el art. 49 del Código Procesal Civil, es decir, convocar al mencionado ciudadano Modesto Surco Quispe como litisconsorcio necesario activo, para resguardar el debido proceso en el elemento del derecho a la defensa con el fin de garantizar el principio de la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Alberto Ángel Yujra Condori en representación de Juana Sosa de Surco, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

  1. Refirió que no se consideró que en la audiencia de conciliación estuvieron presentes Modesto Surco Quispe y Juana Sosa de Surco, por lo que desde un inicio ha sido de su conocimiento el presente proceso de nulidad, sin que exista la indefensión alegada por el Tribunal de Alzada.
  2. El Auto de Vista no tomó en cuenta que dentro del proceso monitorio de entrega de bien iniciado por los demandados, Modesto Surco Quispe, opuso excepción de litispendencia, razón por la que fue acumulado a la presente litis, denotando con ello que el mismo en ningún momento se encontró en indefensión y tuvo conocimiento de la presente litis.
  3. Sostuvo que no se consideró que mediante el Poder Especial plasmado en el Testimonio Nº 395/2016 otorgado ante Notario de Fe Publica Nº 7 a cargo del Dr. Víctor Ponce Apaza, Modesto Surco Quispe y Juana Sosa de Surco, otorgaron poder especial y suficiente en favor de Alberto Ángel Yujra, en virtud del cual Modesto Surco Quispe, actuó mediante representación, sin que sea evidente lo señalado por el fallo recurrido, al sostener que el mencionado sujeto procesal  no fue parte del proceso.
  4. Modesto Surco Quispe actuó de manera conjunta con su esposa a través del Poder Nº 395/2016, por lo que no es correcta la postura del Tribunal de Alzada al solicitar la conformación de litisconsorcio, ello debido a que los demandantes son esposos.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandada argumentó que la demanda fue presentada únicamente por Juana Sosa de Surco, siendo claro que jamás se apersonó a nombre de Modesto Surco Quispe. Que si bien es cierto existe un certificado de matrimonio, ello no determina el consentimiento de iniciar una demanda por parte de Modesto Surco Quispe quien firmó tanto la minuta de transferencia como el reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública.

Por otro lado, el Testimonio Nº 395/2016 de ampliación del Poder Nº 692/2015 que otorga Modesto Surco Quispe, con la conformidad de su esposa Juana Sosa de Surco a favor de Alberto Ángel Yujra Condori, se puede evidenciar que el apoderado, no tiene las facultades para apersonarse ante sus autoridades como tampoco ante el Tribunal Supremo.

Por lo que solicitan a este Tribunal Supremo rechazar el recurso de casación ya que la recurrente carece de legitimación al momento de presentar la casación.        

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. En relación a la nulidad procesal.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 8 de enero, razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación, preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

Asimismo, corresponde señalar que la uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros”.

III.2 Del litisconsorcio necesario activo

El litisconsorcio es definido por CARNELUTTI  como el instituto que permite la existencia de más de una persona actuando en forma conjunta, en calidad de parte activa o pasiva en una relación procesal, por existir entre ellas un vínculo que las conecta, el mismo que  puede ser de naturaleza absolutamente variada como ser integrante de la relación material, tener el mismo interés en la decisión que recaerá en el proceso, tener un interés indirecto, o incluso uno que en el fondo es opuesto, pero que para efectos prácticos autoriza una actuación conjunta con el de alguna de las partes.

En nuestro Código Procesal Civil tenemos el instituto del litisconsorcio necesario en el art. 48, que expresa: “I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica substancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia, sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos los litisconsortes activos deberán comparecer y todos los pasivos deberán ser emplazados en forma legal.

II. Los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si fueren consentidos por todos los litisconsortes.”

Asimismo, el art. 49. (FACULTADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL), donde manera textual refiere: “I. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no comparecieren todos los interesados, la autoridad judicial, no proseguirá la tramitación de la demanda hasta tanto no sean citados. La misma facultad ejercerá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte no proporcione en término que fije la autoridad judicial, los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser citadas y citados. II. Si después de citada o contestada la demanda se estableciere la existencia de otras personas que pudieren revestir la calidad de litisconsortes necesarios, se suspenderá la tramitación de la causa, hasta que se establezca correctamente la relación procesal conforme al parágrafo anterior.”

Por otra parte el Auto Supremo Nº 483/2018 de 13 de junio sostuvo con relación al litisconsorcio: “En el ámbito doctrinario,  podemos citar la opinión de Escriche quien refiere: “… litisconsorte es aquel que litiga por la misma causa o interés que  otro,  formando con él  una sola parte, ya sea de actor o de reo demandado en pleito…”, por su parte Couture define al litisconsorcio como: “la situación jurídica en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o como demandadas (litisconsorcio pasivo) para deleitar sobre el instituto corresponde señalar que la palabra litisconsorcio se encuentra compuesto del latín “litisconsors” (litis, conflicto; con, junto; y sos, junto)”, de acuerdo a la clasificación doctrinaria existe el litisconsorcio voluntario o necesario, la primera que de común acuerdo de los litigantes participe un tercero a quien estará a las expectativas de la resolución debatida, y el necesario cuando, radica la existencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso de todos los interesados a quien ha de ampliarse la cosa juzgada.

En el Auto supremo 105/2012 se expresó: “Que en  el Auto Supremo Nº 99 de 22 de noviembre de 2004, emitido por la extinta Corte Suprema de Justicia en la que se señaló lo siguiente: “La pluralidad de partes en el proceso o Litis consorcio implica la existencia de un proceso con varios sujetos en la misma posición de parte, sea como actores o demandantes (litis consorcio activo), así como demandados (litis consorcio pasivo), o también cuando conjuntamente sean demandantes y demandados (litis consorcio mixto); a veces es la ley la que exige que sean varias personas las que, conjuntamente, deduzcan la pretensión frente a las cuales la pretensión ha de decirse (litis consorcio necesario), otras veces se produce por libre decisión de las partes (litis consorcio simple o facultativo), sin que ello impida a que sea la autoridad judicial la que disponga de oficio un litis consorcio, por dos razones: a) la primera relativa a su rol de director del proceso, debiendo cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad, como establecen los arts. 3 inc. 1) y 87 del Código de Procedimiento Civil y b) la segunda referida al derecho de defensa en el proceso, de todas las partes o eventuales comparecientes respecto a los cuales se amplía la cosa juzgada, característica de la sentencia que se dicta en el fondo del proceso, cuyas disposiciones y alcance sólo comprenden a las partes y a las que derivaren sus derechos de aquellas, conforme establece el art. 194 del indicado Código adjetivo de la materia”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Partiendo de la revisión del Auto de Vista Nº 130/2018 de 16 de mayo, el Ad quem anuló obrados hasta fs. 109, es decir, inclusive la sentencia con el siguiente argumento: “…que la autoridad jurisdiccional determinó declarar probada la demanda principal disponiendo la nulidad de una escritura pública y que Modesto Surco Quispe restituya el monto del dinero recibido por concepto de venta, sin embargo de los datos del proceso se evidencia que Modesto Surco Quispe no es parte del proceso, no es demandante ni demandado, empero es evidente que dicho ciudadano habría suscrito documentos públicos (fs.1-4) tachados de nulos, es por eso que en resguardo del debido proceso, debió ser legalmente convocado con el fin de que tenga conocimiento del caso y si fuera posible asumir defensa por cuanto es posible que los efectos de la sentencia alcance a sus intereses…”. Es así que al amparo de los arts. 48 y 49 del Código Procesal Civil, el Tribunal de Alzada dispuso la regularización del proceso con la convocatoria de Modesto Surco Quispe como litisconsorte necesario activo.    

Sin embargo, conforme se ha desarrollado en el considerando III.2 de la doctrina aplicable al presente caso, el art. 49. (FACULTADES DE LA AUTORIDAD JUDICIAL) del Código Procesal Civil refiere que: I. En el caso del litisconsorcio necesario activo, si no comparecieren todos los interesados, la autoridad judicial, no proseguirá la tramitación de la demanda hasta tanto no sean citados. La misma facultad ejercerá tratándose del litisconsorcio necesario pasivo, mientras la parte no proporcione en término que fije la autoridad judicial, los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan ser citadas y citados. II. Si después de citada o contestada la demanda se estableciere la existencia de otras personas que pudieren revestir la calidad de litisconsortes necesarios, se suspenderá la tramitación de la causa, hasta que se establezca correctamente la relación procesal conforme al parágrafo anterior”.

Ahora bien, de antecedentes que hacen a la presente causa, se tiene el Testimonio Nº 395/2016 de 1 de agosto, cursante de fs. 76 y vta., referido a la ampliación de Poder Nº 692/2015 que otorga Modesto Surco Quispe, con la conformidad de su esposa Juana Sosa de Surco a favor de Alberto Ángel Yujra Condori. Del antedicho poder se desprende que el poderdante otorga facultades para que el apoderado constituido en representante legal de la parte actora concluya el proceso civil de nulidad de la Escritura Pública Nº 173/2015 de 10 de marzo ventilado en el Juzgado Mixto Público, Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de Partido de Trabajo, Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta La Paz, acción interpuesta por Juana Sosa de Surco.

Por otro lado, se advierte de fs. 79 y vta., que Alberto Ángel Yujra Condori se apersonó, ratificó y solicitó admisión de la acción de nulidad de la Escritura Pública Nº173/2015 de 10 de marzo, en mérito al Poder Especial Testimonio Nº 395/2016 de 1 de agosto, otorgado por Modesto Surco Quispe y Juana Sosa de Surco ante Notaria de Fe Pública Nº 7 a cargo de Víctor Ponce Apaza Mamani. En tal sentido el representante legal de la parte actora se apersonó ante el Juzgado donde se sustanció el proceso solicitando se lo tenga como parte del mismo en representación de sus poderdantes.

A mayor abundamiento a fs. 31 y vta., se tiene que Modesto Surco Quispe opone excepción de litispendencia en relación a la sentencia del proceso de estructura monitoria de entrega del bien inmueble, interpuesto por Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca Pachajaya, que mediante Escritura Pública Nº 173/2015 adquirieron un lote de terreno en Wirapana, de Modesto Surco Quispe. El excepcionista Arguyó que Julia Sosa de Surco en su condición de su legítima esposa, interpuso demanda de nulidad sobre la aludida Escritura Pública Nº 173/2015, razón por la cual el A quo en audiencia complementaria de fs. 64 a 65, declaró probada dicha excepción de litispendencia y en consecuencia se acumularon dichos procesos.

De lo expresado supra este Tribunal Supremo entiende que Modesto Surco Quispe tuvo conocimiento del presente proceso desde su inicio y fue parte del mismo, máxime si la parte demandada fue citada tácitamente al amparo del art. 80 del Código Procesal Civil, con memorial de ratificación de la demanda de fs. 79 y vta., donde Alberto Ángel Yujra Condori se apersona al proceso como representante legal de Modesto Surco Quispe y Juana Sosa de Surco según Poder Especial Testimonio Nº 395/2016, asimismo se infiriere que Modesto Surco Quispe fue parte del proceso durante la sustanciación del mismo, siendo así que el Juez de primera instancia dispuso, que el mismo restituya el monto de dinero recibido por concepto de venta en favor de Francisco Limachi Pomacahua y Flora Huanca Pachajaya. Por lo que no se puede alegar indefensión como erróneamente pretenden los demandados.

Sin perjuicio de todo lo manifestado los demandados no poseen legitimación para reclamar derechos por terceros, en este caso derechos que incumben a Modesto Surco Quispe.

Finalmente asumiendo que la nulidad procesal está entendida como una medida de última ratio, como se expone en la doctrina aplicable al presente caso del considerando III.1. y la misma concurre cuando se genera un vicio de procedimiento insubsanable, conforme a los principios que rigen las nulidades procesales o cuando uno o varios de los sujetos procesales se encuentren en absoluta indefensión, aspectos que no acontecen en el caso de autos con relación Modesto Surco Quispe.

Consiguientemente se evidencia que la nulidad dispuesta por el Tribunal Ad quem resulta ser excesiva, vulnera el derecho del litigante de obtener una sentencia pronta y oportuna conforme describe el art. 115 de la CPE, asimismo se evidencia infracción del art. 265. I. del Código Procesal Civil, por lo que corresponde sanear el proceso con la anulación del Auto de Vista con objeto que el Tribunal de Alzada pronuncie nueva resolución e ingrese a resolver el fondo de la controversia.

De la respuesta al Recurso de Casación.

Se dirá que de la revisión del cuaderno procesal se tiene que Modesto Surco Quispe se constituyó en parte del proceso y no se puede alegar que el mismo se encontró en indefensión, por lo que no corresponde aplicar el instituto de litisconsorcio necesario activo a su persona. 

Por lo expuesto corresponde emitir fallo conforme al art. 220. III. núm. 1. inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I. núm. 1) y art. 17. I., de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220. III. núm. 1. inc. c) del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-130/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 135 a 136, pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265. I. de la norma Adjetiva Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

En aplicación del art. 17. IV. de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                     

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.