TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                               S A L A C I V I L



Auto Supremo: 49/2019

Fecha: 04 de febrero de 2019

Expediente: O-23-8-S

Partes: Ariel Juan Huanca Alanes c/ Susana Blanca Saldaño Cárdenas y

             Virginia Irene Mallcu Saldaño  

Proceso: Acción reivindicatoria.

Distrito: Oruro. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por Susana Blanca Saldaño Cárdenas (fs. 632 a 634 vta.) impugnando el Auto de Vista Nº 59/2018  pronunciado  el 12 de abril, por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cursante de fs. 614 a 620 vta., en el proceso de reivindicación, seguido por Ariel Juan Huanca Alanes contra la recurrente y otra; contestación de fs. 640 a 641, Auto de concesión de fs. 642,  Auto Supremo de admisión Nº 561/2018-RA de 28 de junio de fs 650 a 651, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Ariel Juan Huanca Alanes planteó demanda de acción reivindicatoria contra Susana Blanca Saldaño Cárdenas y Virginia Irene Mallcu Saldaño de fs. 10 a 11 y subsanada a fs. 27, así fueron citadas y emplazadas las demandadas mediante cédula judicial (fs. 29 y 31 ), apersonándose a fs. 34 y vta la codemandada Virginia Irene Mallcu Saldaño incidentando nulidad de obrados, posteriormente se apersonó la codemandada Susana Blanca Saldaño Cárdenas purgando rebeldía (66 y vta.), tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 17 de diciembre de 2015, el Juez  de Instrucción Tercero en lo Civil de la ciudad de Oruro, dictó Sentencia declarando: I. PROBADA la pretensión sumaria de acción reivindicatoria y dispuso que las codemandadas devuelvan y/o desocupen el bien inmueble lote de terreno ubicado en las calles Glorieta esquina San Martín de Porres, urbanización “Ampliación San Isidro-sin techo” (sector Pumas Andinos), zona Sud Este; lote Nº 21, manzana 2, con una superficie de 306,15 m2, registrado en la oficina de Derechos Reales con el número de matrícula computarizada: 4.01.1.03.0012573 del Folio Real, a su legítimo propietario Ariel Juan Huanca Alanes en el plazo de 30 días calendario.

Dispuso sancionar a las codemandadas al pago por concepto de daños y perjuicios en la suma de Bs. 10.000 y sea dentro de tercer día de su legal notificación.

Asimismo, condenó en costas procesales a la codemandada Susana Blanco Saldaño Cárdenas y sin costas procesales a la demandada Virginia Irene Mallcu Saldaño.

3. Apelada la sentencia por la codemandada Susana Blanca Saldaño Cárdenas (fs. 201 a 203 vta.), el 12 de abril de 2018, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 59/2018 (fs. 614 a 620 vta.) que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 180/2015-SAR de 17 de diciembre, basándose en la documentación relativa al derecho propietario inobjetable del demandante, consistente en la Escritura Pública de compra y venta del lote de terreno a favor del demandante, registrado en Derechos Reales con matrícula Nº 4.01.1.03.0012573, documentos originales que tienen la fuerza probatoria otorgada al amparo del art. 1289 del Código Civil, sin que las demandadas hayan demostrado la falsedad o ilegalidad de los documentos referidos.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto del recurso de casación de Susana Blanco Saldaño Cárdenas, se extractan los siguientes reclamos:

1. Acusó que el Auto de Vista recurrido refirió, que no se habrían expuesto adecuadamente los agravios en la apelación; pero contrariamente expresó que detalló con claridad y precisión los mismos; sin embargo, no fueron tomados en cuenta al momento de dictar el mismo, en vulneración del principio de verdad material.

2. Que el Auto de Vista, no valoró correctamente las pruebas de acuerdo a los principios de sana crítica y verdad material, hizo caso omiso del informe Nº 051/2015, mismo que estableció que la matrícula madre del cual nace el supuesto e ilegal derecho propietario del actor carece de los requisitos establecidos en el art. 6 de la Ley de inscripción de Derechos Reales.

Expresó que el mencionado informe específica sobre los planos de la sucesión Urquidi, que carecerían de requisitos para su inscripción por ley, causando afectación a todas sus matrículas derivadas, porque en derecho, lo principal afecta a lo accesorio.

3. Asimismo refirió que en vía informativa adjuntó prueba de reciente obtención consistente en certificación Nº 013/2017 y Resolución Concejal Nº 33/2006, que establecen que no existe documentación sobre homologación o aprobación de planos de la urbanización ampliación San Isidro sin techo (sector ampliación San Isidro y sector Pumas Andinos) solicitada por la sucesión Urquidi donde se encuentra el lote de terreno sujeto de reivindicación.

Petición.

Concluyó solicitando concesión del recurso, bajo el fundamento que el Auto de Vista recurrido vulneró su derecho al debido proceso y a su derecho a un hábitat digno establecidos en los arts. 19 y 56 de la CPE, tampoco cumplió con el principio constitucional de verdad material establecido en el art. 180 de la CPE.

De la respuesta al recurso de casación.

Ariel Juan Huanca Alanes refirió que todos los actuados del proceso se llevaron en igualdad de condiciones para ambas partes.

Respecto a la verdad material y aplicando el mismo sobre los documentos, debe prevalecer la verificación y conocimiento de estos sobre el conocimiento de las formas, en ese sentido, la parte contraria no pudo destruir la prueba documental ofrecida, siendo que la ubicación del inmueble fue establecida en audiencia de inspección judicial, respaldado con el título de propiedad y la prueba testifical, así como la ocupación de una tercera persona.

El documentó que refirió la recurrente es en la vía informativa, el cual no puede destruir toda la documentación como título de propiedad que tiene el amparo de los arts. 1287 y 1538 del Código Civil.

Expresó también que la contraparte en cambio no ofreció prueba, sólo se limitó a interponer recursos.

La recurrente no expresó en forma clara y precisa ningún agravio, sus recursos carecen de fundamentación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III. 1. De la acción reivindicatoria y sus requisitos.

En el Auto Supremo Nº 207/2016 de fecha 11 de marzo, se orientó en cuanto al tema expresando: “corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad ilegítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido , podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”.

Asimismo corresponde enfatizar algunos supuestos a presentarse dentro de la acción, puesto que cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción de reivindicación adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación por tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una Sentencia de simple condena en la faz petitoria”.

Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria corresponde citar el contenido del Auto Supremo Nº 193/12 de 6 de septiembre emitido por la Sala Liquidadora, en él se señaló lo siguiente: “…la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: "la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". En otras palabras, la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor "Arturo Alessandri" señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee…”

III. 2. Sobre la valoración de la prueba.

En el Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, se señaló: “…que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior en el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, se razonó que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

Por otra parte en el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales se ha concretado que: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana crítica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusó que el Auto de Vista recurrido refirió que no se habrían expuesto adecuadamente los agravios en la apelación; pero contrariamente expresó que detalló con claridad y precisión los mismos; sin embargo, no fueron tomados en cuenta al momento de dictar el mismo, en vulneración del principio de verdad material.

En relación a este reclamo y de la revisión al Auto de Vista cursante de fs. 614 a 620 y vta., se tiene que el Tribunal de segunda instancia, tomó en cuenta todos los agravios de la apelación extractados en cuatro puntos que sintetizan todo lo peticionado y observado en el recurso de alzada, en sí el hecho de que la resolución de segunda instancia no acogió favorablemente sus peticiones, no significa que no haya tomado en cuenta las mismas.

Así respecto a la verdad material la SCP Nº 1662/2012 de 1 de octubre  estableció que: “Entre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal”.

En el caso concreto, claramente la parte recurrente, no hizo uso de las facultades otorgadas por la norma, así como tampoco aportó en el momento oportuno elementos que hagan sustentables su recurso.

Por lo tanto, no se evidencia como cierto el reclamo incoado ni mucho menos haya existido vulneración al principio de verdad material.

2. Que el Auto de Vista no valoró correctamente las pruebas de acuerdo a los principios de sana crítica y verdad material, hizo caso omiso del informe Nº 051/2015, mismo que estableció que la matrícula madre del cual nace el supuesto e ilegal derecho propietario del actor carece de los requisitos establecidos en el art. 6 de la Ley de inscripción de Derechos Reales.

Expresó que el mencionado informe específica sobre los planos de la sucesión Urquidi, que carecerían de requisitos para su inscripción por Ley, causando afectación a todas sus matrículas derivadas, porque en derecho lo principal afecta a lo accesorio.

Al respecto y sobre este reclamo el Auto de Vista ha respondido a los ahora recurrentes en los siguientes términos: “… el diligenciamiento de producción de prueba es responsabilidad de las partes conforme lo prevé el art. 1283 (…) es más si consideraba tan importante y vital la prueba que infiere la certificación de derechos reales sobre la matrícula madre-, la recurrente pudo haber hecho uso de la facultad prevista por el art. 387 del Código de procedimiento Civil abrogado, sin embargo pese al tiempo transcurrido  no se hubo presentado este documento ni en primera, ni en segunda instancia para ser valorado; de lo que se deduce  que la falta de interés en la producción del mismo, no es responsabilidad del órgano jurisdiccional, sino de la propia recurrente y sobre todo de su defensa técnica que debería orientar en ese sentido la demanda”.

En ese sentido se tiene que las partes, tienen las oportunidades que la ley establece para proponer las pruebas, así como para producirlas, por lo que su negligencia o dejadez no puede ser de atribución, ni responsabilidad de los juzgadores.

Asimismo, también y para el efecto, se tiene que la recurrente, no cuenta con el registro de su derecho propietario, que pueda ser atendible a poder desvirtuar todo lo alegado, puesto que cualquier otra alegación, respecto a informes administrativos como de control, fiscalización y otros ( fs. 226 a 238, informes previos a la auditoria técnico jurídica)  y entretanto dichos informes no enerven, ni dejen sin efecto o anulen registros, matrículas de Derechos Reales como es el presente caso, no resultan trascendentes, asimismo respecto a otros documentos relativos al Concejo Municipal de Oruro (fs. 629 a 630), se tiene que los mismos, tampoco dejan sin efecto la certificación de la planimetría ni la legalización catastral otorgados al demandante ( fs. 7).

De lo expuesto se concluye que cualquier informe por sí mismo, no deja sin efecto los registros de las oficinas de Derechos Reales, y entretanto los mismos permanezcan vigentes, son oponibles a terceros tal como lo establece el art. 1538 del sustantivo civil.

Por tanto, este argumento utilizado como reclamo no tiene eficacia en esta instancia.

3. Asimismo refirió que en vía informativa adjuntó prueba de reciente obtención consistente en certificación Nº 013/2017 y Resolución Concejal Nº 33/2006, que establecen que no existe documentación sobre homologación o aprobación de planos de la urbanización ampliación San Isidro sin techo (sector ampliación San Isidro y sector Pumas Andinos) solicitada por la sucesión Urquidi donde se encuentra el lote de terreno sujeto de reivindicación.

Al efecto corresponde verificar que la prueba aportada por el demandante, cursante de fs. 4 a 8 consistente en el Testimonio Nº 558/2014, plano demostrativo legalizado por el encargado de legalizaciones de catastro urbano del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Oruro, establece que se trata del lote Nº 21 en la zona Sud Este, manzano 2 de la urbanización “Ampliación San - Isidro sin techo” sector Pumas Andinos ubicado en la calle Glorieta, esquina San Martín de Porres con  una superficie de 306,15 m2 y el folio real vigente a nombre del demandante, con el número de matrícula 4.01.1.03.0012573 que establece la ubicación similar a los datos anteriores, permiten establecer y acreditar el derecho propietario del mismo y hacer oponible a terceros.

En ese entendido, el reclamo sobre la existencia de otro documento meramente informativo que no fue valorado en el proceso, y que además ni siquiera fue solicitado por las partes interesadas, resulta intrascendente en el presente caso, por lo tanto, que los argumentos de la recurrente no tienen el soporte legal que le acredite ningún derecho vulnerado.

De la respuesta al recurso de casación.

La misma está dirigida a infundar el recurso, posición asimilada en la presente resolución.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida en los arts. 41 y 42. I num.1) de la Ley del Órgano Judicial y, en aplicación de lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación planteado por Susana Blanca Saldaño Cárdenas (fs. 632 a 634 vta.), contra el Auto de Vista Nº 59/2018 de 12 de abril, cursante de fs. 614 a 620 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Se regula el honorario del abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase. 

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.