TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 38/2019 

Fecha: 28 de enero de 2019

Expediente: CH-78-18-S

Partes: Guillermo, Juan, Ana María y Raymunda Balderrama Nava. c/ Berardo y Lilian Noemi Siñani Montalvo.

Proceso: Mejor derecho propietario y reivindicación. 

Distrito: Chuquisaca.   

VISTOS: El recurso de casación de fs. 921 a 927 vta., interpuesto por Berardo Siñani Montalvo por sí y en representación de Lilian Noemi Siñani Montalvo, contra el Auto de Vista Nº SCCI-286/2018 cursante de fs. 917 a 919 pronunciado el 11 de octubre por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro el proceso ordinario de mejor derecho propietario y reivindicación seguido por Guillermo, Juan, Ana María y Raymunda Balderrama Nava contra los recurrentes; la respuesta al recurso de fs. 930 a 933; Auto de concesión del recurso de fs. 934; el Auto Supremo de admisión N° 1152/2018-RA de 26 de noviembre de fs. 938 y 940; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Guillermo, Juan, Ana María y Raymunda Balderrama Nava, plantearon demanda de mejor derecho propietario y reivindicación cursante de fs. 246 a 250 vta., y subsanado de fs. 254 a 255 vta., señalando ser propietarios a título de sucesión hereditaria al fallecimiento de su padre Fructuoso Balderrama Aguilar, de un lote de terreno de 300 mts.2 ubicado en la calle Destacamento Chuquisaca s/n, con Matricula Nº 1011990050815 y asiento A-2 de 25 de marzo de 2009, citándose y pasando a traslado responden Berardo y Lilian Noemi Siñani Montalvo, negando la demanda y oponiendo excepciones de improcedencia e ilegalidad de la acción de mejor derecho y la acción reivindicatoria de fs. 505 a 511, señalan ser propietarios del lote de 350 mts.2 ubicado en el Ex Fundo La Florida y adquirido con su dinero por la Sra. Nelly Berrios Peñarrieta en venta judicial adjudicada en proceso coactivo civil seguido por Nieves Ibarra Baldivieso contra Gregoria Valdez Saavedra, registrado con Matricula Nº 1011990037770 asiento A-2 y A-3 de 2 de agosto de 2008 y 24 de mayo de 2011, encontrándose en posesión desde la adjudicación.

2. Asumida la competencia por el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 1, pronunció la Sentencia Nº 102/2017 de 4 de agosto, cursante de fs. 795 a 804, declarando PROBADA la demanda de mejor derecho propietario y reivindicación, e IMPROBADAS las excepciones perentorias de improcedencia e ilegalidad de la acción de mejor derecho y la acción reivindicatoria, bajo las siguientes conclusiones:

- Sobre el lote de terreno de 300 mts.2 ubicado en la calle Destacamento Chuquisaca s/n, con Matricula Nº 1011990050815 y asiento A-2 de 25 de marzo de 2009, adquirido a título de sucesión hereditaria al haber sido inscrito en DD.RR., el 14 de agosto de 1953 por parte de Fructuoso Balderrama Aguilar que se transmite a través de la sucesión a los actores Guillermo, Juan, Ana María y Raymunda Balderrama Nava les otorga mejor derecho propietario, por cuanto de los demandados su derecho propietario fue inscrito en fecha 2 de agosto de 2008 y 24 de mayo de 2011.

- Que a los demandantes les asiste el derecho a reivindicar el inmueble, toda vez que se cumple los presupuestos de la reivindicación.

- Los demandados no acreditaron que el inmueble de los actores se encuentra en otro lugar distinto al que están poseyendo, toda vez que el informe de la perito concluye, que el inmueble de propiedad de los actores y el suyo se encuentra en sobreposesión total.

3. Impugnada la resolución de primera instancia, el Tribunal de apelación por Auto de Vista Nº SCCI-286/2018 de 11 de octubre de fs. 917 a 919, CONFIRMANDO la Sentencia, bajo el siguiente fundamento:

Del recurso de apelación, advierte que no contiene técnica recursiva de impugnación exigidas de los arts. 251, 256 y 261.I del CPC, sin embargo por el principio de pro homine y pro actione y dando cumplimiento al AS Nº 838/2018 de 5 de septiembre, que la parte apelante no individualizó las pruebas mal valoradas que son exigidas por el art. 265 de CPC, que la segunda instancia debe estar enmarcada dentro los límites de lo resuelto y lo apelado, asimismo la Juez efectuó las pruebas del proceso con debida motivación, fundamentación, congruencia entre la parte considerativa y la dispositiva.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

Hacen alusión a las Sentencias Constitucionales Nº 1369/2001-R, 0752/2002-R, 1289/2010-R y 0275/2012-R y los arts. 122 de la Constitución Política del Estado, 17 de la Ley del Órgano Judicial, 105, 106 y 108 del Código Procesal Civil, y 252 del Código de Procedimiento Civil, señalan que el Auto de Vista por una parte, es imprecisa, ambigua, contradictoria, incongruente, inconsistente, carece de motivación y fundamentos por lo que debe ser anulada por el Tribunal de casación y, de esta manera preservar el debido proceso; y por otra parte, transgrede normas adjetivas, sustantivas y derechos constitucionales que derivan, en erróneas interpretaciones de leyes, que, en definitiva, han conducido a pronunciar una resolución final de segunda instancia que no tiene pertinencia y que lesiona los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la defensa e igualdad procesal, por lo que debe disponerse que el Tribunal de Alzada emita un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los puntos apelados y a los datos del proceso.

Primer motivo, que el recurso planteado no habría sido revisado por los Vocales de la Sala Civil, por lo que el Auto de Vista sería injusto, irrito, indebido e ilegal, ya que supuestamente no se expresaron los agravios en el mismo.

Segundo motivo, al no haber considerado ninguno de los términos, argumentos, sustentos y fundamentos presentados en el recurso de apelación, la actitud del Tribunal de apelación encaja en lo establecido en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 220.III num. 2) inc. a) del CPC.

Tercer motivo, el contenido íntegro del Auto de vista, adolecería de serios defectos procesales que constituyen vicios que la inhabilitan como resolución judicial, al ser imprecisa, ambigua, contradictoria, incongruente, inconsistente, falta de motivación y fundamentos, por cuya razón de oficio, debe ser ANULADA por el Tribunal de casación.

En el fondo.

Violación de preceptos constitucionales y legales.

Citan los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108, 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la CPE, arts. 3, 6, 15 y 30 de la Ley del Órgano Judicial y los arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 del CPC, señala que las resoluciones judiciales deben ser pronunciadas en estricto apego a lo estipulado en la CPE, leyes y reglamentos, en el presente caso, el Auto de Vista al ser incompleto infringe disposiciones constitucionales, legales y por consiguiente no cumple con los preceptos legales señalados.

Violación, infracción, vulneración y quebrantamiento de los arts. 115 y 180 de la CPE y preceptos legales.

Señala que el recurso de apelación cumple a cabalidad con los arts. 256, 257 y siguientes del CPC, empero el Tribunal de apelación no habría tomado la molestia de analizarlo.  

Violación e interpretación errónea del art. 1545 del CC, y vulneración de preceptos legales a ser citados.

Refiere, para que proceda el mejor derecho propietario tiene que cumplirse con ciertos requisitos, los que en el presente caso no se habrían cumplido, pues no serían los mismos inmuebles y tampoco son los mismos vendedores respecto del inmueble en litigio; entonces, en el presente caso, no ocurre tal situación. Añade que el Auto de Vista, está violando los arts. 1, 4, 5, 6 y 25 num. 1) del CPC.

Petitorio.

Solicitan que se ANULE el Auto de vista N° SCCI-0286/2018 y se disponga que el Tribunal de Alzada emita un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los puntos apelados y a los datos del proceso; o bien, CASE el mismo declarando improbada la demanda principal y probada las excepciones.

Respuesta al recurso de casación.

Señalan del recurso de casación, absoluta técnica recursiva, que llevan al Tribunal de casación, varios actos procesales que se han sustanciado en el juicio, mismas que no tiene congruencia entre si y que no guarda la debida fundamentación y explicación de cada uno de ellos, en si están tergiversados sin un propósito definido, siendo que en el recurso de apelación no existe agravios, que solo es una transcripción de la demanda, la Sentencia sin su debida fundamentación y nexo de causalidad del agravio.

Alegan mala interpretación del art. 1545 del CC, sin explicar  los recurrentes cuales son las razones y motivos, siendo que el lote que estaría superpuesto no tiene vendedor común, sino que los títulos provienen de distintos vendedores, razón por la cual no se aplica la norma citada. Concluye señalando haber demostrado que el lote en conflicto es de su propiedad y fue adquirida mediante herencia el año 1953.

Petitorio.

Solicita se declare Improcedente el recurso de casación con costos y costas procesales.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE AL CASO

III.1. De la acción mejor derecho propietario.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil, dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este mismo sentido se ha orientado el Auto Supremo Nº 648/2013 que textualmente dice: “La interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio en lo referente al propietario de quien emana los títulos de propiedad del inmueble, por cuanto el autor no debe ser entendido como causante inmediato sino en establecer el origen del derecho propietario común, acudiendo al principio del tracto sucesivo…”, en esta lógica corresponde precisar que con esta aclaración, los presupuestos señalados supra que determinan la procedencia del mejor derecho propietario, están referidos a la declaración y reconocimiento de prevalencia y eficacia jurídica de un derecho de propiedad sobre otro derecho de propiedad, pero con la certeza de que se trata del mismo inmueble, es decir el actor reconoce que el demandado cuenta con derecho propietario sobre el mismo inmueble alegando tener la titularidad preferente o superior al del demandado”.

Siguiendo con el análisis, resulta importante determinar el antecedente del dominio por cuanto es desde ahí de donde se establece los derechos, pues la cadena de transmisiones acreditará el derecho de sus antecesores otorgando legitimidad al título del contendiente.

En este antecedente se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo una análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, fin esencial del estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no debe resolverse siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo latino “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, que: Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.

III.3. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código Procesal Civil.  

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

En la forma.

De análisis al recurso, los recurrentes denuncian como primer motivo, que el recurso planteado no habría sido revisado por los Vocales de la Sala Civil, por lo que el Auto de Vista sería injusto, irrito, indebido e ilegal, ya que supuestamente no se expresaron los agravios en el mismo; como segundo motivo, al no haber considerado ninguno de los términos, argumentos, sustentos y fundamentos presentados en el recurso de apelación, la actitud del Tribunal de apelación encaja en lo establecido en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, concordante con el art. 220.III num. 2) inc. a) del CPC; y como tercer motivo, el contenido íntegro del Auto de Vista, adolecería de serios defectos procesales que constituyen vicios q ue la inhabilitan como resolución judicial, al ser imprecisa, ambigua, contradictoria, incongruente, inconsistente, falta de motivación y fundamentos.

Cabe señalar que de la revisión de los antecedentes procesales, en los casos en que se acusa incongruencia respecto al recurso de apelación el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a las alegaciones y/o reclamos de los recurrentes, el Tribunal de Alzada otorga una respuesta puntual a los alegatos del recurso de apelación, resolviendo de manera precisa y concreta cada uno de los agravios, explicando los motivos y razones por los que confirmó la Sentencia apelada, por lo que no resulta evidente la incongruencia acusada por los recurrentes, y ello precisamente porque la argumentación recursiva de la apelación que cursa de fs. 921 a 927 vta., se encuentra centrada a observar la actividad valorativa de las probanzas de este proceso, en cuyo mérito el Ad-quem manifestó en su considerando en su punto 3  hace mención sobre las pruebas de cargo y descargo incluso las pruebas producidas por el A quo como la mención que la parte apelante no individualizó las pruebas supuestamente mal valoradas.

Por lo expuesto el derecho propietario del demandante se encuentra plenamente demostrado y consolidado, por lo que es oponible a terceros conforme señala el art. 1538 del CC, ya que dichas probanzas versan solo acerca de la posesión, lo que también acontece con la prueba documental adjunta al caso, criterio por el cual no se advierta ausencia o insuficiencia de motivación o fundamentación respecto al reclamo de apelación, toda vez que los juzgadores de grado en un ejercicio valorativo de la prueba, ponderaron las probanzas esenciales y decisivas y a partir de ello asumieron una decisión, entonces todos estos razonamientos nos permiten entender que la reclamada incongruencia carece de sustento, puesto que no es evidente el Tribunal de Alzada no haya considerado los reclamos del recurso de apelación de la recurrente, razón por la cual no amerita emitirse mayores consideraciones al respecto, asimismo debemos señalar que conforme el Auto de Vista se tiene que el Ad quem realizó una correcta relación de los hechos, así también motivó y fundamentó su decisión con Sentencias que lo llevaron a confirmar la Sentencia apelada, en ese entendido y tomando en cuenta que la fundamentación y motivación, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario debe ser concisa y clara que integre todos los puntos demandados.

En el fondo.

De los reclamos expresados en su recurso de casación acusan como primer punto sobre violación de preceptos constitucionales y legales, señala que las resoluciones judiciales deben ser pronunciadas en estricto apego a lo estipulado en la CPE, leyes y reglamentos, en el presente caso, el Auto de Vista al ser incompleto infringe disposiciones constitucionales, legales; como segundo punto de infracción, vulneración y quebrantamiento de los arts. 115 y 180 de la CPE, señalan que el recurso de apelación cumple a cabalidad con los arts. 256, 257 y siguientes del CPC, empero el Tribunal de apelación no se habría tomado la molestia de analizarlo.

Por los fundamentos desglosados, se rechazan los argumentos planteados por la recurrente sobre violación de los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108, 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la CPE, arts. 3, 6, 15 y 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y los arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 del CPC, según la relación de los hechos con sus pretensiones expuestos en los memoriales de manera espontánea tanto la demanda como la respuesta, asimismo en el transcurso del proceso no se mencionan preceptos legales y constitucionales como lo exponen en su recurso de casación de manera general dando un entendimiento al reclamo invocado peca de ser ambiguo, impreciso y lacónico, debido a que no precisa ni incide, en qué consistirá la violación e interpretación a las normativas señaladas y expresión que no es aplicable, no es suficiente para determinar cuál la finalidad pretendida o en qué trasunta su reclamo, falta de técnica recursiva que impide que este Tribunal ingrese al análisis del fondo de lo pretendido, por lo que el reclamo no es real.

Tercer punto, donde lo recurrentes denuncian violación e interpretación errónea del art. 1545 del CC, para que proceda el mejor derecho propietario tiene que cumplirse con ciertos requisitos, los que en el presente caso no se habrían cumplido, pues no serían los mismos inmuebles y tampoco son los mismos vendedores respecto del inmueble en litigio; entonces, en el presente caso, no ocurre tal situación.

Que en obrados habiéndose determinado que se trata de un mismo bien inmueble, ya que de la valoración de la prueba documental presentada por los actores se tiene Testimonio Nº 305/1953 de 30 de julio de fs. 203 a 206 vta., por el cual se transfiere a Fructuoso Balderrama Aguilar el lote de terreno de 300 mts.2 ubicado en sector Prosperina, calle Destacamento Chuquisaca s/n de la ciudad Sucre, la inspección ocular de fs. 641 en armonía con las testificales de cargo de Tomas Tudela, Guillermo Hernán Martínez Pinto, Fernando Gonzales Mayllon y Modesta Canales Pérez de fs. 723 a 726, se llega a la certeza que el terreno con una superficie de 300 mts.2 fue adquirido a título de sucesión hereditaria que cuenta con código catastral y plano de línea nivel y registrado en el folio real Nº 1011990050815 bajo el asiento A-2 de 25 de marzo de 2009 al haber sido inscrito en Derechos Reales el 14 de agosto de 1953 por parte de Fructuoso Balderrama Aguilar, que a su fallecimiento del mismo, se transmite el bien inmueble por medio de la declaración de herederos a sus hijos Guillermo, Juan, Ana María y Raymunda Balderrama Nava.

Respecto a los antecedentes de registro dominal las autoridades de primera y segunda instancia al dar cumplimiento con la revisión de lo obrado de contrastar y cotejar todos los documentos y datos del proceso se evidencia que el título registrado en Derecho Reales con anterioridad es el de los demandantes, ya que dentro de la causa de mejor derecho propietario se debe considerar no solo la fecha de inscripción de las partes dentro de un proceso, sino también los antecedentes domínales de cada registro propietario, siendo así que no es evidente que los de instancia no hayan cumplido con la correcta interpretación y aplicación de los presupuestos para determinar el mejor derecho propietario descrito en el art. 1545 del Código Civil, expuesto en nuestra doctrina aplicable III.1 donde se orientó “…que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales…”, en su defecto las personas que se encuentran registradas con anterioridad a ellos conforme a lo establecido en los certificados tradicionales emitidos por Derechos Reales, en ese contexto y tomando en cuenta la correcta aplicación de la norma por parte del Tribunal de Alzada es que el reclamo deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, INFUNDADO el recurso de casación de fs. 921 a 927 vta., interpuesto por Berardo Siñani Montalvo por sí y en representación de Lilian Noemi Siñani Montalvo, contra el Auto de Vista Nº SCCI-286/2018 cursante de fs. 917 a 919 pronunciado el 11 de octubre por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.