TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                         S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 37/2019

Fecha: 28 de enero de 2019

Expediente: CB-36-18-S.

Partes: Empresa Constructora “JUVALGO LTDA.” (representada por Julio Humberto Eduardo Valenzuela Gonzáles y Martha Ruth Fiorilo Guzmán de Valenzuela) c/ Banco Bisa S.A. 

Proceso: Nulidad de documento.  

Distrito: Cochabamba.

Vistos: El recurso de casación de fs. 2623 a 2626 vta., presentado por Miguel Angel Ríos Bridoux Iriarte en representación del Banco Bisa S.A. impugnando el Auto de Vista 26/2018 pronunciado el 19 de abril por la Sala  de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 2606 a 2609 vta.), en el proceso ordinario de nulidad de contrato que sigue contra la Empresa Constructora “JUVALGO LTDA.” representada por Julio Humberto Eduardo Valenzuela Gonzáles y Martha Ruth Fiorilo Guzmán de Valenzuela, el Auto de concesión de 19 de junio de fs. 2634; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. La Empresa Constructora “JUVALGO LTDA.” demandó a la parte recurrente, la nulidad de documentos, proceso tramitado hasta la emisión de la Sentencia Nº 90/2016 de 7 de octubre (fs. 2388 a 2401 vta.), con la que declaró IMPROBADA en todas sus partes la demanda y su aclaración,  PROBADA la excepción perentoria y falsedad opuesta por el Banco BISA S.A., motivando la presentación del recurso de apelación de fs. 2432 a 2445, que fue radicado en la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

2. El 19 de abril de 2018, mediante Auto de Vista REG/S.FAMILIA./SENT.FAM.26/19.04.2018 (fs. 2606 a 2609 vta.), se anuló obrados hasta fs. 2388; es decir hasta la sentencia de 07 octubre de 2016, bajo el siguiente argumento:

Que la sentencia apelada primero no contiene una debida fundamentación y motivación, y por otra no existe un trabajo intelectivo propio del juez de la causa, más por el contrario se advierte de manera evidente que la sentencia contiene una copia textual del memorial de responder a la demanda, y tampoco se ha efectuado una valoración integral ni individualizada de toda la prueba aportada.

3. Notificada la parte recurrente el 24 de mayo de 2018, presentó el recurso de casación de fs. 2623 a 2626 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Reclama que el Auto de Vista impugnado, habría decidido anular obrados hasta la sentencia, porque la misma no contendría una debida fundamentación y motivación por lo que le hubiera resultado imposible al Tribunal de Alzada ingresar al fondo. Al respecto el recurrente se refirió al régimen de nulidades procesales acompañando jurisprudencia relativa a la misma, citando los Autos Supremos Nros. 137/2016 y 484/2012.

Señala también que en el recurso de apelación de fs. 2432 a 2445 los demandantes no habrían referido agravio alguno que acuse aspectos concernientes a la mala fundamentación y motivación de la resolución apelada, por lo que correspondía al Tribunal de apelación pronunciarse en función a los agravios contenidos en el recurso de apelación de 20 de octubre de 2016 conforme lo establecido por el art. 265.I y III del Código Procesal Civil, ingresando a resolver  en el fondo para revocar la sentencia recurrida o confirmar la misma y no emitir juicios de valor netamente subjetivos reclamados en dicho recurso, ya que la falta de debida motivación y fundamentación no reclamada por las partes no podría servir de fundamento para no pronunciarse sobre los reclamos de los apelantes ya que actualmente se habría superado la concepción del excesivo formalismo y correspondía al Tribunal de Alzada en función a sus amplias facultades subsanar y no equivocar su accionar.

Contestación al recurso de casación.

Que sustanciado el recurso de casación no mereció contestación alguna.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.2. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril, en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativa, en la Ley 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley Nº 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley Nº 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La entidad recurrente centra todas sus alegaciones en observar la nulidad dispuesta en segunda instancia refiriendo que los demandantes al momento de interponer el respectivo recurso de casación no han invocado agravio alguno que acuse aspectos concernientes a la mala fundamentación y motivación de la resolución apelada, por lo que correspondía al Tribunal de apelación pronunciarse en función a los agravios contenidos en el recurso de apelación de 20 de octubre de 2016 conforme lo establecido por el art. 265.I y III del Código Procesal Civil, ingresando a resolver en el fondo para revocar la sentencia recurrida o confirmar la misma y no emitir juicios de valor netamente subjetivos.

De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida en casación, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista  26/2018 pronunciado el 19 de abril de fs. 2606 a 2609 vta., se infiere que la razón que motivó al Tribunal Ad quem a anular la sentencia de primera instancia, fue porque consideró que el juez de la causa, al emitir tal resolución no ha realizado una debida fundamentación y motivación,   por el contrario contendría una copia textual del memorial de responder a la demanda sin efectuar una valoración integral ni individualizada de toda la prueba aportada.

De estas consideraciones, se infiere que el Tribunal Ad quem, anuló la sentencia de primera instancia por posibles irregularidades procesales que atingen a la estructura formal de la resolución, como es la falta de fundamentación o análisis probatorio; empero conforme a lo ya dispuesto en la doctrina aplicable al presente caso, esta supuesta anomalía procesal ya no se constituye como causal de nulidad, toda vez que ante la concurrencia de irregularidades procesales, como son la falta de motivación, fundamentación e incongruencia, ya sea extra, citra, infra o ultra petita, tal y como lo establecen los arts. 218.III y 265.III ambos del Código Procesal Civil, es deber del Tribunal de Alzada que se percató de los mismos, fallar en el fondo y no disponer la nulidad de obrados, aunque no se hubiese solicitado la aclaración, complementación o enmienda, máxime cuando estos extremos no fueron objeto de apelación; en ese entendido, se deduce que la decisión de segunda instancia (anular la sentencia), resulta discorde no solo con lo establecido en las normas citadas supra, sino también con los nuevos lineamientos constitucionales y los principios procesales que rigen la materia como son los principios de legalidad, dirección, concentración, celeridad, igualdad procesal y probidad.

En tal sentido, se tiene que el Tribunal de Alzada, precisamente en razón al nuevo modelo constitucional que rige en nuestro ordenamiento jurídico Civil, el cual se encuentra perfectamente reflejado en la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil), que amplía las facultades de este Tribunal, debió actuar dejando de lado el criterio formalista arcaico y, en aplicación de las prerrogativas que se encuentran expresamente señaladas en la ley, fallar en el fondo resolviendo los defectos procesales advertidos, pues al constituirse en una instancia de conocimiento y no de derecho como es el Tribunal de casación, posee las mismas facultades que un Juez de primera instancia o de hecho, cuya finalidad es resolver el conflicto llevado a estrados judiciales evitando dilaciones innecesarias que lo único que ocasionan es una retardación en el acceso a la justicia, más aún cuando, como ya se dijo anteriormente, estos extremos ni siquiera fueron motivo de apelación de la parte demandada; de ahí que en el caso de autos corresponde anular el Auto de Vista recurrido con la finalidad de que los Jueces de Alzada que conforman el Tribunal de Apelación, fallen en el fondo resolviendo de manera congruente todos los agravios que fueron denunciados en esa instancia, las cuales obviamente, de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, darán lugar a que éstos confirmen la sentencia de primera instancia o en su defecto, si no están de acuerdo con el razonamiento y la decisión asumida por el A quo, revoquen la misma.

Por lo expuesto, corresponde acoger lo denunciado por la parte demandante, ahora recurrente, en razón a que el extremo que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio ya no se constituye en una causal de nulidad, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme a lo establecido en el art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº 26/2018 de 19 de abril, que cursa a fs. 2606 a 2609 vta., pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025 remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.