TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 




Auto Supremo: 34/2019

Fecha: 28 de enero de 2019

Expediente:        SC-67-18-S

Partes:  Margoth Justiniano Eguez c/ Urbana Eguez Vaca Vda. de Justiniano, Herederos de los Extintos Tomas Justiniano y Hugo Justiniano Pedraza, Presuntos Propietarios.

Proceso: Usucapión  decenal y declaratoria de propiedad de mejoras.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 588 a 595, interpuesto por Margoth Justiniano Eguez; contra el Auto de Vista Nº 129/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 582 a 584 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez,  Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal y declaratoria de propiedad de mejoras, seguido por la recurrente contra Urbana Eguez Vaca Vda. de Justiniano, Herederos de los Extintos Tomas Justiniano y Hugo Justiniano Pedraza, Presuntos Propietarios; la contestación cursante de fs. 600 a 601 vta.; el Auto de concesión del recurso de fecha 14 de mayo de 2018 cursante a fs. 603; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 518/2018-RA de fecha 13 de junio cursante de fs. 611 a 612 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I: 

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez de Partido 2º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la Sentencia Nº 21/2016 de fecha 25 de enero, cursante de fs. 508 a 510 vta., declarando: PROBADA la demanda de fs. 137 a 138 vta., y su ampliación de fs. 189 a 191 vta., e IMPROBADA  la demanda reconvencional cursante de fs. 227 a 234 vta. Sin costas por ser juicio doble. Asimismo se declara judicialmente propietaria a Margoth Justiniano Eguez del bien ubicado en la Zona Central Manzana Nº 64 con una extensión superficial de 278.75 m2.

Resolución de primera instancia fue recurrida en apelación por Urbana Eguez Vda. de Justiniano mediante memorial cursante de fs. 517 a 523 de obrados, en merito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 129/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 582 a 584 vta., donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

De la revisión de la causa resulta inviable la aplicación del art. 1234 del Código Civil ya que la demandante nunca tuvo el goce de forma separada del bien inmueble del acervo hereditario, al estar viviendo en el lote de terreno de forma conjunta con  su madre como cónyuge supérstite y sus hermanos con quienes hubiera tramitado conjuntamente la declaratoria de herederos. Al margen de no haberse tomado en cuanta por la Juez A quo que el inmueble objeto de usucapión es ocupado como vivienda, y este por prevención y protección de la familia impide su división al ser usado exclusivamente como vivienda por la esposa y sus hijos al morir el de cujus, por lo que el Tribunal de Alzada estableció que no se desarrolló una correcta interpretación de las instituciones de derecho y se ha obrado en contra de las mismas en perjuicio no solo de la demandada que resulta ser la madre, sino de los otros hermanos coherederos con quienes hubiere tramitado conjuntamente la declaratoria de herederos y reconocer su igual derecho sucesorio.

Por cuanto el juez no pudo establecer la verdad material de los hechos, con la escasa valoración de la prueba de cargo y descargo lo llevaron a concluir en sentido contrario al adoptado en su sentencia por lo que incumplió con el art. 192.2 del Código de Procedimiento Civil provocando un agravio contra la parte demandada con la falta de valoración de la prueba de la forma en la que le obliga el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, omisión que obliga a su revocatoria en recurso. Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II num. 3) del Código Procesal Civil declara admisible el recurso de apelación consecuentemente REVOCA  en forma total la sentencia de fecha 25 de enero de 2016 cursante de fs. 508 a 510 y declara IMPROBADA la demanda principal de Usucapión y Declaración de Propiedad de Mejoras, asimismo declara PROBADA la accion reconvencional de negatoria del derecho de posesión con fines de usucapión y negatoria al derecho de ser declarada propietaria de las mejoras e IMPROBADA en cuanto a los daños y perjuicios.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Margoth Justiniano Eguez, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 588 a 595 de obrados el mismo que se pasa a analizar.  

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Margoth Justiniano Eguez  mediante memorial de fs. 588 a 595 de obrados, se extrae lo siguiente:

  1. Acusa que el recurso de apelación que motivo el auto de vista no cumple con los requisitos que un recurso de apelación exige, si bien hace cita de supuestos agravios, empero no explica en qué consiste dichos agravios y cuál es el perjuicio que le causa la sentencia, por lo que debió declararse inadmisible el recurso de casación por falta de expresión de agravios conforme el art. 218.II num. 1) inc. b) de la Ley 439.
  2. Manifiesta que el Auto de Vista es extra petita ya que la apelante ahora recurrente no pidió declarar improbada la demanda menos probada la acción reconvencional, en consecuencia el auto de vista es nulo ya que viola lo establecido por el art. 265.I de la ley 439, pues no se circunscribe a los puntos apelados sino va más allá de lo pedido.
  3. Alega que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre los puntos de apelación que reclamo la recurrente toda vez que no hace referencia a lo acusado por la apelante en relación a la falta de legitimidad en cuanto a sus hijos, ya que en ningún lugar del proceso la demandante protesta que los indebidamente representados den por bien hecho lo actuado, aspecto que fue reclamado pero el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre ese punto, que invalida la defensa por la demandada, así tampoco hace referencia a las alegaciones realizadas por la apelante en cuanto a la prueba de cargo, ya que, manifiesta que la medida preliminar estaba destinada a un proceso de división y partición de bienes hereditarios, por último la apelante hizo referencia a que las pruebas no fueron valoradas afirmando que los documentos no demuestran la posesión exclusiva de la demandante, por lo que la demandante no puede pretender en apelación desvirtuar pruebas que no fueron asumidas y producidas en el término probatorio, en ese entendido es que la recurrente alega que el auto de vista no cumple con lo establecido por el art. 265 de la ley 439 pues no se pronuncia sobre los reclamos realizados por la apelante.  
  4. Denuncia indebida valoración de las pruebas de la demandada, ya que al anularse  obrados  hasta fs.  235  inclusive  se  dejó  sin  efecto  el ofrecimiento de


pruebas por la parte demandada por lo que las pruebas ofrecidas y ratificadas por la parte demandada no podían considerarse, por ende el auto de vista de forma incorrecta valoro las pruebas de descargo en consecuencia no debió declarar probada la accion reconvencional sin sustento por lo que el auto de vista violó los arts. 1283.II y 1286 del Código Civil, así también infringe el art. 90 en relación al art. 5 de la ley 439 puesto que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, en ese entendido es que en Tribunal de Alzada no realizo una revisión cuidadosa del proceso pues baso su decisión en pruebas inexistentes.

  1. Manifiesta que la demanda versa sobre una prescripción adquisitiva conforme el art. 138 del Código Civil, pues se tramito específicamente sobre el inmueble que ocupa junto a su familia con una superficie de 275.75 m2, que no tiene nada que ver con el inmueble contiguo que se demostró pertenece a su padre y madre,  por lo que el auto de vista incurre en error de hecho al revocar la sentencia referente a ese inmueble y no al inmueble que se demandado, y fue defendido por la demandada en calidad de presunta propietaria.
  2. Acusa que el Tribunal de Alzada hace cita a normas sustantivas con el fin de justificar la improcedencia de la usucapión, como ser el art. 1492.I del Código Civil hablando de la prescripción de los derechos del titular cuando no los ejerce en el tiempo que la ley establece, menciona el art. 1503 refiriéndose al acto que sirve para construir en mora al deudor, que no guarda relación con el proceso que nos ocupa, demostrando así la errónea aplicación de la ley.
  3. Alega que su madre nunca fue poseedora ni detentadora del inmueble que pretende usucapir, al contrario se encuentra en posesión del inmueble contiguo adquirido por su madre y su padre fallecido, del cual la recurrente tiene su cuota hereditaria por lo que el criterio emitido en el auto de vista es errado ya que no hay posesión por la madre de la recurrente, entonces no debe existir cambio de condición alguna para la procedencia de la usucapión.     
  4. Expresa que no existe prueba alguna que haya demostrado que desde el año 1991 la posesión de esa fracción de terreno como lo denomina el Ad quem haya sido a nombre de su madre quien ocupa el lote contiguo, haciendo inaplicable el art. 90 del Código Civil.


Por lo expuesto solicita se case el auto de vista y se declare firme y subsistente la sentencia de primera instancia.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se puede establecer que corrido en traslado el recurso de casación, Urbana Eguez Vda. de Justiniano mediante memorial cursante de fs. 600 a 601 vta. contestó al recurso de casación bajo el siguiente fundamento:

Que en el memorial de recurso de casación en el fondo la recurrente se equivocó al manifestar la existencia un error de hecho y no que existe un error de derecho, haciendo confuso el recurso mezclando error de derecho con el de hecho.

La recurrente manifiesta que no existe prueba de descargo debido a que no fue ratificada, sin embargo cabe resaltar que en la nueva aplicación de la ley las formalidades has sido dejadas de lado, por supremacía del derecho constitucional de aplicar el principio de verdad material en los procesos jurisdiccionales, ya que en el expediente cursa la existencia de prueba que establece la unicidad de la vivienda, con la posesión de su parte y de la detentación del inmueble de sus hijos y nietos, así también en obrados no cursan ningún medio de prueba que evidencie haya existido posesión exclusiva de la demandante o que haya construido alguna mejora , ya que conforme el art. 1283 del código Civil dispone que quien pretende un derecho debe probar el hecho en el que funda su pretensión.   

Por lo que solicita se declare infundado el recurso de casación en la forma y en el fondo presentado por la recurrente.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la Congruencia en las Resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

III.2. De la Legitimación Procesal para Impugnar.

Al respecto este Supremo Tribunal ha orientado a través de sus diversos fallos entre ellos los Autos Supremos Nros. 172/2013, 058/2014, 508/2014 y 833/2015 entre otros, que uno de los varios derechos que nacen de la relación procesal, es el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales, cuya naturaleza es estrictamente procesal; pero para que cualquier recurso sea admisible y procedente, al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otros requisitos generales de carácter subjetivo y objetivo; entre uno de los requisitos subjetivos se encuentra la necesaria existencia de gravamen o perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir.

Eduardo J. Couture en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil pág. 346, define que agravio es la injusticia, la ofensa, el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Ese perjuicio debe ser cierto, evidente, real y concreto; la necesaria existencia de agravio o/y perjuicio es el motor que impulsa, promueve y justifica la activación del recurso, sin importar el tipo de parte de que se trate en la intervención del proceso; razonado en contrario se puede afirmar que no existe recurso sin gravamen o perjuicio, ni interés válido para impugnar; el simple hecho de recurrir por recurrir sin que exista afectación de ningún interés legítimo, implicaría hacer abuso del derecho.

Así también el tratadista Hugo Alsina, en su obra TRATADO TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO PROCESAL, Tomo IV, pág. 191 señala lo siguiente: b) “La cuestión de saber quién puede interponer un recurso, constituye un aspecto de la legitimación procesal. Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, y que en consecuencia, a ellas corresponderá su deducción (V 4). Pero hay casos en que el recurso se niega a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la Sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda cuando la Sentencia sea favorable a la pretensión de la parte, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adversario y la sentencia se funda en esa conformidad…”.

Por su parte Enrique Lino Palacios en su Obra “Derecho Procesal Civil”, Tomo V, numeral 527.- haciendo referencia a los requisitos subjetivos para la procedencia de los recursos, señala: “b) Como acto procesal de parte, constituye requisito subjetivo de admisibilidad de todo recurso el interés de quien lo interpone. El interés se halla determinado por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente y consiste, en términos generales, en la disconformidad entre lo peticionado y lo decidido”. En otra parte de su misma Obra, numeral 546 página 85, precisando aún más sobre el tema en cuestión indica: “Asimismo, configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasione, a quien lo interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés”.

En consecuencia, la recurribilidad de las resoluciones judiciales está en función del agravio que cause la resolución y sea perjudicial a los intereses del justiciable; así se establece en el primer parágrafo del art. 272 del Código Procesal Civil que señala: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el Auto de Vista.”, Como se podrá advertir, la presencia de agravio y/o perjuicio es el elemento fundamental que habilita el interés legítimo para recurrir, no basta la sola declaración de impugnar o recurrir, sino que se requiere además agregar los motivos, perjuicios fundamentados que den méritos al impugnante. Si bien la ley no establece de manera específica quienes se encontrarían legitimados para interponer el recurso de casación, sin embargo por un elemental principio de lógica, adquieren esa calidad los litigantes que han sufrido agraviado y/o perjuicio con una determinada resolución; en estos antecedentes se concluye que en nuestro sistema procesal para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios, como el de reposición, apelación,casación y de revisión, es condición imprescindible el perjuicio sufrido con la resolución impugnada.

Por otra parte, la SCP Nº 1853/2013 de 29 de octubre estableció que: “Así en materia procesal civil el art. 213, prescribe: I. Las resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada…es decir, la interposición de los recursos está sujeta a determinados requisitos, como la existencia de un gravamen o perjuicio, debe ser idóneo, la calidad de parte para plantearlo, interponerse ante la autoridad competente…”, de acuerdo a lo citado, se establece que solo el litigante que se vea afectado en sus derechos puede recurrir acusando la infracción que le causa perjuicio, es decir que el recurso debe sustentarse en el perjuicio causado al recurrente y no a terceros.

III.3. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los Autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.4. De la teoría de la interversión del título.

Sobre este punto el Auto Supremo N° 37/2017 de fecha 24 de enero ha señalado que el art. 89 del Código Civil señala "Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal" (…) La citada disposición expresa en su primera parte el principio general de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión (nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest). Sin embargo, la norma citada no tiene un carácter absoluto, por el contrario ella misma prevé los supuestos en que opera el cambio de detentador a poseedor, identificando estos: 1) por causa proveniente de un tercero; 2) por propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa. Al respecto Ripert nombrado por Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Posesión, Usucapión y reivindicación señala: "...que el tenedor puede transformarse en poseedor verdadero y detentar la cosa de un modo útil. Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa interversión tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario". O como señala el autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales: "Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, (...), sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la introversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión".

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación. 


  1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el punto 1, está enmarcado a observar que el recurso de apelación que motivo el auto de vista no cumple con los requisitos que un recurso de apelación exige, si bien hace cita de supuestos agravios, empero no explica en qué consiste dichos agravios y cuál es el perjuicio que le causa la sentencia, por lo que debió declararse inadmisible el recurso de casación por falta de expresión de agravios conforme el art. 218.II num. 1) inc. b) de la Ley 439.


Al respecto se debe manifestar que de la revisión del recurso de apelación interpuesto por Urbana Eguez Vda. de Justiniano cursante de fs. 517 a 523 de obrados de forma clara cuenta con la expresión de agravios, avocados a observar el fondo de la pretensión de la contra parte,  estableciendo con precisión las normas erradamente interpretadas, así mismo la falta de valoración de las pruebas presentadas por las partes, tales como prueba documental, testifical y presunciones, agravios que fueron resueltos por el Tribunal de Alzada que dieron curso a revocar la sentencia y declara improbada la pretensión principal de usucapión y probada la reconvención de accion negatoria, igualmente se debe tener presente que el recurso de apelación no se constituye en un recurso extraordinario por lo que no corresponde exigir una técnica recursiva extremadamente rigurosa en su planteamiento, siendo suficiente como ocurrió en el caso de autos que la apelante exponga de manera clara sus agravios y fundamente los mismos, aspectos fueron cumplidos por la recurrente, toda vez que el recurso de apelación es lo suficientemente claro, comprensible y cuenta con la fundamentación necesaria, conforme se infiere de lo examinado precedentemente, porque siendo además la Resolución de primera instancia contraria a los intereses de la apelante, demuestra la existencia de diferentes agravios y justifica sus reclamos, por lo que en resguardo al derecho a la impugnación y a la doble instancia merecieron respuestas por parte del Tribunal de Alzada, en ese entendido es que este tribunal establece que no es evidente lo manifestado por la recurrente, a cuyo efecto su reclamo deviene en infundado.


  1. Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene que el reclamo que se encuentra en el punto 2 está enmarcado a observar que el Auto de Vista es extra petita, ya que la apelante ahora recurrente no pidió declarar improbada la demanda o probada la acción reconvencional, en consecuencia el auto de vista es nulo ya que viola lo establecido por el art. 265.I de la Ley 439, pues no se circunscribe a los puntos apelados sino va más allá de lo pedido.


Sobre el particular diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la observación del auto de vista contrastando el recurso de apelación se tiene que en lo referente a lo reclamado sobre que la apelante no solicitó se declare improbada la demanda de usucapión y menos solicitó declarar probada la demanda reconvencional, al respecto se tiene que en la última parte del memorial cursante de fs. 517 a 523 vta., la apelante impetró  revocarse parcialmente la sentencia y se declare improbada la demanda de fs. 137 a 138 y de fs. 189 a 191 vta., por lo que se infiere que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación que como ya se dijo en el punto anterior, contiene reclamos que atacan al fondo de la controversia, en ese entendido es que el Tribunal de Alzada los acogió y consecuentemente declaró improbada la usucapión, y por secuencia lógica declaro probada la accion negatoria, conforme lo solicitado en el recurso de apelación, en consecuencia este Tribunal establece que no existe la violación al art. 265.I del Código Procesal Civil alegada por la recurrente por lo que su reclamo deviene en infundado.


  1. Del análisis del recurso de casación se tiene que el punto 3 está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre los puntos de apelación que reclamó la recurrente toda vez que no hace referencia a lo acusado por la apelante en relación a la falta de legitimidad respecto  a sus hijos, ya que en ningún lugar del proceso la demandante manifiesta que los indebidamente representados den por bien hecho lo actuado, aspecto que fue reclamado, pero el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre ese punto, que invalida la defensa por la demandada, así tampoco hace referencia a las alegaciones realizadas por la apelante en cuanto a la prueba de cargo, manifestando que la medida preliminar estaba destinada a un proceso de división y partición de bienes hereditarios, por último la apelante hizo referencia a que las pruebas no fueron valoradas afirmando que los documentos no demuestran la posesión exclusiva de la demandante, por lo que no puede pretender en apelación desvirtuar pruebas que no fueron asumidas y producidas en el término probatorio, en ese entendido es que la recurrente alega que el auto de vista no cumple con lo establecido por el art. 265 de la ley 439 pues no se pronuncia sobre los reclamos realizados por la apelante.  

Al respecto y de acuerdo a lo señalado en la doctrina desglosada en el punto III. 2 se tiene que uno de los varios derechos que nacen de la relación procesal es el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales, cuya naturaleza es estrictamente procesal; empero para que cualquier recurso sea admisible, al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otros requisitos generales de carácter subjetivo y objetivo; entre uno de los requisitos subjetivos se encuentra la necesaria existencia de gravamen o perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir.

Consiguientemente se debe tomar en cuenta que de la revisión de obrados, el recurso de apelación cursante de fs. 517 a 523 fue presentado por Urbana Eguez Vda. de Justiniano (co demandada), recurso que analizado por el Tribunal de Alzada dio curso a la emisión de un auto de vista revocatorio que ahora es objeto de casación, en ese entendido como se dijo en la doctrina descrita supra, una persona no puede presentar en casación agravios que no afecten sus intereses personales, toda vez que la legitimación procesal para impugnar se acredita cuando una persona sufre agravios de forma directa a consecuencia de una resolución judicial, por lo que en el caso de autos se establece que el punto reclamado sobre la congruencia no afecta ni causa perjuicio a la recurrente, tomando en cuenta que para que se active la nulidad procesal debe existir como requisito indispensable un perjuicio, en el caso que nos asiste debe ser de la parte apelante, aspecto que no concurre en el presente proceso, por lo tanto este Tribunal establece que su reclamo deviene en infundado.


  1. Del análisis del recurso de casación se tiene que el reclamo establecido en el punto 4 está enmarcado a observar la indebida valoración de las pruebas de la demandada, ya que al anularse obrados hasta fs. 235 inclusive se anuló el ofrecimiento de pruebas por la parte demandada, por lo que las pruebas ofrecidas y ratificadas por la demandada no podían ser consideradas, por ende el auto de vista de forma incorrecta valoró las pruebas de descargo, consiguientemente no debió declarar probada la accion reconvencional sin sustento por lo que el auto de vista violó los arts. 1283.II y 1286 del Código Civil, así también infringió el art. 90 en relación al art. 5 de la ley 439 puesto que las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio, en ese entendido es que en Tribunal de Alzada no realizo una revisión cuidadosa del proceso pues baso su decisión en pruebas inexistentes.


Sobre el punto de la contrastación de lo obrado en la presente causa, se tiene que si bien es evidente que el Juez A quo mediante Auto de fecha 31 de enero de 2009 cursante de fs. 279 Yvta., anulo obrados hasta fs. 235 dejando sin efecto inclusive el ofrecimiento de pruebas realizada por la parte demandada, empero de la revisión de lo obrado se puede evidenciar que después de haber sido notificada con la calificación del proceso, Urbana Eguez Vaca Vda. de Justiniano (demandada) mediante memorial de fs. 380 a 382 de obrados, propuso medios de prueba consistente en prueba testifical, documental y se ratificó en la cursante en obrados, así también ofreció confesión provocada, prueba pericial e inspección judicial, prueba que fue reproducida en el transcurso del proceso, empero dicho ofrecimiento de pruebas realizado por la parte demandada no fue objetado u observado por la recurrente cuando correspondía, pese a existir medios de impugnación que la ley confiere de los cuales podía hacer uso en su oportunidad, y al no haber realizado la observación indicada, convalido dicho ofrecimiento de pruebas, motivo por el cual este tribunal establece que la decisión asumida por el Tribunal de Alzada en el auto de vista es correcto, al haber valorado las pruebas aportadas tanto por la parte demandante como por la parte demandada conforme lo indica el art. 1286 del Código Civil y art. 145.I y II del Código Procesal Civil, en ese contexto es que su reclamo deviene en infundado.

 

  1. Del análisis del recurso de casación se tiene que el reclamo establecido en el punto 4 está enmarcado a observar que la demanda versa sobre una prescripción adquisitiva conforme el art. 138 del Código Civil que se tramitó específicamente sobre el inmueble que ocupa junto a su familia con una superficie de 275.75 m2, que no tiene nada que ver con el inmueble contiguo que pertenece a su padre y madre,  por lo que el auto de vista incurre en error de hecho al revocar la sentencia referente a ese inmueble y no al inmueble que se demandó, y fue defendido por la demandada en calidad de presunta propietaria.


Al respecto cabe precisar que es cierto que el lote de terreno del cual se pretende su usucapión es contiguo al inmueble que ocupa la madre de la recurrente, estando ambos construidos sobre una loza, no existiendo nada que divida la propiedad, considerando eso y de la revisión del auto de vista, no se evidencia que exista equivocación del inmueble del cual se pretende su usucapión, con el bien inmueble que ocupa la mama de la recurrente, puesto que conforme cursa en los datos del proceso, la documentación aportada en calidad de prueba de cargo y de descargo versa sobre el inmueble ubicado en la Zona Central, Manzana 64, con una existencia superficial de 278.75 m2, con las siguientes colindancias: al Norte con la calle 6 de agosto, al sur con la panadería Victoria, al este con Urbana Eguez Vda. de Justiniano y al oeste con la Sociedad Felipe Leonor Rivera.


Por cuanto no existe la equivocación acusada por la recurrente, máxime si consideramos que efectivamente ambos inmuebles se encuentran registrados por ante la oficina de derechos reales a nombre de su difunto padre y su madre, quienes son legítimos propietarios, consecuentemente la demanda se inició en contra de los herederos de su padre quienes fueron citados mediante edictos de ley y en contra de madre a quien se la notifico de forma personal, contestando negativamente a la demanda y reconviniendo por accion negatoria,  en ese entendido al no ser evidente lo acusado por la recurrente se tiene claro cuál es el inmueble que se pretende usucapir, así como se tiene claro que dentro del auto de vista el Tribunal de Alzada expuso los motivos por los cuales revocó la sentencia, motivos que giran en torno a que el Juez A quo que dictó la sentencia no logró establecer la verdad material de los hechos en consecuencia existió una escasa valoración de la prueba de cargo y de descargo que en su sentido objetivo de las mismas hubieren llevado a concluir en el sentido contrario adoptado en su sentencia. En ese contexto se puede establecer que al no ser evidente lo acusado su reclamo deviene en infundado.


  1.   Continuando lo dilucidado en casación se tiene que el reclamo establecido en el punto 6 está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada refiere normas sustantivas con el fin de justificar la improcedencia de la usucapión, haciendo cita del art. 1492.I del Código Civil hablando de la prescripción de los derechos del titular cuando no los ejerce en el tiempo que la ley establece, nombra el art. 1503 refiriéndose al acto que sirve para construir en mora al deudor, que no guarda relación con el proceso que nos ocupa, demostrando así la errónea aplicación de la ley.


Al respecto cabe resaltar que si bien es evidente lo señalado por la recurrente respecto a que el Tribunal de Alzada indico normas que no tiene relación con el caso de autos, empero a momento de emitir el auto de vista que revocó la sentencia y declaro improbada la demanda de usucapión no se basó en las normas citadas puesto que el hecho que motivo el cambio la decisión del juez estuvo enmarcado a la falta de la valoración de la prueba realizada por el mismo, que en consecuencia lo llevo a incumplir con el art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil concordante con el art. 1286 del Código Civil.


Situación que llevó al Tribunal de Alzada a revocar la sentencia máxime si consideramos que también basó su decisorio, alegando que en el caso de autos resulta inaplicable el art. 1234 del Código Civil, en el entendido que la demandante jamás tuvo el goce del bien inmueble de forma separada al del acervo hereditario al tenerlo de forma conjunta con su madre y sus hermanos con quienes hubiera tramitado la declaratoria de herederos de modo que la salvedad prevista en el mencionado artículo solo es bajo la condición de haber adquirido la propiedad por usucapión, como efecto de la posesión exclusiva, que es inexistente en el caso de autos, dado que según los datos del proceso se ha identificado que  la posesión del inmueble motivo de la presente usucapión está realizada por todos los herederos, incluida la demandante.


Por último en el caso que nos asiste se demostró que la parte actora hasta el año 1991 estuvo ejerciendo posesión corporal de la fracción del inmueble en calidad de detentadora a nombre de su madre y no a nombre propio, posteriormente continuo en esa misma situación con la anuencia o tolerancia de su hermano, lo que evidencia su calidad de detentadora, no existiendo prueba alguna que evidencie que dicho título de detentadora fuere intervertido, por cuanto no resulta evidente lo manifestado por la recurrente, resultando su reclamo en infundado.


  1. Del análisis de lo reclamado en casación se tiene que los reclamos que se encuentran en el punto 7 y 8 están enmarcados en observar que la madre de la recurrente nunca fue poseedora ni detentadora del inmueble que pretende usucapir, al contrario se encuentra en posesión del inmueble contiguo adquirido por ella y su padre fallecido, del cual la recurrente tiene su cuota hereditaria por lo que el criterio emitido en el auto de vista es errado, ya que no hay posesión por la madre de la recurrente, entonces no debe existir cambio de condición alguna para la procedencia de la usucapión, así también alega que no existe prueba alguna que haya demostrado que desde el año 1991 la posesión de esa fracción de terreno como lo denomina el Ad quem haya sido a nombre de su madre quien ocupa el lote contiguo, haciendo inaplicable el art. 90 del Código Civil.


Al respecto cabe resaltar que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien;  no sirviendo como fundamento para adquirir la posesión conforme lo establecido por el art. 90 del Código Civil, pues el detentador tiene ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.


Así también conforme a la doctrina desglosada en el punto III.4 se tiene que el art. 89 del Código Civil señala que quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa, en consecuencia el tenedor puede transformarse en poseedor verdadero y detentar la cosa de un modo útil. Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, ya que para la existencia de interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, o mediante actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener en consecuencia la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión.


En ese entendido de la revisión de la prueba se puede evidenciar que la recurrente tiene ausencia de animus domini al estar ocupando el bien inmueble del cual pretende su usucapión, a nombre de la verdadera propietaria que sería su madre y su difunto padre, al margen de considerar que al plantear la demanda señala que desde su nacimiento se encuentra en quieta pacifica, pública y continua posesión del bien inmueble, de esto se puede evidenciar que siempre tuvo la calidad de detentadora y que hasta la fecha no existe ningún acto o hecho con el que se haya evidenciado su oposición frente al propietario por cuenta de quien detentaba la cosa, limitándose a exteriorizar simples manifestaciones de voluntad, no existiendo prueba idónea que evidencie que su título de detentadora ha cambiado al de poseedora, esto a efectos de acreditar el transcurso efectivo del tiempo para su pretensión de usucapión decenal, tampoco en obrados se demuestran hechos o actos exteriores que revistan un carácter ostensible e inequívoco que impidan a la propietaria el ejercicio de su derecho, o un verdadero alzamiento contra su derecho propietario, máxime si consideramos que tanto la demandante como la demandada viven en el inmueble, que no cuenta con ninguna división con la cual se podría establecer que está en calidad de poseedora exclusiva del bien del cual pretende usucapir, por lo que este Tribunal comparte el criterio del Tribunal de Alzada al indicar que la recurrente se encuentra en el bien inmueble objeto de litigio en calidad de detentadora, ejerciendo posesión por su madre ahora demandada, por lo que se concluye que este reclamo no tiene asidero legal, en consecuencia deviene  en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO recurso de casación de fs. 588 a 595, interpuesto por Margoth Justiniano Eguez; contra el Auto de Vista Nº 129/2018 de 20 de marzo, cursante de fs. 582 a 584 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez,  Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.