TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L

       


Auto Supremo: 32/2019

Fecha: 28 de enero 2019

Expediente: SC-68-18-S

Partes: Edgar Vásquez Huaracho c/ Vania Lucia Ojeda Laura.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 378 a 380, interpuesto por Vania Lucía Ojeda Laura, contra el Auto de Vista Nº 167/2018 de fecha 11 de abril de 2018, cursante de fs. 371 a 372, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de reivindicación, seguido por Edgar Vásquez Huaracho contra la recurrente; la respuesta al recurso de casación que cursa de fs. 384 a 385 vta., el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 24/2018 de fecha 25 de mayo, cursante a fs. 387; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 498/2018-RA de 13 de junio que cursa de fs. 394 a 395 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Edgar Vásquez Guarachi por memorial de demanda que cursa de fs. 73 a 75 vta., inició proceso ordinario de reivindicación y entrega de bien inmueble; demanda que fue interpuesta contra Vania Lucía Ojeda Laura; quien una vez que fue citada, por memorial que cursa de fs. 143 a 152 vta., interpuso excepción de prescripción, contestó demanda negando todos los extremos y opuso acción reconvencional de prescripción adquisitiva por usucapión decenal o extraordinaria.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público en lo Civil y Comercial Noveno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 230/2017 de fecha 9 de octubre, cursante de fs. 349 a 351 vta., declaró: I.  PROBADA la demanda principal de reivindicación formulada por Edgar Vásquez Guarachi a la cual se adhirió la tercera interviniente Laura Arevillca de Vásquez; II. PROBADA en parte la demanda reconvencional formulada por Vania Lucía Ojeda Laura, sólo en lo concerniente a la declaratoria de propiedad de las mejoras introducidas  que corresponde a la construcción del lado derecho y parte trasera del terreno , una columna del portón principal y cinco metros de barda de un costado del inmueble e IMPROBADA con relación al terreno y demás mejoras existentes en el mismo; sobre el derecho de las mejoras reconocidas, salvó el derecho de copropiedad del ex esposo de la reconvencionista de nombre Aldo Vásquez Arevillca, toda vez que la reconvencionista habría confesado que las mismas fueron realizadas cuando la unión conyugal estaba vigente; III. A objeto de la ejecución de la reivindicación dispuso que la parte demandante pague el precio actual de las mejoras mencionadas, cuyo valor se determinará por perito designado, debiendo ser pagadas las mismas en el plazo de 10 días de ejecutoriada la resolución, de esta manera, una vez pagado el precio la demandada deberá desocupar el inmueble en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de librarse el mandamiento de lanzamiento; IV. Sin costas por ser proceso doble.

  1. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que la demandada Vania Lucía Ojeda Laura, mediante memorial de fs. 355 a 356, interpusiera recurso de apelación.
  2. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 167/2018 de 11 de abril que cursa de fs. 371 a 372, donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que los Instrumentos Públicos Nº 330/2015 y 410/2016 de 23 de mayo, tendrían la suficiente fuerza probatoria conforme a los arts. 1287 y 1289 del CC., siendo los mismos por consiguiente verdades sobre el derecho adquirido, que fueron valoradas por el juez de la causa conforme a derecho; asimismo, refirieron que al estar registrado el derecho de propiedad de la parte demandante en los Asientos A-4 de fecha 8 de julio de 2016 y Asiento A-5- de la misma fecha sobre la matrícula computarizada Nº 7011060137115, adquiriendo así la publicidad del derecho y la oponibilidad del mismo respecto a terceros conforme determina el art. 1538 del CC.; de igual forma señalaron que la apelante no se encontraba ocupando el bien inmueble en calidad de poseedora, sino, conforme a las alegaciones de su mismo memorial de apelación donde señaló que ingresó a vivir al bien inmueble objeto de litis en compañía de su ex esposo Boris Aldo Vásquez Arevillca quien resulta ser hijo de los demandantes, ésta tendría la calidad de detentadora, al margen de que las pruebas aportadas al proceso, específicamente la inspección judicial y la testifical, si bien demostrarían que se encuentra ocupando actualmente el inmueble empero no determinarían el tiempo ni las condiciones para hacer procedente su reconvención; finalmente, respecto al hecho de que el juez de la causa salvó el derecho de copropiedad del ex esposo de la demandante, refirieron que dicha consideración surgió precisamente en virtud a lo que ella habría confesado, es decir, porque ella fue quien habría manifestado que las mejoras se realizaron con recursos de ambos esposos. Por los fundamentos expuestos, el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas y costos.
  3. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que Vania Lucía Ojeda Laura, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Acusa la errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil, toda vez que no resultaría suficiente el valor probatorio que los jueces de instancia habrían otorgado al derecho propietario de la parte demandante, ya que esta parte jamás habría podido demostrar la pérdida de la posesión que hubiese sufrido sobre el bien inmueble objeto del litigio, pues recién el año 2015 habrían adquirido el inmueble por compra.
  2. Denuncia que resulta vulneratoria la arbitraria presunción de otorgarle la calidad de detentadora, cuando al momento de tomar posesión sobre el bien inmueble los demandantes no eran propietarios del mismo, por lo que no podría existir ninguna presunción que le otorgue dicha calidad.
  3. Aduce que se encuentra en posesión del bien inmueble por más de 13 años, posesión que la ejercería en calidad de propietaria, pues la propiedad la habrían adquirido con su esposo durante su unión con los frutos de su trabajo.
  4. Refiere que resulta contradictorio que se le reconozca las mejoras introducidas en el inmueble que datarían de 8 a 10 años y a la vez haga valer el derecho propietario que habrían adquirido los demandantes recién en fecha 2 de marzo de 2015.

Por lo expuesto solicita se emita auto supremo casando el Auto de Vista recurrido.

De la respuesta a los recursos de casación.

Edgar Vásquez Guarachi y Laura Arevillca de Vásquez en su calidad de demandantes, por memorial de fs. 384 a 385 vta., contesta al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

Refieren que en virtud a la posesión que ejercían sobre el bien inmueble objeto de litis, el año 2009 después de carnavales, confiaron el mismo para que su hijo, nuera y nietos se fueran a vivir.

Aducen también que no sería cierto lo aseverado por la demandada, toda vez que su posesión no dataría del año 2003 y tampoco sería cierto que les fue vendido el bien inmueble, toda vez que en obrados no existiría prueba alguna que acredite ese extremo.

Señalan que al haber adquirido el derecho propietario y estar éste debidamente inscrito en DD.RR., demostraría que tienen el corpus y el animus, por lo que no sería necesario que haya estado en posesión del mismo, puesto que goza de la posesión civil.

Finalmente, señalaron que el recurso de casación no contaba con todos los requisitos exigidos por ley, toda vez que la recurrente no habría hecho conocer su expresión de agravios, o que daños le habría causado el Auto de Vista recurrido, tampoco habría señalado que ley o leyes habrían sido violentadas, infringidas o erróneamente aplicadas o que prueba no fue considerada o fue erróneamente valorada.

Por lo expuesto solicita se rechace el recurso de casación interpuesto por la demandada.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta.”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, ya el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señaló que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo, sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; en base a lo expuesto, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       “1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado”.

Concordante con lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 556/2014 de 03 de octubre, razonó lo siguiente: “En cuanto a que existiría violación, interpretación errónea o aplicación indebida del art. 1453 del CC, ya que no se habrían cumplido los requisitos esenciales para la reivindicación en  favor de […], ya que en su calidad de heredero forzoso de […] nunca habría poseído el inmueble en cuestión y por consiguiente tampoco habría sido despojado de la posesión material; al respecto es preciso mencionar que la reivindicación, está definida como la acción real que le asiste al propietario "no poseedor" frente al poseedor "no propietario", conforme señala el art. 1453 del CC, el Juez deberá determinar la reivindicación de la cosa de quien la posee o detenta, ya que la acreditación del derecho propietario conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente se debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que el propietario tiene siempre la "posesión civil".” (Lo subrayado es nuestro)

III.2. De los actos de tolerancia y la tenencia.

Respecto a lo que debe entenderse como actos de simple tolerancia, el Autor Guillermo A. Borda en su obra titulada “Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales” Tomo I, sexta edición, señaló que: “Es necesario distinguir los actos posesorios propiamente dichos y los llamados actos de simple tolerancia. Se denominan así los realizados sobre un inmueble por un tercero que el propietario o poseedor permite por razones de tolerancia, amistad o buena vecindad, pero que él puede hacer cesar cuando le plazca… (sic.)”. (El resaltado corresponde a la presente resolución)

De igual forma, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 506/2013 respecto a lo que debe entenderse por tolerancia ha orientado en sentido que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, por tolerancia se entiende como la acción de tolerar, y a este último término como “permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente”.

Sobre este punto, el Código Civil en su art. 90, establece que: “Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión”, lo que nos da a entender que los actos de tolerancia para la tenencia de cierto bien, no llega a constituirse como posesión propiamente dicha. Sin embargo, si bien resulta evidente que un acto de tolerancia no constituye posesión y por ende tampoco puede generar que quien se encuentra en calidad de tolerado, adquiera el bien inmueble en razón a la prescripción adquisitiva o usucapión; empero, corresponde precisar que, conforme a la cita doctrinaria expuesta supra, esta autorización o consentimiento que otorga ya sea el propietario o poseedor, para que un tercero realice actos sobre la cosa, debe necesariamente ser demostrado, pues el presumir que por vínculos de amistad o familiaridad entre el tercero y el propietario, se constituya como una razón para que no prospere la usucapión extraordinaria, resulta ser una apreciación subjetiva, que requiere ser respaldada con otros medios probatorios, puesto que se constituye en una presunción judicial, consiguientemente quien refiera que un tercero se encuentra en calidad de tolerado en un inmueble de su propiedad, debe demostrar que este dio su consentimiento para que este tercero realice actos sobre el mismo, máxime si el art. 88 del Sustantivo Civil, establece que se presume la posesión de quien ejerce actualmente el poder de la cosa.

En ese entendido este Tribunal Supremo de Justicia estableció en el Auto Supremo Nº 567/2014 de fecha 9 de octubre, que no existe óbice para que opere la usucapión entre coherederos, quienes por deducción lógica resultan tener vínculos de familiaridad.

Por otro lado, respecto a la detentación o tenencia, la doctrina la define en los siguientes términos: “Cuando alguno por sí o por otro se hallase en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre alguna cosa, pero sólo con la intensión de poseer en nombre de otro, será también simple tenedor de la cosa”, también se indica que el tenedor reconoce el dominio en otra persona, porque carece de ánimus domini, de modo que no está legitimado para ejercer actos que sólo le competen al dueño de la cosa.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de la parte demandada.

1. Respecto a la errónea interpretación del art. 1453 del Código Civil, porque la parte demandante jamás habría demostrado haber perdido la posesión, pues recién al año 2015 habría adquirido el bien inmueble objeto de litis.

Sobre el particular y toda vez que la norma acusada de erradamente interpretada señala de manera textual: “El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicar de quien la posee o la detenta.”; es que resulta pertinente remitirnos a los fundamentos desarrollados en el punto III.1. de la doctrina aplicable al caso de Autos, donde, de manera por demás clara, se dejó establecido que quien interpone una acción reivindicatoria, debe necesariamente acreditar y/o cumplir con todos los requisitos que hacen procedente a dicha acción, pues la inconcurrencia de uno solo de ellos amerita que dicha acción no sea acogida favorablemente.

En ese entendido, y toda vez que los requisitos de procedencia para la reivindicación son: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado; de la revisión de obrados se tiene que los demandantes Edgar Vásquez Guarachi y Laura Arevillca de Vásquez, por las pruebas documentales cursantes de fs. 58 a 64, acreditaron que al momento de interponer la demanda, ellos ya gozaban de la titularidad del bien inmueble objeto de litis, derecho de dominio que al estar inscrito en Derechos Reales se constituye en público y por ende oponible a terceros, cumpliendo así con el primer requisito; respecto al segundo requisito, a fs. 63 y 64, adjuntaron Plano de ubicación y uso de suelo y Certificado catastral, debidamente aprobado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, documentos que permitieron determinar la ubicación e individualización exacta del inmueble del cual son titulares los demandantes; finalmente, la parte actora debió acreditar que la parte contra quien dirigió su acción reivindicación- se encuentra ocupando el bien inmueble, para dicho fin, al margen de que la ahora recurrente reconoció durante todo el proceso que vivía en el inmueble junto con su esposo y actualmente solo con sus hijos, razón por la cual reconvino por usucapión decenal, en la etapa probatoria se advierte que se llevó acabo la inspección judicial cuya acta cursa a fs. 344, donde el juez de la causa corroboró que la demandada, ahora recurrente, vive en dicho lugar.

En ese contexto, se infiere que la parte demandante cumplió con todos los requisitos que hacen procedente su pretensión de reivindicación y entrega de bien inmueble; sin embargo, corresponde aclarar a la recurrente que al ser la acción reivindicatoria una acción de defensa del derecho de propiedad que le asiste al titular del derecho de dominio que no tiene la posesión de la cosa, frente al poseedor o detentador que no tiene documento alguno que respalde su ocupación, el hecho de que los titulares del derecho de dominio no hayan estado nunca en posesión física del inmueble o no hayan sufrido eyección del mismo por la parte demandada, como acusa la recurrente, se constituye en un extremo que carece de total trascendencia y sustento legal, puesto que la sola acreditación del derecho propietario que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del Sustantivo Civil, confiere a sus titulares en este caso los demandantes- la posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, pudiendo ser esta última ejercida o no por los propietarios razonamiento que fue vertido en repetidos fallos desde la extinta Corte Suprema de Justicia, que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, ya que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004 de la Sala Civil Segunda, por lo que el reclamado acusado en este punto deviene en infundado.

2. Sobre el hecho de que resultaría vulneratorio la arbitraria presunción de otorgarle la calidad de detentadora, cuando al momento de tomar posesión sobre el bien inmueble los demandantes aun no eran propietarios del mismo; con relación a este extremo debemos señalar que si bien en obrados cursa la Escritura Pública Nº 330/2015 de 10 de septiembre sobre protocolización de minuta de compra venta del bien inmueble objeto de litis que realizó Antonio Quisberth Achi en calidad de vendedor en favor de Edgar Vásquez Guarachi y Laura Arevillca de Vásquez, documento que fue debidamente inscrito en Derechos Reales en la Matricula computarizada Nº 7.01.1.06.0137115 en fecha 8 de julio de 2016, momento a partir del cual el derecho propietario de los demandantes se hizo oponible frente a terceros; sin embargo no se puede obviar que en obrados también cursan los siguientes documentos:

- Instrumento de Poder Nº 4/85 de fecha 11 de enero de 1985, que confirió Antonio Quisberth Achi en favor de los señores Hugo Miguel Wende Amaya y Clara Melgar de Wende, para que en nombre y representación de su persona, acciones y derechos, venda y transfiera al mejor postor su bien inmueble, que ahora es objeto del proceso (fs.199 y vta.).

- Transferencia privada de inmueble de fecha 17 de enero de 1985 debidamente reconocida en sus firmas, donde los apoderados citados supra transfirieron el bien inmueble a los esposos Edgar Vásquez Guarachi y Laura Arevillca de Vásquez por el precio libremente convenido de $us.11.500.-, recibiendo la suma de $us.6.000.- en efectivo, y un automóvil marca Chevrolet que equivaldría a $us.3.000.-, debiendo cancelarse el saldo de $us.2.500.- en fecha 15 de marzo de 1985. (fs. 200 a 201).

- Documento de cancelación de fecha 20 de marzo de 1985, donde Edgar Vásquez Huarachi cancela la totalidad del saldo adeudado al apoderado Hugo Miguel Wende Amaya. (fs. 202).

- Formulario único de recaudaciones de las gestiones 2013, 2012, 2011, 2010, 2007, 1997, 2006, 2005, 2003, 2000, 1999 y 1998, donde se identifica como contribuyente al demandante Edgar Vásquez, que cursan de fs. 203 a 216.

- Formularios Notariales, donde Santa Lidia Canaviri Cayoja Vda. de Vásquez, Mario Wilson Alarcón Vásquez y Gerardo Mojica Cuellar, declararon haber vivido en el bien inmueble objeto de litis en calidad de anticresistas desde la gestión 1995 hasta el 2009, como también reconocieron a los demandantes como titulares del bien inmueble (fs. 218 a 225).

Documentos estos, que acreditan que los actores principales desde el año 1995, en virtud a la compra que habrían realizado del bien inmueble objeto del proceso en la gestión 1985, ya ejercían actos propios de dominio, es decir que realizaban poder de hecho, conducta que obviamente demostraba a terceros que éstos eran los verdaderos propietarios del inmueble; en ese entendido, y toda vez que la demandada junto con su esposo e hijo refieren haber ingresado a ocupar el bien inmueble en la gestión 2003 (aunque no existe prueba fehaciente que acredite tal extremo, máxime cuando la parte actora aduce que fue en la gestión 2006), es decir en fecha posterior al año 1995, correctamente infirieron los jueces de instancia, que la calidad que ostenta la demandada, ahora recurrente, es de detentadora y no de poseedora, pues por el certificado de matrimonio de fs. 66, se infiere que el entonces esposo de la demandada Vania Lucia Ojeda Laura, el Sr. Boris Aldo Vásquez Arevillca, es hijo de los demandantes, vinculo de familiaridad que obviamente hace presumir, que el ingreso de la demandada al bien inmueble que ahora pretende usucapir, fue por un acto de tolerancia o consentimiento otorgado por los demandantes, extremo que en virtud a lo dispuesto en el art. 90 del Sustantivo Civil, no sirve de fundamento para adquirir la posesión y por ende tampoco la prescripción adquisitiva por efecto de la usucapión.

Sin embargo, si bien se señaló en la doctrina aplicable al caso de autos III.2., que esta presunción debe ser respaldada con otro medio probatorio, en obrados, por la documental que adjuntó la misma recurrente a su memorial de respuesta a la demanda y reconvención, se observa la existencia de un Acto Conclusivo de acusación (fs. 126 a 129), donde el Fiscal de Materia haciendo cita a la entrevista psicológica de  Vania Lucía Ojeda Laura, refiriéndose a su ex esposo y a la familia de éste, declaró: “… yo me tenía a callar por mi hijo y también por su familia porque ellos me habían ayudado, su madre se cas, me dio techo y me ayudó económicamente con mercadería y por eso no le contaba nada… (sic.)”; extremo que nos permite fortalecer la presunción de que la demandada tiene la calidad de detentadora, por lo que el tiempo que ella este ocupando el bien inmueble no puede computarse para sustentar la usucapión, máxime cuando no existe prueba que acredite que su condición de detentadora haya cambiado a poseedora, es decir que se haya intervertido su título o calidad; fundamentos estos que nos permiten inferir que lo reclamado en este acápite, también resulta infundado.

3. Continuando con los reclamos acusados en casación, corresponde referirnos al hecho de que la recurrente estaría en posesión del bien inmueble por más de 13 años y que la propiedad la habrían adquirido con su esposo durante su unión con los frutos de su trabajo.

Con relación a lo denunciado, en principio debemos señalar que en obrados no existe prueba alguna que acredite o por lo menos de indicios de que ésta haya adquirido el bien inmueble objeto de litis durante la vigencia de su matrimonio, por lo que sobre este argumento no existe nada más que considerar.

Sin embargo, en lo referente a que su posesión dataría de más de 13 años, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos en el numeral 2 del presente considerando, donde se concluyó que la demandada por los vínculos de familiaridad que tendría con los demandantes al momento de entrar a ocupar el inmueble, tiene la calidad de tolerada y no de poseedora, por lo que esta calidad que tiene, en el hipotético caso de que sea mayor a los 10 años, no puede servir de fundamento para adquirir el derecho propietario que pretende a través de su demanda reconvencional de usucapión decenal; consiguientemente, el presente reclamo queda desvirtuado.

4. Finalmente, respecto a que resultaría contradictorio que se le reconozca las mejoras introducidas en el bien inmueble y al mismo tiempo se haga valer el derecho propietario de los actores que dataría de la gestión 2015.

En virtud a lo acusado en este último acápite, debemos señalar que evidentemente el juez de la causa dispuso el pago de las mejoras que la demandada habría realizado en el inmueble junto a su esposo, las cuales se hallan perfectamente identificadas en el punto II de la parte resolutiva de la sentencia, reconocimiento que no resulta contradictorio con el valor que también se dio al derecho propietario de los actores, toda vez que en virtud a los medios probatorios documentales citados en el numeral 2, del presente considerando, se explicó de manera por demás clara, precisa y entendible, las razones por las cuales, si bien los demandantes no tenían registrado su derecho propietario, empero si existían actos jurídicos por los cuales desde la gestión 1995 estos ya ejercían poder de hecho sobre el bien inmueble objeto de litis; en ese entendido, la contradicción que acusa en este punto no resulta evidente.

Por lo expuesto, y toda vez que los reclamos acusados en el recurso de casación interpuesto por la demandada, fueron desvirtuados en la presente resolución, corresponde emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO  el recurso de casación de fs. 378 a 380, interpuesto por Vania Lucía Ojeda Laura, contra el Auto de Vista Nº 167/2018 de fecha 11 de abril, cursante de fs. 371 a 372, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas y costos.

Se regula los honorarios del abogado profesional de la parte demandante en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizú