TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A C I V I L 

       

Auto Supremo: 31/2019

Fecha: 28 de enero de 2019

Expediente:        LP-66-18-S

Partes: Jorge Ruíz Gómez c/ Severino Juan Benítez Castillo, María Antonieta

            Tejada de Benítez, Jaime Kaiser Poma, Rosario Gladys Mayorga Huarachi

            y Vilma Ruíz Domínguez.

Proceso: Nulidad de negocios jurídicos.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 401 a 403 vta., y de fs. 407 a 409, interpuesto por Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejada de Benítez y por Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi, respectivamente, ambos contra el Auto de Vista Nº 426/2017 de fecha 25 de octubre, cursante de fs. 398 a 399 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de nulidad de negocios jurídicos, seguido por Jorge Ruíz Gómez contra los recurrentes y Vilma Ruíz Domínguez, el memorial de contestación a los recursos que cursa de fs. 413 a 414 vta.; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 10 de mayo de 2018 que cursa a fs. 418; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 516/2018-RA de 13 de junio que cursa de fs. 425 a 426 vta.; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1.  Jorge Ruíz Gómez por memorial de demanda que cursa de fs. 17 a 20 vta., que fue subsanado por memorial de fs. 23, inició demanda ordinaria de nulidad negocios jurídicos; acción que fue interpuesta contra Severino Juan Benítez Castillo, María Antonieta Tejada de Benítez, Jaime Kaiser Poma, Rosario Gladys Mayorga Huarachi y Vilma Ruíz Domínguez; quienes una vez citados, por memorial que cursa de fs. 31 a 32, Vilma Ruíz Domínguez contestó negativamente, a su vez, por memorial que cursa de fs. 36 a 37, Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejada de Benítez, también contestaron a la demanda negando todos los extremos, del mismo modo, por memorial que cursa de fs. 63 a 66 vta., subsanado por fs. 96 a 97 vta., Jaime Kaiser Poma, respondió de forma negativa, opuso excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia y de citación al garante de evicción e interpuso acción reconvencional de usucapión quinquenal; finalmente, por memorial que cursa de fs. 73 a 76, subsanado por memorial de fs. 103 a 104 vta., y fs. 106,  Rosario Gladys Mayorga Huarachi, negó los fundamentos que sustentan la demanda, interpuso acción reconvencional de usucapión quinquenal y opuso excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia y de citación previa al garante de evicción.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 20 del Tribunal Departamental de La Paz, mediante Sentencia Nº 346/2016 de fecha 19 de julio, cursante de fs. 351 a 357 vta., declaró IMPROBADA la demanda interpuesta por Jorge Ruíz Gómez, e IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión quinquenal y pago de daños y perjuicios interpuesta por Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi. Sin costas ni costos por tratarse de proceso doble.

De igual forma, la citada autoridad, ante la solicitud de aclaración y explicación interpuesta por Miriam Guzmán Mier en su calidad de representante del demandante Jorge Ruíz Gómez, emitió el Auto de fecha 25 de julio de 2016 que cursa a fs. 359, declarando “No ha lugar” a dicha solicitud.

2. Resoluciones que puestas en conocimiento de las partes en litigio, dio lugar a que Miriam Guzmán Mier por Jorge Ruíz Gómez, mediante memorial de fs. 365 a 370 vta. interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 426/2017 de fecha 25 de octubre que cursa de fs. 398 a 399 vta., donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que en virtud a la revisión de Autos, se tiene que los codemandados Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi interpusieron demanda reconvencional de usucapión, que si bien fue admitida por decretos de fecha 05 de agosto y 13 de octubre de 2015, cursante a fs. 98 y 106 vta., respectivamente; sin embargo, evidenciaron que dicha acción no fue legalmente notificada al Gobierno Autónomo Municipal a efectos de establecer si el predio en cuestión es o no de dominio público. De esta manera al haberse obviado la orden de notificación al Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para que asuma defensa en el presente proceso en cuanto a la demanda reconvencional de usucapión, aspecto que no fue observado por el Juez A quo, dando lugar a que el proceso se desarrolle con vicios de nulidad pues existiría vulneración del derecho a la defensa e igualdad de las partes reconocido a toda persona natural o jurídica. Bajo esos fundamentos, y en aplicación del art. 17.I de la Ley Nº 025, el Tribunal de apelación ANULÓ obrados hasta fs. 289, disponiendo que el Juez A quo regularice la tramitación de la causa.

4. Fallo de segunda instancia, que puesto en conocimiento de las partes procesales, ameritó que Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejada de Benítez, y Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi, en su calidad de codemandados, interpusieran recurso de casación, los cuales se pasan a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

Recurso de casación interpuesto por Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejada de Benítez (memorial de fs. 401 a 403 vta.).

1. Refieren que el Tribunal de Alzada no habría analizado ni explicado cual o cuales fueron las vulneraciones o aciertos legales que tuvo la Juez A quo, ni porqué consideró que la causal de nulidad repercutirá en la decisión final asumida. Omisión y falta de fundamentación que les pondría en un estado de indefensión.

2. Aducen que ante la sentencia que declaró improbada tanto la demanda principal de nulidad de negocios jurídicos como la demanda reconvencional de usucapión quinquenal, la única parte que recurrió en apelación fue la demandante y no así los codemandados que reconvinieron por usucapión; por lo tanto, la pretensión de adquirir la propiedad por prescripción quinquenal que se encontraba en discusión, habría quedado plenamente ejecutoriada, razón por la cual no existiría indefensión alguna al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en consecuencia aducen que los jueces de Alzada no debieron revisar una decisión que no fue impugnada y abocarse a los aspectos solicitados en el recurso de apelación.

Por los fundamentos expuestos solicitan se case el Auto de Vista recurrido y se mantenga firme y subsistente la sentencia de primera instancia.

Recurso de casación interpuesto por Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi (memorial de fs. 407 a 409).

1. Acusan que si bien interpusieron acción reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria, demanda con la cual no fue citado el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, empero este hecho no generaría indefensión alguna en dicha entidad porque esta fue declarada improbada.

Asimismo, añaden que al margen de adjuntar el folio real del bien inmueble objeto de litis, también habrían presentado testimonio de compraventa y formulario de pago de impuestos, documentos que demostrarían plenamente que el bien inmueble no se encuentra en propiedad municipal.

Por lo expuesto solicita se case el Auto de Vista recurrido y se mantenga firme y subsistente la sentencia de primera instancia.

De la respuesta a los recursos de casación.

Jorge Ruíz Gómez representado legalmente por Miriam Guzmán Mier, contesta de forma conjunta a los recursos de casación expuestos supra, bajo los siguientes fundamentos:

- Que los recurrentes de manera contradictoria postularon recurso de casación en el fondo, cuando no existe argumentación alguna sobre el mismo, toda vez que la decisión del Tribunal de Alzada se basó en una cuestión formal; por lo tanto, acusan que los recursos de casación lesionarían el art. 274.I num. 3) del C.P.C., aspecto que haría de improcedente a las impugnaciones.

- En ese entendido, aclaran que las cuestiones de fondo advertidas por los recurrentes no serían evidentes.

- Finalmente refiere que el art. 131 de la Ley de Municipalidades, establece que para la procedencia de usucapión ya sea decenal o quinquenal, los jueces deben citar con la demanda al Gobierno Autónomo Municipal; disposición que al no haber sido cumplida vulneraría el derecho a la defensa de dicha entidad.

Por lo expuesto solicitan se declare infundado los recursos de casación interpuestos por los codemandados.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la nulidad procesal, su trascendencia y relevancia constitucional.

Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la CPE); en ese entendido, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función al nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

En este sentido, Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, señala sobre el principio de trascendencia, “…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen).

De dicho antecedente, se infiere que “no hay nulidad sin perjuicio”, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime al sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen; concordante con lo expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la SCP Nº 0427/2013 de 3 de abril que: “…las nulidades de los actos procesales en el proceso civil-y en otras materias donde sea aplicable este cuerpo normativo- tienen un alcance conceptualmente diferente, si se interpreta y aplica desde el punto de vista del Estado legislativo o legal de Derecho (en el que impera la ley, en desmedro de la Constitución) y otro diametralmente contrario desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho (en el que impera la Constitución como norma jurídica directamente aplicable y justiciable desplazando incluso a la ley y sus reglas).”

En efecto, en elEstado Legislativo de Derecho, para la procedencia de las nulidades de actos procesales,bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales tenían únicamente relevancia meramente procesal. En cambio,en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales,está condicionada únicamente a si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.

Bajo esta concepción,las nulidades de los actos procesalesserán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso,siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesalsin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.

En ese orden,estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales conrelevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano.”., de dicho entendimiento se puede inferir que al momento de analizar  el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde, determinar la trascendencia  de dicho vicio, es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.

En este sentido, la SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre de 2016, señaló: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, … los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados . Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I, de la CPE dispone: Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos”. (El resaltado es nuestro)

III.2. De los principios que rigen las nulidades procesales.

La Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorporó un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a los reclamos formales expuestos en el recurso, resulta pertinente transcribir a continuación las partes que regulan dicho régimen; así en su art. 16 establece lo siguiente: “I. Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil -Ley Nº 439- establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, normas que reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión, que deben ser tomadas en cuenta por los jueces y tribunales de instancia a tiempo de asumir  una decisión anulatoria de obrados;principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado (art. 180) entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez accesibilidad, y que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del nuevo Código Procesal Civil).

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia en sus diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril ha orientado que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nros. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad. - Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación. - Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Convalidación. - Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión. - Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.”.

Principios y disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra;entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a las impugnaciones interpuestas por los codemandados; en ese entendido, del análisis de los dos recursos de casación que cursan de fs. 401 a 403 vta., y de fs. 407 a 409, se advierte que los recurrentes Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejado de Benítez, así como Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi, centraron sus reclamos en cuestionar la decisión anulatoria asumida en el Auto de Vista, denunciando de manera uniforme que el Tribunal de Alzada no habría advertido que en el caso de autos no existió indefensión alguna contra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz toda vez que la demanda reconvencional de usucapión ordinaria o quinquenal fue declarada improbada y contra dicha decisión no existió apelación alguna, por lo que consideran que el citado Tribunal debía abocarse a los aspectos solicitados en el recurso de apelación de la parte actora.

De lo expuesto se infiere que al tener ambos recursos de casación los mismos reclamos, éste Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del principio de concentración (art. 1 núm. 6 del Código Procesal Civil), emitirá una sola respuesta con la finalidad de evitar reiteraciones innecesarias. Bajo esa premisa, corresponde realizar las siguientes consideraciones:

- Jorge Ruiz Gómez en virtud a los memoriales que cursan de fs. 17 a 20 vta., y fs. 23, interpuso demanda de nulidad de negocios jurídicos contra Severino Juan Benítez Castillo, María Antonieta Tejada de Benítez, Jaime Kaiser Poma, Rosario Gladys Mayorga Huarachi y Vilma Ruíz Domínguez, demanda que tuvo por objeto invalidar los siguientes actos jurídicos:

1.-  La minuta de 9 de diciembre de 1998 y el Protocolo de la Escritura Pública Nº 2849 de 18 de diciembre de 1998 sobre contrato de compraventa del lote de terreno Nº 12, Manzano M, de 300 mts2. de superficie, ubicado en la zona de bajo Seguencoma, altura del Gramadal, transferencia que fue realizada por Jorge Ruíz Gómez en favor de Severino Juan Benítez, que se encuentra debidamente inscrita en Derechos Reales bajo la Matricula Computarizada Nº 01478213 de 22 de diciembre de 1998.

2. La minuta de 20 de abril de 2009 y el Protocolo de la Escritura Pública Nº 461 de 24 de abril de 2009 sobre contrato de compraventa del lote citado supra hecho por Severino Juan Benítez Castillo con la conformidad de su cónyuge María Antonieta Tejada de Benítez en favor de Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi, inscrito en Derechos Reales bajo la matrícula computarizada Nº 2010990143077 y consiguiente cancelación y rehabilitación de asientos inscritos en dicho registro.

- Una vez citados los sujetos procesales pasivos, por memoriales que cursan de fs. 63 a 66 vta., fs. 73 a 76, subsanado por memoriales de fs. 96 a 97 vta., fs. 103 a 104 vta. y fs. 106, los codemandados Jaime Kaiser Poma y Rosario Gladyz Mayorga Huarachi, al margen de contestar negativamente a la demanda principal, interpusieron demandada reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria más pago de daños y perjuicios, la cual fue dirigida contra Jorge Ruíz Gómez, Severino Juan Benítez Castillo y María Antonieta Tejada de Benítez, quienes fueron debidamente citados con dicha demanda reconvencional.

- Ante dichas pretensiones, y tramitada que fue la causa, el juez de primera instancia emitió la Sentencia Nº 346/2016 de fecha 19 de julio de 2016 años que cursa de fs. 351 a 357 vta., declarando improbada no solo la pretensión principal de nulidad de contratos, sino también la demanda reconvencional de usucapión quinquenal y pago de daños y perjuicios; sin embargo ante la improcedencia de ambas pretensiones (principal y reconvencional), se observa que únicamente el actor principal Jorge Ruíz Gómez a través de su representante legal Miriam Guzmán Mier, interpuso recurso de apelación que cursa de fs. 365 a 370 vta., denunciando como agravios no solo cuestiones de forma sino también de fondo.

- De esta manera, y radicada la causa en segunda instancia, el Tribunal de Apelación emitió el Auto de Vista Nº 426/2017 de fecha 25 de octubre de 2017 cursante de fs. 398 a 399 vta., donde los jueces de Alzada en virtud a la facultad conferida por el art. 17.I de la Ley 025 del Órgano Judicial (revisión de oficio), decidió anular obrados hasta la audiencia preliminar inclusive, aduciendo principalmente que en el presente caso se habría generado indefensión al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ya que dicha entidad no habría sido legalmente notificada con la demanda reconvencional de usucapión quinquenal a efectos de establecer si el bien inmueble objeto de litis es o no de dominio público, extremo que no habría sido debidamente observado por el juez de primera instancia.

De estas consideraciones, y toda vez que en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones avanzaron y superaron esa vieja concepción que entendía que la nulidad procesal acaecía por el simple y mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, y toda vez que en el país rige un Estado Constitucional de Derecho, que establece que no existe nulidad de forma si es que la desviación o irregularidad procesal advertida no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa, corresponde a continuación analizar si esta falta de notificación con la demanda reconvencional al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz resulta o no trascendental y relevante como para generar la nulidad de obrados, tal y como lo dispuso el Tribunal de Alzada.

En ese contexto, de obrados se advierte que la demanda reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria que fue interpuesta por los codemandados Kaiser Poma y Rosario Gladys Mayorga Huarachi, evidentemente no fue puesta en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a efectos de que dicha entidad edil establezca si el bien inmueble objeto de litis se encuentra o no en área de dominio público ya que la usucapión contra dichos bienes es improponible de conformidad a lo dispuesto en el art. 339.II de la Constitución Política del Estado, que señala: “Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable: no podrán ser empleados en provecho particular alguno…”, norma de la cual se infiere que no solo es la Ley 3031 de Municipalidades, que impide la procedencia de la usucapión de bienes de dominio público sino también nuestra norma suprema; sin embargo, no podemos obviar el hecho de que las nulidades procesales, conforme a lo desarrollado en los puntos III.1. y III.2. de la doctrina aplicable al caso de autos, solo procede si la desviación o irregularidad advertida ocasiona la restricción de cualquiera de las garantías a las que tienen derecho los litigantes; consecuentemente, en el caso de litis al haber sido declarada improbada dicha pretensión y no haber sido reclamado en apelación por los codemandados que interpusieron dicha acción, se entiende que éstos tácitamente expresaron su conformidad con lo dispuesto por el Juez A quo, por lo tanto, al no haber sido declarada probada la demanda de usucapión quinquenal y tampoco objeto de impugnación, la invalidación de los actos procesales que dispuso el Tribunal de Alzada, hasta que el Juez A quo regularice el procedimiento y ponga en conocimiento de la entidad municipal la demanda reconvencional (hasta la audiencia preliminar inclusive), se constituye en una determinación que carece de total relevancia constitucional.

Dicho de otra forma, si bien es evidente que el juez de la causa conforme a lo dispuesto en la Circular Nº 035/1995, donde la extinta Corte Suprema de Justicia orientó la forma de tramitar las pretensiones de usucapión, tenía la obligación de poner en conocimiento del Gobierno Autónomo Municipal la demanda reconvencional de usucapión quinquenal por la cual dos codemandados pretendían adquirir derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de litis, pero como esta pretensión no fue acogida favorablemente en primera instancia y tampoco fue impugnada dicha decisión, es que se concluye que pese a existir una irregularidad procesal, que es la falta de notificación a la entidad municipal con la demanda reconvencional, empero, este vicio no puede ameritar la nulidad de obrados como erradamente arguyó el Tribunal de Alzada, ya que no existe lesión alguna del derecho a la defensa e igualdad de la entidad municipal, caso diferente hubiese sido si la demanda reconvencional hubiese sido declarada probada y que en obrados no curse medio probatorio alguno que demuestre que el bien inmueble no se encuentra dentro de un área de dominio público.

Consecuentemente, al no existir indefensión material evidente que se haya ocasionado al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la nulidad dispuesta en segunda instancia resulta ser intrascendente, toda vez que el vicio procesal advertido, conforme a lo dispuesto supra, carece de relevancia constitucional; de ahí que el Tribunal de Alzada previamente a declarar la nulidad de obrados por la concurrencia de un vicio procesal debió analizar si dicho alejamiento de las normas procesales genera o no indefensión, y si esta resulta ser significativa como para modificar el fondo de la decisión asumida, pues lo contrario, como ocurrió en el presente caso, solo genera una retardación en el acceso a la justicia al cual tienen derecho todos los justiciables.

Por lo expuesto, corresponde acoger lo denunciado por los codemandados, ahora recurrentes, pues la razón que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio no se constituye en una causal de nulidad trascendente ni relevante, debiendo emitirse resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 426/2017 de fecha 25 de octubre, cursante de fs. 398 a 399 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en consecuencia, dispone que el citado Tribunal sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución donde considere los fundamentos expuestos en el recurso de apelación de fs. 365 a 370 vta. con la debida pertinencia que establece el art. 265.I de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y conforme a los fundamentos inmersos en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los vocales del Tribunal de segunda instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, comuníquese la presente resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizú