TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 30/20 19        

Fecha: 28 de enero de 2019

Expediente:        O-25-18-S

Partes: María Delia Zamorano Jiménez c/ Lurdes Fernández Ayma.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 352 a 353, interpuesto por María Delia Zamorano Jiménez, contra el Auto de Vista Nº 74/2018 de fecha 25 de abril, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cursante de fs. 343 a 349, en el proceso ordinario de resolución de contrato, seguido por la recurrente contra Lurdes Fernández Ayma, el Auto de concesión del recurso Nº 43/2018 de 14 de junio cursante a fs. 357; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 529/2018-RA de fecha 26 de junio cursante de fs. 363 a 364 vta.; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. María Delia Zamorano Jiménez por memorial de demanda que cursa de fs. 14 a 15, inició proceso ordinario de resolución de contrato de compraventa más pago de daños y perjuicios, acción que fue interpuesta contra Lurdes Fernández Ayma, quien una vez citada, por memorial que cursa de fs. 32 a 34 vta., contestó negativamente, interpuso demanda reconvencional de mejor derecho de propiedad y opuso excepción perentoria de prescripción.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 7 de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia Nº 9/2017 de fecha 27 de enero, cursante de fs. 309 a 316 vta., declaró PROBADA en parte la demanda principal, Improbada respecto a la resolución de contrato y Probada respecto al pago de daños y perjuicios. IMPROBADA la demanda reconvencional de mejor derecho propietario e IMPROBADA la excepción de prescripción. Sin costas ni costos por la acción doble.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que María Delia Zamorano Jiménez, mediante memorial de fs. 318 a 319 vta., interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial, Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro pronunció el Auto de Vista Nº 74/2018 de fecha 25 de abril que cursa de fs. 343 a 349, donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que el derecho de María Delia Zamorano no fue negado por la sentencia, al contrario este habría sido reconocido cuando el Juez de la causa señaló que se habría demostrado que la demandante suscribió un documento privado de transferencia a favor de la demandada; sin embargo por la inspección judicial que se realizó en el inmueble, el Juez de la causa habría tomado convicción de que el inmueble se encuentra en posesión de la demandante; extremos que les permitió inferir que la sentencia no se alejó de la valoración probatoria que reclama la apelante, ya que en las pruebas que cursan en obrados no se encontraría más elementos de convicción que aquellos a los cuales llegó el Juez A quo. Del mismo refieren que el incumplimiento del contrato y el registro del inmueble en Derechos Reales fueron considerados en la sentencia, por lo que extractan parte de la sentencia para demostrar tal situación; ahora bien, con relación a que no se habría valorado los perjuicios que la demandada le habría ocasionado con la obtención de un crédito de $us. 20.000.- con los documentos de propiedad, señalaron que en virtud al principio dispositivo, de la revisión de la demanda no advirtieron que la actora haya hecho referencia alguna sobre este tema, por lo que tampoco habría sido objeto de probanza. Con relación a los $us. 10.000.-, que habría obtenido la demandada, señalan que de conformidad a los fundamentos expuestos en la demanda como en la confesión judicial a la cual fue diferida esta parte procesal, ese dinero habría sido entregado en calidad de préstamo y no así de devolución del dinero que ella ya habría pagado por el bien inmueble; finalmente, adujeron que la interposición de la excepción de prescripción para nada demostraría malicia o dolo en la demandada, ya que en virtud al derecho a la defensa esta tiene la libertad de asumir y ejercer todo medio de defensa.

Bajo estos fundamentos, el citado Tribunal de Alzada CONFIRMÓ la sentencia apelada, con costas y costos.

4. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que María Delia Zamorano Jiménez, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

  1. Acusa que no se podría otorgar veracidad tajante a lo confesado por la demandada sobre el hecho de que en ningún momento habría ido a pedir el dinero de la compraventa. 
  2. Aduce la transgresión del art. 306 num. 2) inc. b) del Código de Procedimiento Civil, ya que los Jueces de Alzada habrían afirmado que al no haber comparecido la demandada al reconocimiento de firmas y rúbricas estampada en el recibo de préstamo de dinero y al haber sido declarada rebelde, el reconocimiento no daría lugar a ningún elemento de convicción, cuando la norma citada refiere que la firma se tendrá por reconocida.
  3. Acusa que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia habrían admitido tácitamente el error y contradicción que existiría en dicha resolución, pues una parte habría dado curso al resarcimiento de daños y perjuicios, lo que implicaría que habría existido incumplimiento de obligación, por lo que correspondía la resolución del contrato.
  4. Finalmente acusa que se habría dado una interpretación diferente a las pruebas actuadas en el proceso, refiriéndose en ese sentido a la confesión judicial, donde la demandada habría reconocido que usufructuaba el bien inmueble.

Por lo expuesto solicita se emita Auto Supremo casando la resolución recurrida.

De la respuesta al recurso de casación.

Lurdes Fernández Ayma pese a que fue debidamente notificada con el recurso de casación de la parte demandante (fs. 356), ésta no presentó memorial alguno contestando a dicha impugnación, por lo que no corresponde realizar ningún tipo de consideración en este punto.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la resolución de contrato y la gravedad e importancia del incumplimiento.

El art. 568 del Código Civil, dispone: “I. En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”, (El resaltado nos pertenece). La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre lo siguiente: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, ahora bien, es preciso tener presente que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar para su procedencia el orden o prelación de las obligaciones generadas, es decir, se debe establecer que obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato, es decir que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizado por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC.

Sin embargo, si bien es evidente que la parte contractual que cumplió lo acordado puede pedir a la parte que incumplió la resolución del contrato, empero no se puede obviar lo establecido en el art. 572 del Sustantivo Civil que de manera expresa señala: “No habrá lugar a la resolución del contrato si el incumplimiento de una de las partes es de poca gravedad o de escasa importancia teniendo en cuenta el intereses de la otra parte.”; norma en virtud a la cual se infiere que no todo incumplimiento al contrato genera y/o se constituye en causal de resolución, ya que dicha determinación dependerá de la gravedad e importancia de éste, extremo que debe ser analizado por los jueces de instancia a momento de conocer acciones de resolución de contrato. Concordante con este criterio, el Auto Supremo Nº 265/2015 de fecha 14 de abril, razonó lo siguiente:

Por otra parte corresponde señalar conforme a la regla del art. 519 del Código Civil, que expresa: “(Eficacia del contrato) El contrato tiene fuerza entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”, consiguientemente el contrato de anticipo de venta de inmueble que cursa de fs. 2 tiene esa calidad, aunque es de contenido resumido,  donde se realizó el contrato de anticipo de compra de bien inmueble, acordando de esta manera un primer anticipo en la suma de $us. 4.000., y quedando un segundo anticipo de $us. 26.000.- hasta fecha 07 de septiembre del año en curso, no obstante de que no se hubiera cubierto con el monto global en esa fecha pactada, sin embargo de la documental que se adjunta consistente en depósitos a caja de ahorro de fs. 14 a 36, donde se evidencian los desembolsos realizados a favor de […] en la cuenta […] en diferentes montos de los cuales pasamos a citar los mismos: 1.- (fs. 14 - $us. 495), 2.- (fs. 15 - $us. 200), 3.- (fs. 16 - $us. 295),4.- (fs. 17 - $us. 495), 5.- (fs. 18 - $us. 495), 6.- (fs. 19 - 495), 7.- (fs. 20 - $us. 500), 8.- (fs. 21 - $us. 490), 9.- (fs. 22 - $us. 495), 10.- (fs. 23 - 495), 11.- (fs. 24 - $us. 495), 12.- (fs. 25 - $us. 495), 13.- (fs. 26 - $us. 40), 14.- (fs. 27 - $us. 455), 15.- (fs. 28 - $us. 495), 16.- (fs. 29 - $us. 335), 17.- (fs. 30 - $us. 160), 18.- (fs. 31 - $us. 495), 19.- (fs. 32 - $us. 495), 20.- (fs. 33 - $us. 430), 21.- (fs. 34 - $us. 65), 22.- (fs. 35 - $us. 495), y 23.- (fs. 36 - $us. 495), así como del primer anticipo donde se canceló la suma de $us. 4.000. (fs. 2), como de los recibos entregados en forma personal firmando al pie de los mismos […] (ver. fs. 66 -  $us. 5.000) y (fs. 146 - $us. 16.000), de donde se evidencia que la recurrente habría cumplido con lo acordado de esta forma la actora dio su absoluta conformidad al recibir los pagos, lo cual la recurrente si bien no realizo el pago total empero la misma hizo la cancelación del 50% es decir la suma de $us 36.605.oo (TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES AMERICANOS), de esta forma la actora consintió tácitamente que se realicen los montos depositados y modificando los términos del contrato.

(…)

Es de esta manera el art. 572 del Código Civil, señala que: ´No habrá lugar a la resolución del contrato si el incumplimiento de una de las partes es de poca gravedad o de escasa importancia teniendo en cuenta el interés de la otra parte.´”.


III.2. De la interpretación de los contratos.

Al respecto este Supremo Tribunal de Justicia ha orientado en el Auto Supremo Nº 506/2016 de 16 de mayo que: “Según Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos nos señala que; interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, No se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, Es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es ralamente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación el “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma.

La primera regla de la interpretación, no inserta el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas, conforme lo dispone el art. 514 del Código Civil.”.

III.3. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del C.C. y 145 del Código Procesal Civil.   

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, en ese entendido diremos que:

1. Como primer reclamo la parte actora denuncia que no se podría otorgar veracidad tajante a lo confesado por la parte demandada sobre el hecho de que en ningún momento habría ido a pedir el dinero de la compraventa.

En lo que concierne a este reclamo, previamente a dar una respuesta, corresponde realizar las siguientes precisiones:

- Cuando la ahora recurrente interpuso la presente demanda de resolución de contrato por incumplimiento (memorial de fs. 14 a 15), de manera textual, entre sus fundamentos señaló: “Y lo que es peor Sr. Juez, la Sra. Lurdes Fernández Ayma, con una serie de argucias y mentiras, en fecha 29 de enero de 2010, me EXIGE LE PRESTE, DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA, LA SUMA DE $US. 10.000 (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS), por el tiempo de dos meses dineros que TAMPOCO ME FUERON DEVUELTOS HASTA LA FECHA…. (sic.)”

- Por Auto de fecha 4 de enero de 2016 que cursa a fs. 63, el juez de la causa, entre los hechos que debieron ser demostrados durante la tramitación de la causa, dispuso que la parte demandante acredite que con una serie de argucias y  mentiras la demandada Lurdes Fernández Ayma le habría exigido que le preste de los dineros que ella misma entregó, la suma de $us. 10.000.- que tampoco le fueron devueltos.

- En ese entendido, durante la etapa probatorio, por memorial que cursa a fs. 170 y vta., la actora María Delia Zamorano Jiménez, ofreció en calidad de prueba documental el proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas instaurado por su persona contra la ahora también demandada, con el cual pretendió demostrar que Lurdes Fernández Ayma en fecha 29 de enero de 2010 le habría exigido que de los dineros entregados por concepto de la transferencia del bien inmueble objeto de litis, le preste $us. 10.000.-, por el tiempo de dos meses y que estos no fueron pagados hasta la fecha.

Sin embargo, pese a estas alegaciones realizadas por la parte actora y a la prueba que presentó y produjo en primera instancia, se advierte lo siguiente:

- Si bien de fs. 140 a 169 cursa el proceso de reconocimiento de firmas citado supra, empero no se puede concluir que con la presentación de dicha documental quedó simple y llanamente demostrado las argucias y engaños que aduce la demandante o que el dinero que esta dio en calidad de préstamo tengan como origen los dineros que recibió de la transferencia, toda vez que si se observa el recibo del préstamo que cursa a fs. 142, se advierte que este documento en su redacción es bastante simple y carente de especificaciones, ya que lo único que señala es que la demandante ahora recurrente presta $us. 10.000.- a la demandada por el lapso de dos meses, firmando en constancia ambos partes.

Es por esta razón, que el Juez que tramitó el reconocimiento de dicho recibo, de manera correcta por el acta de audiencia pública de reconocimiento de firmas y rúbricas, que cursa a fs. 153 y vta., ante la incomparecencia de la demandada, que fue declarada rebelde, de conformidad a lo establecido en el art. 19 inc. c) de la Ley Nº 1760 de Abreviación Procesal Civil, únicamente dio por legalmente reconocida la firma y rúbrica de la demandada que se encuentra estampada en el recibo señalado anteriormente, y no así los extremos señalados por la recurrente.

- Concordante con la prueba citada supra a fs. 264 y vta., cursa la confesión judicial a la cual fue diferida Lurdes Fernández Ayma por la ahora recurrente, que respondiendo el cuestionario de fs. 63, específicamente a la pregunta 8 que señala: “Indique como es cierto que de los dineros entregados a la Sra. María Delia Zamorano Jiménez Ud. solicitó que se le devolviera 10.000 (DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS) en fecha 29 de enero de 2010. Dineros que nunca devolvió hasta la fecha?”,  ella contestó: “En ningún momento yo le fui a pedir ese dinero de la compra venta”.

De estas consideraciones se infiere que el Tribunal de Alzada, en el acápite referido a los fundamentos de la resolución, concretamente en el inciso c), refiriéndose a los medios probatorios citados supra (reconocimiento de firmas y confesión provocada), que estos al no resultar antagónicos, no dan lugar a demostrar o siquiera presumir que el monto de dinero que otorgó la demandante en fecha 29 de enero de 2010 a la demandada, se constituya en una devolución de los montos pagados por efecto de la transferencia, pues claramente el recibo hace alusión a un préstamo. Consecuentemente, lo confesado por la parte demandada al estar plenamente respaldado por el recibo de préstamo, se constituye correctamente en una verdad, máxime cuando en obrados no existe más prueba que tienda a demostrar que el dinero señalado en el recibo haya sido emergente de una devolución y no así de un préstamo.

2. Respecto a la transgresión del art. 306 num. 2) inc. b) del Código de Procedimiento Civil, pues los Jueces de Alzada habrían afirmado que al no haber comparecido la demandada al reconocimiento de firmas y rúbricas estampada en el recibo de préstamo de dinero y al haber sido declarada rebelde, el reconocimiento no daría lugar a ningún elemento de convicción.

Toda vez que en el presente punto, la recurrente acusa la transgresión de una norma, corresponde en principio aclarar que la norma correcta a la cual se refiere es el Código Procesal Civil, y no así el abrogado Código de Procedimiento Civil, de esta manera se tiene que dicha norma señala: “Emplazada la persona, si no concurriere, se tendrá por reconocidas la firma y rúbrica y la efectividad del documento; lo mismo ocurrirá si concurriendo, diere respuestas evasivas.” (El resaltado es nuestro).

En virtud a lo citado, de la revisión minuciosa de los fundamentos que sustentan el Auto de Vista recurrido, se tiene que en el inciso c) de los fundamentos de dicha resolución, los Jueces de Alzada, cuando se refirieron al reconocimiento de firmas, contrariamente a lo acusado por la recurrente, de la valoración que realizaron del recibo, señalaron que la intención de la demandada era de prestar el dinero y no así de devolver, extremo que tendría relación con lo confesado por la demandada en el presente proceso; y si bien dichas autoridades señalaron que en el acto de reconocimiento de firmas no estuvo presente la demandada y que menos se habría referido a las firmas, empero en ningún momento, como denuncia la recurrente, adujeron que el documento carezca de convicción, pues la norma acusada de vulnerada, es bastante clara al señalar que en los casos en los que la emplazada no concurra, se tendrá por reconocida su firma o rúbrica así como la efectividad del documento. En ese entendido y toda vez que el recibo de manera clara señala que el monto que otorgó la demandante a la demandada se constituye en un préstamo y no en una devolución, no se puede dar eficacia o validez al mismo para fines que no se encuentran expresados; por lo tanto el presente reclamo deviene en infundado.

3. Continuando con los reclamos acusados por la recurrente, es el turno de referirnos a la contradicción que existiría en la sentencia y que fue confirmada en el Auto de Vista, respecto al hecho de que el haberse dado curso al resarcimiento de daños y perjuicios implicaría que habría existido incumplimiento de obligación, por lo que correspondía declarar la resolución del contrato.

Sobre el particular, corresponde remitirnos a los fundamentos expuestos en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso de autos, donde se señaló que en virtud a lo establecido en el art. 572 del Código Civil, que la resolución del contrato dependerá de la gravedad e importancia del incumplimiento de una de las partes contratantes, razón por la cual no todo incumplimiento genera resolución; bajo esa premisa, en el caso de autos se tiene que la demandada Lurdes Fernández Ayma, conforme se tiene del documento privado de cumplimiento de compra venta que cursa a fs. 5., de los $us. 57.000.- que era la suma total que esta debía cancelar por el bien inmueble objeto de litis, conforme reza en la cláusula segunda, ésta llegó a cancelar la suma de $us. 50.000.-, fraccionados de la siguiente manera: $us. 10.000.- en fecha 28 de noviembre de 2009 y a la suscripción del documento el monto de $us. 40.000.; quedando un saldo de $us. 2.000., que debieron ser pagados en los plazos y forma establecida en la cláusula tercera, monto que efectivamente hasta el momento de la interposición de la presente demanda no fue cumplida por la compradora.

Empero, no obstante de ser evidente que la parte demandada incumplió con cancelar dicho saldo, no se puede obviar que el monto cancelado asciende a más del 80% del total estipulado en el contrato de cumplimiento de compraventa, razón por la cual, en aplicación del art. 572 del Sustantivo Civil, el monto adeudado, fue correctamente considerado por el juez de la causa como una prestación exigua, que por cuestiones de justicia, dispuso que el mismo sea cancelado más un intereses del 6% anual, cálculo que fue diferido a ejecución de sentencia. Consiguientemente, la contradicción que acusa no resulta evidente, toda vez que es la misma norma que permite que en casos de incumplimiento de poca gravedad o de escasa importancia, no proceda la resolución de contrato.

4. Finalmente, respecto a la errónea valoración de la confesión judicial donde la demandada habría reconocido que usufructuaba el bien inmueble; con relación a esta denuncia debemos señalar que, por los fundamentos expuestos supra, al no haber operado la resolución de contrato, el hecho de que se le haya generado perjuicio porque la demandada habría ocupado temporalmente la casa, no resulta relevante, pues el pago de daños y perjuicios opera cuando la resolución de contrato por incumplimiento es declarada probada, extremo que no acontece en el caso de autos, deviniendo en infundado el presente reclamo.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 352 a 353, interpuesto por María Delia Zamorano Jiménez, contra el Auto de Vista Nº 74/2018 de fecha 25 de abril, cursante de fs. 343 a 349 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin costas ni costos por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.