TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 




Auto Supremo: 28/2019                                                                                            Fecha: 28 de enero de 2019                                                                      Expediente:        LP-75-18-S

Partes:  Esteban Mamani Guarachi y Catalina Chino c/ Francisco Yampara Herrera y Yolanda Olga de Yampara.

Proceso: Usucapión Decenal.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 636 a 642 vta., interpuesto por Catalina Chino y Esteban Mamani Guarachi; contra el Auto de Vista Nº 07/2018 de 05 de enero, cursante de fs. 628 a 630, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de Usucapión Decenal, seguido por los recurrentes contra Francisco Yampara Herrera y Yolanda Olga de Yampara; el Auto de concesión del recurso de fecha 22 de mayo de 2018, cursante a fs. 646; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 548/2018-RA de fecha 28 de junio cursante de fs. 651 a 652 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:  

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez 6º de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto La Paz, emitió la Sentencia Nº 132/2015 de fecha 26 de octubre, cursante de fs. 598 a 605 vta., declarando: IMPROBADA la demanda de Usucapión instaurada por Esteban Mamani Guarachi y Catalina Chino mediante memorial cursante de fs. 101 a 102 subsanada y modificada por memoriales cursantes de fs. 106, 108, 116 y 409 de obrados y PROBADA la demanda reconvencional de Accion Reivindicatoria  instaurada por Francisco Yampara Herrera y Yolanda Galindo de Yampara mediante memorial de fs. 428 a 432 de obrados, disponiendo en consecuencia:

1)  que los demandantes Esteban Mamani Guarachi y Catalina Chino procedan a la restitución del inmueble referido ubicado entre la calle Catari y Av. Caquingora Nº1064 de la Urbanización Cosmos 79, correspondiente al Lote Nº 4 del Manzano 10 de 338 m2, de superficie, a favor de los demandados re convencionistas Francisco Yampara Herrera y Yolanda Galindo de Yampara, restitución que deberá ser efectuada dentro del plazo improrrogable de 60 días que se computaran desde la ejecutoria de la presente resolución, bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento. Sin costas.

Resolución de primera instancia fue recurrida en apelación por Esteban Mamani Guarachi y Catalina Chino mediante memorial cursante de fs. 608 a 611 de obrados, en merito a esos antecedentes la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 07/2018 de 05 de enero, cursante de fs. 628 a 630, donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

Se advierte que la autoridad judicial a momento de emitir su decisión, realiza una clara relación de los hechos además de señalar de forma concreta las pruebas esenciales que le llevaron a tomar la decisión asumida, siendo en consecuencia una decisión debidamente fundada ya que el hecho de haber tomado en cuenta lo señalado dentro de los documentos privados, no hizo otra cosa más que buscar la primacía de la verdad material dentro de la causa, máxime si no se advierte prueba en contrario que desvirtué lo señalado y expresado en dichos documentos.

Con relación a la fotocopia simple cursante a fs. 539 es una fotocopia simple la cual no hace fe de lo señalado dentro de la misma asimismo las facturas de los servicios los mismos no determinan el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la prestación de servicios básicos, empero no demuestran la posesión del bien.

Que en el caso de autos se advierte que al haberse planteado la demanda de usucapión el 2010 y anulado obrados por haberse causado indefensión a la otra parte, ya que no se habría practicado correctamente el acto de comunicación ni cumplida su finalidad, por lo que el Tribunal advirtió que el tiempo transcurrido no puede ser considerado público y menos computable a favor de la prescripción adquisitiva, máxime si el demandado estaba en estado de indefensión, no siendo en consecuencia una posesión pública.

Con relación al reembolso de algún bien al no ser este parte de la pretensión el Tribunal de Alzada establece que no correspondió considerarlo. Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMA la sentencia Nº 132/2015 de 26 de octubre cursante de fs. 598 a 605 de obrados.  

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Catalina Chino y Esteban Mamani Guarachi, interpusieran recurso de casación cursante de fs. 636 a 642 vta., el mismo que se pasa a analizar.  

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Catalina Chino y Esteban Mamani Guarachi mediante memorial de fs. 636 a 642 vta. de obrados, se extrae lo siguiente:

1. Acusa que es imposible que el Juez A quo pueda anular la Sentencia Nº 52/2011 que ya tiene calidad de cosa juzgada, por cuanto ya ha perdido su competencia cuando concluyó el juicio, toda vez que la sentencia que anulo ya alcanzo su ejecutoria y se revistió en calidad de cosa juzgada, desobedeciendo la necesidad de ir por el proceso de revisión extraordinaria de la sentencia.

2. Manifiesta que se dictó una nueva Sentencia Nº 132/2015 cuando el Juez A quo ya no tenía competencia para hacerlo, porque ya habría dictado la primera sentencia, correspondiendo en todo caso excusarse al haber emitido criterio sobre la causa, dado que acorde lo establecido por el art. 8 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, se pierde competencia cuando el juez concluyó el juicio, conforme lo sucedido con el juez 6to de Partido en lo Civil de la Ciudad de El Alto, tomando en cuenta que al no haberse excusado de oficio está usurpando funciones que ya no le competen, en consecuencia los actos realizados son nulos de acuerdo a lo establecido en el art. 122 de la Constitución Política del Estado.

3. Indica que la primera Sentencia Nº 52/2011 sólo pudo ser anulada mediante el proceso de revisión extraordinaria según lo dispuesto en el art. 302 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual el juez que conoció y resolvió el presente juicio en su segunda etapa, no era un juez natural e imparcial competente, en consecuencia lesiono el debido proceso al emitirse la sentencia de forma ilegal, por lo que al encontrarse con una sentencia con calidad de cosa juzgada, correspondía plantear un fraude procesal que le abría la posibilidad de una revisión extraordinaria de sentencia, lesionando el debido proceso garantizado por los arts. 117 y 120 de la Constitución Política del Estado.  

4.  Alega que la Sentencia Nº 132/2015 de fecha 26 de octubre, fue emitida fuera del plazo legal de 40 días que establece el código de procedimiento civil, ya que dicho plazo comenzó a computarse desde el decreto de autos para sentencia de fecha 16 de septiembre de 2015, y al ser dictada en fecha 26 de octubre fue pronunciada fuera del plazo legal en consecuencia es nula en toda forma de derecho.

5.  Expresa que la Sentencia Nº 132/2015 cursante de fs. 598 a 605 vta., carece de fundamentación, motivación y congruencia, ya que no fundamenta que quienes le arrebataron y quitaron posesión de la cosa a los demandados eran los demandantes, más al contrario se limita a indicar que en mérito a los documentos que adjuntó la parte demandada se interrumpió la posesión de los demandantes ahora recurrentes, por lo que en virtud a la interrupción de la posesión y el haber actuado por cuanta de los demandados hace que el juez declare improbada la demanda de usucapión.

6. Acusa que la Sentencia Nº 132/2015 está basada y dictada sobre documentos privados cuya veracidad y validez han sido objetados oportunamente y que ahora son objeto de una investigación penal, ya que al haber sido presentada la objeción y corrida en traslado, correspondía ser demostrada conjuntamente con la causa principal para así el Juez A quo pueda resolverlo en sentencia, de conformidad a lo establecido en el art. 382.III del código de Procedimiento Civil, en vista de que esos documentos privados aperturaron un caso penal sobre la comisión del delito de falsedad material y otros, aspecto puesto en conocimiento del juez que emitió la sentencia.

Por lo expuesto solicita se anule obrados hasta el momento de la emisión del Auto interlocutorio simple de fecha 30 de septiembre de 2013 cursante de fs. 297 a 300 de obrados.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se puede establecer que corrido en traslado el recurso de casación, la parte demandada no pronunció contestación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. En relación al “per saltum”.

El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”. 

III.2. De la carga de la prueba.

Sobre el tema en el Auto Supremo Nº 659/2016 de fecha 15 de junio 2016 ha señalado: “Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente, es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”.

Ahora bien, dicho autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit, nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015, que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil…”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

1.- Del análisis del recurso de casación se desprende que los puntos 1,2,3,4,5, están enmarcados a observar que el Juez A quo está imposibilitado de anular la Sentencia Nº 52/2011 por que ya tiene calidad de cosa juzgada al perder su competencia, cuando concluyo el juicio, entonces al dictar una nueva Sentencia Nº 132/2015 el juez A quo debió excusarse pues ya emitió criterio sobre la causa, acorde a lo que indica el art. 8 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, consiguientemente todos los actos realizados por esta autoridad son nulos de acuerdo a lo establecido en el art. 122 de la Constitución Política del Estado. Así también la primera sentencia solo podía ser anulada mediante un proceso de revisión extraordinaria de sentencia, según lo manifestado por el art. 302 del código de Procedimiento Civil, en consecuencia se lesionó el debido proceso garantizado en los arts. 117 y 120 de la Constitución Política del Estado. Igualmente manifiesta que la sentencia fue dictada fuera de plazo legal de 40 días señalada por el código de Procedimiento Civil por cuanto la sentencia seria nula, al margen de considerar que carece de fundamentación, motivación y congruencia, al no fundamentar que quienes le arrebataron y quitaron la posesión de la cosa a los demandados eran los demandantes, más al contrario se limita a indicar que en mérito a los documentos privados adjuntos por los demandados se interrumpió la posesión de los demandantes ahora recurrentes, por lo que en virtud la interrupción de la posesión y el haber actuado por cuenta de los demandados, hace que el juez declare improbada la demanda de usucapión.

Al respecto se debe señalar que en relación a lo fundamentado en el punto III. 1 de la doctrina Aplicable y el análisis del recurso de apelación cursante de fs. 608 a 611, en contrastación con el Auto de Vista Nº 07/2018 de fecha 05 de enero cursante de fs. 628 a 630  ahora recurrido, se tiene que los reclamos que los recurrentes traen en los puntos descritos no fueron acusados en apelación, razón por la que no existió pronunciamiento del Ad quem al respecto, quedando este Tribunal de casación por el principio de per saltum impedido de entrar al análisis de los reclamos descritos supra que se encuentran en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del contenido del recurso de casación,  que se entiende precluyeron al no ser acusados por el recurrente en apelación, por lo que no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto, toda vez que no es viable traer nuevas causales de casación que no fueron observadas en las etapas correspondientes.

2.- Continuando con el análisis del recurso de casación se desprende que el punto 6 está enmarcado a observar que la Sentencia Nº 132/2015 está basada y dictada sobre documentos privados cuya veracidad y validez han sido cuestionados oportunamente y que ahora son objeto de una investigación penal, ya que al haber sido presentada la objeción y corrida en traslado, correspondía ser demostrada conjuntamente con la causa principal para así el Juez A quo pueda resolverlo en sentencia, de conformidad a lo establecido en el art. 382.III del código de Procedimiento Civil, en vista de que esos documentos privados aperturaron un caso penal sobre la comisión del delito de falsedad material y otros, aspecto puesto en conocimiento del juez que emitió la sentencia.

Al respecto corresponde establecer que si bien es cierto que los demandantes mediante memoriales cursantes a fs. 538 y 539 de obrados, presentaron un memorial en el cual objetaron pruebas en contrario manifestando que “la carta cursante a fs. 458 de obrados y un documento privado elevado a instrumento público mediante juez de instrucción en lo civil de la paz como juez de mínima cuantía supuestamente el 18 de mayo de 1992 cursante a fs. 442 de obrados ante el juzgado 6to de instrucción en lo civil de la ciudad de La Paz, así como los documentos privados que supuestamente habría firmado el primero en fecha 06 de julio de 2002 y 27 de diciembre de 2007 cursante a fs. 423 y 424, mismos que jamás firmé y menos que me apersone a autoridad judicial alguna siendo que son documentos privados no surten efectos para terceros. Mismos hechos serán probados en el transcurso del proceso mediante el estudio grafo técnico correspondiente”.

En ese contexto se puede establecer que el demandante anuncio que los puntos manifestados respecto a que él no hubiese firmado los documentos detallados supra que interrumpían la posesión, serían probados en el proceso mediante un informe grafo técnico con el cual respaldaría lo expresado, empero de la revisión de todo lo obrado se tiene que no cursa dicho informe grafo técnico o algún documento que evidencie que las firmas dubitadas en esos documentos no corresponden al demandado, por lo que llego a probar lo aseverado, máxime si consideramos lo descrito en la doctrina desarrollada en el punto III.2 que se señala que la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio o de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Por lo expresado se concluye que los recurrentes no cumplieron con la carga de la prueba, lo que no implica que no se haya considerado la objeción realizada, mas al contrario, conforme a lo expuesto ellos no presentaron medios de prueba o prueba idónea que acredite su pretensión, por lo que si existe o no un proceso penal no fue comprobado, ya que los recurrentes se limitaron a enunciar dicho aspecto y no comprobarlo, en ese entendido al no ser evidente lo acusado en casación es que su reclamo deviene en infundado. 

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.   

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO El recurso de casación de fs. 636 a 642 vta., interpuesto por Catalina Chino y Esteban Mamani Guarachi; contra el Auto de Vista Nº 07/2018 de 05 de enero, cursante de fs. 628 a 630, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Sin costos y costas.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.