TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 27/2019                                                                      Fecha: 28 de enero de 2019                                                 

Expediente: SC-80-18-S                                                                                 

Partes: Juana Chore Suarez c/ Erwin Arias Leaños, Victor Hugo Ruiz Pinto, Silvia Lacio de Méndez y presuntos interesados.                                 

Proceso: Usucapión decenal.                                                                                                       Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 210 a 221, interpuesto por Juana Chore Suarez contra el Auto de Vista Nº 053/2017 de 29 de noviembre, de fs. 204 a 205 y su Auto complementario a fs. 208, pronunciado por la Sala Cuarta, Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso sobre usucapión decenal, seguido por Juana Chore Suarez en contra de Erwin Arias Leaños, Victor Hugo Ruiz Pinto, Silvia Lacio de Méndez y presuntos interesados; el Auto de Concesión de fecha 23 de mayo de 2018 a fs. 226; el Auto Supremo de Admisión de fs. 232 a 233 vta., los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez de Partido Civil y Comercial Nº 8 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció la Sentencia Nº 96/2014 de fecha 19 de diciembre, cursante de fs. 149 a 151 vta., por la que declara: IMPROBADA la demanda principal sobre usucapión impetrada por Juana Chore Suarez; e IMPROBADA la acción reconvencional interpuesta por el co-demandado Victor Hugo Ruiz Pinto.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Juana Chore Suarez, mediante el escrito que cursa de fs. 170 a 176, a cuyo efecto la Sala Cuarta, Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista Nº 053/2017 de fecha 29 de noviembre, obrante de fs. 204 a 205, y su auto complementario a fs. 208, CONFIRMÓ la sentencia de primer grado, señalando que si bien la demandante ha demostrado su posesión en el inmueble, por la venta mediante contrato con efecto real, la transferencia de la misma, tiene lugar por el solo efecto del consentimiento sin necesidad alguna de declaración judicial, tal cual establece el art. 521 del CC.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa de fs. 210 a 221, interpuesto por Juana Chore Suarez, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1. En la Forma.

  1. Acusa la incongruencia omisiva del fallo recurrido, señalando que el Tribunal de Alzada ha omitido pronunciarse respecto a los reclamos de apelación, en sentido de no haber considerado que en dicho recurso, cuestionó que la Sentencia de primer grado no cumplía con la disposición inmersa en el art. 25 inc. 1) del Código Procesal Civil, al dejar en total incertidumbre los derechos de las partes, puesto que no se habría definido a quien le corresponde el derecho de adquisición de la propiedad por la posesión de 10 años (usucapión), infringiendo de esa manera lo regulado por el art. 213.I del mencionado Código.
  2. En esa misma línea, acusa la falta de respuesta y/o consideración de su segundo agravio de apelación, vinculado a la incorrecta valoración de las pruebas en relación a la incorrecta interpretación del art. 138 del CC.  

II.2. En el Fondo.

  1. Denuncia la incorrecta interpretación de los arts. 110, 138 y 521 del CC, refiriendo que el criterio del Tribunal de apelación, al desestimar la usucapión por haberse suscrito el contrato de 27 de octubre de 1994, resulta ilógico e irracional, puesto que dicho contrato no ha sido perfeccionado (registrado), por lo que el mismo solamente ha sido presentado a efectos de demostrar la fecha desde la cual se encuentra en posesión del inmueble, en cuyo entendido su pretensión no se encontraría dentro de las prohibiciones determinadas por los arts. 89, 90, 91 y 92 del Código Civil, puesto que el tener título de transferencia no sería un óbice legal para que se deniegue su derecho a adquirir la propiedad a través de la usucapión.
  2. Finalmente refiere que no se ha tomado en cuenta que todas las pruebas del proceso demuestran la exclusividad de la posesión que tiene sobre el inmueble pretendido, y que esta es anterior al de la parte demandada, en cuyo entendido, sostiene que los juzgadores de instancia, ante esta problemática, debieron establecer la exclusividad de su posesión (conforme a la doctrina y jurisprudencia transcrita) y en ese entendido revocar la determinación de instancia.   

En ese merito como efecto de su recurso en la forma, solicita se declare la nulidad de obrados para que el Tribunal Ad-quem dicte un nuevo Auto de Vista congruente con los puntos apelados, o en caso de que se ingrese al fondo del proceso, se case el fallo recurrido y deliberando en el fondo se declare probada su demanda de usucapión decenal.

Respuesta al recurso de casación.

No cursa respuesta del contrario.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la legitimación pasiva en los procesos de usucapión.

La usucapión también llamada prescripción adquisitiva, es un modo de adquirir la propiedad de un bien, previsto en el art. 138 del Código Civil, esta acción compete a aquellas personas que mediante el transcurso de cierto tiempo bajo las condiciones establecidas por ley han poseído un bien inmueble y se ejerce en contra de quien aparezca como propietario de ese bien en el registro público de la propiedad, con la finalidad de que se declare que se ha consumado la misma y que se ha adquirido el inmueble por prescripción, empero la prescripción no operaria si la prescripción adquisitiva se demanda a alguien que no fuera verdadero propietario; además no tendría sentido atribuir abandono del inmueble a quien no es realmente el propietario, menos sería lógico sancionar a quien no puede imputársele la calidad de propietario negligente, porque solo su actitud de abandono y negligencia podría constituir la causa para el acogimiento de la acción de prescripción.

En ese contexto, la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros, ha emitido el Auto Supremo Nº 262/2011 de 25 de Agosto, donde se ha señalado que: "...La usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, adquisitivo para el usucapiente y extintivo para el usucapido, razón por la cual para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien figure, en el Registro de Derechos Reales, como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, sólo así la Sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto.

El sujeto pasivo de la usucapión es siempre la persona que figura, en el Registro de Derechos Reales, como titular del bien a usucapir, por ello el actor debe acompañar con la demanda la certificación o documentación que acredite ese aspecto, toda vez que es contra él -el actual propietario-, que se pretende opere el efecto extintivo de la usucapión…” (El resaltado nos corresponde).

Por otra parte, en el Auto Supremo Nº 185/2012 de 27 de junio, se ha manifestado: “…es obligación de quien pretende usucapir efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los Registros de Derechos Reales, por una parte; por otra es obligación del juez solicitar esta certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que a quien se demanda sea el legitimado pasivo”.

Finalmente el Auto Supremo No. 04/2014 de 05 de febrero 2014 orienta que: “En caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se debe agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en la respectiva Alcaldía Municipal quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y Catastro estableciendo a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros aspectos que permitan una adecuada identificación…”

De acuerdo a lo anotado, se puede inferir que en las acciones de prescripción adquisitiva extraordinaria o usucapión decenal, para que se genere el efecto extintivo para el usucapido y el efecto adquisitivo para el usucapiente, es indispensable que el actor dirija la demanda contra quien o quienes figuren en el registro público de propiedad, en cuyo entendido, es obligación de quien pretende usucapir efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los Registros de Derechos Reales y en caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, se deberá acudir a otra documentación que pueda permitir advertir tal extremo (certificaciones de Gobiernos Municipales, entre otras), de tal manera que los últimos propietarios obligatoriamente deban participar como demandados en el proceso de usucapión para generar el efecto extintivo de su derecho de propiedad, pues solo el que se encuentre con la legitimación pasiva puede emitir una contestación en forma afirmativa o negar la usucapión en ejercicio de sus derechos.

III.2. De la nulidad de oficio.

El art. 106.I del Código Procesal Civil, refiere que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, revisión de oficio, que corresponde realizar en aplicación del principio de eficacia que deben contener las resoluciones judiciales, conforme prescribe el art. 180.I de la CPE.

Al respecto, el art. 17.I de la Ley 025 señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, en este entendido, a los Tribunales les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria puede tomar una decisión anulatoria.

III.3. El derecho a la defensa.

La Constitución Política del Estado, en su art. 115.II, establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; precepto constitucional concordante la disposición inmersa en el art. 8 núm. 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que como garantías judiciales señala: “Toda persona tiene derecho a ser oído, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, en ese mismo orden la previsión contenida en el art. 9 de la norma constitucional, señala que el Estado: “Garantiza el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución”.

Bajo este marco normativo, el órgano jurisdiccional, encargado de impartir justicia, tiene la delicada responsabilidad de disponer el desarrollo de actos procesales en igualdad de oportunidades de las partes, observando y aplicando el procedimiento previsto en la ley, con la finalidad de garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como ser el de defensa, impugnación y otros, siendo su fin último materializar una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas.

En este sentido, el derecho a la defensa, reconocido por el art. 119.II de la CPE, dispone que: “Toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa…”, que implica la potestad inviolable de toda persona sometida a juicio a ser escuchada, presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo y haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea, siempre dentro del marco de la igualdad de partes que la propia Constitución Política del Estado, impone a los juzgadores a efectos de asegurar que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, razonamiento asumido por la SC 1490/2004-R de 14 de septiembre.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

La normativa preceptuada por el art. 106 de la Ley Nº 439 en concordancia con el art. 17 de la Ley Nº 025 establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, tal cual se expresó en el punto III.2 de la doctrina aplicable, en ese marco corresponde hacer las siguientes consideraciones:

Que de la revisión de los antecedentes procesales, se observa que mediante el escrito de fs. 12 a 14, subsanado en fs. 17, 18, 41 y 47 de obrados, Juana Chore Suarez, presentó demanda sobre usucapión decenal, argumentando que mediante el contrato privado de fecha 21 de octubre de 1994, adquirió del Sr. Erwin Arias Leaños (quien actuó a través de su representante), el lote de terreno ubicado en la zona los Pinos, U.V. 79-A, Manzano N° 16, Lote N° 14, con una superficie de 344,25 m2, el cual desde la mencionada fecha, señala viene poseyendo de forma libre, continua y de buena fe hasta el presente, es decir por más de diez años, inmueble en el cual, además habría construido una vivienda familiar de tres cuartos rústicos, cocina, baño, etc., así como la instalación de los servicios básicos, solicitando en ese merito se reconozca el derecho propietario en su favor al haber cumplido con los presupuestos de la usucapión.  

Acción, que tras una serie de trámites, fue dirigida en contra de los señores Erwin Arias Leaños (presunto propietario), Silvia Lacio de Méndez, Victor Hugo Ruiz Pinto (nieto de la demandante) y en contra de presuntos propietarios, en cuyo entendido, admitida que fue dicha acción, y citados los referidos demandados, mediante el escrito de fs. 67 a 69 vta., el co-demandado Victor Hugo Ruiz Pinto, contesta de forma negativa y reconviene también por usucapión decenal, alegando tener posesión (conjuntamente su madre y sus hermanos) sobre el señalado terreno, en razón de que el mismo habría sido transferido a su señora madre Alicia Pinto Chore a través del contrato privado de fecha 29 de julio de 1995 por el Sr. Erwin Arias Leaños, y que la demandante esporádicamente habita este predio, sin que sea cierta la posesión alegada, y en realidad son ellos los poseedores del mismo, en cuya razón solicita se produzcan los efectos de la prescripción adquisitiva en su favor; de esta manera se desarrolla el proceso hasta emitirse la Sentencia N° 96 de fecha 19 de diciembre de 2014, a través de la cual la Juez de instancia declara improbadas la demanda principal, así como la acción reconvencional del mencionado co-demandado, resolución que al haberse recurrido de apelación por la demandante, es confirmada por el Auto de Vista ahora impugnado.    

En este marco, del análisis de los antecedentes descritos, no se observa que se haya presentado alguna certificación emitida por la Oficina de Derechos Reales u otro documento por el cual se pueda identificar al último propietario del inmueble que se encuentre inscrito en algún registro público de la propiedad, y por intermedio del cual, se pueda identificar al o los legitimados pasivos de la presente causa; elemento que como se tiene expuesto en el criterio doctrinal del punto III.1, resulta determinante a efectos de que la sentencia sea efectiva en su ejecución y se evite un estado de indefensión al propietario actual; en cuyo entendido, si bien, la parte actora, a través del documento privado de fecha 21 de octubre de 1994 (ver fs. 2); y por su parte el reconviniente Victor Hugo Ruiz Pinto, por intermedio del documento privado de fecha 29 de julio de 1995 (ver fs. 101), pretenden acreditar que Erwin Arias Leaños (co-demandado), es el último propietario de este terreno, no se tiene que dicho extremo sea evidente, puesto que en obrados cursa la literal de fs. 21, donde el Sub Registrador de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz, claramente informa que: “…EL MENCIONADO INMUEBLE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO A NOMBRE DEL SEÑOR ERWIN ARIAS LEAÑOS” (sic.), lo que da cuenta que el mismo no ostenta derecho propietario sobre el terreno pretendido, como para que sobre él pueda producirse el efecto extintivo de la usucapión y en ese entendido, este no puede asumir el rol de sujeto pasivo de la presente litis.

En ese entendido, conviene aclarar también, que la acción reconvencional de usucapión decenal planteada por el co-demandado Victor Hugo Ruiz Pinto, no puede ser dirigida en contra de la demandante, puesto que al ser ella una simple poseedora, no se encuentra legitimada para ingresar en un contradictorio que pueda posibilitar el análisis del derecho pretendido por el reconvencionista, y en realidad dicho sujeto procesal, si considera reunir todos los presupuestos de la usucapión decenal, debe impetrar una acción en contra de los últimos propietarios registrales de este predio, por su parte, la actora tampoco puede pretender demandar a su nieto (Victor Hugo Ruiz Pinto), que tampoco ostenta la calidad de propietario del lote de terreno, puesto que el hecho de que el mismo se encuentre en posesión y alegue un derecho sobre el mismo, no le otorga tal calidad, y solamente a través de documentación pertinente (Registro en DDRR), puede ser acreditado aquello, de tal manera que esta acción, nace la imperativa necesidad de una reconfiguración de la legitimación pasiva de los sujetos procesales.

De ahí que se tiene que la Juez de instancia antes de admitir la demanda, debió disponer de oficio que la parte demandante acredite de manera fehaciente quién es la persona titular del bien inmueble que se pretende usucapir, a efecto de establecer correctamente la legitimación pasiva e integrar válidamente la relación procesal; de cuya disposición desprende la obligación de la actora de acreditar de manera fehaciente dicho extremo, agotando todos los mecanismos de averiguación válidos y de esa manera determinar quién es el último propietario registral del inmueble, o en su defecto acreditar que no cuenta con un antecedente dominial, recién cumpliendo con estas diligencias la Juez podía haber admitido la demanda válidamente a efectos de determinar la legitimación del sujeto pasivo, resguardando el derecho a la defensa del titular del predio y la efectividad del fallo que se emita en el proceso, ello porque la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, del cual uno es extintivo para el usucapido, razón por la cual, para que ese efecto se produzca de forma validad y eficaz, es indispensable integrar en la litis al titular del derecho propietario, entendiendo de ello que no existe la posibilidad de que la demanda de usucapión se dirija en contra de una persona distinta de quien figura como actual titular del derecho en los registros públicos de la propiedad.



Y en ese sentido, en base a las potestades otorgadas por el art. 24 del Código Procesal Civil, la Juez A-quo, se encontraba facultada para agotar todos los mecanismos necesarios para averiguar la titularidad actual del predio en litigio, y en caso de no ser posible identificar al titular registral del inmueble, debió agotar su averiguación a nivel de otras instancias como ser en el respectivo Gobierno Municipal, quien también debe emitir certificaciones a través de su área técnica y catastro estableciendo a nombre de quien se encuentra registrado el inmueble, especificando con total exactitud la ubicación, extensión, colindancias y otros aspectos que permitan una adecuada identificación, situación que al no haber acontecido, ha originado que lo sustanciado en este proceso y lo resuelto no sea eficaz en derecho, y que se haya vulnerado la seguridad jurídica tanto a las partes como para los verdaderos o actuales propietarios, que pudieran alegar derecho propietario sobre el inmueble demandado.

Bajo esos razonamientos, corresponde disponer la nulidad procesal hasta el auto de admisión, para que de esa manera puedan ser integrados a la litis el o los últimos propietario registrales del inmueble en cuestión, a efectos de que puedan hacer valer su derecho a la defensa y estén sometidos al proceso, conforme lo expresado en el punto III.3., en resguardo de los principios del debido proceso, defensa, verdad material y el de eficacia; en consecuencia, al ser la decisión a asumirse anulatoria de obrados no corresponde pronunciamiento sobre los reclamos planteados en el recurso de casación.      

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil, con relación al art. 106 del citado cuerpo legal.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el art. 220.III del Código Procesal Civil con relación al art. 106 del citado cuerpo legal, ANULA obrados hasta el Auto de fecha 14 de agosto de 2013 a fs. 48, inclusive, disponiendo que la Juez de instancia, antes de admitir la demanda de usucapión, instruya que se acompañe certificado y/o documento en el que conste la o las personas que figuren como últimos titulares registrales del inmueble que se pretende usucapir, en base a los argumentos expuestos en la presente resolución.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.