TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L

Auto Supremo: 944/2017

Sucre: 29 de agosto 2017

Expediente: LP-155-16-S

Partes: Juana Carolina Balderrama Caballero. c/ Waldo Pablo Machicado Andia.  

Proceso: Cumplimiento de contrato.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1610 a 1614, interpuesto por Juana Carolina Balderrama Caballero contra el Auto de Vista Nº 293/2016 de 16 de junio cursante de fs. 1599 a 1600 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Cumplimiento de contrato seguido por Juana Carolina Balderrama Caballero contra Waldo Pablo Machicado Andia, la contestación de fs. 1642 a 1647, la concesión de fs. 1648, el Auto de admisión de fs. 1652 a 1653, todo lo inherente, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- El Juez Décimo Cuarto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 597/2015 de 22 de diciembre cursante de fs. 1552 a 1556 vta., complementado por Auto de fs. 1571 vta., declarando Improbada la demanda de fs. 14-16 subsanada a fs. 18-19 y 121-123 interpuesta por Juana Carolina Balderrama Caballero e Improbada la reconvención de fs. 169-171 vta., subsanada a fs. 195-196 interpuesta por Waldo Pablo Machicado Andia y, en su mérito, declara Sin Lugar al incumplimiento de contrato y Sin Lugar a la nulidad de contrato, sin costas.

I.2.- Resolución de primera instancia que al ser apelada por la actora Juana Carolina Balderrama Caballero, mediante escrito de fs. 1577 a 1583, mereció el Auto de Vista Nº 293/2016 de 16 de junio cursante de fs. 1599 a 1600 vta., que Confirma la Sentencia apelada y el Auto Complementario de fs. 1571; argumentando en lo relevante que el Juez 4º de Partido de Familia por Sentencia que cursa a fs. 909-911 declara disuelto el vínculo matrimonial de Waldo Pablo Machicado Andia y Juana Carolina Balderrama Caballero, fallo que no hace referencia a los bienes propios y/o gananciales que se hubieren adquirido en vigencia del matrimonio, dicho fallo es de fecha 27 de julio de 2009 y se encuentra ejecutoriado al presente. Las mismas partes, mediante documento legalizado y que cursa a fs. 650 y 651 del proceso en la cláusula segunda manifiesta: “que, al existir una sentencia ejecutoriada de divorcio entre las partes intervinientes y en apoyo de lo establecido en el Código de Familia y disposiciones inherentes, los bienes que cada una de las partes tiene a título propietario a partir de dicha Sentencia son propios, no existiendo ganancialidad alguna. El derecho propietario de Waldo Pablo Balderrama Andia que junto a sus hermanos es justificado como bienes propios a través del certificado informe de Derechos Reales que cursa a fs. 1531-1532 del proceso entre dichos bienes se halla en el edificio Metrópoli ubicado en la Avenida Manco Kapac, debidamente inscrito en la oficina de Derechos Reales, siendo oponible a terceros por mandato del art. 1538 del CC. Juana Carolina Balderrama Caballero, de manera contraria a lo expuesto en el parágrafo III-IV, del presente considerando, no ha justificado que tuviera derecho de usufructo sobre el 50% del inmueble edificio Metrópoli de la Avenida Manco Kapac de la ciudad de La Paz, así como también no ha demostrado que el demandado hubiera incumplido con el derecho reclamado ya que no se ha consignado dicho derecho en el documento de fs. 1-2 de obrados. Waldo Pablo Machicado Andia, demandado y reconventor de su parte tampoco ha justificado ni probado la retención de declaratoria de nulidad de la integridad del referido documento-minuta legalizada conforme al derecho sustantivo. Referente a la observación del recurso de apelación de la parte demandada en sentido de que este estuviese formulado fuera de plazo, se debe tener presente que la solicitud de complementación y enmienda de fs. 1561-1563 ha sido solicitada dentro del plazo que refiere el art. 196 del código adjetivo civil que suspendió el plazo del recurso de apelación y que pronunciado el Auto complementario de fs. 1571 y notificada según diligencia de fs. 1574 en fecha 23 de febrero de 2016, el recurso y apelación de fs. 1577-1583 fue presentado según cargo de fs. 1583 en fecha 7 de marzo de 2016 es decir dentro del plazo previsto por el art. 90.III del Código Procesal Civil, debiendo tenerse presente este extremo.

I.3.- Resolución de Alzada que es recurrida de casación por la parte demandante Juana Carolina Balderrama Caballero, que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN, Y SU RESPUESTA:

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen las siguientes:

II.1.- En la forma.-

II.1.1.- Acusa que el Auto de Vista y su complementario recurridos, no han realizado una correcta aplicación del art. 519 del Código Civil; refiere que la demanda se ha basado solamente en el incumplimiento de una cláusula, la séptima numeral 8, ya que en esta cláusula el demandado reconoce que es propietario de dos locales comerciales y 3 departamentos ubicados en el edificio Metrópoli de la Av. Manco Kapac Nº 300 de la ciudad de La Paz. No se está discutiendo la totalidad del inmueble, al contrario reitera-, solamente los locales y departamentos que corresponden al demandado.

II.1.2.- Refiere que la aplicación de la norma jurídica que mencionan las autoridades judiciales, basan en la totalidad del documento, error de aplicación de la norma. Se está reclamando el 50% por incumplimiento de contrato cláusula séptima numeral 8, distribución del usufructo.

II.1.3.- Denuncia que el Auto de Vista no se refiere a la solicitud de complementación y enmienda de fs. 1561-1563 vta., refiere que el memorial se ha presentado en el término de Ley que estipula el art. 196 del CPC, empero no se ha considerado en su real dimensión denotando causal de nulidad, a pesar de que se ha reclamado en reiteradas oportunidades este extremo.

II.1.4.- Expresa que al no considerar este extremo de que se ha presentado en término de Ley, se ha solicitado explicación y enmienda (fs. 1604-1605) adjuntando certificado que coadyuva la misma, empero las autoridades jurisdiccionales han incumplido el art. 17 de la Ley 025, o sea la revisión de oficio, porque el A quo ha cometido y aplicado en forma injusta error en la aplicación de la norma jurídica consecuentemente en la apreciación de los hechos se denota que esa ha sido la razón para que el Juez deniegue totalmente sus solicitudes de complementación, explicación y enmienda.

II.1.5.- Refiere que se ha hecho constar ese extremo en la apelación, empero tampoco el Ad quem no valoró ni revisó en forma exhaustiva tal extremo, solamente en el Auto de fecha 22 de julio de 2016 (complementación) se ha atenido a señalar que la solicitud de complementación y enmienda de fs. 1561-1563 ha sido solicitado dentro el plazo que refiere el art. 196 del CPC, señalan que con ese argumento quedó absuelto la petición de fs. 1604-1605. O sea no se aplicado la regla que norma el art. 17.I y II de la Ley 025, porque su persona ha solicitado que se anule obrados hasta que el A quo resuelva en el fondo la solicitud de explicación, complementación y enmienda ya que de la lectura del Auto (fs. 1571), solo se pronunció que su persona ha presentado fuera de término de Ley y esa es la razón por la que no se pronunció a su solicitud, de igual manera el Ad quem no ha considerado ese aspecto que conlleva vicio procedimental, incumpliendo de esta manera lo dispuesto por el art. 5 y 6 del Código Procesal Civil. Agrega, que el certificado adjunto a fs. 1601 es claro y contundente en los aspectos de hecho que se ha producido en el juzgado de primera instancia y que no se ha valorado por el Tribunal superior.

II.1.6.- Reitera que el Ad quem solamente hace referencia al plazo de la presentación de las solicitudes de complementación, explicación y no ha considerado en el fondo el Auto de fs. 1571 lo que conlleva a una errónea aplicación de las normas jurídicas, ya que este aspecto conlleva vicio procesal que causa agravio a su persona ya que la Sentencia adolece de defecto de forma que descalifican como acto jurisdiccional dictándose sin sujeción a los requisitos de tiempo, lugar y forma prescritos por la Ley procesal civil.

II.1.7.- Sustenta el recurso en la forma en la línea jurisprudencial contenida en la GJ Nº 1589, p. 137, en la SC 1917/2014-R de 13 de diciembre.

II.2.- En el fondo.-

II.2.1.- Denuncia que el Auto de Vista no hace referencia a los aspectos legales infringiendo la Ley, el art. 115 parágrafo I y II de la CPE, es claro cuando dispone la protección y el derecho al debido proceso. En este aspecto en el Auto de Vista no se ha cumplido con las normas procesales que son claras al respecto cometiendo una infracción a la Ley resolviendo de manera distinta a lo demandado. Agrega que se aplicado equivocadamente la Ley con relación a que no se ha considerado en el fondo con relación a lo dispuesto por el art. 196 del CPC, cuando su persona ha solicitado explicación, complementación y enmienda al A quo, resolviendo de diferente manera con el argumento de que se habría presentado fuera de las veinticuatro horas tal solicitud. El Tribunal Ad quem no ha valorado ni revisado este aspecto trascendental infringiendo el art. 17 de la Ley 025 y lo dispuesto por el art. 5 del Código Procesal Civil.

II.2.2.- Refiere que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de derecho al confirmar la Sentencia y Auto complementario, cuando en forma oportuna se ha hecho conocer la infracción a la Ley por el A quo, con respecto al art. 196 del CPC, y las Autoridades superiores no han valorado infringiendo la Ley al disponer aspectos que no corresponden a la solicitud de complementación y enmienda (fs. 1604-1605 y 1607). No han valorado el certificado de fs. 1601, dónde se hace conocer en forma expresa que su persona ha presentado en tiempo y forma oportuna la solicitud de explicación, complementación y enmienda ante el A quo, y el Tribunal Superior mediante auto complementario (fs. 1608) no hace otra cosa que repetir que se ha presentado en término de las veinticuatro horas sin pronunciarse al fondo del mismo, o sea a lo solicitado en memoriales de fs. 1604-1605 con relación a los memoriales de fs. 1561-1563, 1567-1569 de obrados.

II.2.3.- Refiere que se ha infringido la Ley al pronunciarse en el fondo de la solicitud de explicación y enmienda por cuanto tanto el Juez de primera instancia como el superior en grado no han considerado de que por un lado el A quo en el considerando VIII de la Sentencia punto 1ro que en el Auto interlocutorio rechace el aspecto familiar y en la Sentencia señala que de ninguna manera los bienes de carácter ganancial pueden ser reclamados en instancias civiles, en el punto 2do de la Sentencia señala “que dicha pretensión debe ser conocida y/o tramitada exclusivamente por los Jueces de familia pero de ninguna manera por los jueces de orden civil…”, aspecto contradictorio porque en el Auto Interlocutorio (fs. 197 y vta.) manifestó “…que los supuestos bienes gananciales que se aduce a ser divididos en la vía familiar…”, aspectos contradictorios que infringen la Ley, no han sido considerados por el Auto de Vista, por lo que corresponde anular obrados.

II.2.4.- De lo precedente deduce la no aplicación correcta de los preceptos legales; interpretación errónea, la infracción de las leyes sustantivas a cuyos preceptos se da un sentido equivocado y aplicación indebida. Se denota contradicción en la parte dispositiva de la sentencia impugnada y que no se ha valorado por el Tribunal superior consecuentemente la sentencia no es congruente con las pretensiones que su persona ha reclamado guardando silencio sobre los puntos reclamados en la explicación, complementación y enmienda tanto en la primera instancia como en la segunda, lo que perjudica a su persona con interpretaciones no adecuadas a la solicitud.

II.2.5.- Respecto al recurso de casación en el fondo, como línea jurisprudencial señala, el contenido de la GJ Nº 1590, p.117, y el A.S. Nº 39 de 18-II-81.

Por lo expuesto, recurre de casación (nulidad) en la forma y en el fondo, solicitando anular obrados, hasta que el Tribunal Departamental de Justicia, se pronuncie con relación a lo solicitado.

II.3.- De la respuesta al recurso de casación.-

La parte recurrida refiere que el Auto de Vista y Auto complementario, cumple a cabalidad con lo establecido por el art. 219 de la Ley Nº 439, así como no ha vulnerado Derechos Constitucionales ni normas legales, por lo que responde en forma negativa al extraño recurso de casación y/o nulidad, ya que el mismo carece de certeza legal, no establece que derechos y/o perjuicios se le han vulnerado a la parte recurrente por el mencionado Auto de Vista, en consecuencia solicita declarar improcedente el recurso y se condene en costas y costos de Ley.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

En mérito a la Resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- Sobre la nulidad procesal.-

Si bien anteriormente el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado a un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento en concordancia con la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la C.P.E. que indica  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que, ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece que Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley; criterio de nulidad específico, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

Criterio ya sustentado en el A.S. Nº 348/2014 de fecha 02 de julio 2014 entre otros.

III.2.- Respecto a las causales y requisitos de procedencia del recurso de casación.-

En el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, reiterando la línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, se ha señalado: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos: 1) Cuando la Sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, figuras jurídicas que son diferentes, pues, la primera implica que se incurrió en una infracción directa de la ley por no haberse aplicado correctamente sus preceptos, es decir, es el error en que incurre el juzgador sobre la existencia y aplicación de una norma jurídica en un caso concreto, la segunda, consiste en el error en que incurre el juzgador sobre la ratio legis de una determinada ley, mientras que la última, consiste en la infracción de la ley sustantiva por haberse aplicado sus preceptos a hechos no regulados por aquella, imponiéndose la obligación a los recurrentes de especificar en qué consiste la violación, cuál debía ser la norma jurídica aplicable correctamente o cual la interpretación debida; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias; y, 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dió la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales…”.

Respecto a lo anterior, el art. 271 del mismo adjetivo Civil, al hacer referencia a las causales de casación, establece: “(Causales de Casación) I. El recurso de casación se funda en la existencia de una violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, sea en la forma o en el fondo. Procederá también cuando en la apreciación de las pruebas se hubiera incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial.

II. En cuanto a las normas procesales, sólo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores…”.

En relación a lo anterior, corresponde especificar que la uniforme línea Jurisprudencial asumida por éste Tribunal, al referirse al error “in procedendo” y al error “in judicando”, ha concretado que “…los errores que dan lugar al recurso de casación pueden ser de naturaleza sustancial o formal, por ello se dice que el error acusado, dependiendo de su naturaleza, puede ser in procedendo o in judicando. Respecto al primero, el error procesal, se presenta cuando dentro de un proceso se afecta la aplicación de una norma que asegura el desarrollo armónico, equitativo y justo del íter procesal; por su parte el error material ocurre cuando en la Resolución de la controversia se afecta la norma jurídica sustancial que le conduce a una decisión que no es correspondiente con lo que el sistema jurídico tiene previsto para el caso concreto…De lo mencionado se advierte que existe una diferencia fundamental entre las normas procesales, formales o adjetivas y las normas sustantivas o materiales. Diferencia que resulta trascendental a la hora de interponer el recurso de casación en el fondo o en la forma, pues, para tal efecto resulta necesario realizar una precisa diferenciación entre ambas categorías de normas…En ningún caso un motivo de casación en la forma dará lugar a la interposición del recurso de casación en el fondo, como tampoco un motivo de fondo resultará idóneo para fundar el recurso en la forma” (Auto Supremo Nº 387/2013 de 22 de julio, entre otros).

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver el mismo de la siguiente manera:

IV.1.- En la forma.-

IV.1.1.- Sobre su denuncia de que el Auto de Vista y su complementario recurridos, no han realizado una correcta aplicación del art. 519 del Código Civil.

En este punto, la parte recurrente en una misma relación de hechos denuncia error sustancial y error formal; al respecto y conforme a la doctrina aplicable desarrollada en el presente caso de autos, lo que correspondía a la parte ahora recurrente es solo impugnar el error in procedendo advertido en la tramitación de la causa o en la emisión del Auto de Vista, y vincular su denuncia al recurso de casación en la forma para luego peticionar la nulidad de obrados o del Auto de Vista; sin embargo, la parte recurrente en el presente acápite acusa “incorrecta aplicación del art. 519 del Código Civil”, esto es error sustancial o error in judicando, no obstante de manera incoherente vincula su denuncia al error in procedendo para luego peticionar la nulidad de obrados.

De lo analizado precedentemente se puede concluir que la parte recurrente confunde el error “in procedendo” con el error “in judicando”, aspectos estos que no permiten considerar su reclamo por su deficiente interposición.

IV.1.2.- Respecto a las demás acusaciones de forma, donde la recurrente cuestiona que su solicitud de complementación y enmienda de fs. 1561-1563 y vta., y de fs. 1604-1605 no han sido considerados por los de instancia, refiriendo además que el A quo no ha verificado que dicho memorial se ha presentado en el término de Ley que estipula el art. 196 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, corresponde referir que la uniforme línea jurisprudencial asumida por este Tribunal ha concretado que en la actualidad ya no se concibe al proceso como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la Ley sustantiva, en esa orientación, se ha recomendado a los operadores judiciales que deben procurar siempre resolver de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido en tanto que la nulidad procesal debe ser una excepción de última ratio; criterio que también encuentra sustento en los arts. 15.I, 107.I y II del Código Procesal Civil, 16.II y 17.III de la Ley Nº 025.

Ahora bien, de la revisión de obrados se conoce que un vez que el Ad quem emite la Sentencia, la actora Juana Carolina Balderrama Caballero dándose tácitamente por notificada con dicha Resolución de primera instancia, por memorial de fs. 1561 a 1563  vta., solicita complementación y enmienda, solicitud que mereció la providencia de fs. 1564, donde la Juez en suplencia legal decreta que “Por la naturaleza del proceso, considérese por el titular”, en conocimiento de dicha Resolución la parte actora, conforme se evidencia del formulario de notificaciones de fs. 1565, no la cuestiona ni la impugna en el término de ley. Por lo que seguidamente, por memorial de fs. 1567 a 1569, la actora reitera con los mismos fundamentos su solicitud de complementación y enmienda, y por su parte, el demandado Waldo Pablo Machicado Andia por memorial de fs. 1570 y vta. también solicita enmienda y complementación.

Dichas solicitudes merecieron el Auto de fs. 1571, donde el A quo de manera fundamentada las absuelve, concretando en la parte resolutiva que deniega totalmente las solicitudes formuladas por Juana Carolina Balderrama Caballero a fs. 1561 a 1563 vta. y 1567 a 1569, y que por otro lado, admite parcialmente la petición formulada por Waldo Pablo Machicado Andia a fs. 1570, quedando subsanada la Sentencia de acuerdo a lo señalado.

Posteriormente, al haber interpuesto recurso de apelación la parte demandante, el Ad quem emitió el Auto de Vista Nº 293/2016, y dándose por notificada tácitamente con esta última resolución, la parte actora solicita explicación y enmienda, petitorio que mereció el Auto de fs. 1608, donde el Ad quem en atención a lo solicitado en el memorial de fs. 1604 a 1605 y el memorial de fs. 1607, de conformidad a lo dispuesto por el art. 226.III del Código Procesal Civil, “aclara el VI punto del tercer considerando del Auto de Vista…en el siguiente sentido: “Referente a la observación de la parte demandada en la respuesta al recurso de apelación de fs. 1587-1591, de que el recurso de apelación de la parte demandante hubiera sido presentado fuera del plazo, se debe tener presente que la solicitud de complementación y enmienda de fs. 1561-1563 ha sido solicitada dentro del plazo que refiere el art. 190 del Código Adjetivo Civil que suspendió el plazo del recurso de apelación y que pronunciado el auto complementario de fs. 1571 y notificada según diligencia de fs. 1574 en fecha 23 de febrero de 2016, el recurso y apelación de fs. 1577-1583 fue presentado según cargo de fs. 1583 en fecha 7 de marzo de 2016 es decir dentro del plazo previsto por el art. 90-III del Código Procesal Civil, debiendo tenerse presente este extremo”, con dicha aclaración se tiene por absuelta la petición de fs. 1604-1605, quedando todo lo demás firme y subsistente”.

De la relación precedentemente efectuada, se infiere que los Tribunales de instancia, en el marco de los arts. 196 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil y 226.III del Código Procesal Civil, sin alterar lo sustancial de la decisión, han corregido y aclarado la Sentencia y el Auto de Vista, respectivamente, absolviendo de esta manera la solicitud de complementación y enmienda impetrada por la parte actora, de consiguiente, no es evidente su denuncia de omisión de pronunciamiento.

Por otro lado, respecto a la línea jurisprudencial que invoca la parte recurrente, corresponde señalar que la misma no se hace aplicable al presente caso de autos, toda vez que en la especie los Tribunales de instancia han absuelto la aclaración, enmienda y complementación que han solicitado las partes en la etapa procesal correspondiente. Lo que hace infundada su denuncia.

IV.2.- En el fondo.-

IV.2.1.- Respecto a su acusación de que la demanda se ha basado solamente en el incumplimiento de una cláusula del contrato, la séptima numeral 8, y que las Autoridades judiciales se basarían en la totalidad del documento, lo que se constituiría en error de aplicación de la norma.

Al respecto, corresponde referir que de la revisión de obrados se conoce que la parte actora ha basado su demanda en el incumplimiento del numeral 8, de la cláusula séptima del documento de transacción de fecha 30 de agosto de 2006, reconocido en sus firmas y rúbricas en la misma fecha (fs. 1 a 3), buscando que el demandado Waldo Pablo Machicado Andia dé estricto cumplimiento a lo acordado en dicha cláusula, esto es, la distribución entre los entonces cónyuges- de todos los ingresos presentes y futuros de sus negocios (alquileres de dos locales comerciales y departamentos en el Edificio Metrópoli) al cincuenta por ciento (50%).

En ese antecedente, al tratarse el contrato de uno bilateral y sinalagmático y para evidenciar si de su parte la actora ha cumplido el contrato, los tribunales de instancia han interpretado las cláusulas del contrato las unas por medio de las otras, sin embargo la determinación asumida por los tribunales de instancia solo se ha basado en el incumplimiento del numeral 8, de la cláusula séptima del documento de transacción de fecha 30 de agosto de 2006, aspecto sobre el cual han resuelto los mismo. Lo que hace infundada su denuncia.

IV.2.2.- Respeto a su denuncia que el Auto de Vista no hace referencia a los aspectos legales infringiendo la Ley.

Sobre esta denuncia, se debe referir que la misma resulta siendo genérica y abstracta, porque no precisa a que aspectos legales no hace referencia el Auto de Vista, por otra parte en la misma relación de hechos y de forma incoherente denuncia incumplimiento e infracción de normas adjetivas; por lo que se debe reiterar que en el recurso de casación en el fondo, lo que corresponde al denunciante denunciar es el error in judicando advertido, y no error in procedendo que hace a la forma del recurso, lo que no permite considerar su denuncias por su deficiente interposición. Máxime si su denuncia respecto a la omisión de pronunciamiento sobre la complementación y enmienda que ha impetrado, ya ha sido absuelta precedentemente, en el recurso de casación en la forma.

IV.2.3.- En relación a su acusación de que el Tribunal de Alzada ha incurrido en error de derecho al confirmar la Sentencia y Auto complementario. Y sobre su denuncia de que se ha infringido la Ley al pronunciarse en el fondo de la solicitud de explicación y enmienda.

Respecto a estas denuncias que resultan siendo reiterativas de su acusación de que su persona ha presentado en tiempo y forma oportuna la solicitud de explicación, complementación y enmienda ante el A quo, corresponde remitirnos al sub punto IV.1.2. de la presente resolución.

IV.2.4.- Sobre su denuncia de contradicción e incongruencia en la Sentencia y que no ha sido valorada por el Tribunal superior.

Como se refirió supra, la incoherencia o presunta contradicción existente en las resoluciones emitidas por los Tribunales de instancia o la omisión o falta de pronunciamiento, no corresponde ser denunciada en el recurso de casación en el fondo sino en la forma; lo que no amerita mayor consideración en el presente acápite.

IV.2.5.- Respecto a la línea jurisprudencial que señala para sustentar el recurso de casación.

Corresponde señalar, que la misma hace referencia a los requisitos del recurso de casación y a la causal de error de hecho en la valoración de la prueba, requisitos que empero no han sido debidamente observados por la ahora recurrente a tiempo de interponer su recurso, porque la misma inclusive en su petitorio final del recurso de casación en el fondo, de manera incoherente solicita que se anule obrados hasta que el Tribunal de Alzada se pronuncie sobre lo solicitado. Lo que hace desacertados sus reclamos.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 1610 a 1614, interpuesto por Juana Carolina Balderrama Caballero contra el Auto de Vista Nº 293/2016 de 16 de junio cursante de fs. 1599 a 1600 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.