TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                       S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 670/2017

Sucre: 19 de junio 2017

Expediente: LP-113-16-S

Partes: Martha Portugal Aguirre. c/ Efraín Campero Mercado. 

Proceso: Cumplimiento de obligación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 162 a 163 vta., interpuesto por Efraín Campero Mercado, contra del Auto de Vista de 03 de marzo de 2016, que cursa fs. 158 a 159, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de cumplimiento de obligación seguido por Martha Portugal Aguirre contra Efraín Campero Mercado, la concesión de fs. 167,  los antecedentes del proceso, y:


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de La Paz, dicta Sentencia de fecha 07 de noviembre de 2014 de fs. 117 a 121 vta., por la que declara: “PROBADA la demanda principal cursante a fs. 22 a 24, admitida a fs. 35 vta. de obrados, sobre cumplimiento de obligación iniciada por la Sra. MARTHA PORTUGAL AGUIRRE (fallecida), continuada y concluida por su heredero Sr. JORGE ARMANDO AVIAL PORTUGAL, mediante Declaratoria de Herederos Resolución Nº 97/2014, extendida por el Juzgado Decimo Segundo de Instrucción en lo Civil, e IMPROBADA la demanda reconvencional cursan a fs. 37 a 39, modificada a fs. 47 a 48 de obrados; sin costas por ser un juicio doble.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por Efraín Campero Mercado por medio de su memorial de fs. 125 a 126.

Recurso que mereció el Auto de Vista de fecha 03 de marzo de 2016 de fs. 158 a 159, por el cual CONFIRMA la Sentencia, bajo el siguiente fundamento: “ en ese sentido, en el caso de autos se evidencia que ambos contratantes no han cumplido simultáneamente las obligaciones reciprocas e inter independientes asumidas en el contrato de anticresis, sino que han esperado a que cada uno de ellos ejecute primero su obligación, y así se tiene probado que los escritos de demanda y respuesta a la demanda y reconvención; hechos que han manifestado en la relación jurídica la excepción non adimpleti contractus, por cuanto tiene su fundamento esta en las obligaciones reciprocas ya que deriva de su cumplimiento simultaneo, y constituye un remedio, basado en la equidad y la buena fe, para que el deudor de una obligación pueda negarse cumplir aquello a lo que se obligó en tanto la contra parte no cumpla u ofrezca cumplir la prestación que a Él le debe.”… “finalmente se pone en relieve que, la parte demandante tiene la voluntad de cumplir con su obligación, y así se tiene acreditado en el memorial de demanda y de respuesta al recurso de apelación, por lo que, no corresponde acoger el recurso interpuesto, aclarando en este punto que sera la juez de instancia que determina de forma expresa que el cumplimiento de la parte actora debe ser al tercero día de ejecutoriada la sentencia a cuyo efecto se franqueara la boleta de deposita judicial.”

Resolución contra la cual, la parte demandada interpuso recurso de casación de fs. 162 a 163 vta., el cual se analiza.

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II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa que la parte demandante no cumple con el principio de buena fe, ya que, conforme señala en su acción reconvencional mediante contrato privado de fecha 18 de octubre la parte demandante transfirió el departamento objeto de Litis a su persona por el precio de $us. 40.000, pero fue engañada con ese doloso accionar, y a ese efecto refiere que  si se habla de buena fe por que no se hace valer esa fotocopia.

Asimismo señala vulneración del art. 568 del CC, porque la parte demandante nunca tuvo intención de cumplir con su obligación de devolución de dineros, no existiendo evidencia que la parte demandante quisiera cumplir su obligación

Contestación al recurso de casación.-

Señala que no existe vulneración del art. 180 de la CPE, ya que, se hubo obrado en derecho al momento de dictar la Resolución.

También alude que no ha existido errónea interpretación del art. 568 del CC, pues se aplicó el art. 520 y 519 del mismo código.

III. DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

III.1.- De la valoración de la prueba.-

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 ha orientado que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2.- Del principio de razonabilidad.-

En cuanto a la aplicación del referido principio, la SCP 0617/2015-S1 de fecha 15 de junio de 2015 ha señalado: “El principio de razonabilidad y su vinculación con la aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales. La SCP 0121/2012 de 2 de mayo, indico que: “Como ya se puntualizó, el valor axiomático y dogmático-garantista de la nueva Constitución Política del Estado está íntimamente ligado al principio de aplicación directa y eficaz de los derechos fundamentales plasmado en el art. 109.I de la CPE, en ese orden de ideas, debe precisarse que el estándar axiomático, destinado a materializar por parte de las autoridades jurisdiccionales los valores de igualdad y justicia, es el principio de razonabilidad. Cabe precisar que los valores de justicia e igualdad constituyen el estándar axiomático y presupuesto para el ejercicio de los roles jurisdiccionales con la misión específica de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales. Estos estándares axiomáticos, en el orden constitucional imperante en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen génesis directa en el valor supremo del Estado, que es el vivir bien, valor inserto en el preámbulo de la Norma Fundamental, a partir del cual deben ser entendidos los valores ético-morales de la sociedad plural, plasmados en los dos parágrafos del art. 8 de la CPE. En ese orden, estos parámetros axiomáticos, es decir, el 15 valor justicia e igualdad que son consustanciales al valor vivir bien, forman parte del contenido esencial de todos los derechos fundamentales, por lo que las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus competencias, deben emitir decisiones razonables y acordes con estos principios, asegurando así una verdadera y real materialización del principio de aplicación directa de los derechos fundamentales

De la jurisprudencia extractada se puede advertir que a la luz del nuevo Modelo Constitucional, el principio de razonabilidad está orientado a que toda autoridad que ha de asumir una decisión, la haga de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante,  acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuesto esenciales, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, o sea, es la busque de una razonable relación entre la aplicación normativa y el bloque de constitucionalidad.


IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Como primer reclamo aduce que la parte demandante no cumple con el principio de buena fe como erradamente señala el Auto de Vista pues conforme señalaría en su acción reconvencional por contrato privado de fecha 18 de octubre  de 2002, la parte demandante habría transferido el departamento objeto de Litis a su persona por el precio de $us. 40.000, pero su persona fue engañada toda vez que el documento de transferencia fue extraviado por parte de su abogado, habiéndole entregado una simple fotocopia, empero, cuestiona  por que no se hizo valer esa fotocopia en aplicación del citado principio de buena fe.

Del contexto de su reclamo se puede inferir que su fundamento tiene como punto neurálgico que la parte demandante carecería de buena fe, debido a que la parte demandante le vendió el bien inmueble objeto de Litis, por contrato de compra y venta de fecha 18 de octubre de 2002, extremo que no habría sido valorado.

Sobre el particular en principio, corresponde precisar que la alegación citada supra en ningún momento ha sido observada en apelación, denotándose que fue recién alegada en casación, extremo que en principio haría inviable su análisis por per saltum, empero, haciendo abstracción de lo expresado, de la revisión de obrados no se advierte la citada documental aun sea en simple fotocopia, tampoco el  recurrente no especifica donde cursa la documental o cuando ha sido presentada, lo cual demuestra que la alegación del recurrente carece de sustento probatorio, como para que este Tribunal pueda realizar un análisis de fondo deviniendo en infundado su reclamo.

Como último punto acusa vulneración del art. 568 del CC, sustentado su alegación en que la parte demandante no tendría la intención de cumplir con su obligación de devolución de dineros, ya que, no existiría prueba alguna que lo demuestre.

De lo citado, se puede evidenciar que su reclamo únicamente se encuentra ligado a determinar que no existe certeza en que se vaya a cumplir con el pago de la suma de dinero adeudada, sobre el particular en principio es menester reiterar lo sustentado en el punto III.2, es decir, que las autoridades judiciales al momento de asumir una decisión deben aplicar el principio de razonabilidad,  pues lo deben realizar de forma armonizada y razonada, dentro de un equilibrio normativo con el bloque de constitucionalidad imperante, o sea, acorde con valores plurales supremos como ser la justicia e igualdad, presupuestos esenciales, para evitar asumir decisiones arbitrarias contrarias a un Estado Constitucional de Derecho, bajo ese análisis en el caso en cuestión la aclaración realizada por el Tribunal de segunda instancia a los efectos de la ejecución de la determinación evidencia la aplicación del citado principio de razonabilidad en vista de que de forma clara ha referido que : “En ese entendido, la alegación del recurrente no encuentra fundamento, por cuanto al haberse determinado en sentencia que el mismo  (demandado) debe cumplir con su obligación de restituir el departamento que habita, lógicamente el órgano jurisdiccional también reconoce que la demandante debe cumplir con su obligación de entregar el capital …”, determinación que demuestra que se asegura un equilibrio entre las prestaciones no existiendo desmedro en perjuicio de alguna de las partes o desequilibrio en el fallo recurrido.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en los arts.  220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y art. 220.II del Código procesal civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 162 a 163 vta., interpuesto por Efraín Campero Mercado, contra del Auto de Vista de 03 de marzo de 2016, que cursa fs. 158 a 159, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.