TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                              S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 669/2017

Sucre: 19 de junio 2017

Expediente: O-9-17-S

Partes: Carlos Carreón Berazain. c/ Roxana Sanz Zegada Vda. de Lucuy y Otros. 

Proceso: Nulidad de documentos y Escritura Pública.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 604 a 613 vlta., interpuesto por Carlos Carreon Berazain, contra del Auto de Vista Nº 20/2017 de 17 de febrero de 2017, que cursa de fs. 597 a 602 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de nulidad de documentos seguido por Carlos Carreón Berazain  contra Roxana Sanz Segada Vda. de Lucuy y Otras, la concesión de fs. 617,  los antecedentes del proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto en lo Civil y Comercial del Departamento de Oruro, dicta Sentencia de fecha 22 de febrero de 2016 de fs. 474 a 479., por la que declara: “IMPROBADA las pretensiones contenidas en la demanda de fs. 66-69 aclarada y reiterada a fs. 72 y vta., interpuesta por Carlos Carreón Berazain contra Roxana Sanz Zegada Vda. de Lucuy, Katia Isabel Lucuy Sanz y Angela Roxana Lucuy Sanz”.

Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por la parte demandante por medio de su memorial de fs. 481 a 485 vta.

Recurso que mereció el Auto de Vista Nº 20/2017 de fecha de 17 de febrero 2017 de fs. 597 a 602 vta., por el cual CONFIRMA la Sentencia Nº 4/2016 de fecha 22 de febrero de 2016 visible a fs. 474 a 479, bajo el siguiente fundamento: “ resulta irrelevante a los efectos de la presente demanda dicho reclamo, ya que, la misma tiene como pretensión la nulidad de varias Escrituras Públicas, en cambio la denuncia versa sobre hecho y presuntas conductas ilícitas que se tramitan por cuerda separada en instancia apelan, que no cuenta con un resultado definitivo en dicha instancia, pues conforme manifestó la parte demandada dicha denuncia habría sido rechazada por el Fiscal a cargo del caso, aspecto este que no fue refutado ni mucho menos  demostrado en contrario con prueba objetiva por el demandante; motivo por el cual no se tomó en cuenta dicha denuncia y por ende la declaración informativa realizada por lino Calisaya Acha “…” en cuanto al segundo supuesto agravio en relación a que citando la SCP Nº 0919/14 de 15 de mayo y el Auto Supremo Nº 505/2014 de 8 de septiembre, acusado que le criterio de las demandas y del Juez sobre la falsificación de firmas es tema de falta de consentimiento  no es causal de nulidad sino de anulabilidad, habría quedado sin respaldo legal y que ese razonamiento ha sido modulado. Al respecto no corresponde realizar un mayor análisis puesto que como se menciona en el punto anterior, la denuncia penal que se realizó contra la co-demandada Roxana Sanz Segada y Lino Calizaya Acha, en su momento fue rechazada por el Ministerio Publico, lo que implicar decir que la SCP N1 0919/14 de 15 de mayo y el Auto Supremo Nº 505/14 de 8 de septiembre, mencionadas por el recurrente no tienen vinculación alguna con el caso presente, ya que no existe Sentencia ejecutoriada en el ámbito penal por el que se establezca de manera objetiva que la firma que se encuentra consignada en el acto de asamblea extraordinaria de socio de INCOL S.R.L. de fecha 04 de mayo de 1998 es falta y por consiguiente no correspondería al recurrente, al no existir tal situación de falsedad determinada judicialmente en la via penal, resulta innecesario hacer un análisis relativo a la nulidad y anulabilidad, pues la decisión del Juez es igualmente valedera respecto de declarar improbada la demanda del recurrente”.

Resolución contra la cual, la parte demandante interpuso recurso de casación de fs. 604 a 613 vlta., el cual se analiza.

II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Interpone recurso de casación en el fondo refiriendo como fundamento errónea interpretación del art. 549 de CC incs. 1), 3) y 5), por parte del Tribunal apelación, existiendo en su actuar denegación de justicia, debido a que remite todos sus criterios a lo expresado por el Juez A quo, existiendo omisión de fundamentación, pues por un lado no señaló en base a que pruebas o que requisitos de la nulidad no fueron demostrados, como para declarar improbada su demanda resultando una fundamentación superficial.

Siguiendo ese razonamiento expresa que él a demando la nulidad en base al art. 549 incs. 1, 3 y 5 del CC, pues refiere que se ha demostrado la falsificación de su firma, independientemente de si esa prueba fue obtenida en proceso o unilateralmente lo que en la actualidad es causal de nulidad y no de anulabilidad, como erradamente ha entendido el Juez A quo, extremo que fue apoyado sin fundamento en el Auto de Vista, existiendo en ese actuar errónea interpretación del art. 549 del CC.

Aduce que la Sra. Lucuy tenía la ineludible obligación de reparar y cumplir la deuda por el 50% acordado, extremo que se ha probado por la documental y testifical adjunta al proceso empero, la misma no ha sido cumplida, por lo que, era correcto que se ordene la nulidad, al no haberlo hecho han vulnerado de los arts. 375 y 397 del CC.

Expresa que no se ha tomado en cuenta su reclamo relacionado a que en la asamblea extraordinario de socios su firma ha sido falsificada, a ese hecho señala que no puede darse validez a un documento si su firma ha sido falsificada, a ese hecho señalado que su firma ha sido sonsacada con motivos fútiles,  cual fue el de engañar y dejar efecto sin la parte que le corresponde, en la minuta de 31 de julio de 1998, con la promesa de entregarle participación en la distribución de  os dividendos tanto en los bienes inmueble de Sucre, La Paz y Oruro como equipos y maquinarias, extremo que será reparado por el Tribunal Supremo.

Señala que el Auto de Vista refiere que la falsificación denunciada respaldada con un informe grafológica es irrelevante, pero no toma en cuenta que tanto en la denuncia penal como en la demanda Civil, pero no tomó en cuenta que los documentos son los mismos y aunque la denuncia haya sido rechazado pero no probada debe imponerse la verdad material, en cuanto a las declaración de Lino Calisaya han sido ratificadas en este proceso, y corroboradas por la verdad de los hechos  pero tampoco han sido apreciadas legalmente.

Acusa que se pidió valorar la prueba para establecer si existió falsificación o no, se pidió valorar y apreciar esas pruebas , sobre todo si las jurisprudencia citada tiene carácter vinculante, refiriendo que adjunto a la demanda un Auto Supremo que contraria el criterio usado en Sentencia y Auto de Vista, y el Tribunal de apelación se limita en decir que resulta inncesario hacer un análisis relativa al nulidad o anulabilidad, pues la decisión del Juez es igualmente valedera respecto de declarar improbada la demanda del recurrente, sin tomar en cuenta que las demandas se han adherido en forma voluntaria a las pruebas presentadas por su parte.

En suma refiere que el criterio de indicar que la falsificación de Firmas es tema de falta de consentimiento no es causa de nulidad sino de anulabilidad, expresado en Sentencia ha quedado sin respaldo legal, ya que, la jurisprudencia del Tribunal Supremo refiere que la falsedad de un acto no habilita su invalidación vía anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud todo en razón a que no se puede reconocer una venta que se origina en una falsificación de firmas y por tanto del documento ya que se estaría yendo, contra la ética, principios, valores, moral y la buenas costumbres que rigen el Estado Plurinacional desechando la posibilidad de que a raíz de una falsificación evidencia un ilícito penal este acto se subsuma una causal de anualidad, para dar la posibilidad de al confirmabilidad del acto ilícito.

Por otro lado en lo relacionado a que no se ha demostrado el pago de las transferencias, las demandadas debieron haber demostrado en base a un estado de cuentas auditadas, balances y otros que efectivamente que las sumas pagadas por sus derechos salieron del patrimonio de la SRL, lo que no ha sido demostrado jamás.

Solicitando en definitiva casar el Auto de Vista en todas sus partes.     

Contestación al recurso de casación. 

No existe contestación al recurso de casación.

III. DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

III.1.- Del Objeto y la causa del contrato.

Sobre el particular se puede citar el AS Nº 504/2014 de fecha 08 de septiembre 2014, el cual ha señalado: “Ahora el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien. Lo propio sucede cuando se trata de una división y partición de terrenos, los copropietarios tengan la posibilidad de dividir dicho bien, o sea, que el bien debe existir en el patrimonio de los copropietarios, por eso se dice que la cosa debe ser cierta, en sentido de que los copropietarios sean titulares de dicho bien y el mismo exista objetivamente y tratándose de bienes sujetos a registro, deben estar respaldos con el título y su pertinente registro, así demostrados se entenderá que el bien se encuentra dentro del patrimonio de los copropietarios y por ello que dicha división puede ser posible, porque los titulares tienen en su patrimonio el bien descrito que será dividido.
Sobre la causa ilícita y motivo ilícito, corresponde remitirnos al Auto Supremo N° 311 de 17 de junio de 2013, en el que se señaló lo siguiente: “La causa ilícita, en nuestra legislación ha sido interpretada en el Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo en el que se indicó que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.
La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil”.

En cuanto al motivo ilícito el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir…”

III.2.- La falsificación del acto jurídico como causal de nulidad.

Este máximo Tribunal ha emitido basta jurisprudencia como la contenida en el AS Nº 808/2015-L de fecha 16 de septiembre 2015, orientando en sentido que: “En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.

En ambos casos la conducta no constituye un ilícito reprochable a su autor…
En virtud a este razonamiento, este Tribunal Supremo no puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.

Toda falsedad supone un engaño, todo engaño es contrario a la moral y quebranta el ordenamiento jurídico, consecuencia de ello, en virtud a los valores ético morales reconocidos en la Constitución Política del Estado, toda falsedad debe merecer reproche del ordenamiento jurídico porque de lo contrario se afecta la armonía social. Ahora bien, pretender que un acto que se origina en una falsedad produzca eficazmente efectos favorables para quien es el autor o beneficiario de esa falsedad resulta inaceptable en un Estado Constitucional, como el nuestro, basado en principios éticos morales señalados anteriormente. Siendo una característica del acto anulable la posibilidad de operar su confirmación, resulta también inaceptable que esta característica del acto anulable opere respecto a un acto ilícito de falsedad, como en el presente caso que se evidenció un documento de transferencia en el que intervendría una persona fallecida años antes de su celebración, consiguientemente podemos concluir que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud. Este razonamiento modula el entendimiento asumido por la Extinta Corte Suprema de Justicia y de este Tribunal Supremo de Justicia, en función a los postulados antes expuestos…”, ahora de acuerdo a los antecedentes del proceso la conclusión arribada por los de instancia se tiene que en el sub lite la minuta y el protocolo notarial analizados, han sido adulterados, consiguientemente el aporte dogmático de los efectos de una falsedad como se expuso en el Auto Supremo Nº 275 de 2 de junio de 2014, son aplicables al caso presente, pues se tiene que los documentos descritos han sido fraguados (falsificados), ahí la ilicitud en la falsificación, consiguientemente no se advierte infracción de norma alguna, como acusa la recurrente.”

Asimismo el Tribunal Constitucional refrendando la jurisprudencia citada, ha determinado la imposibilidad de convalidar actos basados en una falsedad, empero, siendo más precisos en la SPC  919/2014 de fecha 15 de mayo de 2014 señalo que: “En este sentido, allí donde se demuestre manifiesta ilicitud, debido a la falsedad de instrumentos públicos o privados, su invalidación no puede depender únicamente por la vía de la anulabilidad, sino de la nulidad; toda vez que, desde una interpretación teleológica, la nulidad de contratos, cuyos casos están establecidos en el art. 549 del CC, se fundamenta en la necesidad de proteger el bien común en su dimensión objetiva, por cuya razón el acto jurídico es inconfirmable y su accionamiento es imprescriptible; por su parte la anulabilidad, cuyas causales están establecidas en el art. 554 del CC, tiene la finalidad de garantizar a las partes, el cumplimiento de las normas legales en la “formación del contrato”, a causa, por ejemplo de los vicios del consentimiento, dolo o violencia, entre otros establecidos en la norma (dimensión subjetiva).

Un entendimiento contrario tendría como efecto la convalidación de actos manifiestamente ilícitos, que contravienen los principios ético-morales de la sociedad plural, entre ellos el vivir bien, rompiendo la armonía y el equilibrio en las relaciones del conjunto de la sociedad (dimensión objetiva); por lo tanto más allá de las formas y formalidades, no puede efectuarse la simple subsunción respecto de un hecho de manifiesta ilicitud como es la “falsificación” a una causal de anulabilidad, más aún tomando en cuenta que conforme lo entendió el Tribunal Supremo de Justicia una característica del acto anulable es la posibilidad de operar su confirmación, situación contraria al orden constitucional en el caso de la falsedad”.

En suma se puede advertir que este Tribunal ha modulado la jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de justicia, realizando una interpretación desde el punto de vista constitucional en atención de los principios éticos-morales que rigen nuestro actual modelo constitucional, generando el criterio que no puede considerarse como causal de anulabilidad sujeto a convalidación un acto reprochable de ilícito como es la falsedad, entendimiento que ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional conforme se desprende supra.

III.3.- De la prueba trasladada.

En el proceso civil se pretende encontrar la verdad sin que se trate de una simple verdad formal o verdad legal, pero lo cierto es que el Juez resuelve sobre la base de los elementos de prueba que gravitan en el proceso, por eso decimos que el sistema probatorio es aquella actividad que desarrollan las partes para que el Juez o Tribunal adquiera convencimiento de la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica para fijarlos como ciertos en un proceso. La prueba es el elemento procesal más relevante para determinar los hechos a efectos de un proceso, la misma que debe ser valorada por el Juez de la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su procedimiento.

Con relación a la prueba esta puede ser documental, confesoria, testifical, pericial, así como también están considerados como medios probatorios las presunciones.

Estas pruebas deben ser introducidas al proceso por las partes con la finalidad de probar los fundamentos facticos a través de las cuales consolidan las pretensiones expresadas en la demanda.

Por otra parte resulta importante exponer sobre la prueba trasladada, la cual no está prohibida conforme indica el art. 373 del Código de Procedimiento Civil, en ese sentido Hernando Devis Echandía en su obra COMPENDIO DE LA PRUEBA TOMO I anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso, en la página 175 respecto a esta prueba señala lo siguiente: “Se entiende por prueba trasladada aquella que se practica o admite en otro proceso y que es presentada en copia auténtica o mediante el desglose del original, si la ley lo permite en el segundo proceso”. También en dicha obra al referirse a la prueba trasladada de un proceso penal a un proceso civil en la página 180 y siguientes expone: “Pruebas de un proceso penal o de otra jurisdicción no civil dada la unidad de la jurisdicción, no obstante la división y especialización que para su ejercicio se haga, es jurídicamente igual que la prueba trasladada se haya recibido en un proceso anterior civil o penal o contencioso administrativo, etc, siempre que haya sido pública y controvertida por la parte contra quien se aduce en el nuevo proceso”. Para que la prueba traslada opere debe ser ratificada en el otro proceso, haber intervenido también las mismas partes y haberse producido la prueba trasladada por una de las partes.

III.4.- El incumplimiento de la obligación es causal de resolución o cumplimiento de obligación, pero no de nulidad del acto.

En el AS Nº 103/2013 de fecha 11 de marzo 2013 se ha señalado que : “ Para el perfeccionamiento del contrato del compra venta, tampoco se requiere de la entrega física de la cosa o el pago del precio por ser un contrato consensual por excelencia, en todo caso los aspectos señalados es consecuencia de la realización del contrato y que nacen como obligaciones para las partes y en caso de incumplimiento de las mismas lo que corresponde es exigir judicialmente su cumplimiento o la Resolución del contrato conforme a los arts. 622 y 639 del Código Civil y de ninguna manera constituyen causal de nulidad del contrato como erróneamente acusan los recurrentes…

A mayor abundamiento podemos citar el Auto Supremo Nº 120/2012 de fecha  17 de mayo de 2012, el cual refiere: “ Conforme los fundamentos expuestos por la parte demandante se establece que el hecho en el que funda su demanda de nulidad es la falta de pago del precio acordado entre las partes por la venta del inmueble, siendo así, resulta evidente que los Tribunales de instancia al haber declarado probada la demanda de nulidad por la causal prevista en el art. 549-3) del Código Civil, han violado la norma mencionada, toda vez que no tomaron en cuenta que conforme prevé el art. 521 del Código Civil, el contrato de compraventa es un contrato consensual que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella, aun cuando el precio no se haya pagado y la cosa no haya sido entregada.

En ese marco, si bien la entrega de la cosa vendida y el pago del precio en el término y lugar acordados, constituyen las principales obligaciones del vendedor y del comprador, respectivamente, empero el incumplimiento de esas obligaciones de ninguna manera constituye causal de nulidad del contrato, y en todo caso ese incumplimiento constituye motivo de resolución del contrato, en efecto si el comprador no paga el precio el vendedor puede pedir la resolución de la venta y el resarcimiento del daño, conforme determina expresamente el art. 639 del Código Civil. Lo expuesto nos permite concluir que si el sustento para la nulidad demandada radica en el supuesto incumplimiento del comprador respecto al pago del precio acordado por la venta, resulta evidente que tanto los demandantes como los Tribunales de instancia confundieron los alcances de la nulidad del contrato al pretender aplicar ese instituto a un hecho que de ninguna manera configura causal de nulidad, sino más bien de resolución de contrato.

Corresponde precisar que la nulidad o invalidez es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.

El incumplimiento de las obligaciones o prestaciones no configura de ninguna manera una causa de nulidad que afecte a la estructura del acto, como erradamente lo entendió el Tribunal de alzada, toda vez que el incumplimiento de la obligación debida es siempre sobreviniente y no simultánea a la celebración del acto”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del contexto de todo su recurso se advierte que está abocado a determinar que habría demostrado su pretensión de nulidad de documentos en base al art. 549 incs. 1. 3  y 5 del CC, mas propiamente por el hecho de que no se habría pagado por el 50% acordado de compra de acciones, extremo que se ha probado por la documental y testifical adjunta al proceso, por lo que, correspondía disponer la nulidad y también acusa la nulidad bajo el fundamento que su firma habría sido falsificada en la asamblea extraordinaria.

Resultando en esencia esos los dos puntos en controversia, por metodología estructural de la Resolución y a los efectos de una argumentación jurídica clara es menester analizar cada uno por separado.

Por lo que, de inicio corresponde analizar la demanda cursante de fs. 66 a 69, para establecer en esencia su fundamento factico a efectos de actuar dentro del marco de la congruencia, es así que ese actuado de forma precisa señala que: “ por la documental que adjunto a la presente acción, acredito que mi persona conjuntamente el Sr JOSE RENE LUCUY FERNANDEZ (fallecido), constituimos una SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en fecha 14 de mayo de 1985 bajo la razón social INGENIEROS CONSTRUCTORES  (“INCO” LTDA), cuyo objeto fue la construcción y ejecución de obras en ingeniería civil,  siendo paritaria nuestra participación en cuanto a los aportes y distribución de cuotas desarrollando nuestra labores como Gerentes en lo Técnico y administrativo, respectivamente cada uno de nosotros. “…” Posteriormente se suscribió una nueva escritura Pública de adecuación al nuevo Signo Monetario, Aumento de capital Distribución de Cuotas y Cambio de Razón Social denominándose desde entonces la empresa INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION LUCUY LTDA.  “INCOL” S.R.L. “ …” en fecha 2 de marzo de 2006, durante la vigencia de una demanda que por rendición de cuentas inicie contra el Sr. José Rene Lucuy Fernández (Fallecido), ambos esposos resentidos con mi persona, luego de obstaculizar por todos los medios mi participación en la empresa al extremo de vetar mi ingreso la Sra. Roxana Sanz Zegada a oficinas de la misma que data desde 1990, suscriben una Minuta de aclaración y complementación la misma protocolizada y signada con el Nº 106/2006 de fecha 2 de marzo de 2006, otorgada por ante el Notario de primera Clase Nº 4 a cargo del Abogado Walter H. Tapia Funez relativa a una ACLARACION Y COMPLEMENTACION, correspondiente a INCOL S.R.L.; Ingeniería de la Construcción Lucuy Ltda.  RATIFICACION DE ESCRITURA RELATIVA A LA VIDA JURIDICA DE LA SOCIEDAD, OBJETO, DOMICILIO, DURACION Y ADMINISTRACION DE LA MISMA RATIFICANDO TODAS LAS ANTERIORES ESCRITURAS YA MENCIONADAS, documento en el que se INSERTA EL TENOR DEL ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “INCOL” S.R.L. de fecha 4 de mayo de 1998, donde yo “aparezco” firmando la misma y en la que se habría decidido mi salida e ingreso de nueva socia, además de que se habría acordado “las respetivas utilidades dispuestas entre socios, queda terminantemente aceptado por los socios que no quedan cuentas pendientes”… Sic. Cuando en la realidad de los hechos nunca mi persona participo de dicha  “Asamblea de Socios” ni mucho menos “asentir el ingreso de la nueva socia”, habiendo sido mi firma falsificada para sustentar y respaldar la escritura Publica Testimoniada Bajo el Nº 187 “… ” A los fines legales aclaro que mi firma que me hubo sido sonsacada en la minuta de 31 de julio de 1.998 me corresponde empero, con la firme promesa que se me diera y entregara mi participación en la distribución de utilidades y dividendos tanto en los bienes inmuebles de Sucre, La Paz y Oruro, como de los equipos y maquinas vehículos de la empresa y además el pago por concepto de las cuotas de capital que me correspondía aspectos que nunca ocurrieron” bajo ese antecedente solicita la: “NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 4 DE MAYO DE 1.998, así como de la MINUTA DE FECHA 31 de julio de 1998 que dio origen al Testimonio No 187 de fecha 4 de agosto/1998 y de la ESCRITURA PUBLICA TESTIMONIADA SIGNADA CON EL Nº 106 de fecha 2  DE MARZO 2006 referida a Aclaración y Complementación correspondiente a  “INCOL” S.R.L. y ratificación de las Escrituras Públicas relativas a la Vida Jurídica de la Sociedad, objeto, Domicilio, Duración y Administración de la misma, todo en razón a que no existió OBJETO EN LA MINUTA DE 31 DE JULIO/98 que dio origen al testimonio Nº 187 de 4 de agosto /98 una de trasferencia de cuotas de capital, por la única y sencilla razón de que como compradora Roxana Sanz Zegada de Lucy , Nunca me pago en absoluto ningún monto de dinero, quedando en simples promesas, peor aun cuando el único documento donde señala que se me habría cancelado o pagado por mis cuotas de capital supuestamente vendidas es el acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la Empresa  “INCOL” SRL de fecha 4 de mayo de 1998 que origina la Escritura pública Testimonio Nº 106 de fecha 2 de marzo /2006  mi firma ha sido falsificada como demuestro a (fs. 22 a 40) que hace referencia al Examen pericial documento lógico No. 007/2014, lo que significa también demostrar LA CAUSA ILICITA que esgrimo como causal de nulidad.”.

Partiendo de ese antecedente en cuanto a su reclamo inherente a que procedía la nulidad de obrados debido a que no se cumplió con su prestación acordada, es decir el pago del 50 % de acciones y demás hechos acordados, puesto que la parte demandada no habría demostrado que se pagó por la transferencia, y por ese motivo no existirá objeto en el contrato conforme lo determina el art. 549 inc.1) del CC.

Sobre el particular corresponde reiterar el entendimiento asumido en el punto III.4, en sentido que el incumplimiento de una obligación, no es causal de nulidad, esto debido a que las causales de nulidad o invalidez del acto jurídico, se originan por falta de algunos requisitos establecidos en la norma (art. 452 del CC) al momento de la formación del contrato, y no posterior, en otros términos, cuando el acuerdo de partes (contrato) no es cumplido en una de sus prestaciones, este hecho debe ser reclamado vía Resolución o cumplimiento de obligación de acuerdo a lo establecido en el art. 568 del citado código y no por nulidad del acto jurídico, debido a que la falta de objeto debe ser entendida conforme a los parámetro señalados en el punto III.1.

Teniendo como norte lo referido, lo acusado por el recurrente en sentido de ser viable su pretensión de nulidad por incumplimiento en el pago de la obligación, de acuerdo lo señalado y desglosado en el tópico III.4, es un hecho que no se subsume como una causal de nulidad de contrato, no siendo viable su pretensión en los términos expuestos sobre este punto, resultando irrelevante cualquier reclamo ligado a este fundamento, aclarando al recurrente que tiene expeditas las vías legales señaladas para solicitar el cumplimiento de una obligación.

Y en segundo lugar de todo el contexto de su recurso de casación se advierten varios fundamentos que tienen como punto neurálgico, que la firma del recurrente habría sido falsificada, ya que, no hubiese participado en la asamblea extraordinaria de 4 de mayo de 1998, extremo que  estaria acreditado por el informe pericial grafológico adjunto a la demanda sin importar si fue obtenido de forma unilateral y que no resultaría evidente el criterio vertido por el Juez de la causa, debido a que este Tribunal habría emitido jurisprudencia en sentido que la falsificación no es causal de anulabilidad sino de nulidad.

Para un correcto análisis corresponde tener presente los fundamentos que hacen a la demanda y en el caso en cuestión de acuerdo a lo señalado líneas supra, la demanda entre otro de sus puntos tenia por fin la  NULIDAD DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FECHA 4 DE MAYO DE 1.998, bajo el fundamento que en el: “ACTA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “INCOL” S.R.L. de fecha 4 de mayo de 1998, donde yo “aparezco” firmando la misma y en la que se habría decidido mi salida e ingreso de nueva socia, además de que se habría acordado “las respetivas utilidades dispuestas entre socios, queda terminantemente aceptado por los socios que no quedan cuentas pendientes”… Sic. Cuando en la realidad de los hechos nunca mi persona participo de dicha  “Asamblea de Socios” ni mucho menos “asentir el ingreso de la nueva socia”, habiendo sido mi firma falsificada para sustentar y respaldar la escritura Publica testimoniada Bajo el Nº 187”.

En ese antecedente en el caso de Autos el informe pericial documentologico cursante de fs. 24 a 43, resulta decisivo para probar la pretensión de nulidad de del Acta de Asamblea extraordinaria  de 4 de mayo de 1998, debido a que la misma en su acápite conclusiones punto primero de forma precisa señala: “   La firma que se encuentra en el ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIEDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “INCOL S.R.L.”  DE FECHA 4 DE MAYO DE 1998. No corresponde al punto y letra del Señor Carlos Carreón Berazain C.I. Nº 1249811 por lo tanto existe falsedad” documental que de forma preponderante establece que la existencia de falsedad.

Corresponde aclarar el entendimiento vertido por los de instancia en sentido que este medio probatorio  resultaría unilateral, extremo que no sería evidente, en el entendido que ese medio probatorio, tiene la calidad de prueba trasladada conforme se ha orientado en el acápite III.3, pues ha sido producido dentro del proceso penal de falsedad y uso de instrumento falsificado conforme se advierte de fs. 297 a 300 vta., y claramente esta prueba  en su primera parte orienta que deviene por Requerimiento Fiscal, habiendo participado las mismas partes, y habiendo sido ratificado en este proceso como indicamos antes, la misma fue introducida al proceso por el demandante y corrida en traslado a la parte adversa, y ante ese hecho los demandados, en sus memoriales respectivos se adhirieron a toda la prueba presentada, es decir dando su aceptación con la misma, razón por la cual no puede acusársela de unilateral cuando la misma por un lado fue producida en otro proceso y por otro la parte contraria no realizo observación alguna, al contrario se adhirió a la misma, aspecto que le da toda la eficacia para el presente proceso por la actitud de las partes al margen de ello, de acuerdo a la carga de la prueba los demandados estaban en la obligación de refutar ese informe, empero, no produjeron prueba que desvirtúe el referido estudio grafotécnico, si bien ha solicitado se remita otro informe, empero, no ha coadyuvado con la remisión del mismo.

Asimismo cabe aclarar que el juzgador estaba en la obligación de considerar la prueba trasladada aportada a la demanda valorándola conforme a derecho, pues como se expuso supra y el principio de verdad material, dicha prueba fue producida de manera legal en otro proceso sustanciado entre ambas partes.

Si bien el informe grafotécnico no fue ofrecido y producido dentro del término de prueba lo fue como prueba trasladada a tiempo de presentar la demanda, consiguientemente estuvo en conocimiento de la parte demandada desde la citación con la demanda a la cual se adhirió.

De lo referido se establece que al no ser el demandante el autor del acta de la asamblea extraordinaria, su firma estampada en el referido documento es falsa y se presume que ha sido suplantado por otra persona, en ese sentido, el informe pericial determinó a ciencia cierta que la firma estampada en dicho documento no le corresponde, en ese entendimiento se concluye que no participo en la suscripción de ese documento, siendo conexo el referido informe con la pretensión de nulidad por falsedad.

Y en el caso de autos de acuerdo a lo señalado se ha demandado la nulidad de la acta de asamblea extraordinaria de fecha 4 de mayo de 1998, porque su firma habría sido falsificada en dicha acta, extremo como se expuso se tiene probado por informe pericial adjunto al proceso como prueba trasladada, prueba que no ha sido enervada con otro medio pericial, no resultando los medios de prueba testificales suficientes para enervar el citado medio probatorio, por lo que, resultado errado en entendimiento asumido por el Juez A quo sobre este punto y así como el yerro de sus fundamentos esgrimidos en el Auto de Vista quienes rechazaron ese informe por cuestiones no atinentes, desconociendo su eficacia.

Por otra parte es preciso recordar el entendimiento esbozado en el tópico III.2, puesto que la falsificación de instrumentos privados o públicos es considerado una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores que sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables, más por el contrario por lógica consecuencia debe producir efectos de reproche que atenta contra el orden legal y la convivencia social, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito criterio como también se ha citado en ese punto ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional, generando ese criterio jurisprudencia vinculante a todos los casos que tengan fundamentos facticos similares como es el caso de autos, por lo que, corresponde su aplicación en el presente.

No existiendo respuesta al recurso de casación no corresponde mayor fundamentación al respecto.

Por todo lo expuesto, al ser evidente la infracción acusada en la que incurrieron los de instancia, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo estipulado en los arts. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 220.IV de la Ley 439, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 20/2017 de 17 de febrero de 2017, que cursa de fs. 597 a 602 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, deliberando en el fondo declara PROBADA la demanda de nulidad del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 4 de mayo de 1998 visible entre otros a fs. 57 y vta., manteniendo incólume el resto de la determinación asumida en primera instancia.

Sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.