TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

             S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 492/2017

Sucre: 15 de mayo 2017

Expediente: CH - 43- 16 S

Partes: Roberto Rómulo Coronado Díaz. c/Jhonny Mauro  Carvajal  Quinteros,

            Isidora Luz Bellido de Carvajal, Felipe Mario Nava Ortiz, Lidia Ferreira

             Romero  de  Nava,  German  Mogro  Gutiérrez,  Elena Vargas de Mogro,

             Arcenio  Cardozo  Gonzales,  Elena  Acebey  de Cardozo, Máximo López

             Lopez y FONVIS en liquidación.

Proceso: Ordinario sobre restitución de inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 1150 a 1152, interpuesto por Isidora Luz Bellido de Carvajal a  través de sus representantes Jaime Eduardo Hurtado Poveda y Neyssy Callejas Serrano contra el Auto de Vista Nº 90/2016 de 1 de abril, cursante de fs. 1134 a 1135 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre restitución de inmueble y pago de daños y perjuicios seguido por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra Jhonny Mauro Carvajal Quinteros, Isidora Luz Bellido de Carvajal, Felipe Mario Nava Ortiz, Lidia Ferreira Romero de Nava, German Mogro Gutiérrez, Elena Vargas de Mogro, Arcenio Cardozo Gonzales, Elena Acebey de Cardozo, Máximo López Lopez y FONVIS en liquidación, la respuesta y adhesión de fs. 1164 a 1166, el Auto de fs. 1177 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:


I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:


El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comerc ial de la ciudad de  Sucre, pronuncia la Sentencia Nº 30/2015 de 20 de julio, cursante de fs. 956 a 959 vta., que declaró probada en parte la demanda principal, sin costas, disponiendo la restitución del inmueble que estaría ocupado por Jhonny Mauro Carvajal Quinteros e Isidora Luz Bellido de Carvajal de una extensión de 277.20 Mts2., A favor de Roberto Rómulo Coronado Díaz, sin constas, asimismo declaró sin lugar al pago de daños y perjuicios, como también dispuso que en ejecución de Sentencia  se realicen las compensaciones respecto a las construcciones y mejoras realizadas por los demandados en el terreno cuya restitución se ha dispuesto a favor de Jhonny Mauro Carvajal Quinteros y Isidora Luz Bellido de Carvajal, así también declaró improbada la demanda con relación a la restitución del inmueble que estaría ocupado por Felipe Mario Nava Ortiz, Lidia Ferreira Romero de Nava, del inmueble de 244,80 Mts2., y en consecuencia declaró probada la excepción de prescripción extintiva interpuesta por esta últimas personas nombradas, y otras disposiciones contenidas en la parte resolutiva de la referida resolución.


Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandante Roberto Rómulo Coronado Díaz, por la codemandada Isidora Luz Bellido de Carvajal y por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de su representante Hernán Vega Oporto, fue resuelto los dos primeros recursos por Auto de Vista Nº 90/2016 de 1 de abril, cursante de fs. 1134 a 1135 vta., que confirmó la Sentencia apelada, soslayando pronunciarse respecto al tercer recurso, asimismo con respecto a la apelación de Isidora Luz Bellido,  estableciendo que no existe expresión de agravios, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto, con el argumento en relación a la apelación, de Roberto Rómulo Coronado Díaz que, sería evidente  haberse probado el derecho propietario del actor, conforme a la Sentencia  de 3 de diciembre de 2004, pronunciada por el Juez 1ro. de Partido en lo Civil- Comercial de la Capital, que habría declarado nulas y sin valor las transferencia realizadas por los demandados dentro de la demanda de nulidad de venta interpuesta por Rómulo Coronado Díaz, y con relación a la apelación de  Isidora Luz Bellido de Carvajal que, no habría cumplido con la carga procesal de citar en  términos claros, precisos y concretos, la ley o leyes vulneradas o aplicadas erróneamente, ni especificado el agravio sufrido por la vulneración, falsedad o error de la norma aplicada, se habría limitado a solicitar se revoque la Sentencia, declarando  improbada en todas sus partes, determinando que no existiría expresión de agravios; fallo de segunda instancia que fue recurrido de casación por la demandada Isidora Luz Bellido de Carvajal a través de sus representantes Jaime Eduardo Hurtado Poveda y Neyssy Callejas Serrano.


II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Denuncia que, el presente proceso de restitución de inmueble y pago de daños y perjuicios, tendría como base una Sentencia dictada en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil cursante a fs. 6 de obrados, en la que se declara probada la demanda y en consecuencia nulas y sin valor legal las transferencias realizadas por los demandados, siendo que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declaró fundado el recurso de revisión extraordinaria de Sentencia y en consecuencia anuló la Sentencia pronunciada el 3 de diciembre de 2004 por el Juez Primero de Partido en lo Civil Comercial de la ciudad de Sucre, sin embargo el Tribunal de alzada habría omitido referirse sobre esta última Sentencia, limitándose a observar la falta de exposición de agravios, por lo que habría vulnerado  los arts. 23 y 180 de la Constitución Política del Estado, toda vez que una verdad material y jurídica estaría por encima de todo un proceso judicial, aun cuando no haya sido propuesta por las partes, y por el principio de verdad material  correspondía revocar la Sentencia declarando improbada la demanda principal, al sostenerse la misma sobre una demanda anulada.

Solicitando se case y se declare improbada la demanda principal.


ADHESION AL RECURSO:


Que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a través de su representante Hernán Vega Oporto,  se adhiere a lo principal al memorial de casación presentado por la demandada Isidora Luz Bellido de Carvajal y en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 1164 a 1166.


III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


DE LA SUSTRACCIÓN DE MATERIA.-


En el Auto Supremo Nº 392/2013 de 22 de julio se ha desarrollado la teoría de la sustracción de materia, en ella se indicó lo siguiente: “En nuestra legislación, en el Libro Primero Título VI, se encuentra consignado la extinción extraordinaria del proceso, así consta del desistimiento (que engloba al retiro de la demanda, el desistimiento del proceso, el desistimiento del derecho y los desistimientos de los recursos), también consigna a la perención y la transacción, cada una con requisitos y tratamientos peculiares, no está lo que en la doctrina se denomina como la sustracción de materia, como forma extraordinaria de conclusión del  proceso.


El aporte doctrinario de Jorge Walter Peyrano, en su obra “El PROCESO ATIPICO” Editorial Universidad, Buenos Aires 1993, en la página 126 y siguientes, al realizar el estudio sobre la extinción del proceso por sustracción de materia, refiere que la misma no tiene regulación legal en los sistemas procesales,  como modo de extinción del proceso, así señala: “… ¿qué es, en qué consiste la  “sustracción de materia? Pues simplemente en un modo de extinción de la pretensión y del  proceso respectivo, pocas veces columbrado por la doctrina más prestigiosa a pesar de su relevancia y que sin duda- su operatividad es frecuente  en la praxis.  Claro está  que con lo dicho poco se avanza en la conceptuación de lo que debe entenderse por “sustracción de materia”, terminología ésta que hemos usado en otra oportunidad y que mantenemos por parecernos gráfica e inequívoca. Se impone entonces que por fin- digamos que la “sustracción de materia no es otra cosa que un medio anormal de extinción del proceso (no regulado por el legislador), constituido por la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisión deja de ser tal por razones extrañas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente emitir pronunciamiento de mérito (acogiendo o desestimando) sobre la pretensión deducida. Es que resulta perfectamente posible que lo que comienza siendo un “caso justiciable”, no lo sea más por motivos -digámoslo así- exógenos… “La disposición proyectada supone que el tema de la controversia, no puede ser sometido no ya a un determinado magistrado, como órgano singular de la administración de justicia, sino a todo el organismo judiciario. Es lo que se ha dado  en llamar defecto absoluto de la potestad jurisdiccional. No se trata de una forma de incompetencia. Se trata de la negación del poder de juzgamiento…” Por supuesto que y acá principiamos a retomar el hilo principal_ puede suceder (y de hecho acontece con habitualidad) que un “caso justiciable” se torne en “no justiciable” ínterin se está tramitando, y que ello obedezca a circunstancias extrañas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estará ante un supuesto de “sustracción de materia”. Piénsese ahora, a guisa de ejemplo, en el caso recordado por Carnelutti de “extinción de la Litis”, constituido por la coyuntura del fallecimiento del denunciado como insano, mientras se está sustanciando el proceso promovido en miras a su declaratoria de incapacidad...”.


En la legislación comparada, se tiene la de la república del Perú en cuyo art. 321 del Código Procesal Civil de dicho Estado, señala que el proceso concluye sin declaración en el fondo en cualquiera de los siguientes casos: a) se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional, b) por disposición legal en conflicto de intereses deja de ser un caso justiciable, c) se declare el abandono del proceso, d) consentimiento de la resolución que ampara alguna excepción o defensa previa, e) caducidad del derecho, f) el demandante desiste del proceso o de la pretensión, g) que sobrevenga la consolidación en los derechos de los litigantes; estas son las causales sobre la extinción del proceso, por lo que la sustracción de materia se encontraría regulada en dicho cuerpo procesal…”.


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


La normativa preceptuada por el art. 106 de la Ley Nº 439 en concordancia con el art. 17 de la Ley Nº 025 establecen la obligación de los Tribunales del examen de oficio de las actuaciones procesales, en ese antecedente corresponde hacer las siguientes consideraciones:


En el caso presente, mediante memorial de fs. 41 a 42, subsanado a fs. 54, ampliado de fs. 530 a 532 vta., aclarado a fs. 535, el actor Roberto Rómulo Coronado Díaz, formula su pretensión de restitución de inmueble y otros, que es admitida por proveído de fs. 535 vta., la misma que refiere en lo sustancial para el presente fallo, que es propietario de un lote de terreno de 522 m2., de superficie, signado con el número 48, Manzano No. 5, ubicado actualmente en la calle Av. De Las américas, esquina calle Guatemala registrado en el Folio con matrícula No. 1011990029670, respecto de dicho inmueble pide se disponga la restitución de los lotes que ocupan Jhonny Mauro Carvajal Quinteros e Isidora Luz Bellido de Carvajal, en una extensión de 277,20 m2., y contra Felipe Mario Nava Ortiz y Lidia Ferreira Romero de Nava en una extensión de 244,80 ms2, más el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, asimismo refiere que su demanda se sustenta en la Sentencia emitida por el Juez Primero de Partido en lo Civil de Capital, que declara probada la demanda y en consecuencia nulas y sin valor legal las transferencias realizadas por los demandados, disponiendo la cancelación de las partidas de fecha 28/04/1984; 04/07/1984; 20/08/1984; 27/10/1992; 17/04/1985; 15/01/2002 y 04/04/2003 y al haber sido ganada dicha demanda su derecho propietario estaría vigente y subsistente por dicha Sentencia, en base a esos antecedentes impetra la restitución de su lote de terreno, pretensiones sustentadas sobre la base de la Sentencia de fecha 03 de diciembre de 2004, cursante a fs. 6 y vta.


Ahora bien, de la revisión de obrados a fs. 1083 a 1086, se tiene la Sentencia Nº 12/2015 de 23 de febrero pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del recurso extraordinario de revisión de la Sentencia emitida el 03 de diciembre de 2004 por el Juez Primero de Partido Ordinario en lo Civil y Comercial de Sucre, en el proceso de nulidad de venta del inmueble sito en calle Luis Paz de esta ciudad seguido por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra el FONVIS, German Mogro Gutierrez, Elena Vargas de Mogro, Felipe Mario Nava Ortiz, Mario Nava Ortiz, Arcenio Cardozo Gonzales, Elena Acebey de Cardozo, Máximo López Lopez, Jhonny Mauro Carvajal Quinteros e Isidora Luz Bellido de Carvajal, Sentencia base de la rehabilitación de derecho propietario y su registro en Derechos Reales del demandante en la presente causa, establece que en el proceso de nulidad de escrituras planteado por Roberto Rómulo Coronado Díaz, introdujo fraude en dicho proceso de nulidad de Escrituras Públicas, cuya Sentencia se revisa en el Tribunal Supremo de Justicia conforme ya se refirió, haciendo víctima del engaño al juzgador e impidiendo el legítimo ejercicio del derecho a la defensa de los demandados en dicho proceso; por lo que declaró fundado el recurso de revisión extraordinaria de Sentencia y en consecuencia anuló la Sentencia pronunciada el 3 de diciembre de 2004 por el Juez Primero de Partido en lo Civil-Comercial de la ciudad de Sucre, en el proceso de nulidad de escrituras planteado, seguido por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra Jhonny Mauro Carvajal e Isidora Luz Bellido de Carvajal, disponiendo  que el Juez de la causa, exija el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la norma del artículo 327-4) de la misma disposición legal; Sentencia del proceso de nulidad que por su efecto retroactivo rehabilitó el derecho propietario del demandante-actor en la presente causa; en consecuencia al quedar sin efecto la referida Sentencia, se rehabilitó el derecho propietario de los demandados por sobre el derecho propietario del demandante que quedó sin efecto por el momento, mientras resuelva el proceso de nulidad de Escrituras Públicas antes referida.


En consecuencia, por la documental de fs.  6 y vta., resulta evidente que en aquel proceso de nulidad de Escrituras Públicas seguido por Roberto Rómulo Coronado Díaz contra Jhonny Mauro Carvajal e Isidora Luz Bellido de Carvajal y otros, se ha anulado obrados hasta la admisión de la demanda, esto quiere decir que la causa petendi, es decir la causa de la pretensión (causa de pedir), integrada con las proposiciones fácticas y el derecho alegado que constituyen la razón de la pretensión de pedir en la presente causa (Roberto Rómulo Coronado Díaz contra Jhonny Mauro Carvajal e Isidora Luz Bellido de Carvajal y otros) que conforme se expuso supra, por efecto de la Sentencia de Sala Plena del Tribunal Supremo, ha desaparecido, puesto que en el presente proceso el actor tomó la Sentencia del proceso de nulidad como sustento y base para solicitar la restitución de la posesión de los terrenos sobre su derecho propietario que se rehabilitó precisamente por efecto de la Sentencia emitida por el Juez Primero de Partido en lo Civil de Capital, que ha sido anulado en forma posterior a raíz de la Sentencia Nº 12/2015 de 23 de febrero, cursante de fs. 1083 a 1086, pronunciada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, consiguientemente al haberse adjuntado esta Sentencia en forma posterior al inicio de la demanda se ha generado la sustracción de materia conforme al fundamento expuesto en la doctrina aplicable, por lo que emitir pronunciamiento sobre la base individual de una Sentencia anulada, se daría lugar a confrontar la decisión pronunciada en aquel proceso de Revisión Extraordinaria de Sentencia frente a la decisión emitida en el caso presente, por lo que se hace necesario aplicar la doctrina de la sustracción de la materia desarrollada en los Autos Supremos 392/2013 y 1007/2016 entre otros, como una medida de administrar justicia, sujeta a la verdad material, con la finalidad de evitar el pronunciamiento de decisiones que a la postre serían inejecutables por no asistir al actor la titularidad del inmueble litigado.


Esta teoría de la sustracción de la materia conforme se tiene expuesto de manera amplia de la doctrina, es correctamente aplicada al caso presente, pues al haberse generado la “sustracción de materia” en la Litis no se puede acoger o denegar el derecho precisamente por falta de materia justiciable, que no significa que el actor pueda intentar nuevo proceso en base a las resultas del proceso judicial ajeno a esta causa.


Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil, con relación al art. 106 del citado cuerpo legal.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el art. 220.III del Código Procesal Civil con relación al art. 106 del citado cuerpo legal. ANULA  todo lo obrado, sin reposición por haberse generado la sustracción de la materia en la presente Litis.


Sin responsabilidad para los de instancia por ser excusable el error incurrido.


De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.