TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                       S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 459/2017

Sucre: 08 de mayo 2017

Expediente: CB-54-16-S

Partes: Pablo Bonifacio Paillo y Otros. c/ Gregoria Zapata Colque Vda. de Laime.  

Proceso: Acción reivindicatoria.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 179 a 180, interpuesto por Gregoria Zapata Colque Vda. de Laime contra el Auto de Vista Nº 5/2016 de 05 de febrero cursante de fs. 175 a 176, pronunciado por el Juzgado Público Civil Comercial Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de acción reivindicatoria seguido por Pablo Bonifacio Paillo y otros contra Gregoria Zapata Colque Vda. de Laime, la contestación de fs. 187 a 188, la concesión de fs. 189, la remisión de fs. 196, el Auto Supremo de admisión de fs. 201 y vta., los antecedentes del proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- La Juez Sexto de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Cochabamba, pronunció la Sentencia Nº 125/2015 de 29 de octubre cursante de fs. 149 a 152 y vta., declarando Probada en parte la demanda de acción reivindicatoria interpuesta por Pablo Bonifacio Paillo, Luzmila Lía Bonifacio y Adriana Bonifacio Paillo. En consecuencia se ordena a la demandada, Gregoria Zapata Vda. de Laime restituya el lote de terreno motivo de litis, a favor de los actores, cuyo cumplimiento deberá efectuarse en el plazo de tres días a partir de la ejecutoria de la Sentencia, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento en caso de incumplimiento. Sin lugar a los daños y perjuicios demandados por la parte actora.

I.2.- Resolución de primera instancia que al ser apelada por la parte demandada Gregoria Zapata Colque Vda. de Laime, mediante escrito de fs. 158 a 159, mereció el Auto de Vista Nº 5/2016 de 05 de febrero cursante de fs. 175 a 176, que Confirma la Sentencia apelada con costas en ambas instancias, y Anula parcialmente el Auto de concesión de alzada de 14 de diciembre de 2015, sólo en lo que toca a la concesión del recurso de apelación diferido planteado contra el Auto Interlocutorio de 06 de enero de 2015 y se declara ejecutoriado el mismo, sin costas; argumentando en lo relevante que los actores tienen acreditado la ubicación del inmueble objeto de litis y la posesión del mismo por parte de la demandada con el plano georeferenciado de fs. 15, el acta de inspección judicial de fs. 102 y la confesión provocada de fs. 88, por lo que el argumento de la apelante respecto a la incertidumbre sobre la ubicación del inmueble motivo de litis resulta claramente infundado; que según el art. 1435 del CC, los únicos requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria son la acreditación del derecho propietario (publicitado con inscripción en DD.RR.) y la posesión o detentación de su inmueble por otra persona que no es su propietario, por lo que resultaba intrascendente considerar si la posesión de la demandada se habría originado en forma pacífica o arbitraria, más aún si la demandada no tiene acreditado que su posesión se origina en un título de propiedad debidamente inscrito en DD.RR., o en algún otro título (anticresista, inquilina, usufructuaria, etc.); que al ser el objeto de la litis la reivindicación de inmueble, el objeto de la prueba versa sobre la acreditación del derecho propietario y la posesión del mismo por una tercera persona que no es su propietario, por lo que la demandada debió acreditar fehacientemente su derecho propietario alegado con documento inscrito en Derechos Reales, no así con un documento de compromiso de venta de inmuebles que solo surte efectos entre sus intervinientes, no así contra los demandantes, quienes a diferencia de la demandada tienen publicitado su derecho propietario que sustenta su pretensión, consecuentemente el citado argumento resulta notoriamente infundado.

I.3.- Resolución de Alzada que es recurrida de casación por la referida demandada, que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN, Y SU RESPUESTA:

II.1.- De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

II.1.1.- Acusa violación del art. 236 del CPC y 15 de la LOJ; refiere que en el recurso de alzada se encuentran expresados con meridiana claridad cuáles son los perjuicios y/o agravios que provoca la Sentencia, sin embargo el Tribunal de apelación no consideró los mismos y se limitó a referir que son inexistentes sin fundamento alguno.

Por otro lado en cuanto a la errónea valoración de la prueba acusada se incurrió en la misma flagrante violación de las disposiciones de los arts. 397 y 476 del CPC, por no haber valorado y apreciado como pruebas esenciales y decisivas las piezas de descargo aportadas en la litis; a la vez, desmereció el valor probatorio del documento que le otorga posesión y titularidad sobre el bien objeto del proceso, y además que el documento que refiere tiene la calidad de contrato según lo previsto por el art. 519 del CC.

Agrega que lamentablemente el Tribunal de Alzada no ha tomado en cuenta en absoluto, los aspectos doctrinales y legales que transcribe, resultando el fallo de segunda instancia, a todas luces y desde todo punto de vista, simple y sin fundamento; al extremo que no ha considerado los fundamentos positivos e irrefutables que como expresión de agravios contiene el memorial de apelación, violando los arts. 236 del CPC y 15 de la LOJ.

Asimismo, no resuelve respecto a la extensión superficial incurriendo en el mismo error que el A quo puesto que se permite una reivindicación de una extensión desconocida y lo peor no toman en cuenta que su persona ingresó de manera pacífica a los terrenos que se pretende reivindicar y no arbitrariamente que es un requisito esencial para iniciar el proceso de reivindicación, como se acredita ingresó a los terrenos considerando que adquirió los mismos mediante documento reconocido de fecha 11 de enero de 2007 (fs. 47 a 49), fecha desde la cual ha estado en pacífica posesión cumpliendo la función social.

II.1.2.- Denuncia que tanto el Juez de primera instancia y el Tribunal de Alzada, en las instancias respectivas de tramitación de este proceso, no han observado en absoluto lo previsto por el art. 1 nums. 9 y 14 de la LOJ, arts. 3.1), 5 y 90 del CPC, ni se han molestado  en revisar con detalle el texto de la demanda, y peor aún no valoran la prueba aportada de su parte para desvirtuar la demanda, y pretenden despojarle de su bien inmueble que con tanto sacrificio ha adquirido.

Por lo expuesto, solicita el Auto de Vista recurrido.

II.2.- De la respuesta al recurso de casación:

Los recurridos refieren que estando pronunciado el Auto de Vista con apego a las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas, sin que la recurrente hubiera demostrado la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y menos especifica en qué consisten estas supuestas violaciones, toda vez que no basa su recurso en las  causales específicas de los arts. 271.I y II del Código Procesal Civil; por lo que impetra declarar improcedente el recurso.

III. DOCTRINA APLICABLE:

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- Sobre la nulidad procesal:

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se ha razonado lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia,…”.

Asimismo, corresponde señalar este Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.

III.2.- Respecto a la omisión de respuesta:

En el Auto Supremo Nº 441/2014 de 08 de agosto, este Tribunal al referirse a la falta de respuesta a los agravios deducidos en apelación concreto lo siguiente: “Asimismo, ante la falta de respuesta o pronunciamiento por el Tribunal de alzada a los agravios denunciados en su memorial de apelación, no le correspondía activar en forma directa el recurso de casación, sino de hacer uso del recurso de complementación y enmienda toda vez que aún contaba con el deber de agotar las vías legales antes de interponer nueva demanda de puro derecho como es el recurso de casación, conforme establece el art. 239 del Código de Procedimiento Civil (Explicación y Complementación) que dispone: "Las partes, dentro del plazo fatal de veinticuatro horas, podrán hacer uso del derecho que les otorga el artículo 196, inciso 2) siendo aplicable la disposición del artículo 221”.

Razonamiento reiterado en el Auto Supremo Nº 890/2015-L de 6 de Octubre, donde en relación a la omisión de respuesta e infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, se señaló: “En relación a su denuncia de omisión de respuesta, de inicio debemos señalar que correspondía a la parte ahora recurrente activar previamente su derecho de explicación y complementación, en el marco del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, al no haber procedido así, su derecho conforme al principio de convalidación ha precluído”

III.3.- En relación a la valoración de la prueba:

En el Auto Supremo Nº 146/2015 de 06 de marzo, se ha señalado: “…que la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa, tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento”.

Respecto a lo anterior en el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, se ha razonado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia”.

III.4.- Respecto al error de derecho y error de hecho en la valoración de la prueba:

En el Auto Supremo Nº 629/2014 de 31 de octubre como línea jurisprudencial se ha concreta que: “…la apreciación de los elementos probatorios es una actividad autónoma de los jueces de grado, sin que en casación pueda censurarse esa actividad deliberativa, salvo que existiese error de hecho o error de derecho que se haya cometido al realizar la misma, conforme estipula el art. 253-3) del Código de Procedimiento Civil”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 1115/2015 de 04 de diciembre, al referirse al error de derecho y al error de hecho se ha razonado lo siguiente: “Al respecto, corresponde referir que entre los requisitos intrínsecos del recurso de casación en el fondo, se encuentra la motivación y fundamentación sobre los errores "in judicando" en que ha incurrido el Tribunal al aplicar el derecho material en la decisión de la causa y están expresamente previstos en los incisos 1), 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, cuando indica que procederá el recurso de casación en el fondo en los siguientes casos:…3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho, errores también diferentes, en el primer caso se debe especificar los medios probatorios, que aportados a obrados, el juzgador no le dio la tasa legal que la ley le otorga, y en el segundo caso, se debe demostrar objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, además éste último debe de evidenciarse por documentos o actos auténticos, debiendo todo recurrente fundar su impugnación en lo sustancial, en cualquiera de las causales que establece el citado art. 253 del Código de Procedimiento Civil en sus tres ordinales”.

III.5.- En relación al derecho de motivación y fundamentación:

La Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R, ha concretado lo siguiente: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgado...”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver el mismo de la siguiente manera:

IV.1.- Sobre su denuncia de violación del art. 236 del CPC y 15 de la LOJ.

Al respecto corresponde referir que de inicio el ahora recurrente no especifica que agravios no han sido absueltos por el Tribunal de Alzada. Por otra parte, en caso de advertir que el Tribunal de Alzada incurría en omisión de respuesta en relación a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, le correspondía al efecto activar su derecho de explicación y complementación conforme preceptuaba el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, y no interponer de manera directa el recurso de casación, al no haber procedido así, su derecho al respecto se encuentra precluído.

Por otro lado, en relación a su reclamo general de errónea valoración de la prueba y violación de los arts. 397 y 476 del CPC; debemos mencionar que la valoración de la prueba es facultad privativa de los tribunales de instancia a menos que se denuncie error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba, requisitos con los cuales no cumple su denuncia, lo que no permite su consideración.

Respecto a su acusación abstracta de que el Auto de Vista es simple y sin fundamento; al respecto, le correspondía al recurrente especificar en qué partes del Auto de Vista el Tribunal de Alzada incurre en falta de fundamento. Contrariamente a lo expuesto, de la revisión del Auto de Vista se evidencia que el mismo, de manera motivada y fundamentada absuelve cada uno de los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación, exponiendo las razones determinativas por las cuales confirma la Resolución de primera instancia, lo que desvirtúa su denuncia.

En relación a su denuncia de que el Ad quem no resuelve respecto a la extensión superficial incurriendo en el mismo error que el A quo puesto que se permite una reivindicación de una extensión desconocida. Esta acusación resulta siendo una exageración de la parte recurrente, toda vez que el Ad quem, en el punto 3 del parágrafo I, del segundo considerando de la Resolución de Vista, de manera expresa al respecto señala lo siguiente: “En lo referente al tercer argumento del recurso de apelación se tiene que los actores tienen acreditado la ubicación del inmueble objeto de litis y la posesión del mismo por parte de la demandada con el plano georeferenciado de fs. 15, el acta de inspección judicial de fs. 102 y la confesión provocada de fs. 88, por lo que el argumento de la apelante respecto a la incertidumbre sobre la ubicación del inmueble motivo de litis resulta claramente infundado”, desvirtuándose de esta manera su denuncia.

Por otra parte, sobre la posesión que alude el ahora recurrente, corresponde mencionar que la misma difiere del derecho propietario de la parte actora, asimismo el documento de propiedad que refiere (contrato privado de compromiso de venta de fecha 11 de enero de 2007), suscrita en su favor por la supuesta poseedora (no propietaria), solo se constituye en un compromiso de venta, por lo que si bien dicho compromiso tiene eficacia jurídica entre las partes contratantes, empero, no existe evidencia de que se haya suscrito el contrato de venta definitiva, y menos que se haya procedido a su registro en Derechos Reales, por lo que dicho contrato no es oponible frente a terceros conforme establece el art. 1538 del CC, lo que hace infundado su reclamo.

IV.1.2.- Respecto a su acusación de que denuncia que tanto el Juez de primera instancia y el Tribunal de Alzada, en las instancias respectivas de tramitación de este proceso, no han observado en absoluto lo previsto por el art. 1 nums. 9 y 14 de la LOJ, arts. 3 inc. 1), 5) y 90 del CPC.

Al ser esta denuncia reiterativa del punto anterior, corresponde remitirnos a los fundamentos vertidos precedentemente.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art.  220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 179 a 180, interpuesto por Gregoria Zapata Colque Vda. de Laime contra el Auto de Vista Nº 5/2016 de 05 de febrero cursante de fs. 175 a 176, pronunciado por el Juzgado Público Civil Comercial Quinto del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.