TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A  C I V I L 


Auto Supremo: 402/2017

Sucre: 12 de abril 2017

Expediente:        LP-59-16-S

Partes: Lucía  Mamani  Quispe Vda. de López, María Narcisa, Bárbara  Angélica,

            Luis Felipe, Juan Luís y Remy Mamani Romero c/ Alcaldía Municipal de 

            la ciudad de La Paz.

Proceso: Mejor derecho propietario.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 973 a 976 de obrados interpuesto por Lucía Mamani Vda. de López  por sí y como apoderada de sus hermanos, contra el Auto de Vista Resolución Nº S-182/15 de fecha 22 de junio de 2015, cursante de fs. 957 a 961 de obrados, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, dentro del proceso de mejor derecho propietario seguido a instancia de Lucía Mamani Quispe Vda. de López, María Narcisa, Bárbara Angélica, Luis Felipe, Juan Luís y Remy Mamani Romero, contra la Alcaldía Municipal de La Paz,  la respuesta al recurso de casación de fs.  988 a 991 vta., de obrados,  la concesión del recurso de fs. 992, los antecedentes del proceso, y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso en primera instancia y luego de la anulación de la Sentencia Nº 181/2001, el Juez Sexto de Partido en lo Civil de la ciudad de la Paz, Pronunció Sentencia Resolución Nº 321/2006 de fecha 26 de julio de 2006, cursante de fs. 613 a 618 y declaró PROBADA la demanda de fs. 41 a 42, reconociendo el mejor derecho propietario de los demandantes principales del inmueble de 3.829 m2, ubicado en la Avenida Burgaleta Nº 1100, zona Villa Copacabana, registrado bajo la Partida 01205086, de 7 de marzo de 1993, con costas daños y perjuicios, por otra parte declaró improbada la tercería de dominio excluyente de fs. 398.

Apelada la Sentencia Nº 321/2006, por el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de La Paz de aquel tiempo pronunció Auto de Vista No S-113/10 de fecha 01 de abril de 2010, de fs. 758 y vta., por el que nuevamente anulo la Sentencia  en contra de esa Resolución los demandantes interpusieron recurso de casación en la forma y en el fondo, emitiendo el Tribunal Supremo de Justicia Auto Supremo Nº 187/2015, de fecha 17 de marzo de 2015, por el cual ANULÓ el Auto de Vista Nº 113/2010 de 1ro de abril de 2010, cursante a fs. 758 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia, (hoy Tribunal Departamental de Justicia La Paz) disponiendo que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nuevo fallo debidamente fundamentado resolviendo el fondo de la controversia en función a los alcances de la consulta y el recurso de apelación de fs. 629 a 633 y vta., y de fs. 676 a 677 y vta., conforme la pertinencia del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Emitido el Auto de Vista Resolución Nº 182/2015, de fecha 22 de junio de 2015, cursante de fs. 957 a 961 vta., el Tribunal de Alzada REVOCO la Sentencia Resolución Nº 321/2006, de fecha 26 de julio de 2006, cursante de fs. 613 a 618 de obrados y en su mérito declaró IMPROBADA la demanda de fs. 41 a 42 de obrados en todas sus partes por no haber sido demostrados los argumentos de su pretensión, sin costas por la revocatoria, de conformidad a lo previsto por el art. 237- I num. 3) del Código Adjetivo Civil, con los siguientes fundamentos: Que en el caso que nos ocupa no se puede perder de vista que el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que para declarar el mejor derecho propietario es que ambos títulos que se analizan pertenezcan a una misma propiedad y que no sean de distintas propiedades. Por otro lado es el propio recurrente quien consiste en que la ubicación del inmueble no fue probada fehacientemente, empero razona en que aún con esa omisión debió acogerse favorablemente su demanda de mejor derecho de propiedad, aspecto que resulta igualmente injustificado, toda vez que uno de los presupuestos  para el reconocimiento de mejor derecho de propiedad es que se demuestre que sobre el mismo bien existen dos o más titulares cuyo mejor derecho se pretende sea declarado judicialmente. Dicho de otra manera quien demanda el reconocimiento de mejor derecho de propiedad sobre un bien debe demostrar que respecto a ese bien el demandado también ostenta título de propiedad. Por consiguiente en la acción de mejor derecho propietario la identidad del bien resulta una cuestión esencial, constituyendo por ello uno de los presupuestos que el actor debe probar, por cuanto al no haber identificado de manera precisa el inmueble en litigio, no existe posibilidad de acoger la demanda de mejor derecho  de propiedad, en mérito a dicha pretensión supone la necesaria identificación del inmueble.

Asimismo conforme los datos que cursan en obrados la propiedad de los actores con una extensión superficial de 3.829 M2 se halla ubicado en el Ex Ayllo Pacaso Poque Chaca de la Parroquia de San Pedro Hoy Villa Copacabana, calle Burgaleta Nº 1100, que refieren es de su propiedad proviene de la Revisita de tierras Federico Usquiano de la provincia Cercado de la Paz, en el Ayllo Pacasa Poque Chaca, hoy Villa Copacabana en favor de Vicente Mamani inscrito en Derechos Reales bajo la Partida Nº 259 de fs. 467 de fecha 22 de julio de 1908. Por otro lado se evidencia que la propiedad de la parte demandada en este caso la Alcaldía Municipal de la paz, se halla ubicado en los aires del río Orkojahuira con cinco láminas con una superficie de 110.0850 Has, registrado en Derechos Reales, bajo la partida computarizada Nº 01248786 de fecha 25 de abril de 1994 según copia cursante a fs. 147. De lo mencionado y de los antecedentes del proceso se corroboran que ambas propiedades no cuentan con un causante común, la propiedad de los causantes tiene distinta procedencia al de la parte recurrente, no haciéndose evidente en el transcurso del proceso que el título de propiedad de los actores pertenece al mismo lote de terreno de la Litis. En el presente caso al no constituir el mismo bien inmueble sujeto a doble inscripción pública, a efectos de traducir el principio  de prioridad en el tiempo, que defina el derecho de propiedad a favor de quien lo inscribe primero, y el de oponibilidad que permite al titular de dominio hacer oponible su derecho contra terceros erga omnes, se tiene que el Juez A quo no ha compulsado debidamente los antecedentes del proceso y las normas jurídicas aplicables al caso que justifiquen fáctica y jurídicamente su decisión, siendo por consiguiente acoger el reclamo recursivo contenido en el punto 8 interpuesto por el Municipio paceño y punto 1,2,y 3 de los agravios esgrimidos por la Prefectura del Departamento de La Paz.

En relación al fundamento contenido del punto 1 al 7 de agravios por el representante de la H. Alcaldía Municipal de La Paz, se refiere fundamentalmente a la valoración de la prueba y no se debe perder de visa que la demanda ha sido dirigida en contra de la H. Alcaldía Municipal de la ciudad de La paz empero del escrito de demanda y de la documentación aparejada a la misma se establece que la parte actora conocía perfectamente que una de las instituciones que le perturbó en su posesión fue la Corporación Boliviana de Fomento, reconociendo la parte actora, en la parte final del escrito de demanda que a la H. Alcaldía Municipal de La Paz no le asiste derecho alguno sobre el lote de terreno de su propiedad y que sin embargo se halla convocando a empresas constructoras  de esta ciudad y en ese sentido el inferior en grado con la facultad conferida por el art. 87 del Código de Procedimiento Civil, respecto al control de demanda que implica establecer si es admisible, al haber conocido la existencia de la ausencia del derecho propietario de la Alcaldía Paceña debió absolver o en su caso rechazar in limine la demanda, empero al haber omitido esa facultad discrecional ha vulnerado por demás abierta  el debido proceso, más aún cuando de obrados se ha establecido que la institución que aparentemente ostenta el derecho propietario  es la Ex Prefectura del Departamento de La Paz y no así propiamente el Municipio Paceño con lo que se advierte que se ha vulnerado el derecho a defensa de una institución del Estado sin habérselo invitado a comparecer tal como se denunció en el recurso de apelación interpuesto por la Prefectura del Departamento.

Respecto al recurso de apelación en el efecto diferido la institución edil fue debidamente citada con la demanda, conforme consta a fs. 56 de obrados, donde se dejó constancia de la citación realizada conforme a la normativa procesal, consiguientemente se logró la finalidad de la citación  que era hacer saber a la parte señalada como demandada en este proceso  la tramitación de una acción civil en su contra, consiguientemente carece de relevancia  el pretender la nulidad de actuaciones que han cumplido con su finalidad no siendo viable el reclamo recursivo de la institución edil

Contra la Resolución de Alzada la parte actora solicito complementación y enmienda interponiendo luego el recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 271 a 277 vta., el cual se analiza:

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En la forma:

1.-Denuncia que el Auto de Vista refiere que la Alcaldía Municipal de la ciudad de La Paz no tendría documentación que acredita derecho propietario sobre el inmueble y que el Juez de la causa no habría observado aspectos esenciales en la admisión de la demanda, siendo lo correcto anular obrados y no declarar improbada la demanda, siendo totalmente incongruente razón por la cual este Tribunal debe anular obrados.

En el fondo:

1.- Refiere que se declaró improbada la demanda en total vulneración del derecho a la propiedad privada  consagrado en el art. 56 de la C.P.E  concordante con los arts. 1538, 1545 del Código Civil, por lo que el Tribunal de Alzada debió confirmar la Sentencia.

2.-Indica que el Auto de Vista incurre en incongruencias, pues refiriéndose al título propietario de la Prefectura indica que es diferente en la superficie de nuestro inmueble, indicando que inmueble se halla en la Avenida Burgaleta de Villa Copacabana y el de la Prefectura no se encuentra en ese lugar, es decir no hacen uso de los art. 1538 y 1545 del C.C.

De la Respuesta al Recurso de Casación.-

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz responde solicitando la improcedencia del recurso de casación por falta de declaración expresa de la ley violada o vulnerada, porque hace  referencia a los hechos y no al derecho que fue vulnerado en contraste con la prueba ofrecida, menos establece en que punto en concreto vulnera el Tribunal de Alzada el derecho que alega la parte contraria, si bien interpone un recurso de casación en el fondo y en la forma no establece a ciencia cierta qué derechos se están vulnerando dentro del proceso, simplemente se limita a señalar que existe una Resolución sin la fundamentación suficiente. También refiere que el recurrente en ningún momento ingreso a sustentar una nulidad de manera precisa, clara y expresa, simplemente se reduce a hacer referencia de forma superficial a los hechos en entrar al fondo del Auto de Vista, en síntesis no señala si existe violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la Ley, o disposiciones contradictorias, si existe error de hecho o de derecho, tampoco indica cuales formas esenciales del proceso se han violado o vulnerado.

Finalmente indica que es clara la contradicción, arbitrariedad o ambigüedad o falta de legitimación pasiva y su planteamiento dentro del proceso, así como la vulneración del derecho de defensa, si el predio del que se pretende el mejor derecho propietario perteneciera a la Prefectura, como describe con claridad en el inc. 2 del Considerando último del Auto de Vista. Concluye su recurso solicitando que siendo ambiguo el recurso no habiendo fundamentado el derecho supuestamente vulnerado ni expuesto los artículos que vulneró el Auto de Vista se declare Infundado el recurso de casación interpuesto.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.-Del art. 106 del Código Procesal Civil.-

Conforme a lo establecido en el art. 106 del Código Procesal Civil en vigencia, la nulidad de obrados puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, siempre y cuando la ley lo califique expresamente, es decir que procederá la nulidad de oficio cuando se advierta infracciones que interesen al orden público; en razón a dicho análisis y en aplicación estricta del principio de eficacia y verdad material consagrados en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, con la facultad conferida a este Tribunal de Casación, corresponde realizar la revisión de oficio de todo lo obrado en el proceso y verificar la existencia de vicios de procedimiento que generen indefensión; en ese sentido, corresponde realizar las siguientes consideraciones

III.2. De la Acción mejor derecho propietario.-

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil Dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremos Nº 588/2014 de 17 de octubre que: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad(Las negrillas pertenecen a la presente resolución). Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que:“…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. (Las negrillas pertenecen a esta resolución). Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

III.3.- De la Facultad de producir prueba de oficio.-

En el Auto Supremo No 327/2016 de fecha 12 de abril de 2016 se orientó: “El art. 233.II del Código de Procedimiento Civil dispone: “El juez o tribunal podrá asimismo, antes del decreto de autos disponerse la pruebas que estimare convenientes.”, en esta misma lógica el art. 4 núm. 4) del mismo cuerpo legal, que regula entre las facultades del Juez o Tribunal las de: “exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos  y emplear cuantos medios  fueren conducentes  al mayor esclarecimiento del proceso.”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos (Autos Supremos Nros. 690/2014, 889/2015 y 131/2016) que  en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 4 num. 4) y 233.II del Código de Procedimiento Civil aplicable al caso el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige la en la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la S.C.P., Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla  la verdad material realizando un análisis,  minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.

En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos viene a generar una desconfianza generalizada hacia órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

III.4.- Del Análisis de la sobreposicion en la acción de mejor derecho propietario.

Sobre el particular en el AS Nº 264/2017 se ha orientado en sentido que: “Del mismo modo, se advierte que las autoridades que conocieron el presente proceso, tanto en primera como en segunda instancia, refirieron que la parte actora no habría acreditado que el bien inmueble de los demandados y el de su persona tengan las mismas dimensiones y colindancias, cuando en realidad, no es necesario que quien pretenda el mejor derecho de propiedad, lo haga sobre la totalidad de dimensiones del bien inmueble del demandado, toda vez que la superficie en litigió puede abarcar, según sea el caso, la totalidad o una parte de la superficie total de los demandados, por lo que no es requisito que para la procedencia de esta acción, exista dimensiones iguales en la superficie del bien inmueble demandado, pues existe casos en los que la superficie demanda puede hallarse sobrepuesta sobre el inmueble de propiedad del demandado abarcando la totalidad o una pequeña fracción de esta

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme lo establecemos en la doctrina aplicable en el punto III.1 la nulidad de obrados puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, siempre y cuando la Ley lo califique expresamente, es decir que procederá la nulidad de oficio cuando se advierta infracciones que interesen al orden público; en razón a dicho análisis y en aplicación estricta del principio de eficacia y verdad material consagrados en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, con la facultad conferida a este Tribunal de Casación, corresponde realizar la revisión de oficio de todo lo obrado en el proceso y verificar la existencia de vicios de procedimiento.

En aplicación de la citada normativa corresponde el análisis del Auto de Vista impugnado cursante de fs. 957 a 961 de obrados, de cuyo examen se evidencia que el Tribunal de Alzada a determinado declarar improbada la demanda de mejor derecho propietario por dos motivos a) porque la legitimación pasiva la tiene la Prefectura del Departamental de la Paz, institución que ostenta el derecho propietario, sin embargo esta institución no habría sido parte del proceso. 2) Asimismo porque el bien inmueble objeto de la Litis, no sería el mismo es decir que no existe certeza sobre la identidad del bien inmueble, toda vez que las superficies son distintas, en ese contexto es preciso realizar el presente análisis:

En ese contexto el Tribunal de Alzada realizo un análisis respecto al derecho propietario, determinando que éste lo tendría la Prefectura del Departamento de la ciudad de La Paz sobre el inmueble lote de terreno ubicado en el Ex Ayllu Pacasa Poque Chaca de la Parroquia de San Pedro hoy Villa Copacabana, calle Burgaleta No 1100, derecho propietario que también ostenta la parte demandante, sin que hubiera intervenido la Prefectura en la presente demanda,  sin embargo debemos decir que esta institución pública tuvo participación en el proceso, interviniendo en él, después de la Sentencia e  interponiendo recurso de apelación. En ese sentido toda vez que las nulidades procesales han sido superadas, en los casos en que realmente se vulnere el derecho al debido proceso en su componente de derecho a la defensa, situación que en el caso de Autos no aconteció porque la Prefectura ha tenido participación en el proceso interponiendo recursos como el de apelación y haciendo valer el derecho propietario que ostenta sobre el bien inmueble objeto del litigio, y en mérito a ello no correspondería bajo ese criterio de declarar improbada la demanda, porque la Prefectura del Departamento ha tenido participación asumiendo defensa.

Sin embargo de ello debemos decir que siendo la pretensión jurídica de la presente demanda establecer el mejor derecho propietario, entre las partes que intervienen en el proceso,  y frente a una situación controvertida donde se constate el reclamo de dos o más presuntos titulares sobre  el mismo bien inmueble resulta evidente, que este análisis conlleve, realizar un estudio pormenorizado de los derechos propietarios de la parte demandante, de la Alcaldía de la ciudad de La Paz, y de la Prefectura del Departamento de La Paz, y en función a ello determinar también el mejor derecho propietario, conforme a lo esbozado en el punto III.2 de la doctrina aplicable

Asimismo conforme lo referimos en la doctrina aplicable en el punto III.3 respecto al mejor derecho propietario es importante determinar que el bien inmueble del cual se disputan titularidad dos o más partes sea el mismo, es decir que exista una identificación clara y precisa respecto al bien inmueble del cual se pretende el mejor derecho propietario,  en ese sentido debemos decir que el Auto de Vista que revoca la Sentencia y declara improbada la demanda fundamenta su decisión expresando el criterio de que la Prefectura del Departamento de La Paz tiene una superficie de 4.229 M2, y se encuentra registrada en la Oficina de derechos reales bajo la partida computarizada Nº 01174137 resulta diferente de la que poseen los demandantes cuya superficie es de 3.829 M2, existiendo por lo tanto una duda razonable de que los terrenos cedidos por la Prefectura de La Paz no son los que se encuentran ubicados en la actual calle Burgaleta Nº 1100, zona Villa Copacabana.

En ese sentido conforme lo establecemos en la doctrina aplicable en el punto III.2 para establecer el mejor derecho propietario es imprescindible, determinar que el bien inmueble del cual se pretende el mejor derecho este perfectamente identificado, puesto que al existir una duda razonable sobre si que el terreno del cual dos partes se disputan el mejor derecho propietario, se hace necesario la producción de prueba pericial que identifique con precisión este aspecto, toda vez que ante la duda del juzgador, no resulta razonable que emergente de ella se declara improbada una demanda, pues la decisión se la debe realizar sobre bases sólidas respecto al bien inmueble debatido,  en ese sentido, conforme lo establecemos en la doctrina aplicable en el punto III.4  si bien las superficies de las partes pueden ser diferentes, empero esta sobre posición  no siempre debe recaer, sobre el total de la superficie, sino puede ser solo sobre una parte, o de lo contrario tratarse efectivamente de lotes diferentes, es por ese motivo que  el Tribunal de segunda instancia, al advertir duda en la sobre posición,  en uso de sus especificas atribuciones contenidas en el art. 233-III del Código de Procedimiento Civil, conforme lo establecemos en la doctrina aplicable en el punto III.3  puede pedir la producción de prueba en segunda instancia, con la finalidad de tener certeza sobre la identificación del bien inmueble. En conclusión, diremos que el Tribunal de Segunda instancia tiene la amplia faculta de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En ese sentido en el caso de Autos el derecho propietario que tiene la parte demandante, tiene que confrontarse sobre el derecho propietario de la Prefectura del Departamento de la Paz y con la de la Alcaldía Municipal de La Paz, lotes de terreno que tienen diferentes superficies, pues de la parte demandante es de 3.929 M2, de la Prefectura del Departamento de la Paz, es de 4.229 M2, y el de la Alcaldía es la superficie de aires del Rio Orkojahuira con cinco láminas sin precisar exactamente el lugar donde se encuentra dicho terreno, la cual cuenta con una superficie de 110.09850 Has. Por consiguiente la identidad del bien inmueble y la posible sobre posición resulta una cuestión esencial, constituyendo por ello uno de los presupuestos  que debe tener claro el juzgador en la demanda, por cuanto al no tener certeza el ad quem respecto al inmueble en litigio, no existe posibilidad de acoger la pretensión de mejor derecho propietario de manera positiva o negativa cuando exista una duda razonable sobre la identificación del bien inmueble, situación que debe subsanarse con la producción de prueba pericial que arroje datos concretos sobre la identificación del inmueble de referencia.

Asimismo, diremos que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, ya que una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos genera una desconfianza generalizada hacia el Órgano Judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del Juez es con la verdad y no con las partes del proceso, pues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del Juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el Juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

En ese sentido el Tribunal de Alzada debió centrar el debate de la Litis en establecer a cuál de ambas partes le correspondía el mejor derecho de propiedad, para lo cual debió producir prueba pericial, para despejar esa duda,  la misma que no cursa en el proceso ni existe informe de autoridad competente que coadyuve a determinar la ubicación exacta del inmueble, presupuesto esencial para determinar el mejor derecho propietario; toda vez que se tiene dudas respecto a que si el inmueble del que se impetra la declaratoria de mejor derecho propietario tienen la misma ubicación geográfica de la parte demandante con relación a la Prefectura del Departamento y a la Alcaldía Municipal de La Paz, por dicho motivo, los Tribunales de instancia están llamados a valerse del Principio de Verdad Material por el cual los Jueces de instancia tienen un rol más activo en la tramitación de los procesos a los fines de resolver de la manera más justa, lo debatido en el proceso, el cual necesita de mayores elementos de probanza que hagan viable la determinación del mejor derecho propietario.

Al ser el Auto de Vista anulatorio no se pasa a absolver los reclamos de fondo expuestos en el recurso de casación.

Por lo expuesto, y en aplicación de lo normado, se pasa a resolver conforme lo determina el art. 220. III del Código de Procedimiento Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 y en aplicación a lo previsto en art. 220-III del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta  fs. 956 inclusive, para que el Tribunal de Alzada, cumpla con los fundamentos expuestos en la presente Resolución y con el resultado, previo sorteo y sin necesidad de turno se pronuncie nuevo Auto de Vista, con arreglo a lo previsto en el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.