TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 337/2017                                        

Sucre: 03 de abril 2017                                                        

Expediente: Ch-33-16-S

Partes: Luis Fernando Canedo Strampfer c/ Christian Mahatma Bartolomé Careaga.  

Proceso: Resolución de contrato.                                                           

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 220 a 224, interpuesto por Jorge Antonio Zamora Tardío contra el Auto de Vista S.C.C.FAM II Nº 101/2016 de 30 de marzo de 2016, cursante a fs. 212 a 214 de obrados, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de Resolución de Contrato, seguido por Luis Fernando Canedo Strampfer, contra Christian Mahatma Bartolomé Careaga y   Rolando Jesús Careaga Roncal; el Auto de concesión de fs. 229; los antecedentes del  proceso, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la Capital, dictó la Sentencia Nº 047/2015 en fecha 30 de diciembre de 2015, cursante de fs. 188 a 191 y vta., declarando IMPROBADA en todas sus partes la demanda interpuesta por Luis Fernando Canedo Strampfer mediante memorial de fs. 6-8 e IMPROBADA la demanda reconvencional en todas sus partes interpuesta por Rolando Jesús Careaga Roncal  por memorial de fs. 132-133. Sin costas.

Resolución de primera instancia que es apelada por el apoderado legal del demandante Jorge Antonio Zamora Tardío por escrito de fs. 195 a 199; que mereció el Auto de Vista S.C.C. FAM II Nº 101/2016 de 30 de marzo de 2016, cursante a fs. 212 a 214, que en lo relevante fundamenta que; siendo evidente que el art. 190 del Código de Procedimiento Civil expresa que: “La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas….” Y que analizada que fue la sentencia se llegó a la conclusión de que la misma contiene un sustento responsable, con cita de normas legales sustanciales y procesales en las cuales se basa la resolución emitida, advirtiendo además la existencia de fundamentación y motivación jurídica congruente.

Asimismo señala que no podría darse como hechos ciertos la pretensión de la demanda, por cuanto; si bien se halla regulado el mandato tácito en el art. 805-I) del Código Civil, empero para actos de disposición de patrimonio y bienes, debe existir mandato expreso, por disposición expreso del art. 810-II) del  Código Civil, no siendo evidente que el juzgador hubiera incurrido en subjetivismo o haya actuado al margen de la ley.

Finalmente la resolución de segunda instancia señala no ser clara y precisa la pretensión del recurrente, pues conforme lo previsto por el art. 237-3) del Código de Procedimiento Civil, habida cuenta que el recurso de apelación en la forma prevista en el art. 237-3) del Código de Procedimiento Civil, revocar una resolución significa dictar una nueva resolución judicial dejando sin efecto la impugnada, en tanto que el parágrafo 4) del citado artículo, se refiere a declarar nulos hasta cierta etapa procesal, por defectos de forma o por vicios procesales insubsanables en la tramitación de la causa, siendo incongruente la petición efectuada por el recurrente en el recurso de fs. 195-199, al solicitar se revoque y se anule la sentencia, por lo que CONFIRMA la Sentencia Nº 047/2015 de 30 de diciembre de 2015. Con costas.

Resolución de Alzada que es recurrida de casación en la forma y en el fondo por el demandante, que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO:

En la forma.

1.- Acusa violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, alegando que la Corte Ad quem habría soslayado pronunciarse sobre la presunción que establece el art. 69 del Código de Procedimiento Civil y que expresamente habría sido acusado y fundamentado como agravio en el numeral “I.1.1.” de su recurso de apelación de fs. 195-199.

2.- Acusa que el Auto de Vista sería contradictorio y falso, señalando que en su recurso de apelación habría solicitado se emita un nuevo Auto de Vista que cumpla estrictamente el principio de congruencia prevista en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil y el de verdad material que proclama el art. 180-I constitucional.

Pidiendo al Tribunal de Casación anular obrados hasta fs. 212 inclusive, al estado en que se pronuncie nuevo Auto de Vista que cumpla con el art. 236 del  Código de Procedimiento Civil.

En el fondo.

1.- Acusa violación del art. 805-I del Código Civil, que expresamente dispone que el mandado puede ser tácito, alegando que debió tenerse en cuenta el art. 521 del Código Civil, mismo que dispone que los contratos que tienen por finalidad la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o cualquier otro derecho real es transferido por el solo efecto del consentimiento de las partes y que en el caso que nos ocupa el co demandado Rolando Jesús Careaga Roncal habría otorgado mandato tácito a su hermano germano Christian Mahatma Bartolomé Careaga efectuar la presente transacción mediante actos expresos y positivos como el pago del precio y la entrega de su camioneta marca NISSAN (tipo Frontier) a su representado.

2.- Acusa violación a la libertad contractual prevista en el art. 454 del Código Civil, cuestionando que la resolución impugnada sin ningún fundamento habría establecido  que el criterio del juzgador no iría en contra del principio de libertad contractual señalado supra y que; para actos de disposición patrimonial debería existir un mandato expreso por disposición del art. 810 del Código Civil, soslayando aplicar los arts. 454, 598, 805-I y 806 del Código Civil.

Por los fundamentos expuesto, solicita al Tribunal de Casación case el Auto de Vista recurrido y deliberando en fondo declare probada la demanda de fs. 6-8 y vta.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Nulidad Procesal de oficio.

Conforme el art. 106 del Código Procesal Civil, que hace mención a que el Juez o Tribunal de casación anulará de oficio todo proceso en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público, disposición aplicable al presente caso conforme a la disposición transitoria segunda de la mencionada ley, por lo que se pasa a efectuar una revisión de oficio del proceso en cuestión en aplicación del principio de eficacia, contenido en el art. 180.I de la CPE, que deben contener las resoluciones judiciales.

Por otra parte el art. 17 par. I) de la Ley 025 señala: “La revisión de actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley”, en este entendido, a los Tribunales aún les es permisible la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria.

III.2.- Sobre el deber del juzgador de otorgar una resolución eficaz que resuelva el conflicto de partes.

En nuestra economía jurídica el compilado adjetivo civil en su art. 1 establece que: “I.- Los jueces y tribunales de justicia sustanciarán y resolverán, de acuerdo a las leyes de la República, las demandas sometidas a su jurisdicción. II.- No podrán excusarse de fallar bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, en las causas sometidas a su juzgamiento, debiendo pronunciar sentencia según la equidad que nace de las leyes, conforme a las disposiciones que comprenden casos semejantes al hecho particular que ocurriere”, por su parte el art. 193 del mismo procedimiento civil refiere: “El juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otro proceso. Deberá fundar su sentencia en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado”, de donde se deduce que el Juez no podrá dejar de fallar en el fondo de las causas sometidas a su juzgamiento, bajo pretexto de falta, oscuridad o insuficiencia de la ley, ni salvar los derechos de los litigantes para otros procesos, y en su caso deberá fundar su resolución en los principios generales del derecho, las leyes análogas o la equidad que nace del ordenamiento jurídico del Estado.

Por su parte, la Ley Nº 025 en su art. 3 desarrolla los principios que sustentan al Órgano Judicial, entre los que se menciona a la seguridad jurídica, armonía social y cultura de paz, asimismo el art. 11 de esta misma Ley dispone que la:“”(Jurisdicción). Es la potestad que tiene el Estado Plurinacional de administrar justicia; emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales del Órgano Judicial”, de cuyos enunciados se puede inferir que frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto.

Razonamiento orientado por este Tribunal de Casación, que en el Auto Supremo N° 746/2014 de 12 de diciembre al respecto ha señalado que: “…frente a la interposición de la demanda, el Juez tiene el deber ineludible de pronunciar una resolución de fondo, que resuelva el conflicto suscitado por las partes, pues no debemos perder de vista que quienes recurren al auxilio de la administración de justicia lo hacen precisamente debido a que no pudieron resolver los mismos en forma amigable, activando con su demanda todo el sistema judicial en espera de una solución al conflicto así como un sometimiento a las determinaciones que pudieran ser asumidas, siendo deber de las autoridades judiciales fallar en cada caso, aplicando las normas legales vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, tomando en cuenta los principios contenidos en al art. 180.I, de la Constitución Política del Estado, o en su caso la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso en concreto”.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESULUCIÓN.

En el caso de Autos, con la facultad conferida por el art. 106 del Código Procesal Civil, corresponde realizar el siguiente análisis con la finalidad de hacer efectivo el principio de eficacia de la justicia ordinaria.

Del análisis de antecedentes del presente proceso se tiene que el Juez A quo, ha declarado improbada tanto la demanda principal de Resolución de contrato interpuesto por Luis Efraín Paredes en representación legal de Luis Fernando Canedo Strampfer; como la demanda reconvencional interpuesta por Rolando Jesús Careaga Roncal por anulabilidad del contrato por falta de consentimiento, con el fundamento de que las partes contendientes no habrían cumplido con la carga de la prueba exigida por los art. 1283.I del Código Civil y 375 de su procedimiento, Resolución que ha sido confirmada por el Auto de Vista ahora impugnado.

Como se puede advertir de la revisión del proceso se tiene que los Jueces de instancia no han resuelto el conflicto suscitado entre las partes, siendo deber ineludible de los mismos pronunciar una Resolución que resuelva el fondo de la causa;  así lo establece el art. 193 del Código de Procedimiento Civil.

En ese sentido y conforme se tiene señalado en el punto III.2 de la doctrina aplicable al caso, todo juzgador tiene la obligación de resolver la controversia de la que haya tomado conocimiento, esto en función al principio de armonía social establecida en la CPE, misma que en relación al principio de eficacia de la Justicia Ordinaria,  tiene como finalidad que las controversias sometidas a la jurisdicción ordinaria deben ser resueltas en forma pacífica y armónica.

Se debe tener presente que las partes que acuden al órgano jurisdiccional en procura precisamente de solucionar sus conflictos; es decir, buscan que se escuche su petición, sea a favor o en contra, porque necesitan una decisión definitiva que resuelva su conflicto, razón por la que el órgano jurisdiccional debe procurar la solución más eficaz  a dicho conflicto sin que esto implique una multiplicidad de procesos.

En ese entendido se debe tener presente que tratándose de obligaciones reciprocas como ocurre en el presente caso, es deber del juzgador evidenciar si una de las partes incumple por su voluntad la obligación, caso en el que la parte que ha cumplido pude pedir judicialmente el cumplimiento o la Resolución del contrato. Y en el caso de la reconvención ver si hubo ausencia de consentimiento a tiempo de suscribir el contrato cuestionado, para sobre esa base asumir la decisión que corresponda.

En ese antecedente se infiere que los Tribunales de instancia, han determinado que ninguna de las partes habría probado sus pretensiones declarando en consecuencia improbadas ambas pretensiones tanto la demanda principal de resolución de contrato como la demanda reconvencional de anulabilidad por falta de consentimiento; sin que dicha Resolución resuelva el conflicto suscitado entre las partes, manteniendo latente el mismo; consecuentemente esta falta de solución al conflicto va en contra de los principios de armonía social y eficacia de la justicia establecidas en la Constitución Política del Estado, incumpliendo la finalidad de la administración de justicia y vulnerando lo dispuesto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, el inc. 3) del art. 1, inc. 1) del art. 25 de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil). Resolución de primera instancia que ha sido confirmada por el Auto de Vista ahora impugnado; manteniendo la incertidumbre entre las partes contendientes, al no haber sido resuelto el conflicto suscitado entre los mismos, afectando con ello el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al principio de eficacia; debiendo emitir una respuesta de fondo  que solucione el conflicto y que no se limite a la insuficiencia probatoria.

Por lo expuesto, y en aplicación del art. 106.I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal Supremo fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo Adjetivo Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106.I y 220.III del Código Procesal Civil, ANULA hasta la Sentencia fs. 188 inclusive, disponiendo se dicte nueva Sentencia que guarde la debida pertinencia prevista en el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de Ley.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.