TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 224/2017

Sucre: 08 de marzo 2017

Expediente: SC-50-16-S

Partes: Adrián Bartolomeo Méndez Cuellar y otra. c/ Mariana Méndez Cuellar y 

           otros.

Proceso: Nulidad de documentos y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 516 a 526 formulado por Leslie Carol Méndez Dorvigni mediante su apoderado Pedro Juan Flores Orellana y el de fs. 591 a 596 vta., formulado por Carlos Hugo Rodríguez Soria por sí y en representación de Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Rodríguez Soria, contra del Auto de Vista Nº 38/15 de 29 de enero de 2015 que cursa de fs. 486 a 492, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de nulidad de documentos y otros seguido por Adrián Bartolomeo Méndez Cuellar y otra en contra de Mariana Méndez Cuellar y otros, las concesiones de fs. 599 y 607, la admisión de fs. 617 a 618, y todo lo inherente:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Segundo en lo Civil y Comercial, pronuncia la Sentencia de fecha 06 de febrero de 2003 que cursa de fs. 100 a 103, que declara probada en parte la demanda de fs. 28 a 30 sólo en cuanto a la nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales, sin lugar a daños y perjuicios por no haberse demostrado, con costas.

Apelada la Resolución de primera instancia se pronuncia el Auto de Vista de fs. 486 a 492, que confirma la sentencia apelada, con el argumento de que el A quo ha realizado una correcta fundamentación, y cita la Sentencia Constitucional Nº 1326/2010-R de 20 de septiembre, y la misma reúne a cabalidad los requisitos descritos por el art. 90, 190 y 192.2) del Código de Procedimiento Civil, señalando que el Juez no puede apartarse de la demanda y la contestación, asimismo cita que la labor de los jueces es efectuar una correcta interpretación de las normas jurídicas, así como de una efectiva valoración de la prueba; refiere que los actores en su condición de herederos de Darío Méndez Coca conforme a los folios 22 a 24 y de fs. 34 a 35, los que adjuntaron la prueba de fs. 7 y vta., relativa al documento de transferencia del bien inmueble de 5 de noviembre de 1982, que efectúa Teresa Cuellar Arandia en favor de Mariana Méndez Cuellar, con reconocimiento de firmas de 29 de abril de 1989 ante Juez de mínima cuantía Nº 61,  que fue registrado en Derechos Reales a Fojas y Partida Nº 1010 Libro Segundo del registro de propiedad Capital, que fue demandado de nulidad en virtud del certificado de 20 de octubre de 1997 (fs. 10 vta.) emitido por el jefe de archivo de ese Distrito Judicial,  quien refiere que el reconocimiento de firmas de Teresa Cuellar Arandia y Mariana Méndez Cuellar, no se encuentra registrado en dicho libro, además por la certificación del cementerio de fs. 12 a 13 refiere que la vendedora ha sido sepultada en dicho cementerio la que hubiese fallecido en fecha 30 de diciembre de 1977; asimismo refiere que conforme al informe de grafología de fs. 15 a 16 certifica que la forma de Teresa Cuellar Arandia estampada en el documento de transferencia de 5 de noviembre de 1982 no es auténtica, dichos medios de prueba fueron apreciadas conforme a los arts. 1286, 1287, 1289-I y 1290-I del Código Civil y 397 de su procedimiento, que fundan la causal invocada descrita en el art. 452-1), 453, 549-1) y 552 del código Civil con relación al art. 373 del adjetivo de la materia; refiere que respecto a la reivindicación no han demostrado el derecho de propiedad del bien inmueble que se litiga, que no tiene la publicidad establecida por el art. 1538 de Código Civil, describe que en el marco del art. 180.I de la Constitución Política del Estado con relación al art. 30-7), 8) y 11) de la Ley Nº 025, la jurisdicción ordinaria se funda en los principios de eficacia, eficiencia y verdad material; describe que los apelantes Carlos Hugo Rodríguez Soria en representación de los herederos de Hugo Rodríguez Suárez, antes de interponer su apelación debieron activar los medios idóneos para la tramitación de los agravios expresados en su apelación observando el tiempo y no en esta instancia procesal dejando precluir el ejercicio de dichos derechos, y cita la Sentencia Constitucional Nº 1157/2003-R, refiriendo que los incidentes de nulidad deben ser promovidos a través de los mecanismos idóneos, en consecuencia no pueden argumentar su propia negligencia como agravio, cuando en su oportunidad no reclamaron tal situación, y que debe tomarse en cuen ta lo dispuesto en el art. 297 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil; también refiere que Adrián Bartolomeo Méndez Cuellar padre de la recurrente Leslie Carol Méndez Dorvigny falleció en fecha 18 de marzo de 2001 conforme al certificado de defunción de fs. 317), y cita los principios de las nulidades procesales (especificidad, finalidad, trascendencia y convalidación).

II. CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

El recurso de casación formulado por Leslie Carol Méndez Dorvigni de fs. 516 a 526.

Señala que el Auto de Vista es carente de motivación y fundamentación, los tribunales no se encuentra facultados para calificar qué motivo son de fondo y cuales no tienen relevancia, refiere que el Auto de Vista ha violado los arts. 1283, 1286, 1296, 1534 y 1287 del Código Civil, y art. 330 de su procedimiento, deduciendo haberse efectuado una mala valoración de la prueba; Cita el art. 1453 del Código Civil, y el Auto Supremo Nº 150 de 22 de abril de 2002, describiendo que el derecho de los demandados nace de una documentación falsificada, alegando que el inmueble se encontraba inscrito a nombre de Hugo Suarez Rodríguez el mismo que falleció, sin embargo de ello su esposa e hijos transfirieron el bien inmueble, sin importar que el mismo se encontraba en litigio, asimismo cita el Auto Supremo Nº 09/2012 de 15 de febrero, refiere que se le está negando un derecho de propiedad reconocido por el art. 56-I de la Constitución Política del Estado y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con ello acusa violación de los arts. 121 y 252 del Código de Procedimiento Civil, art. 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, describe los principios ético morales contenidos en los arts. 8 y 9 del texto Constitucional, y cita la Sentencia Constitucional Nº 112/2012 de 27 de abril; describe la falsificación de los documentos y sus efectos jurídicos, alegando que no se puede convalidar refiriendo haberse probado la falsedad del documento de transferencia, siendo reprochado la falsificación, refiere que al negarse la reivindicación, se ha vulnerado el debido proceso.

Transcribe el segundo considerando I.4 y describe que la recurrente fue reconocida como heredera de Adrián Bartolomé Méndez Cuellar y la progenitora de este es Teresa Cuellar Arandia quien tiene el registro en Derechos Reales.

Solicita casar el Auto de Vista y disponer la desocupación del inmueble.

El recurso de casación de los demandados Carlos Hugo, Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Lydia Rodríguez Soria de fs. 591 a 596 vta.-

Describe jurisprudencia ordinaria respecto a la motivación y fundamentación, para señalar que refiere haber planteado puntos de apelación en los puntos siguientes: a) sobre la inexistencia de causal de la nulidad que se llegó a contradecir con lo dispuesto en los Autos Supremos Nº 199 de 30 de mayo de 2011 Nº 176 de 29 de abril de 2003 y Nº 231 de 22 de agosto de 1997, b) se acusó falta de legitimación de los demandantes Cástula Marlene y Adrián Mendez Cuellar, refiriendo que no fueron instituidos herederos dentro del plazo establecido en el art. 1029 del Código Civil, tampoco existe declaratoria de herederos inscrita en derechos reales como dispone el art. 1538, 1540 y 1541 del Código Civil, asimismo se acusó que Leslie Carol Méndez Dorvigny se apersona en calidad de heredera de Adrián Méndez Cuellar la que no tiene legitimación pues este falleció en el 2 de diciembre de 1958 y el testimonio de fs. 199 a 205 que fue declarada heredera en fecha  19 de octubre de 2009, 20 años después asimismo refiere que la declaratoria de herederos no está inscrita en derechos reales, c) se acusó la existencia de fraude procesal tomando en cuenta que el certificado de defunción refiere que Adrián Méndez Cuellar hubiera falleció en fecha 02 de diciembre de 1958, y la demanda fue presentada en fecha 21 de enero de 1999, asimismo refiere que la pericia de fs. 14 a 15 no pudo haber sido pedido por Adrián  Méndez Cuellar quien hubiera fallecido en fecha 02 de diciembre de 1958, d) se acusó fraude procesal, refiriendo que existe una marcada diferencia de la firma estampada en los memoriales de la actora en diversos escritos, los que se cotejan con la literal de fs. 41, e) Se acusó que la sentencia no ha sido efectuada una correcta valoración del informe de fs. 14 a 21 de la gestión de 1998, pues Adrián Méndez Cuellar falleció en fecha 2 de diciembre de 1958 conforme a fs. 195, f) se acusó que al declarar probada la demanda se afecta el bien adquirido por Hugo Rodríguez Suarez, en todo caso el problema debe ser resuelto entre los demandantes, sin que pueda afectar derechos adquiridos de buena fe conforme al art. 559 del Código Civil, g) se acusó la existencia de falta de motivación y fundamentación, respecto a la norma para declarar la nulidad del contrato, pues la falta de consentimiento solo puede ser atacada mediante anulabilidad de contrato, asimismo describe que no existe prueba respecto a la “confabulación dolosa” entre su progenitor y la vendedora Marina Méndez Cuellar, h) y en etapa de apelación se presentó otros medios de prueba que no fueron considerados; refiere que la no estar resuelto dichos puntos se vulnera los principios de pertinencia, exhaustividad y congruencia.

Por otra parte acusa violación del art. 549 y 554 del Código Civil, describe las causales de nulidad y anulabilidad de contrato, transcribiendo  el contenido del Auto Supremo Nº 199 de 30 de marzo de 2011, en la que señala que si se invocó causales de anulabilidad para peticionar la nulidad de un testimonio el juez debió rechazar la demanda, y refiere los autos Supremos Nº 176 de 29 de abril de 2003, Nº 231 de 22 de agosto de 1997 y el Auto Supremo Nº 051/2012 de 16 de marzo, alegando que los actores señalaron en su demanda que se hubiese falsificado la firma de Teresa Cuellar Arandia, alegando que no existe consentimiento y la demando radicó en la causal de anulabilidad conforme al art. 554-1 del Código Civil, concluyendo que se infringió los arts. 549 y 554-1) del Código Civil. También acusa error de hecho en la apreciación de la prueba en cuanto a la legitimación de los demandantes, de la manera siguiente: a) respecto a Cástula Marlene y Adrián Méndez Cuellar, su progenitora falleció en fecha 30 de diciembre de 1977, empero solicitaron su declaratoria de herederos en fecha 21 de septiembre de 1999 (fs. 34 a 35), luego de 10 años y cita el art. 1029 del Código Civil, refiere que fuera de dicho plazo la misma prescribe, y que ninguna declaratoria de herederos ha sido inscrita en derechos reales conforme a los arts. 1538, 1540-10 y 1541 del Código Civil; en cuanto a Leslie Carol Méndez Dorvigny, la misma adjuntó un certificado de defunción de su padre Adrián Méndez Cuellar (fs. 195), quien hubiese fallecido en fecha 02 de diciembre de 1958, cuya declaratoria de herederos de fs. 199 a 205 describen dicha fecha, y resulta curioso que haya firmado la demanda, aspecto que resulta imposible, y desde la fecha de su deceso también trascurrió el plazo de 10 años, por lo que cualquier cuota real sobre el derecho de propiedad de su progenitor hubiese prescrito además que dicha declaratoria no está inscrita en derechos reales, conforme a los arts. 1538, 1540-10 y 1541 del Código Civil; acusa violación del art. 373 del Código de Procedimiento Civil, en sentido de que ni la sentencia ni el Auto de Vista han efectuado una valoración del informe técnico de fs. 14 a 21 del año 1998, lo que no ha tomado en cuenta que Adrián Méndez Cuellar nunca pudo haber pedido pues falleció en fecha 2 de diciembre de 1958 conforme a la foja 195; acusa violación del art. 559 del Código Civil, en sentido de que la sentencia ha dispuesto la nulidad del contrato, afectando la transferencia de buena fe, en consideración a que no se demostró la confabulación dolosa y temeraria que se indicó en la demanda, pues no existe prueba que los vincule con la pretensión deducida, no pudiendo afectar derechos adquiridos de buena fe, refiriendo que la sentencia no ha determinado que su causante hubiera tenido algún grado de responsabilidad.

Por lo que solicita casar e Auto de Vista y se declare improbada la demanda.

En escrito de fs. 598 los demandados Carlos Hugo, Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Lydia Rodríguez Soria, contestan el recurso de los actores, exponiendo que el recurso de contrario no cumple con el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, refiere que para demandar la reivindicación se debe contar con derecho de propiedad, refiriendo que la misma se basa en prueba ilícita, y que la presunta autora es Mariana Méndez Cuellar pariente de los actores, manifiesta que le inmueble fue adquirido por Hugo Rodríguez Suarez, en contra del cual no se determinó responsabilidad alguna y que los mismos adquirieron el predio mediante sucesión hereditaria.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Reivindicación.-

En el Auto Supremo N° 60/2014 de 11 de marzo se ha desarrollado sobre los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria en ella se explicó lo siguiente: “El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”

Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario. Este razonamiento fue vertido en repetidos fallos por la extinta Corte Suprema de Justicia  que puso en relieve que no necesariamente el titular, que pretende reivindicar, deba haber estado en posesión física del inmueble, sino que su derecho propietario le otorga posesión civil que le basta para reivindicar su propiedad; situación que se refleja en el Auto Supremo Nº 80 de 04 de noviembre de 2004, Sala Civil Segunda, entre otros, que señala: “En efecto, el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y ánimus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquélla, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, así el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Así el derecho de propiedad se diferencia de las acciones posesorias, pues, en estas últimas, sí es preciso la posesión física o corporal por parte de quien la invoca, lo que no sucede con el primero…"; criterio jurisprudencial compartido por éste Tribunal Supremo de Justicia que en repetido fallos advirtió que “…la acción reivindicatoria, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda. Sólo aquél que demuestra ostentar derecho propietario puede reivindicar la cosa de quien la posea o detente. Derecho propietario, el cual por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente, no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta de que tiene la "posesión civil" que está integrada por sus elementos corpus y ánimus" (Auto Supremo Nº 98/2012).

La doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado  o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que fueron cumplidos por el demandante, en razón que para la estimación de su pretensión presentó su derecho propietario debidamente registrado del inmueble que pretendía la reivindicación, a su vez se probó que, como corroboran tanto la Sentencia como el Auto de Vista, estaba privado de su propiedad, misma que estaba plenamente identificada, por lo que no existía confusión respecto a  ese bien inmueble; elementos que evidencian la consistencia de la pretensión reivindicatoria…”.

Con similar criterio se emitió el Auto Supremo Nº  112/2016 de 5 de febrero, en el que se señaló lo siguiente: “En base a las ideas generales y razonamientos vertidos por los estudiosos del derecho, sean estos nacionales o extranjeros, sin duda analizan correctamente la nulidad, anulabilidad y esta tercer figura jurídica referente a la inexistencia, que en nuestra realidad jurídica no se encuentra legislada, pero sin lugar a dudas, no se puede extrañar su presencia a nivel internacional, figura jurídica que “…no sólo permite resolver determinadas situaciones de la vida real, sino porque reposa en una neta diferencia conceptual, ya que no es lo mismo que no haya negocio jurídico a que exista pero esté viciado.” (Belluscio, Derecho de Familia) 

Ese entendido Sustantivo de las nulidades, anulabilidades o inexistencia jurídica, necesariamente debe tener concordancia y afinidad con el espíritu teleológico de lo establecido en la Nueva Constitución Política del Estado, que pondera sobre todas las demás leyes y disposiciones legales el Principio de Supremacía Constitucional, los Principios y Valores establecidos en la Constitución los que se constituyen en la base axiológica del Estado Plurinacional de Bolivia que asume como principios de la sociedad plural, el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón); suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble); principios y valores en los que se debe enmarcar la conducta de todo miembro de esta nueva sociedad, donde reine una vida diligente sin engaños y robos. Estos valores y principios constitucionales se constituyen en los pilares fundamentales de la sociedad boliviana.

Bajo ese marco constitucional que se encuentra respaldado por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril; el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo N° 275/2014 de 2 de junio que en su parte referente a la falsificación de documentos y sus efectos jurídicos, estableció: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.”(El subrayado y la negrilla no corresponden al original) Líneas más abajo en la misma resolución se estableció también que: “…corresponde puntualizar que el Tribunal Supremo como administrador de justicia no puede convalidar una transferencia originada en un hecho ilícito como causal de anulabilidad basada en una ilegalidad, ya que en el caso de Autos se ha probado la falsedad de la minuta (…) este Tribunal  Supremo no puede reconocer  una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la posibilidad de que en aquellos casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia.” (El subrayado y la negrilla no corresponden al original)  Concluyéndose que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por la vía de anulabilidad sino por la vía de la nulidad por su manifiesta ilicitud. Línea jurisprudencial que rige en la actualidad.”

III.2.- Calificación legal de la falsedad de un documento.-

La calificación legal, sobre la acusación de falsedad de un documento en la vía civil ha sido un aspecto debatido, respecto a acomodar a una de las figuras de nulidad o anulabilidad de un contrato, habiendo este Tribunal adoptado que la misma se encuentra calificada como nulidad, en consideración a que dicha subsunción resulta ser más saludable para el tráfico de actos y negocios jurídicos, pues al ser un documento falso, por esa su cualidad la misma no se encuentra bajo conocimiento de la persona a quien se ha suplantado o se alterado su consentimiento, en dicho Auto Supremo Nº 275 de 2 de junio de 2014, este Tribunal ha establecido lo siguiente: “De la Constitución Política del Estado y los Principios y Valores Ético-Morales.-

Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, cuyas bases filosóficas son los valores y principios ético morales, que de manera transversal irradian en las normas que hace al conjunto del ordenamiento jurídico, sin desechar los principios generales del derecho, reforzando en consecuencia la observación por parte de los operadores de justicia en la aplicación de  estos principios y valores establecidos en el art. 8 de la norma suprema.

En este entendido el art. 9 núm. 4) de la Constitución Política del Estado establece entre los fines y funciones del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución, por otra parte el art. 108 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber de los bolivianos y bolivianas,  1) el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 2) conocer respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. Y 3) promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución.

En este sentido el art. 8 parágrafo I) de nuestra norma fundamental, señala que: “El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi marei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)”, estos principios al ser constitucionalizados, adquieren valor normativo fundamentador y orientador, es decir se convierten en normas que comparten la eficacia jurídica de la propia constitución, lo que implica que no son simples postulados culturales o históricos, sino que ahora se imponen a todos los bolivianos, bolivianas y extranjeros que viven en este país, llegando incluso a influir en las funciones de los órganos e instituciones del estado y en el razonamiento de todos los Jueces de las distintas jurisdicciones reconocidas por la misma constitución (Ordinaria, agroambiental, Indígena Originaria campesina, Constitucional y las jurisdicciones especiales), en consecuencia todos los actores de la vida social del estado están en la obligación de observarlos, desarrollarlos y aplicarlos en su labor decisoria.

Dentro de los principios y valores que hacen a la base axiológica del Estado Plurinacional de Bolivia, asume y promueve como principios de la sociedad plural, el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón); suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), principios y valores en que debe enmarcarse la moral de toda persona, natural o jurídica. En ese sentido, establecen una conducta de la vida diligente, sin engaños y robos, que debe observar todo individuo dentro la sociedad en que se desenvuelve.

Por otra parte se debe hacer referencia a que entre los valores que guían al Estado Plurinacional de Bolivia, consagrados en art. 8 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, se encuentran la igualdad, solidaridad, reciprocidad, respeto, armonía, bienestar común y la justicia social, los cuales, a su vez se complementan con los principios ético-morales en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico boliviano y los actos de los miembros de la sociedad, razonamiento orientado en lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril de 2012.

Estos valores y principios constitucionales hacen a las bases de la sociedad boliviana, son los pilares fundamentales, en la filosofía del Estado, por lo que su importancia radica, según la Fundación Jubileo en su cartilla Nº1 sobre el debate público, en que  son:

1.- Fundamentadores: porque son la base de  todas las leyes y normas de un país y de sus  instituciones.

2.- Orientadores: porque guían a los órganos del estado  (gobernantes, Jueces y asambleístas) y a  cada boliviano y boliviana, hacia el logro  del bienestar de todos.

3.- Críticos; porque valoran hechos o  conductas, tanto de  personas como de  instituciones. Son  un instrumento para controlar si las demás  normas jurídicas cumplen o vulneran  el sentido de estos valores constitucionales.

En este entendiendo es preciso también hacer referencia a la primacía de la que goza la constitución, en cuanto a la aplicación preferente de la que goza en relación a toda las normas que rigen en el ordenamiento jurídico boliviano, razonamiento fundado en la Sentencia Constitucional 0258/2011-R de 16 de marzo, Sentencia fundadora de línea, ha establecido que: “…la Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de la Constitución. Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad y, en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional”.

La primacía constitucional, exige de los Jueces del órgano judicial un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación de la Constitución conjuntamente la norma legal. La norma fundamental a diferencia de la ley, no se aplica por el método de la subsunción sino que por el contrario se utiliza el método en complementación y ponderación en relación a la ley.

Este razonamiento tiene  base en lo ya establecido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0112/2012 de 27 de abril de 2012 que al respecto dice: “…Ahora bien, la validez normativa, jerarquía y obligatoriedad de las normas constitucionales-principios en la Constitución, con relación a las normas constitucionales-reglas (el grueso de las normas de la constitución) y de las primeras respecto de las normas legales-reglas (contenidas en la leyes en sentido general sustantivas o procesales), si bien no tiene asidero en una norma parecida a la contenida en el art. 229 de la Constitución Política del Estado abrg. que señalaba: “Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento”, -debido a que no existe un precepto constitucional explícitamente- su fundamento contundente hay que encontrarlo en el carácter normativo-axiológico de la propia Constitución…. La obligatoriedad de las normas constitucionales-principios, claramente se visualiza en el art. 9.4 constitucional, que señala que son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/as que dice que deben Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución”.

Fundamento que nos da a entender, que en el marco del principio de la supremacía constitucional, establecido por el art. 410 parágrafo II de la ley suprema, se otorga valor normativo y preferencia de aplicación a la Constitución, y por lo mismo sus normas axiológicas y orgánicas son consideradas de aplicación directa al caso que se pretende resolver.

Todos los principios y valores ético - morales, tienen un efecto de irradiación y transversalidad en todo el ordenamiento jurídico Boliviano y la conducta que deben seguir todos los miembros de la sociedad boliviana. Por lo que guían la acción de los órganos judicial y su interacción con la sociedad boliviana, en este entendido es preciso citar lo señalado en la Sentencia Constitucional N° 1138/2004-R de 21 de julio que textualmente dice: “El principio de seguridad jurídica refuerza la idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales”.

Postulados que son orientados en las Sentencias Constitucionales antes citadas que deben ser observados y cumplidas por los administradores de justicia cuando tienen en sus manos la resolución de controversias donde las partes buscan por sobre todo justicia, pues están en el deber imperativo de impulsar la nueva justicia, todo en virtud de consumar el fin y principio supremo que persigue todo el ordenamiento jurídico boliviano, la Justicia Material, ya que respecto a la actividad de impartir justicia no puede soslayarse el hecho que ésta sustenta sus decisiones en la aplicación de formas y ritualismos establecidos en las normas, sino que dentro el razonamiento efectuado por los Jueces deben prevalecer el análisis e interpretación de los principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, con miras al vivir bien, en respeto de la moral y las buenas costumbres de la sociedad boliviana, rebatiendo los males que afecten de alguna manera la buena convivencia de la sociedad.

La falsificación de documentos y sus efectos jurídicos.-

La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los en que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble…

III.3.- De la aplicación del art. 559 del Código Civil.-

Sobre la aplicación del art. 559 del Código Civil este Tribunal ha emitido el Auto Supremo Nº  112/2016 de 5 de febrero  en ella se explicó lo siguiente: “Por su parte, nuestra legislación,  encuentra cobijo al tercero adquiriente de buena fe, solamente en los casos de anulabilidad, el art. 559 del CC. Establece: “(EFECTOS DE LA ANULABILIDAD RESPECTO A TERCEROS) La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la inscripción de la demanda.”, normativa que debe ser interpretada en concordancia con la nueva visión procesal de la ley Nº 439 que en su art. 229 II referente a los alcances de la sentencia indica: “También alcanza los efectos de la sentencia a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. En ningún caso afectará a terceros adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público correspondiente.”.  Al respecto, y en consideración a la denuncia expuesta por (…) relativo al principio “Quo nullumest, nullum producit effectun” (lo que es nulo no produce ningún efecto) que a criterio del recurrente fueron superados por la nueva concepción procesal civil en su art. 229 (Alcance de la Sentencia) donde se especifica que la sentencia en ningún caso afectará a terceras personas adquirientes de buena fe a título oneroso de bienes o derechos y que tengan título inscrito en el registro público, se debe indicar; no es que nuestra legislación haya evolucionado o superado dicho principio, éste como enunciado normativo general o axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una sociedad, prevalece en el tiempo, y no puede ser superado por una norma adjetiva como la señalada. En ese entendido, respecto a la protección del tercero adquiriente de buena fe, indicaremos que nuestra legislación siempre contó con la protección a los terceros de buena fe, pero solamente en los casos previstos de anulabilidad, nunca para los casos de nulidad de documentos que conforme la regla de retroactividad establecida en el art. 547 del CC -efectos de la nulidad-, las cosas vuelve al estado original y al volver a su estado primigenio, surge o nace el efecto cascada de la nulidad declarada, alcanzando así los derechos de terceras personas que pudieron comprar de buena fe y que fueron demandadas de nulidad, lógicamente teniendo estás (terceros de buena fe) las vías legales para reclamar sus derechos a su vendedor o finalmente hacer prevalecer su buena fe conforme lo norma el art. 134  del CC, situación que en el caso de autos no concurre.  Por dicho motivo concluiremos indicando que esta nulidad tiene efectos Ex tunc, “desde el origen”; la nulidad ex tunc es una nulidad que se retrotrae al día en que se concluyó un contrato, término latino, utilizado para referirse a una acción que produce efectos desde el momento mismo en que el acto tuvo su origen, retrotrayendo la situación jurídica a ese estado anterior…”

III.4.- Sobre la legitimación en la causa.- 

En el Auto Supremo Nº 583 de 10 de octubre de 2014, se ha teorizado sobre la legitimación ad causam, o legitimación propiamente dicha, en ella se indicó: “Ahora sobre la legitimación “Ad causam”, diremos que es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio, así podemos citar el criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”

Esto quiere decir que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso  concreto la función jurisdiccional.

En el Código de Procedimiento Civil, tan solo se encuentra descrita la excepción de falta de personería en el demandante o en el apoderado, sobre la base de la misma se puede cuestionar la capacidad de obrar del demandante o del apoderado, para la prosecución del proceso; así también habrá falta de personería en el apoderado de una persona jurídica (sociedad), cuando no se haya transcrito los documentos inherentes a la existencia de esa persona jurídica, o que las facultades del apoderado se encuentren cuestionadas por ser limitativas, como lo describen los arts. 52 a 56 del Código de Procedimiento Civil, sobre estas en base a nuestro Código establecidas en el art. 336 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, la doctrina las describe como legitimación Ad procesum…”

En cambio la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), cuestiona si la parte resulta ser el titular de la relación jurídica sustantiva (el titular del derecho litigado que es el nexo entre el actor y demandado), cuando se cuestiona ese aspecto, el mundo litigante generalmente la impugna por la excepción de “falta de acción y derecho”, cuando dicha invocación es errada, pues el derecho de acción, es entendida como el derecho público subjetivo que tiene toda persona natural o jurídica para acudir al órgano jurisdiccional con el objeto de que se atienda su pretensión, muy al margen de considerar si la pretensión se encuentra amparada por el derecho;  en cambio por la falta de derecho, se entiende si la pretensión deducida por el actor (al que se lo reconoce como el titular de la relación jurídica) se encuentra amparado por la legislación. Como se podrá ver ambos institutos resultan ser diferentes ya que en la falta de legitimación propiamente dicha (legitimación ad causam), se cuestiona si el actor es el titular de la relación jurídica sustantiva”

III.5.- De la prescripción de la aceptación de la herencia.-

En el Auto Supremo Nº 574 de 5 de noviembre de 2013, se ha desarrollado que sobre la legitimación para plantear la prescripción de una aceptación de la herencia, y esta solo abarca a los herederos del causante, en ella se indicó lo siguiente: 2.2.- La prescripción de la aceptación de la herencia.- El art. 1029 del Código Civil señala lo siguiente: “(Plazo para aceptar la herencia en forma pura y simple) I. Salvo lo dispuesto por el artículo 1023, el heredero tiene un plazo de diez años para aceptar la herencia en forma pura y simple; vencido ese término, prescribe su derecho. II. El plazo se cuenta desde que se abre la sucesión, o desde que se cumple la condición cuando la institución de heredero es condicional”, obviamente que la norma en cuestión señala un plazo para la aceptación de la herencia y su prescripción.

Ahora tomando en cuenta lo descrito, corresponde ingresar al estudio sobre quienes pueden hacer valer o invocar la prescripción de una aceptación de la herencia, en otra palabras la de identificar al legitimado para invocar la prescripción de la aceptación de la herencia, para el mismo se debe analizar las relaciones jurídicas que tenga el causante respecto a su ámbito patrimonial (acreedores y deudores) y con qué institutos, estos terceros son protegidos por el Código Civil,  y también la relación que tenga con el patrimonio del causante. Al efecto el deudor del causante, tiene la prescripción liberatoria, esto es dejar pasar el tiempo para extinguir alguna obligación que lo reataba con el causante; para el caso del acreedor del causante, el  Código ha previsto la protección de su acreencia, cuyo acreedor puede activar en contra de la sucesión el beneficio de separación de patrimonios o de exigir al presunto heredero si acepta la herencia, la rechaza o la acepta con beneficio de inventario, consiguientemente el ejercicio de los derechos patrimoniales del demandante se evidencia que el acreedor del causante se encuentra amparado por la norma para la protección de sus derechos, y por otra parte se encuentra el que tiene una relación de hecho respecto a los bienes o patrimonio del causante, como se trata de un poseedor respecto de un bien que puede usucapirlo conforme a las exigencias de usucapión decenal o quinquenal (prescripción adquisitiva), de bienes inmuebles o de bienes muebles, conforme a las reglas establecidas para cada instituto, en la que se generará el efecto adquisitivo para el adquiriente y el efecto extintivo de la propiedad para los herederos del causante respecto al bien objeto de la usucapión.

Ahora, tomando en cuenta de que el patrimonio siempre tiene un titular corresponde señalar que la transmisión del patrimonio vía sucesión hereditaria, implica que la delación de la herencia convoca a todos los llamados a la sucesión hereditaria con ello, solo los convocados pueden optar aceptar o renunciar a la herencia, consiguientemente entre estos llamados a la sucesión, se les genera la opción de aceptar la herencia o no, y dentro de los términos que establece la ley, consiguientemente, si un llamado a la sucesión de rango menor o igual ha aceptado la herencia puede pedir la prescripción de la aceptación de la herencia del otro llamado a la sucesión con mejor o igual derecho de rango, de ahí que los legitimados para invocar la prescripción de la aceptación de la herencia solo son los herederos forzosos o legales, razón por la cual al operarse se concluye que siendo la aceptación de la herencia una transmisión del patrimonio, la prescripción de la aceptación de la herencia solo puede ser invocada por los herederos y entre herederos, o sea entre los llamados a la sucesión estos son los que se encuentran legitimados para pedir la prescripción de la aceptación de la herencia, legitimación que no alcanza a los acreedores y terceros no llamados a la sucesión, pues estos tienen otros mecanismos para la protección de sus derechos, pues como se dijo anteriormente, un patrimonio siempre debe contar con un titular que ejerza el señorío de su patrimonio…”

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- El recurso de casación formulado por Leslie Carol Méndez Dorvigni de fs. 516 a 526.

Corresponde señalar que la recurrente solo expone que se ha vulnera su derecho a la propiedad privada, infringidos los arts. 1283, 1286, 1296, 1534 y 1287 del Código Civil y 330 de su procedimiento, refiriendo haberse efectuado una incorrecta valoración de la prueba, en la que se alega que la esposa e hijos de Hugo Rodríguez Suarez efectuaron la transferencia sin importar que el mismo se encontraba en litigio, en la que se acusa violación de los arts. 1453. 121 y 252 del Código de Procedimiento Civil, arts. 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, en cuya descripción alega que no se puede convalidar un acto.

Sobre la acusación descrita corresponde señalar que en la doctrina aplicable se ha referido a los requisitos de la acción reivindicatoria contenida en el art. 1453 del Código Civil, en la que se describe que no es necesario acreditar la eyección para viabilizar una acción reivindicatoria, sin embargo de ello, corresponde reiterar que dicha acción tiene el objeto de restituir el bien en favor del propietario de manos de una persona que la posea,  y en el caso presente se tiene que en la demanda interpuesta de fs. 28 (renglón 24 y siguientes), señalan los actores que: “que el inmueble que vivimos conjuntamente con nuestras familias había sido transferido…”, texto por el cual se puede deducir que los actores se encuentran en posesión del inmueble litigado, posteriormente en fs. 97 cursa en acta de audiencia de inspección judicial en cuyo acto jurídico procesal la codemandante, Cástula Marlene Méndez Cuellar, refirió lo siguiente: “ellos vivían en el inmueble desde que nacieron hasta el año 1999 (…) en la actualidad está desocupada no vive nadie en el inmueble…”, en base a dichos elementos de prueba, se concluye que respecto a los demandados Mariana Méndez Cuellar y Hugo Rodríguez Suarez y los herederos del nombrado (quienes ingresaron a la litis como sucesores procesales ante el deceso de su causante), no se evidencia que se encuentren en posesión del inmueble; asimismo corresponde hacer notar que la recurrente en este punto no señala que elementos de prueba acreditarían la posesión por otras personas, no pudiendo tomar una decisión sobre Jaime Eduardo Lavayen Amelungue, de quien se adjunta literales que hubiera adquirido el derecho de propiedad, sin embargo de ello no se puede emitir una decisión en contra del nombrado por no haber sido integrado al proceso, como sucesor procesal, por lo que en caso de que el mismo ostente la posesión se salva el derecho de los actores para la vía llamada por ley; consiguientemente no se evidencia haberse infringido el derecho de propiedad de los demandantes ni los arts. 1453, 1283, 1286, 1296, 1534 y 1287 del Código Civil y 330 de su procedimiento, ni los arts. 121 y 252 del Código de Procedimiento Civil y los arts. 115, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado, en la forma en que fueron planteados.

2.- El recurso de casación de los demandados Carlos Hugo, Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Lydia Rodríguez Soria de fs. 591 a 596 vta.-

En la forma.-

En cuanto a la acusación relativa al recurso en la forma sobre la falta de pronunciamiento de los agravios: a) en cuanto a la inexistencia de causal de nulidad, el Tribunal de alzada, en forma escueta subsumió el hecho fáctico en los arts. 452-1), 453, 549-1) y 552 del Código Civil, por lo que la causal de nulidad fue establecida por el Tribunal de alzada en el punto I.3, ahora si dicha subsunción no fue de agrado para los apelantes, debieron solicitar la petición de explicación complementación prevista en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil;  b) en cuanto a la acusación de no haberse absuelto sobre la legitimación activa, la misma al ser un presupuesto del proceso será revisada al momento de considerar el recurso de casación en el fondo, cuyo planteamiento resulta ser similar al propuesto en el recurso en la forma, c) en cuanto a las acusaciones de fraude procesal que se observa la emisión del certificado de defunción de fs. 195 respeto a la valoración de la prueba de fs. 14 a 15 y la firma de la codemandante estampada en diversos escritos, el Ad quem consideró los mismos como vicio de procedimiento que al no ser reclamado en forma oportuna salvó para que los pueda hacer valer mediante un proceso de revisión de sentencia conforme al art. 297 del Código de Procedimiento Civil, como describe el punto I.5 del Auto de Vista, al margen de ello aclara que según el certificado de fs. 317 Adrián Bartolomé Méndez Cuellar falleció en fecha 18 de marzo de 2001, aclaración última que también absuelve el reclamo relativo a la valoración de la prueba de fs. 14 a 15, que fue repetido por el recurrente en el inciso e) de la foja 592 que resulta ser similar al formulado en el inciso c) de fojas 591 vta. a 592; respecto a la acusación de que no se hubiera pronunciado sobre afectación de derechos de terceros, la misma que al estar reiterada en los argumentos del recurso en el fondo, será considerada al absolver los argumentos de dicho recurso en el fondo; en cuanto al inciso g) en la que se cuestiona la falta de motivación y fundamentación, el Ad quem describió en el I.3 el contenido de su fundamento, y en cuanto a la confabulación la misma al estar reiterada en el recurso en el fondo, será considerada al absolver dicho recurso en el fondo; finalmente respecto de considerar los medios de prueba propuestos en alzada corresponde señalar que, es evidente la falta de su pronunciamiento, sin embargo de ello, dicha acusación no amerita considerar una nulidad del Auto  de Vista, en consideración al principios de trascendencia y finalidad, pues el objeto de la pericia efectuada refiere sobre la firma de las firmas estampadas por Leslie Carlo Méndez Dorvingy en distintos memoriales y actos de las gestiones de 2009 a 2013, así como la firma estampada por Cástula Marlene Méndez Cuellar, estampada en el memorial de demanda de la gestión de 1999, y distintos memoriales firmados por la nombrada en diferentes gestiones  de 2001, 2002 y 2004, que no constituyen parte  de los hechos facticos debatidos, pues el objeto del debate es la falsedad de la firma en el documento de 5 de noviembre de 1982 y su reconocimiento de firmas de 1989, estampados por Teresa Cuellar Arandia, que no inciden en el fondo de la controversia por ello la falta de pronunciamiento si bien evidencia un vicio en el Auto de Vista, la misma no amerita su nulidad, por no adecuarse a los principios de trascendencia y finalidad que rigen las nulidades procesales, pues la pericia descrita no es relativa al objeto del litigio.

En el fondo.-

1.- En cuanto a la acusación relativa a la infracción de los arts. 549 y 554 del Código Civil, corresponde señalar que, conforme a la doctrina aplicable III.2, se tiene que la misma ha aclarado que la impugnación de un documento falso recae por la nulidad y no por la anulabilidad, al haberse desarrollado que la falsedad es un acto que el ordenamiento repudia, por ello es que no puede estar considerado como anulabilidad sujeto a prescripción, sino a nulidad que puede verse en cualquier momento, ahí la consideración de que el falseador no se ampare en la impunidad civil, pues las partes deben demostrar una conducta intachable y transparente al momento de generar sus actos. En cuanto a la cita de los Autos Supremos Nº  199 de 30 de mayo de 2011, Nº 176 de 29 de abril de 2003 Nº 231 de 22 de agosto de 1997, emitidas por la extinta corte suprema de Justicia de la Nación, las mismas han sido superadas por los fallos descritos en la doctrina aplicable, en la que se efectuó una consideración desde la constitución Política del Estado; y respecto al Auto Supremo Nº 51 de 16 de marzo de 2012, corresponde señalar que la misma es referente a una orientación genérica sobre las acciones que podrían haber tomado los reconventores, en ella no se ha teorizado sobre la impugnación de la falsedad de un documento en la vía civil, consiguientemente en este punto no se evidencia infracción de los arts. 549 y 554-1) del Código Civil.

2.- En cuanto a la acusación relativa de falta de legitimación de los demandantes, en cuanto al deceso de la causante, sobre la valoración de la prueba en cuanto a la declaratoria de herederos al margen de los diez años.

Sobre la acusación descrita corresponde señalar que la prescripción es un instituto mediante el cual se entiende que por el transcurso del tiempo, se extingue un derecho por la falta de su ejercicio, asimismo se refiere que la prescripción extingue el derecho de ejercitar la acción legal para obligar el cumplimiento de una obligación o de realización de un acto, la misma no puede ser aplicada de oficio; asimismo conforme a la doctrina aplicable, se ha desarrollado que la prescripción de la aceptación de la herencia, solo puede ser activada por los herederos del causante, y en el caso presente los demandados no acreditan que tuvieran esa calidad.

Sin embargo de lo expuesto precedentemente, tomando en cuenta que la observación es sobre la legitimación de los actores, corresponde analizar el contenido de la demanda, la demanda de fs. 28 a 30 vta., tiene como pretensión principal la declaratoria de nulidad por falsedad de documento de la venta efectuada mediante documento de 5 de noviembre de 1982 y su reconocimiento de firmas de 29 de abril de 1989, por lo que la prescripción no puede ser aplicable a dicha pretensión por la norma descrita en el art. 552 del Código Civil.

También corresponde señalar que, si bien el art. 1497 del Código Civil permite plantear la prescripción en cualquier tiempo, la misma debe ser entendida desde su finalidad, el término descrito en “cualquier tiempo” se asimila cuando el demandado que no ha participado regularmente en el proceso puede en el primer escrito plantear la prescripción de la acción o del derecho en cualquier etapa del proceso; el término de “cualquier tiempo” no se aplica cuando el demandado ha participado regularmente en el proceso, para lo cual tiene momentos procesales para hacer valer la prescripción como excepción previa o como excepción perentoria conjuntamente al contestar la demanda, aspecto que no sucedió en el caso presente, pues en los escritos de fs. 115, 124 a 126 y 130, no hizo valer en sus primeros actuados la petición de prescripción.

Por otra parte, con la perspectiva de orientar a los recurrentes, corresponde señalar que pretenden hacer valer se opere la prescripción, sin embargo de ello refieren que se debe prescribir la declaratoria de herederos (aceptación expresa de la herencia), cuando la prescripción siempre apunta al derecho pretendido y en este caso resulta ser la ineficacia estructural del contrato de 5 de noviembre de 1982 y su reconocimiento de firmas de 29 de abril de 1989; la declaratoria de herederos que adjuntaron los actores no se encuentra en debate, pues lo que se litiga es siempre  la demanda y la excepción, y la declaratoria de herederos fue adjuntada como un medio de prueba que acredita la legitimación de los actores, y en caso diverso, correspondía a los demandados o al causante de estos si considera que tiene la legitimación para solicitar la prescripción de la aceptación de la herencia de su contraparte-  activar una pretensión reconvencional para solicitar su prescripción, aspecto que no aconteció en el caso de autos.

Lo propio ocurre con la legitimación de la sucesora procesal (Leslie Carol Méndez Dorbigny), a quien se acusa que su aceptación de la herencia hubiera prescrito, en la que se enfatiza la emisión del certificado de fs. 195, la misma desde el punto de vista de este Tribunal, dicho certificado se ha generado incurriendo en un error en la fecha del deceso en la que se llenó con la fecha de nacimiento  de 2 de diciembre de 1958 de Adrián Méndez Cuellar, conforme a las literales de fs. 22 a 24 en la que se describe que la fecha de nacimiento del codemandante es de 2 de diciembre de 1958, el certificado de nacimiento de fs. 196 que al nacimiento de Leslie Carol Méndez Dorbigny de 4 de octubre de 1988, figura como su progenitor Adrián Méndez Cuellar; deduciendo con ello que la fecha consignada en el certificado de fs. 195 no es la correcta, aspecto que fue saneado con la presentación del certificado de original de defunción de fs. 317 (en la que figura la fecha de nacimiento 2 de diciembre de 1958 y el deceso de  18 de marzo de 2001), no existiendo infracción sobre el presupuesto procesal de la legitimación de los actores.

3.- En cuanto a la violación del art. 373 del Código de Procedimiento Civil, fundada sobre la base de que Adrián Méndez Cuellar estaba fallecido cuando se solicitó dicho peritaje; corresponde referirnos al certificado de fs. 317 que acredita la fecha de nacimiento de 2 de diciembre de 1958 y su deceso en  18 de marzo de 2001, y lo fundamentado en el párrafo que antecede.

En cuanto a la falta de orden judicial para considerar el informe de fs. 14 a 21; corresponde señalar que en el recurso de apelación de fs. 301 a 307, en forma expresa no se ha observado que dicho peritaje de fs. 14 a 21, carecería de orden judicial, por lo que al no haberse cuestionado a misma en su debida oportunidad, no se puede analizar dicha acusación en consideración del principio del “per saltum” esto es pasar por alto el sistema de impugnación vertical, pues para su análisis debía de acusarse dicho aspecto en apelación y en caso de  negativa a su pretensión recursiva recurrirse de casación, aspecto que no aconteció en el caso presente, por ello la acusación en este punto resulta ser impertinente.

4.- Sobre la acusación de vulneración del art. 559 del Código Civil respecto de salvar los derechos de los adquirientes de buena fe; corresponde describir la doctrina aplicable al caso, en la que se ha desarrollado el entendido de dicho art. 559, que solo ampara a los casos de anulabilidad de contrato y no a los de nulidad.

Correspondiendo aclarar que la nulidad dispuesta sobre el título de propiedad de Hugo Rodríguez  Suarez y los herederos del nombrado, Carlos Hugo, Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Rodríguez Soria, quienes intervienen como sucesores procesales, es afectado conforme a la regla del art. 574 del Código Civil, que describe el carácter retroactivo de la nulidad declarada, afecta en forma retroactiva los actos o negocios jurídicos sustentados en base al acto anulado, por ello resulta innecesario considerar la forma de adquisición del adquiriente Hugo Rodríguez Suarez, a quienes se salva el derecho de accionar por evicción en contra de su vendedora, por ello no se evidencia infracción del art. 559 del Código Civil.

En cuanto a las contestaciones al recurso de casación, corresponde efectuar la consideración descrita precedentemente.

Por lo expuesto corresponde, emitir Resolución en la forma prevista en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 y lo dispuesto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara: INFUNDADOS los recursos de casación de fs. 516 a 526 formulado por Leslie Carol Méndez Dorvigni mediante su apoderado Pedro Juan Flores Orellana y el recurso de casación en la  forma y en el fondo de fs. 591 a 596 vta., formulado por Carlos Hugo Rodríguez Soria por sí y en representación de Teresa Verónica, Carmen Patricia, Marioly y Mónica Rodríguez Soria, contra del Auto de Vista Nº 38/15 de 29 de enero de 2015 que cursa de fs. 486 a 492, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos por ser ambas partes las recurrentes.

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Relator: Mgdo: Dr. Rómulo Calle Mamani.