TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 161/2017                                                              Sucre: 20 febrero 2017                                                                                    Expediente:         CH- 19 16 S                                                                 Partes: Sabina Solís Arce y Silvestre Quispe Vedia. c/ Basilia Daza Contreras,        

            Julia Daza Contreras y Tomás Laime Tamayo.        

Proceso: Ordinario, acción reivindicatoria, negatoria, reconocimiento de mejor

               derecho propietario sobre bien inmueble. 

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 535 a 551 interpuesto por Sabina Solís Arce y Silvestre Quispe Vedia contra el Auto de Vista Nº SCCF II Nº 61/2016 de 23 de febrero de 2016 de fs. 524 a 526 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario de acción reivindicatoria, negatoria, reconocimiento de mejor derecho propietario sobre bien inmueble seguido por los recurrentes contra Basilia Daza Contreras, Julia Daza Contreras y Tomás Laime Tamayo, con reconvención de las dos primeras por nulidad de Escritura Pública Nº 931; la contestación de fs. 556 a 557 vta.; el Auto de concesión de fs. 558, y demás antecedentes.

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustancia el proceso en primera instancia, el Juez Primero de Partido en Materia Civil y Comercial de la Capital, Sucre, mediante Sentencia Nº 39/2015 de 19 de noviembre de 2015 de fs. 472 a 477 vta., declaró  IMPROBADA en todas sus partes la demanda principal; PROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta por los actores principales contra la demanda reconvencional por memoriales de fs. 6-13 aclarada a fs. 15, ratificada y subsanada a fs. 44; IMPROBADA la demanda reconvencional en todas sus partes referida a la nulidad de Escritura Pública 931/1998 y consiguiente cancelación de su registro; PROBADA la excepción perentoria de falta de acción y derecho opuesta a la demanda principal por memorial de fs. 49-51 subsanada a fs. 53-54; declaró también no ha lugar a los daños y perjuicios demandados reconvencionalmente, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público una vez ejecutoriada la sentencia.     

I.2.- Apelada que fue la indicada Sentencia por los actores principales Sabina Solís Arce y Silvestre Quispe Vedia, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca por Auto de Vista SCCF II Nº 61/2016 de 23 de febrero de 2016 de fs. 524 a 526, CONFIRMÓ en forma total la Sentencia, sin costas por la impugnación doble; decisión que fue asumida bajo los siguientes fundamentos:

Haciendo referencia al contenido y alcances de los arts. 1453, 1455 y 1545 del Código Civil, indica que las acciones reivindicatoria y negatoria así como el mejor derecho propietario, son genéricamente acciones de defensa de la propiedad, teniendo como requisito sine quanon de procedencia la titularidad sobre el bien objeto de la acción, pero la demanda como tal no versará nunca sobre la discusión de la propiedad, existiendo otras acciones para el efecto, excepto en el mejor derecho propietario, pero donde sólo se discute la prelación de la inscripción de la titularidad ya existente.

Señala que sobre la acción negatoria no se ha operado queja o fundamento alguno en la impugnación, siendo el sustento de la parte recurrente únicamente su supuesta titularidad singular y única respecto del bien objeto del proceso y contrariar a su vez la no titularidad del mismo de la parte demandada, pero esta discusión no tiene asidero toda vez que se ha verificado que la titularidad de ambas partes no deviene de un mismo transferente, por tal razón la discusión del supuesto mejor derecho propietario no tiene consistencia.

Que la Sentencia ha realizado la lectura y valoración de la prueba del proceso en su totalidad y conforme a procedimiento, estableciendo en primer lugar la titularidad de las partes respecto del bien objeto del proceso, además de separar los requisitos de procedencia de cada una de las acciones. El hecho de que hayan sido desestimadas todas las pretensiones de las partes en conflicto, no implica omisión alguna y no es cierto que la fundamentación sea irracional y carente de inteligencia, epítetos que sólo denotan calificar negativamente el trabajo del Juez A-quo, no entendiéndose la razón para pedir la revocación parcial de la Sentencia, si el recurso se encuentra fundado sobre la irracionalidad de toda la desestimación de las pretensiones de la parte demandante, sin lograr entenderse que parte de la Sentencia debe quedar sin modificación.

Respecto a la adhesión de la apelación, indica que el apelante no ha precisado las causales de nulidad en las que respalda su pretensión de invalidez, siendo la impugnación genérica, ya que no habría fundamentado las razones fácticas por las que debe estimarse las causales de nulidad invocadas.

Concluye que el Juez a-quo no ha infringido norma procesal alguna y por el contrario dio cumplimiento con las normas imperativas insertas en los arts. 1 parágrafo I, 6, 7, 87, 90 y 91 del CPC., vigente en su momento, así como el principio de verdad material, extrañando que las partes recurrentes no hicieron mención alguna a las excepciones que también fueron desestimadas; bajo esos fundamentos procede a confirmar totalmente la Sentencia.

En contra de dicha Resolución, la parte demandante al amparo de las norma del Código Procesal Civil, interpuso recurso de casación sin especificar si es en la forma o en el fondo, invocando en su petitorio se falle en el fondo y sea casando el Auto de Vista apelado. 

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:

II.1.- Resumen del recuso:

Se denuncia de manera general a los jueces de ambas instancias de no haber valorado cabalmente los títulos de propiedad de fs. 1 a 5 y omitido valorar las documentales de fs. 296 a 298, la cuales acreditarían que el Servicio Nacional de Desarrollo Social (SENDES) tenía consolidado la adquisición de diversos lotes de terreno de extensiones diferentes, entre estos el lote de 1.500 mts2., sin inscripción en Derechos Reales, el cual habría sido transferido a los demandantes y el hecho de que el anterior propietario no haya registrado su título, no implicaría que los documentos de fs. 296-298 sean inefectivos para que se declare la invalidez de sus derechos de propiedad, ya que la inscripción como tal no daría la legalidad al derecho sino tan solo su publicidad, lo que de manera incontrovertible se hallaría catalogado sus derechos propietarios como mejor, superior, primigenio y primordial al de los demandados, refiriendo al mismo tiempo error de hecho en la valoración de las referidas instrumentales por los justiciables del caso y que los demandados sin tener derecho se encuentran detentando el inmueble objeto de litis, argumentos que se encuentra por demás reiterado a lo largo de todo el contenido del recurso.

Haciendo referencia nuevamente a los argumentos señalados anteriormente, indican existir error de hecho en la valoración de las documentales de fs. 168 a 179 emitida por el Juzgado Agrario Móvil, las que tendrían congruencia con las de fs. 180-183 de obrados; que las documentales de fs. 204 a 207 demostrarían que los demandados se encuentran indebidamente detentando el inmueble; que la literal de fs. 297 daría cuenta que Tomás Layme Tamayo y Basilia Daza Contreras de Laime renunciaron a derecho propietario alguno sobre la cuestión ahora litigiosa a favor de Agustín Daza Limachi y SENDES y validaron la venta de Agustín en favor de la indicada Entidad privada y que este último aspecto merecería trascendencia y vital importancia para el pleito en cuanto a la superficie de 1.500 mts2. del bien inmueble en conflicto.

Indican también existir error de hecho de la pericia de cargo de fs. 362-377 al haber sido omitida dicha prueba; error de hecho en la valoración de la prueba testifical de cargo de fs. 438-439 generada por el testigo más influyente Jhonny Jorge Miranda Gamboa (representante de SENDES), hecho que conculcaría el art. 476 del CPC., en congruencia con el art. 186 de la Ley Nº 439 ya que se habría obviado dicha prueba, haciendo notar al mismo tiempo que su vendedor incurrió en error al realizar la transferencia del inmueble de 1.500 mts2., objeto de litigio a favor de sus personas, basado en un antecedente dominial de otro inmueble de 20.000 mts2., aspecto que no sería justificativo para dejar de lado su pretensión.

Atribuyen como fundamentos plenos de su recurso de casación, la vulneración del derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso acusando al Auto de Vista de ser carente de sustento ya que los jueces de instancia habrían incurrido en citra petita al haber obviado valor cabalmente sus medios legales de probanza (las señaladas precedentemente), omitiendo un pronunciamiento de fondo claro, concreto y preciso, vulnerando el debido proceso en su especie derecho a la defensa, derecho a la propiedad y legalidad de los fallos; reiteran que no se valoró adecuadamente las documentales de fs. 1-2 y 296-298.

Reiteran mala valoración por los juzgadores a su turno, de las pruebas del proceso producidas válidamente, señalando nuevamente a las documentales de fs. 1 a 2, 278 a 283, 296 a 298, así como la atestación de fs. 438, mismas que acreditarían de manera fehaciente el derecho de propiedad de sus personas y por ende sería viable el reintegro del inmueble vía acción de reivindicación y que los demandados jamás probaron tener derecho sobre alguna porción en el inmueble objeto de litis mediante título justo y específico, tan solo argumentaron ser herederas de su padre sin justificar cabalmente dicha postura y su derecho consiguiente.

Indican que las demandadas no plantearon reclamo mediante acción reconvencional en una de las formas de defensa de la propiedad, más que entablar una acción de nulidad de documentos.

Acusan a los juzgadores de haber incurrido en error al asumir el rol de defensores de los demandados, dictando los fallos diversos en incongruencia manifiesta incurriendo en sentencia extra petita, reiterando nuevamente que las demandadas no demostraron su derecho propietario y en sí no fundaron vía acción reconvencional en uno de los medios de defensa de la propiedad de su supuesto derecho de propiedad que alegan.

En base a esos antecedentes en su petitorio invocan se falle en el fondo y sea casando el Auto de Vista apelado, declarando probada la demanda principal e improbadas las acciones de los demandados con imposición de costas y sanción por malicia en el actuar del Tribunal y del Juez de primera instancia. 

III.2.- De la respuesta al recurso de casación:

La parte demandada en su memorial de respuesta de fs. 556 a 557 y vta., indican que el recurso es confuso, no se sabe si es en la forma o en el fondo, contiene argumentos reiterativos que resultan ser copia del recurso de alzada; indican que el Gobierno Nacional mediante R.S. 105287 de 1961 dotó a Donato Daza y Mariano Daza la superficie de 5.600 Has. (fs. 150-161) y que este último (progenitor) trabajó el terreno y ante su fallecimiento, sus personas continuaron en la posesión y se declararon herederas (fs. 30-37) demostrando de esta manera el derecho propietario sobre dicho inmueble, aspecto que no quieren reconocer los demandantes; indican que SENDES fue propietaria de 20.000 mts2., de terreno (fs. 1-2) de los cuales su represente legal transfiere una fracción de 1.700 mts2., a favor de Sabina Solís Arce y Silvestre Quispe Vedia, y que el lote de terreno objeto de juicio se encuentra ubicado en otro sector y no existe disgregación de los 20.000 mts2.; que los documentos de fs. 296-298 solo ratifican y confirman la venta de esta última extensión, de manera que el documento de 2 de junio de 1997 no puede ser catalogado de transferencia como erradamente sostienen los recurrentes; que la declaración testifical del representante de SENDES es de capital importancia, quien habría hecho uso y abuso de un título de propiedad ajeno para disponer el terreno del causante de sus personas engañando a los actores, por eso el Juez de primera instancia habría dispuesto la remisión de antecedentes al Ministerio Público; en base a esos argumentos concluyen solicitando se declare infundado el recurso.               

III.- DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Con relación a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria, en el Auto Supremo Nº 786/2015-L de 11 de septiembre se estableció lo siguiente:

“El art. 1453 del CC., señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que establece la reivindicación como una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que en palabras de Arturo Alessandri R.: “…en la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; acción que se reserva precisamente al propietario que ha perdido la posesión del bien de su propiedad, siendo que el primer requisito para la procedencia de la referida acción, es la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del CC., como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil y la natural o corporal, esta última puede ser ejercida o no por el propietario.

La doctrina orienta que tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: 1) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2) que esté privado o destituido de ésta; 3) que la cosa se halle plenamente identificada; respecto a esta acción real, la uniforme jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este Tribunal Supremo, expresó con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al "propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus"”.

Ahondando lo descrito, diremos que, en cuanto al primer requisito, el actor debe dar cumplida prueba de su dominio, mediante título que acredite la adquisición de su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales sobre el bien a ser reivindicado. Según Manresa, la acreditación de la condición de propietario pasa por probar que ha mediado un hecho jurídico apto para dar existencia a aquella relación entre persona y cosa en que la propiedad consiste y que la persona que acciona es aquella que es sujeto de la relación.

Según jurisprudencia, las certificaciones del catastro no prueban la propiedad; tampoco es título de dominio hábil, según González Poveda, el inventario municipal, mero registro administrativo que, por sí sólo, ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno a favor de la persona.

En cuanto al tercer requisito, el demandante debe especificar sin margen de duda la identificación del bien que se reclama como propio, lo que implica la cumplida prueba de que el bien que se reivindica coincida o corresponda en perfecta identidad con lo descrito en el título legitimador, coincidencia que supone que la realidad física del bien se identifique con la que resulta del título.

La identificación a efectos reivindicatorios, no consiste sólo en describir la cosa reclamada, fijando con precisión y exactitud la cabida y los linderos, sino que además ha de ser demostrado sin lugar a dudas que el predio topográficamente señalado es el mismo a que se refieren los documentos y demás medios de prueba utilizados, lo que implica un juicio comparativo entregado a la soberana valoración del juzgador de instancia con carácter fáctico. No basta por tanto una identificación puramente documentaria, sino que se precisa que esa descripción coincida con la realidad física del objeto reclamado.

En tratándose de bienes inmuebles, la identificación pasa por comprobar la extensión exacta, sus cabidas, linderos y cuantos medios adecuados sean utilizados para la formación del juicio del Juzgador, tratándose de una cuestión de hecho lo referente a la identificación de la cosa a ser reivindicada.

III.2.- Con relación al mejor derecho propietario:

Este Tribunal en el A.S. Nº 442/2014 de 08 de agosto, ha establecido lo siguiente: 

“Al respecto también debemos referir que la interpretación del art. 1545 del Código Civil debe ser en sentido amplio, tendiente a establecer el origen del derecho propietario, criterio que fue asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, la misma que es adoptada por éste Tribunal Supremo, mediante el Auto Supremo Nro. 46 de 09 de febrero de 2011 que refiere”…como se precisó anteriormente, frente a una demanda de mejor derecho propietario, es necesario, en principio acreditar que el derecho propietario del actor como del demandado emergen de un mismo vendedor o lo que es lo mismo tienen un mismo origen, conforme establece el artículo 1545 del Código. Pero, la interpretación de esa disposición no se limita a un sentido restringido, es decir a establecer que el causante del actor y del demandado sea la misma persona, por el contrario, en sentido amplio, dicha determinación orienta a establecer el origen del derecho propietario, vale decir establecer si los derechos contrastados tienen un mismo origen”.

Del mismo modo en el A. S. 618/2014 de 30 de octubre señaló lo siguiente:  

“En cuanto a la aplicación errónea del art. 1545 el Código Civil, corresponde señalar que dicha norma tiene el siguiente texto: “(Preferencia entre adquirentes de un mismo inmueble). Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquirente que haya inscrito primero su título…”, sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…en una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”; la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un  mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez,  para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. En ese mismo sentido se tiene razonado en los A.S. 1049/2015-L y otros posteriores.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Se deja establecido que al haber fallecido la recurrente Sabina Solís Arce conforme se evidencia de la documental de fs. 573, al tenor del art. 31.II  num. 1) del Código Procesal Civil, se ha operado la figura de sucesión procesal en favor del recurrente Silvestre Quispe Vedia que resulta ser el esposo de la fallecida, quien al no haber puesto en conocimiento de este Tribunal la existencia de otros posibles herederos, se entiende que es la única persona que tiene esa calidad, no siendo necesario el llamamiento a otras personas; consiguientemente el recurso de casación será considerado como interpuesto únicamente por la indicada persona, así además lo solicita de manera expresa el impetrante en el memorial de referencia.  

Con la aclaración que antecede, se debe indicar que si bien el recurso de casación es bastante amplio, empero contiene argumentos reiterativos que ya fueron expuestos en el recurso ordinario de apelación, centrando su atención el recurrente a denunciar contra los jueces de ambas instancias de no haber valorado cabalmente los títulos de propiedad de fs. 1 a 5 y omitido valorar las documentales de fs. 296 a 298, argumentos que se encuentran por demás reiterados a lo largo de todo el contenido del recurso, denunciando al mismo tiempo error de hecho en la valoración de la prueba pericial de cargo de fs. 362-377, documental de fs. 168 a 179 y la testifical de cargo de fs. 438-439, siendo estos en esencia los argumentos que se encuentran expuestos en el recurso de casación, cuyos detalles se hallan descritos en calidad de resumen en el Punto II.1 de la presente resolución en función a los cuales se absuelve el recurso planteado.

Las documentales de fs. 1 a 5 y 296 a 298, así como la testifical de cargo de fs. 362-377 y los informes periciales de fs. 362 a 377 y 383 a 393 a las cuales se hacen referencia, inicialmente fueron tomadas en cuenta y valoradas por el Juez A-quo al momento de dictar Sentencia conforme se advierte del segundo considerando donde realiza la valoración descriptiva detallando todas y cada una de las pruebas presentadas y producidas por ambas partes litigantes y en el tercer considerando, sobre la base de los arts. 397 y 476 del Código de Procedimiento Civil vigente en aquel tiempo en relación con el art. 1286 del Código Civil, realiza la valoración intelectiva desarrollando de manera amplia su fundamentación sobre el acervo probatorio, haciendo énfasis en la literal de fs. 1 a 2, además de incidir en la prueba testifical brindada por el testigo de cargo Jhonny Jorge Miranda Gamboa (vendedor de los actores). Por su parte el Tribunal de segunda instancia en su calidad de revisor, también se ha referido a la valoración de la prueba indicando que de la revisión de la Sentencia se constata que la misma ha realizado lectura y valoración de la prueba del proceso en su totalidad y conforme a procedimiento establecido en el código adjetivo, afirmación que se encuentra consignada en el considerando II numeral 4.- del Auto de Vista recurrido, además de referirse al mismo tema en el numeral 5.- de dicho considerando, sometiendo de esta manera el A-quem a control la actividad valorativa de la prueba realizada por el por el Juez de primera instancia, dando por bien hecho lo actuado; de donde se infiere que ambas instancias tomaron en cuenta las pruebas extrañadas por la parte recurrente, no siendo evidente lo denunciado en el recurso.

A mayor abundamiento, se debe indicar que las literales de fs. 1 a 5 corresponden al Testimonio Nº 931/98 y certificación treintañal de propiedad; el primero se trata de un contrato de transferencia de terreno de 1.700 mts2., que realiza el Servicio Nacional de Desarrollo Social (SENDES) a través de su representante Jhonny Jorge Miranda Gamboa, a favor de los demandantes Silvestre Quispe Vedia y Sabina Solís Arce, transferencia que se encuentra registrada en Derechos Reales bajo el Asiento A-1 en fecha 16 de noviembre de 1998 con Folio y Matrícula actualizada 1011990006976, cuya fracción es disgregada de una extensión mayor de 20.000 mts2., que ostentaba la nombrada Entidad en la Zona de Tucsupaya Alta de la ciudad de Sucre y es en base a ese documento de transferencia que los actores principales fundaron su demanda pretendiendo la reivindicación y el mejor derecho de la superficie de 1.700 mts2., aspecto que fue fijado como primer punto de hecho a probar en el Auto del 13 de mayo de 2015 de fs. 276 y vta.; sin embargo los demandantes en la etapa de conclusiones repentinamente cambian de argumento y saliéndose del contexto de la relación procesal, pretenden la reivindicación y el mejor derecho de 1.500 mts2., haciendo lo propio en su recurso de apelación como en casación, sin acreditar con prueba idónea la titularidad sobre esta última extensión, omitiendo por completo especificar las colindancias del terreno, ni mucho menos acreditan el registro en Derechos Reales.

Al margen de lo indicado, existe el acta de declaración testifical de cargo de fs. 438-439 de Jhonny Jorge Miranda Gamboa, representante de SENDES y vendedor de la fracción anteriormente referida de 1.700 mts2., a quien los actores consideran como testigo clave y más influyente, quien de manera categórica afirma en su declaración entre otras cosas, que el terreno objeto de litigio no forma parte de la extensión de los 20.000 mts2., sin embargo utilizó el registro de este inmueble para transferir a favor de sus compradores (actores) otro terreno distinto que no contaba con registro, prueba que fue ampliamente analizada y valorada por el Juez A-quo junto a las demás pruebas que cursan en el expediente como ser el Testimonio de transferencia Nº 931/98, así como los informes periciales de cargo y descargo de fs. 362-374 y 383-393 conforme a los principios de unidad y comunidad que rige el sistema probatorio, llega a la convicción de que el inmueble objeto de litigio se trata de otro distinto que se encuentra ubicado en otro lugar. 

Los informes periciales de referencia son bastante claros al indicar que el inmueble objeto de litigio se trata de otro distinto al transferido por el representante de SENDES a favor de los actores a través del Testimonio Nº 931/98, ratificando de esta manera lo afirmado por el nombrado testigo; sin embargo dichos informes no coinciden en la superficie real del terreno objeto de litigio, toda vez que el primer informe indica que existiría un sobrante de 1.210,04  mts2., y 489,96 habría sido afectado para áreas de dominio público; mientras que el segundo hace referencia a una extensión de 1.143,00 mts2., sin embargo los actores pretenden en su demanda que se les reivindique y reconozca el mejor derecho sobre 1.700 m2., y de manera contradictoria en su recurso de casación reclaman sobre 1.500 mts2., sin absolutamente acreditar derecho propietario sobre esta última extensión ni mucho menos especificar las características y colindancias y menos el registro en Derechos Reales, cuya ausencia no permite dar paso al análisis del mejor derecho de propiedad; ante esa situación, las pretensiones recursivas definitivamente no tienen sustento técnico ni legal.

Las literales de fs. 296 a 298 que se encuentran reiteradas a fs. 414-416 de obrados, tratan de un documento privado de fecha 2 de julio de 1.997 reconocido en sus firmas y rúbricas, donde intervienen como suscribientes los demandados Tomás Laime Tamayo, Basilia Daza de Laime y el representante de SENDES Jhonny Jorge Miranda Gamboa, y tiene por finalidad ratificar la venta del lote de 20.000 mts2., realizado por Agustín Daza Limachi a favor de SENDES que se encuentra registrado el 11 de junio de 1996 bajo la Partida Nº 625 del Libro Primero de Propiedades.

Si bien en el indicado documento privado de fs. 296 a 298 se hace referencia a otros lotes de diferentes extensiones que habrían sido transferidos con anterioridad, entre los cuales se menciona a una extensión de 1.500 mts2., sin embargo debe tenerse presente que esa ratificación es a las supuestas ventas que habría realizado Agustín Daza Limachi a favor de SENDES, no existiendo ninguna prueba o constancia de que esta Entidad hubiera transferido la extensión de 1.500 mts2., a los hoy demandantes para que éstos pretendan de manera contradictoria en grado de casación se les reivindique y declare el mejor derecho propietario sobre esta extensión; en dicho documento privado tampoco se hace referencia a la fracción de 1.700 mts2., que fue objeto de transferencia en la Escritura Pública Nº 931/98 en la cual se ampararon los actores para fundar su demanda; ante tales circunstancias, resultan forzadas y fuera de contexto procesal las pretensiones invocadas en el recurso.

Las literales de fs. 168 a 179 se tratan de fotocopias legalizadas de un Testimonio de proceso social agrario de afectación del Ex fundo Tucsupaya Alta que culminó con dotación de terrenos a varias personas, el cual en términos de extensión no tiene ninguna relación con el terreno en litigio.

Por otra parte, indica el recurrente que los demandados jamás demostraron tener derecho de propiedad sobre el inmueble objeto de litigio, tampoco plantearon reconvención en una de las formas de defensa de la propiedad; al respecto indicar que conforme se tiene señalado en la doctrina aplicable, en la acción de reivindicación, acción negatoria y mejor derecho de propiedad, el demandante conforme al art. 1283.I del Código Civil y art. 375 num. 1) del Código de Procedimiento Civil, este último vigente al momento de la tramitación del proceso en primera instancia,  tiene la carga procesal de acreditar como primer requisito fundamental, su derecho de propiedad debidamente registrado en Derechos Reales sobre el inmueble que reclama, además de especificar con todo detalle la superficie y sus colindancias, requisitos que son fundamentales para la procedencia de dichas pretensiones, aspecto que en el caso presente no fueron acreditados por parte de los actores, no pudiendo ser cargada esta responsabilidad a los demandados, ni mucho menos condicionarlos a plantear acciones que no desean hacerlo; sin embargo es de hacer notar que los actores al pretender que se declare el mejor derecho, implícitamente están reconociendo que sus demandados tienen el derecho propietario sobre el inmueble objeto de litigio.

Refiere también vulneración del derecho a la defensa, seguridad jurídica y debido proceso, derecho a la propiedad, acusando al Auto de Vista de ser carente de sustento, ya que no contaría con un pronunciamiento claro, concreto y preciso; aspectos que tampoco son evidentes, toda vez que de la lectura del Auto de Vista impugnado se puede evidenciar que cuenta con la suficiente fundamentación tanto fáctica como jurídica donde el Ad-quem brinda la explicación técnica correspondiente exponiendo con toda nitidez sus razones para confirmar la Sentencia, siendo dicha resolución clara y comprensible tanto en su parte considerativa como dispositiva; en cuanto a la vulneración del derecho a la defensa que indica, los actores en su calidad de demandantes ejercieron todos los derechos procesales que consideran ser útiles para lograr sus pretensiones sin haber sido en ningún momento privados de esa situación y el hecho de que en Sentencia se haya declarado improbada su demanda y confirmada  por el Auto de Vista, no implica privación del derecho a la defensa; respecto a la denuncia de violación del derecho a la propiedad, reiterar que fueron los propios actores quienes dejaron a un lado su reclamo sobre el terreno de 1.700 mts2., invocado en su demanda y sobre los 1.500 mts2., reclamado en etapa de casación, sensiblemente no lograron demostrar su derecho de propiedad sobre esta fracción; ante esa situación, no resulta coherente la denuncia de vulneración del derecho a la propiedad.

Finalmente, con relación a la respuesta al recurso, la parte demandada debe estarse a los fundamentos descritos en la presente resolución.     

Por todas las consideraciones realizadas, el recurso de casación analizado deviene en infundado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil. 

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por EL art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Sabina Solís Arce y Silvestre Quispe Vedia contra el Auto de Vista Nº SCCF II Nº 61/2016 de 23 de febrero de 2016 de fs. 524 a 526 pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se impone costas y costos al recurrente conforme dispone el art. 223.V num. 2) con relación al art. 224, ambos de la Ley Nº 439.

Se regula honorarios profesiones en la suma de Bs. 1.000 (Un Mil 00/100 Bolivianos).


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relatora : Mgda. Rita Susana Nava Durán.