TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 1249/2017

Sucre: 04 de diciembre 2017

Expediente:        SC-63-17-S

Partes: María René Fuentes Daza. c/ Nieves Sánchez Vda. de Rivero.

Proceso: Nulidad del documento de testimonio inscrito en Derechos Reales.

Distrito: Santa Cruz.        

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 254 a 258 y vta., interpuesto por René Fuentes Daza, contra el Auto de Vista de fecha 23 de febrero de 2017, cursante de fs. 241 a 242, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de nulidad del documento de testimonio inscrito en Derechos Reales, seguido por el recurrente contra Nieve Sánchez Vda. de Rivero, el Auto de concesión del recurso de fs. 277; el Auto Supremo de Admisión del Recurso de Casación Nº 544/2017-RA de 29 de mayo de 2017 que cursa de fs. 283 a 284; los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 120 de fecha 09 de septiembre de 2016, cursante de fs. 209 a 211, declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 20 a 21 y su complementación de fs. 23 y vta., e IMPROBADA las excepciones de fs. 37 a 38 de obrados, por ser juicio doble sin costas. De igual forma, ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda interpuesta por Carmelo Rivero Sánchez, el Juez de la causa mediante decreto de fecha 23 de septiembre de 2016 que cursa a fs. 227, señaló que la sentencia es bastante clara por lo que no amerita aclaración, complementación ni enmienda alguna.

Contra la referida resolución René Fuentes Daza, mediante memorial cursante de fs. 232 a 234 y vta., interpuso Recurso de Apelación.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de fecha 23 de febrero de 2017, cursante de fs. 241 a 242, donde los jueces de Alzada en lo más trascendental de la resolución señalaron que el apelante no señala cual sería el agravio o perjuicio que le ocasionó la sentencia, pues no indica que norma adjetiva o sustantivo de materia civil ha sido quebrantada o que norma debió aplicarse en la parte considerativa y dispositiva de la resolución apelada, pues la simple argumentación de “argumentos fácticos” o enumerar y describir las pruebas cursantes en el proceso, no constituye la expresión y fundamentación de agravios que refieren los artículos 256 y 261-I del Código Procesal Civil, toda vez que únicamente hace un relato de los antecedentes del proceso; por lo que al encontrarse frente a un recurso de apelación carente de expresión de agravios y fundamentación, no se encuentra abierta la competencia del Tribunal de Apelación, conforme lo establece el art. 265-I del Código Procesal Civil; fundamentos por los cuales, declaró INADMISIBLE el recurso de apelación, con costas.

De igual forma, el Tribunal de Alzada de oficio emitió el Auto Nº 12 de 15 de marzo de 2017, donde corrigió y aclaró que en el considerando I, donde consignó el nombre de Servicios de Transporte Terracargo SRL, representado por Julio César Rojas Céspedes, lo correcto era consignar el nombre del demandante René Fuentes Daza representado por Fátima Marisol Fuentes Melgar. De igual forma, ante la solicitud de aclaración, corrección y complementación de fs. 245 y vta., interpuesta por Carmelo Rivero Sánchez, emitió el Auto Nº 15 de fecha 17 de marzo de 2017 que cursa a fs. 247, donde también corrigió y aclaró que el nombre correcto de la parte demandante es René Fuentes Daza representado por Fátima Fuentes Melgar, y de la demandada Nieves Sánchez Vda. de Rivero representada por Carmelo Rivero Sánchez y que Ramón Fellman Rivero Sánchez y Gladis Rojas de Rivero no son parte del proceso.  

En conocimiento de las determinaciones de segunda instancia, René Fuentes Daza, interpuso Recurso de Casación, cursante de fs. 254 a 258 y vta., el mismo que se pasa a analizar:         

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA:

Acusa que el Auto de Vista es injusto y contradictorio, que no resuelve nada respecto de los puntos discordantes, por lo que acusa la violación de los arts. 271-I, 7-II, 1, 2, 5, 256, 261-I y 265-I del CPC.

Aduce que el recurso de apelación contrariamente a lo expuesto por el Tribunal de Alzada si contiene la expresión de agravios, sobre los cuales no se pronunció el Tribunal de Alzada; en consecuencia señala que el Tribunal de Apelación actuó de manera incorrecta, sin haber dado estricto cumplimiento a los principios de eficacia, eficiencia, accesibilidad e impugnación.

Denuncia también la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, pues no está siendo protegido de manera efectiva en sus derechos y garantías constitucionales, pues las autoridades recurridas habrían hecho abstracción de sus derechos y garantías primordiales que o están siendo tuteladas en franca violación de las normas procedimentales y constitucionales, mediante un fundamento falso y erróneo que no va conforme a los antecedentes reales del proceso tomando de forma antojadiza actuaciones desarrolladas en el proceso sin una correcta y adecuada valoración, por lo que el Auto de Vista carecería de la debida pertinencia conforme a la expresión de agravios del recurso de apelación.

Acusa también que el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia apelada y declarar inadmisible el recurso de apelación, actuó de forma arbitraria, ilegal y ultra petita, además de no haber realizado una adecuada valoración de todos los medos de prueba y tener una indebida motivación y fundamentación.

Reitera que el Auto impugnado carece de la consecuente motivación y fundamentación, por no haber cumplido con el art. 213-II en relación al art. 218-II del Código comentado, pues no se pronunció sobre los puntos recurridos, por lo que reitera que sus derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva están lesionados.

Refiere que inclusive antes de ingresar el recurso de casación, el Tribunal de Casación primero debe revisar incluso de oficio las transgresiones incurridas por el juez de primera instancia, ya que de haber dichas violaciones al debido proceso sería absurdo entrar en otras consideraciones.

Por lo expuesto solicita se resuelva el recurso de casación, anulando la resolución recurrida.

De la respuesta al recurso de casación.

María Nieves Sánchez Vda. de Rivero  representada por Carmelo Rivero Sánchez, por memorial cursante de fs. 273 a 276 contesta al recurso de casación señalado lo siguiente:

Que es inconcebible que a través de un proceso ordinario se pretenda anular y/o dejar sin efecto otro proceso ordinario.

Que interpusieron excepciones previas, entre ellas la de incompetencia del juzgador, pues lo que en el fondo pretende la parte actora es la nulidad del proceso ordinario de usucapión y no solamente del testimonio, pieza que simplemente es el resultado de un proceso previo, entendimiento por el cual infiere que lo que la actora busca en realidad es que un Juez de Partido revise y anule las actuaciones de otro Juez de partido, dentro de un proceso que ya tiene autoridad de cosa juzgada sustancial y material, revisión que se halla prevista para otra instancia de la administración de Justicia, por lo que el Juzgador carecería de competencia para conocer este tipo de procesos.

Que el testimonio judicial del proceso de usucapión no es un contrato sino más bien es un documento público que da fe sobre la existencia de un proceso judicial y que al margen dicha acción ya se halla prescrita, pues habría transcurrido más de 10 años desde la interposición de la demanda.

Finalmente refiere que el recurrente no ha especificado en que consiste la infracción, violación, errónea interpretación o mala aplicación de la ley, por lo que aduce que la omisión del cumplimiento de los requisitos formales es castigada con la aplicación de los arts. 277-1) del Adjetivo Civil, es decir con la improcedencia del mismo, toda vez que el recurrente tampoco  señala la correcta solución de la situación planteada, defecto que no puede ser subsanado de oficio por el Tribunal Supremo, ya que dicha competencia se halla limitada a los puntos resueltos por el inferior; en consecuencia acusa que al no tener el recurso de casación la técnica jurídica y recursiva que corresponde a esta clase de recurso, la apertura de la competencia del Tribunal de Casación no se encontraría aperturada.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

II.1.- De la nulidad de oficio.

El art. 106 del Código Procesal Civil, Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013 previene en su parágrafo I que: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, concordante con dicha norma, el art, 17 parágrafo I de la Ley N° 025 manifiesta que la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley; de lo expuesto se tiene que si bien aún les es permisible a los Tribunales la revisión de las actuaciones procesales de oficio, sin embargo, esa facultad está limitada a aquellos asuntos previstos por ley, entendiendo, que el régimen de revisión no es absoluto, sino limitado por factores legales que inciden en la pertinencia de la nulidad para la protección de lo actuado, por lo que en el caso de que un Juez o Tribunal advierta algún vicio procesal, este en virtud del principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria al tomar una decisión anulatoria, debe tener presente que una nulidad de oficio solo procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, cuando el vicio tenga incidencia directa en la decisión de fondo o el derecho a la defensa esté seriamente afectado. 

III.2.- De la competencia como presupuesto procesal para la constitución de un proceso.

Con relación a este punto, resulta pertinente referirnos al Auto Supremo Nº 692/2014 de 25 de noviembre de 2014, que sobre los presupuestos procesales para la constitución de un proceso valido, señaló lo siguiente: “Se considera presupuestos procesales a aquellos elementos de existencia previa  que resultan necesarios para la formación de un proceso, hacen referencia a los pilares que lo sostienen cuya verificación es obligación del Juez de la causa al momento de admitir la demanda, según Piero Calamandrei "Los presupuestos procesales  son los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso válido, o una relación procesal válida que deben existir a fin de que se llegue a una resolución eficaz. (lo subrayado es nuestro). En este sentido, desde su teoría de la relación jurídica el tratadista alemán Oscar Von Bulow, en relación a los presupuestos procesales dijo: “esencialmente, se tiene uno de carácter objetivo (la fundamentación fáctica de la pretensión, es decir, la necesidad de que los hechos concretos narrados en las pretensiones de las partes puedan subsumirse en el supuesto de hecho abstracto de una norma jurídica), y otro de carácter subjetivo que se refiere esencialmente a la legitimación - que las partes sean realmente los sujetos que ostentan algún tipo de un derecho subjetivo o un interés legítimo.

La doctrina viene considera como presupuestos procesales de admisibilidad, de verificación obligatoria por parte del Juez de la causa: 1) la competencia y jurisdicción del tribunal; 2) lalegitimación de las partes y; 3) la pretensión jurídicamente atendible, La verificación oportuna de estos presupuestos procesales de admisibilidad permite vigilar no solo la idoneidad de la relación procesal, evitando la anormal sustanciación y duración de procesos que resultan afectados de invalidez, por lo que cuando se aprecie la falta de un presupuesto procesal, el Juez de la causa está obligado a dictar resolución de rechazo de la demanda de oficio, reiteramos con el fin de evitar un proceso y en su caso una Sentencia inútil e ineficaz.”

En ese entendido, y toda vez que la competencia del juez que conocerá la causa se constituye en uno de estos presupuestos procesales, corresponde ahondar un poco más sobre sobre el mismo, por lo que incumbe realizar las siguientes consideraciones:

Que, la amplia jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia al igual que el Tribunal Supremo de Justicia, desarrollaron algunas conceptualizaciones respecto de la competencia; indicando en ese entendido que la competencia conforme la define el art. 12 de la Ley del Órgano Judicial, “Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una vocal o un vocal, una Jueza o un Juez, o Autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción  en un determinado asunto”, de lo referido se tiene que la competencia es el  modo o manera como se ejerce la jurisdicción, ya sea por circunstancias concretas de materia, cuantía, grado, turno, territorio, naturaleza; imponiéndose por tanto una competencia  por necesidades de orden práctico, en ese entendido vemos que la jurisdicción es el género, mientras que la competencia viene a ser la especie, así,  todos los jueces tienen jurisdicción  pues tienen el poder de administrar justicia, pero cada Juez tiene competencia para conocer y resolver determinados asuntos.

La competencia tiene como supuesto, el principio de pluralidad de Tribunales dentro de un territorio jurisdiccional. Así, las reglas de competencia tienen por objeto determinar cuál va a ser el Tribunal que va a conocer, con preferencia o exclusión de los demás, una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional. Por ello se ha señalado que, si la jurisdicción es la facultad de administrar justicia, la competencia fija los límites dentro de los cuales se ejerce tal facultad.

En ese entendido, se tiene que tanto la jurisdicción como la competencia son de orden público e  indelegable y nacen únicamente de la ley, siendo sus reglas la observancia y la obligatoriedad en su cumplimiento.

De estas consideraciones se infiere que al ser la competencia un requisito necesario para que pueda constituirse un proceso válido, pudiendo ser este prorrogable únicamente  en razón del territorio y no así de la materia, el juez previamente a admitir una demanda, debe realizar un examen minucioso sobre la pretensión interpuesta, para de esta manera determinar si es o no competente para conocer y en consecuencia resolver la causa puesta en su conocimiento, ya que los actos que emanen de personas que usurpen funciones que no les compete, son nulos de pleno derecho, tal y como lo establece el art. 122 de la Constitución Política del Estado.

III.3.- De la revisión extraordinaria de sentencia.

Sobre el recurso extraordinario de revisión de sentencia, inmersos actualmente en el art. 284 y siguientes del Código Procesal Civil, y anterior a la vigencia plena de dicha norma en el art. 297 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Autor Armando Córdova Saavedra en su libro titulado “Manual Práctico del Nuevo Código Procesal Civil”, señaló lo siguiente: “Es importante valorar que esta figura procedimental del recurso de revisión, limita su procedencia sólo a las sentencias ejecutoriadas en proceso ordinario y no comprende a otras acciones. Es de advertir que la revisión, siempre supone la injusticia de la sentencia y tiende a remediar la injusticia manifiesta, consumada, culpable o inculpable”, asimismo señala que: “Las circunstancias fundamentales de procedencia de la revisión, está supeditada a la existencia de dos sentencias inconciliables entre sí de los cuales uno tiene que tener una sentencia ejecutoriada y la otra como resultado de nuevos hechos o elementos de prueba que ponen de manifiesta la existencia del error cometido. La finalidad del recurso extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada, permite la revisión de un pronunciamiento jurisdiccional en proceso ordinario, para lograr la anulación total o parcial o modificar el anterior y posterior reemplazo por otra sentencia, cuando existe una declaración judicial por otra sentencia ejecutoriada que acredite las siguientes causales de procedencia:….. (sic.)”

De lo citado se colige que el citado recurso debe ser interpuesto con la finalidad de remediar una injusticia manifiesta, la cual obviamente sirvió de base para la emisión de una sentencia que se encuentra ejecutoriada en proceso ordinario, de ahí que dicha acción, conforme lo estipula el art. 284 del Código Procesal Civil, procede únicamente por las causales ahí establecidas, siendo el Tribunal Supremo de Justicia la instancia competente para conocer y resolver dicho recurso, y no así un Juez Ordinario en Materia Civil; de ahí que quien decide activar el recurso de revisión extraordinaria de sentencia, debe necesariamente presentar el mismo ante el Tribunal Supremo de Justicia (art. 288 Código Procesal Civil), pues si es otra la autoridad que conoce y resuelve el recurso, sus actuados conforme se desarrolló en el punto anterior, serán declarados nulos de pleno derecho.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En virtud a los fundamentos expuestos en el punto anterior, así como a lo establecido en los arts. 17.I de la Ley Nº 025 en concordancia con el art. 106 de la Ley Nº 439, que establecen la obligación de los Tribunales de realizar un examen de oficio de las actuaciones procesales, con la finalidad de observar si se han cumplido con las formas esenciales de un proceso, y de esta manera otorgar seguridad jurídica a los litigantes; debemos señalar que al ser la competencia de orden público, indelegable y de cumplimiento obligatorio, y además constituirse en un presupuesto procesal necesario para la admisión de un determinado proceso, esta puede ser analizada en cualquier estado del proceso, inclusive en casación; por lo que corresponde realizar las siguientes consideraciones, que emergen precisamente de la revisión de obrados.

Por memorial cursante de fs. 20 a 21 y vta., René Fuentes Daza, arguyendo ser legítimo propietario de un inmueble ubicado en la U.V 42, manzana 12, zona Sud Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada Nº 7011990069222, interpuso demanda de “nulidad de usucapión”, arguyendo que su inmueble se encuentra ocupado como garaje de vehículos y existe maquinaria de una carpintería que pertenecen al hijo de la propietaria de la casa vecina de nombre Ramón Fellman Rivero Sánchez y su esposa Gladys Rojas de Rivero. Observando de esta manera que no es posible que exista usucapión de dicho inmueble ya que no vive ni vivió nadie en el inmueble, ni existen servicios básicos para una vivienda, pues solo sería garaje de la propietaria del inmueble de a lado, es decir de la Sra. Nieves Sánchez Vda. de Rivero, por lo que dirige su demanda contra Nieves Sánchez Vda. de Rivero, Ramón Fellman Rivero Sánchez y Gladys Rojas de Rivero. Sin embargo dicha demanda, tal como se tiene del decreto de fecha 12 de noviembre de 2008 cursante a fs. 22 vta., fue observada por el Juez de primera instancia, en el sentido de que la nulidad sería para los contratos, por lo que la parte actora, tendría que indicar con claridad sobre que clase de documento o contrato pretende la nulidad.

En ese entendido, por memorial cursante a fs. 23 y vta., René Fuentes Daza subsanó su pretensión aduciendo que lo que demanda es la “nulidad de testimonio de usucapión” otorgado por el Dr. Einar Ángelo Lijerón Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Santa Cruz y la consiguiente anulación de la partida computarizada, toda vez que el testimonio carecería de requisitos para su formación y validez, por lo que apoyó esta pretensión en los arts. 549 inc. 1), 2) y 4) y 554 inc. 5) del Código Civil. Demanda que fue admitida por Auto de fecha 02 de enero de 2009 cursante a fs. 24.

De estas consideraciones se advierte que la pretensión principal interpuesta por René Fuentes Daza, está enfocada en dejar sin efecto la sentencia pronunciada en el proceso de usucapión que fue interpuesto por Nieves Sánchez Vda. de Rivero sobre el bien inmueble del cual señala ser propietario, así como del testimonio emanado de dicho proceso, toda vez que claramente se advierte que el actor (demandante), tanto en su memorial de demanda como en el memorial donde subsana las observaciones realizadas por el A quo, cuestiona que la demanda de usucapión no cumpliría con ninguno de los requisitos para hacer procedente dicha acción, como el hecho de que nadie vive ni viviría en el inmueble o que este no contaría con servicios básicos; es decir que ya sea con el nomen iuris de “Nulidad de usucapión” o “Nulidad de Testimonio de usucapión”, lo que el demandante en realidad pretende es que se revise un anterior proceso ordinario de usucapión, es decir que pretende la revisión extraordinaria de una Sentencia, recurso que conforme a los fundamentos expuestos en el punto III.3 de la doctrina aplicable al caso de Autos, debió ser interpuesto ante el Tribunal competente, o sea ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la instancia competente para sustanciar dicha pretensión y no así un Juez en materia Civil; extremo este que debió ser advertido por el Juez de primera instancia, quien, como se desarrolló en el punto III.2. de la doctrina aplicable al caso de autos, tiene la obligación, antes de admitir una determinada pretensión, de examinar si esta cumple o no con todos los presupuestos procesales de admisibilidad, ya que la inconcurrencia de un presupuesto procesal supone el rechazo de oficio de la demanda.

Bajo ese entendimiento, el Juez de primera instancia previamente a admitir la demanda de “nulidad de usucapión” o “nulidad de testimonio de usucapión”, debió advertir cual el fondo de dichas pretensiones, y si era o no competente para tramitar la misma, máxime cuando la norma es bastante clara al señalar que el recurso extraordinario de revisión de Sentencia debe ser presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia al no tener competencia el Juez de materia Civil para tramitar dicha causa, contrariamente a admitir debió rechazar la misma y disponer que la demanda sea presentada ante la instancia competente; extremo que también debió ser advertido por el Tribunal de Alzada cuando conoció la causa, pues como ya se dijo supra, la ausencia o incumplimiento de un solo presupuesto procesal (competencia) para que pueda constituirse un proceso válido, supone el rechazo de la demanda.

Por lo expuesto, y toda vez que la competencia al estar revestido de orden público puede ser revisada aun de oficio en etapa casacional, corresponde emitir Resolución conforme los prevén los arts. 106 y 220.III num. 1) inc. a) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 106 y 220.III num. 1) inc. a) del Código Procesal Civil, ANULA obrados sin reposición hasta fs. 24, es decir, hasta el Auto de admisión de la demanda de fecha 02 de enero de 2009, debiendo la parte actora acudir ante la instancia competente para interponer la presente acción.

Siendo excusable el error no se impone multa a los Vocales suscriptores del Auto de Vista.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la ley del Órgano Judicial remítase copia de la presente Resolución Consejo de la Magistratura, para fines consiguientes de ley. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.