TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L





Auto Supremo: 1153/2017

Sucre: 01 de noviembre 2017

Expediente: LP-169-16-S

Partes: Cristian  Francisco Conitzer  Mejía  y  Eliana  Denise Mejía Vera. c/        

            David Fernando López Borda y Otros.  

Proceso: Reivindicación, acción negatoria, daños y perjuicios y costas.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 327 a 330, interpuesto por Claribel Shirley Marino Borda de Ramos, David Fernando López Borda, Erick Dennis Borda y Oscar Marcelo Yujra Borda, y el recurso de casación de fs. 332 a 334 vta., interpuesto por Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera representada por Reneé Yvette Mejía Vera, contra el Auto de Vista Nº A-334/2016 de 01 de julio cursante de fs. 324 a 325 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de Reivindicación, acción negatoria, daños y perjuicios y costas seguido por Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera contra David Fernando López Borda y Otros, la contestación de fs. 336 a 337 vta., la concesión de fs. 339, el Auto de admisión de fs. 343 a 344, todo lo inherente, y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1. El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 36/2016 de 21 de enero cursante de fs. 294 a 298, que declaró Improbada en todas sus partes la demanda planteada a fs. 5-7, aclarada a fs. 33-34, ampliado a fs. 36-36 vta., y 37-37 vta., de obrados por Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera sobre Reivindicación, Acción Negatoria y Daños y Perjuicios. Con costas.

I.2. Resolución de primera instancia que al ser apelada por la parte actora Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera, por memorial de fs. 302 a 305 y vta., mereció el Auto de Vista Nº A-334/2016 de 01 de julio cursante de fs. 324 a 325 vta., que Anula obrados hasta fs. 292 vta., inclusive, disponiendo que la A quo pronuncie nueva sentencia observando a cabalidad los arts. 213 de la Ley 439; argumentando en lo relevante que en el presente caso, la A quo a tiempo de pronunciar formalmente la sentencia recurrida, no responde a todas las pretensiones deducidas en la demanda de fs. 5-7, aclarada a fs. 33-34, ampliada a fs. 36 y 37, y no considera la prueba presentada por la parte actora, que acredita debidamente que es propietaria del bien inmueble que pretende reivindicar, conforme lo reconoce la misma A quo en el punto 1 del tercer considerando de la sentencia, así como el hecho de que la parte demandada no ha presentado prueba alguna que acredite a que título se encuentra en posesión del inmueble objeto del presente litigio, no siendo requisito para la procedencia de la reivindicación el despojo del inmueble, como lo ha reconocido la jurisprudencia nacional, por lo que dicho fundamento no puede servir de base para declarar improbada la demanda. Por otra parte en cuanto a las otras tres pretensiones, la acción negatoria, pago de daños y perjuicios y el pago de costas, la A quo no realiza una debida fundamentación ni da una respuesta satisfactoria al demandante para desestimar sus pretensiones. De lo señalado se establece en forma clara y meridiana que la sentencia no es congruente a lo pretendido por la parte demandante, siendo errado el criterio de que para la procedencia de la reivindicación debe existir el presupuesto de la posesión del inmueble y el consiguiente despojo. Aspectos que denotan la falta de motivación, fundamentación e incongruencia que contiene la sentencia, que establece el art. 213 del nuevo ordenamiento procesal civil en concordancia con el art. 192 del anterior procedimiento civil. Consiguientemente, la A quo al fallar en la forma señalada, no solo suprime una parte estructural de la sentencia, sino que suprime la necesaria identidad jurídica entre lo resuelto y lo solicitado, constituyendo dicho fallo en una decisión de hecho, no de derecho, vulnerando el art. 213 de la Ley 439, tornando la parte resolutiva de la sentencia apelada en imprecisa y obscura respecto a las pretensiones litigadas.

I.3. Resolución de Alzada que es recurrida de casación por los demandados (Claribel Shirley Marino Borda de Ramos, David Fernando López Borda, Erick Dennis Borda y Oscar Marcelo Yujra Borda), y por los actores (Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera representada esta última por Reneé Yvette Mejía Vera) que obtiene el presente análisis.

II. DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN, Y SU RESPUESTA:

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen las siguientes:

II.1. Recurso de casación de Claribel Shirley Marino Borda de Ramos, David Fernando López Borda, Erick Dennis Borda y Oscar Marcelo Yujra Borda:

En el fondo:

II.1.1. Acusan que no está claro si la sentencia es obscura e imprecisa o lo es el Auto de Vista, porque no aclaran que parágrafo o cual de los nueve numerales todos del art. 213 del Código Procesal Civil se ha vulnerado.

Refieren que la sentencia ha sido dictada de acuerdo a las consideraciones del Código de Procedimiento Civil de 1976 y no así del Código Procesal Civil.

Manifiesta que de la lectura de la sentencia se comprueba que esta ha sido emitida en base al objeto del litigio, en la manera en que se demandó, es decir acción de reivindicación y acción negatoria.

Expresa que el Auto de Vista se apartó completamente de las acciones demandas, al anular la Sentencia fallando de forma extra petita lo cual hace que sea impreciso y obscuro, vinculando su denuncia a la infracción del art. 213 parágrafo II num. 3 de la Ley Nº 439.

Agrega que en la parte resolutiva del Auto de Vista refieren que la Sentencia es imprecisa y obscura y no detallan que parágrafos y numerales del art. 213 de la Ley Nº 439 se habrían inobservado en la misma, aspecto que hace impreciso y obscuro el Auto de Vista del cual recurre de casación, pero aún no aclara porque el art. 1453 y 1454 del Código Civil le imprimen la obligación de presentar pruebas que acrediten a qué título se encuentra su posesión del inmueble objeto de litigio y no dice nada respecto a la inobservancia de los adversos en lo inherente a los artículos antes indicados.

Por lo expuesto, solicita casar el Auto de Vista impugnado.

II.2. Recurso de casación de Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera representada esta última por Reneé Yvette Mejía Vera:

II.2.1. Acusa violación del art. 265 del Código Procesal Civil en sus parágrafos I y III.

Refieren que si bien en el segundo considerando del Auto de Vista recurrido, establecen que su apelación se ha referido a siete agravios, empero, solamente se ha resuelto el segundo agravio de su apelación que corre a fs. 302 a 304, omitiendo referirse a los otros 6 agravios formulados en dicho memorial que importan inobservancia por parte del A quo de varios aspectos inherentes a la tramitación del proceso y otros aspectos contenidos en dicha expresión de agravios, lo que también constituye violación del principio de congruencia y de la motivación del fallo emitido.

Seguidamente detalla la expresión de agravios (6) que no ha sido considerada por el Ad quem.

Agrega, que como se podrá establecer existen violaciones y nulidades que no solo se identifican hasta la sentencia, sino mucho antes de ella.

Por lo expuesto, solicita la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo.

II.3. De la respuesta al recurso de casación:

La parte actora, solicita declarar infundado el recurso deducido por la parte demandada, solo en cuanto a los imaginarios agravios que hubiera sufrido como emergencia del fallo de segunda instancia.

III. DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Respecto al principio de congruencia y pertinencia que deben guardar las resoluciones judiciales:

En la SCP Nº 1073/2013 de 16 de julio, se ha razonado lo siguiente: “El principio de pertinencia determina que la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que ha momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales. Así el AS 55 de 1 de abril de 1998 sostuvo que: “Los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las pretensiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis”. (…).

“Consecuentemente, tanto los jueces y tribunales de segunda instancia como los de casación, al pronunciar resoluciones, deben velar porque sus determinaciones sean pertinentes dado que: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse” (SC 2017/2010-R de 9 de noviembre”.

Por otra parte, con relación al Principio de Congruencia, haciendo referencia a la SC Nº 0486/2010-R de 5 de julio, señaló que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia 'ultra petita' en la que se incurre si el Tribunal concede 'extra petita' para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; 'citra petita', conocido como por 'omisión' en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.' (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438)”.

Respecto a lo anterior, el art. 265.I del Código Procesal Civil, dispone que “I. El Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación…

III. Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”.

Por su parte el art. 218.III del mismo adjetivo civil, señala lo siguiente: “III. Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”.

III.2. En relación al principio de eficacia:

En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0210/2010 de 24 de mayo, se concretó lo siguiente: “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura”.

III.3. Sobre la nulidad procesal:

Si bien anteriormente el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado a un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento en concordancia con la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la C.P.E. que indica  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciéndose que es Política de Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que, ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105-I de la Ley Nº 439 que establece que Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley; criterio de nulidad específico, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106-II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.

Criterio ya sustentado en el A.S. Nº 348/2014 de fecha 02 de julio 2014 entre otros.

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los recursos de casación interpuestos, se evidencia que tanto la parte demandada así como la parte actora han impugnado la resolución de alzada, refiriendo que el Auto de Vista se aparta completamente de las acciones demandadas, al anular la Sentencia fallando de forma extra petita lo cual hace que sea impreciso y obscuro, vinculando su denuncia al art. 213.II-3 de la Ley 439, y los demandantes denuncian violación del art. 265 del Código Procesal Civil en sus parágrafos I y III, vinculando su denuncia a la falta de pronunciamiento por parte del Ad quem sobre la expresión de agravios deducidos en el recurso de apelación, por lo que por orden metodológico corresponde absolver primero estas denuncias, en base a las siguientes consideraciones de orden legal:

De la revisión del Auto de Vista ahora impugnado, se conoce que el Tribunal de Alzada como fundamentos para disponer la nulidad de obrados hasta fs. 292 vta., inclusive, esto es hasta el estado de dictar nueva Sentencia, concreta que la A quo a tiempo de pronunciar resolución no responde a todas las pretensiones deducidas en la demanda, que no considera la prueba presentada por la parte actora que acredita que es propietaria del bien inmueble que pretende reivindicar, así como el hecho de que la parte demandada no presenta prueba alguna que acredite a que título se encuentra en posesión del inmueble objeto del presente litigio, no siendo requisito para la procedencia de la reivindicación el despojo del inmueble, por lo que dicho fundamento no puede servir de base para declarar improbada la demanda, por otra parte, en cuanto a las otras tres pretensiones, acción negatoria, pago de daños y perjuicios y el pago de costas, la A quo no realiza una debida fundamentación ni da una respuesta satisfactoria al demandante para desestimar sus pretensiones, concluyendo que la sentencia no es congruente a lo pretendido por la parte demandante, siendo errado el criterio de que para la procedencia de la reivindicación debe existir el presupuesto de la posesión del inmueble y el consiguiente despojo, aspectos que denotan la falta de motivación, fundamentación e incongruencia que contiene la sentencia, vulnerando el art. 213 de la Ley 439.

De la demanda de fs. 5 a 7, aclarada a fs. 33 a 34, ampliada a fs. 36 y 37, se conoce que la parte actora ha incoado como pretensión la reivindicación bajo alternativa de lanzamiento y/o desapoderamiento, acción negatoria, daños y perjuicios y costas. En conocimiento de esta demanda la parte demandada contesta negativamente a la misma, y una vez sustanciado el proceso, la A quo resuelve la causa declarando conforme a su criterio improbada en todas sus partes la demanda planteada por los actores Cristian Francisco Conitzer Mejía y Eliana Denise Mejía Vera sobre Reivindicación, Acción Negatoria y Daños y Perjuicios, con costas. Resolución que es apelada por los referidos demandantes.

En dicho recurso de alzada de fs. 302 a 305 vta., los actores exponen como fundamentos de agravio los siguientes: 1) Que la Sentencia ha sido dictada fuera de plazo; 2) Que se omitió en la sentencia referirse a dos de las demandas planteadas, referentes a la denegación de Derechos Reales sobre su bien inmueble; 3) Que no se ha referido al reconocimiento expreso de la legitimación activa de la copropietaria y co-demandante Eliana Denise Mejía Vera de Luna; 4) Que el Juez admitió prueba inexistente al existir dos respuestas, no se especificó que prueba ofrecida por la parte demandada se tenía por ratificada; 5) Que no se ha respondido adecuadamente la objeción planteada por la parte demandada a la prueba, así como la objeción al informe pericial; 6) Que en el alegato se ha invocado un Auto Supremo y una Sentencia Constitucional sobre las cuales no se ha pronunciado la sentencia; 7) Que existe un error en la foliación por lo que los documentos no se encuentran ordenados secuencialmente. Corrido en traslado dicha impugnación a la parte demandada, en conocimiento de la misma conforme se evidencia de fs. 308 a 314, solo contestan de manera negativa a los fundamentos de la apelación, impetrando confirmar totalmente la Sentencia, sin denunciar vicio procesal en la tramitación del recurso de apelación.

Ahora bien, sobre los fundamentos del Tribunal de alzada para disponer la nulidad de obrados, corresponde señalar que el A quo en el marco de lo que disponía el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, ha fallado sobre todas las pretensiones deducidas en la demanda, es decir que ha declarado improbada la demanda sobre reivindicación, acción negatoria y daños y perjuicios, y con costas al tenor del art. 198.I del mismo adjetivo civil; por otro lado, el análisis de fondo que de modo general explana el Ad quem, referido a la valoración de la prueba efectuada por el A quo, los requisitos para la procedencia de la reivindicación y la determinación asumida, son cuestiones de fondo que en su caso pueden servir al Tribunal de alzada para confirmar o revocar la Sentencia, empero no para anular obrados; asimismo, la uniforme línea jurisprudencial asumida por este Tribunal ha concretado que la nulidad procesal se constituye en una sanción de última ratio, por lo mismo se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, por lo que los aspectos relativos a la falta de fundamentación, incongruencia y pertinencia, advertida por el Ad quem en la resolución de primera instancia, al constituirse en defectos de forma, bien pudieron y pueden ser suplidos por el Tribunal de segunda instancia, sin necesidad de anular obrados, conforme actualmente preceptúa el art. 218.III del Código Procesal Civil norma adjetiva vigente a momento de la emisión del Auto de Vista-, que prescribe que el Tribunal de alzada se encuentra facultado a absolver el fallo citra petita o la omisión en que hubiere incurrida el A quo, pudiendo en este caso ejercer su facultad de mejor proveer producir prueba de oficio-, asimismo, también puede sanear parte de la resolución impugnada que sea ultra petita.

Por otra parte, a efectos de los alcances de la presente resolución, se hace necesario mencionar que la pérdida de competencia por la emisión del fallo fuera del plazo establecido por ley, conforme a la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal y lo que actualmente dispone el art. 217 del Código Procesal Civil ya no amerita sanción de nulidad; por otra parte, en observancia de los principios de especificidad y trascendencia, se debe tener presente que los actos precluidos o convalidados no dan lugar a la nulidad de obrados conforme prescriben los arts. 107.II y III del Código Procesal Civil y 16.II de la Ley Nº 025.

En ese antecedente, y en el marco del principio de congruencia y pertinencia que señala el art. 265.I del Código Procesal Civil, correspondía al Tribunal de segunda instancia circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y en el marco de sus facultades y atribuciones establecidas por ley absolver cada uno de los agravios deducidos en apelación, sin omitir, exceder o alterar el cuadro recursivo que se sustancia, en resguardo precisamente del derecho de acción o de tutela judicial efectiva.

En base a lo examinado podemos concluir refiriendo que si bien el Tribunal de Alzada señala los fundamentos en lo que basó su decisión, empero los mismos, no son suficientes para tomar una medida extrema como es la nulidad de obrados, por lo que en resguardo del debido proceso y del derecho de defensa de las partes, corresponde anular obrados a objeto de que se dicte una nueva resolución que resuelva el fondo de la controversia y responda a los agravios del recurso de apelación.

Por lo expuesto, corresponde fallar en la forma prevista por el art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil.

En función a la determinación asumida en la forma, ya no corresponde la consideración de las demás denuncias de fondo de las partes recurrentes.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº A-334/2016 de 01 de julio cursante de fs. 324 a 325 vta., y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem emita nueva Resolución resolviendo la apelación interpuesta contra la Sentencia, con la pertinencia prevista por el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.