TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 999/2016

Sucre: 24 de agosto 2016

Expediente:         LP-193-15-S

Partes: Eduardo Agustín Chacón Espejo. c/ Universidad Mayor de “San Andrés”.

Proceso: Acción Negatoria, reivindicación.

Distrito: La Paz.


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo cursante de fs. 218 a 227 interpuesto por la Universidad Mayor de “San Andrés” representada legalmente por Waldo Albarracín Sánchez contra el Auto de Vista S-148/2015, de fecha 15 de mayo de 2015, cursante de fs. 211 a 213, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de acción negatoria y reivindicación seguido a instancia de Eduardo Agustín Chacón Espejo contra la Universidad Mayor de “San Andrés”, la respuesta del recurso de fs. 228 a 230, la concesión del recurso de fs. 230 vta., los antecedentes del proceso; y:


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el  Juez  Quinto de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, pronunció Sentencia No 494/2013,  de fecha 27 de diciembre de 2013, cursante de fs. 144 a 148 de obrados por la cual declaró: PROBADA  en todas sus partes la demanda de fs. 13-14 de obrados, planteada por Agustín Chacón  Espejo a través de su representante convencional sobre acción negatoria y consiguiente reivindicación y se declaró IMPROBADA la demanda reconvencional  planteada a fs. 31-32, 36 y 37 por la Universidad Mayor de “San Andrés” a través de su Rectora sobre mejor derecho de Propiedad. Sin costas por ser juicio doble; en su mérito resuelve la reivindicación  en favor del actor Eduardo Agustín Chacón Espejo del lote de terreno ubicado en la región de Calacoto Alto, con una superficie de 52511.75 Mts.2 con registro en oficinas de Derechos Reales bajo la matrícula No 2-01-1-01-0008697, Asiento A-2, debiendo ser restituido dicho predio por la demandada Universidad Mayor de San Andrés representado por su rector sea en el plazo de tres días bajo alternativa de expedirse mandamiento de desapoderamiento.


En cumplimiento de lo establecido por el art. 197 del Código de Procedimiento Civil, se elevó en consulta la presente resolución. Contra esta resolución el demandante solicito complementación y enmienda, complementándose la resolución por Auto de fecha 29 de enero de 2014, declarándose la inexistencia del derecho de propiedad de la Universidad Mayor de San Andrés sobre el lote de terreno ubicado en la región de Calacoto Alto, con una superficie de 52511, 75 Mts2 con registro en la Oficina de Derechos Reales bajo la matrícula No 2.01.1.01.0008697, Asiento A-2 cuyo propietario es Eduardo Agustín Chacón Espejo, solicitando también complementación la parte demandada, la misma que es rechazada por Auto de fecha 21 de marzo de 2014, cursante a fs. 158 vta.


Contra la Sentencia y autos complementarios interpuso recurso de apelación Waldo Albarracín Sánchez en representación de la Universidad de “San Andrés” cursante de fs. 162 a 165, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de La Paz, pronunció Auto de Vista Nº S-148/15 de fecha 15 de mayo de 2015, cursante de fs. 211 a 213, por el cual aprobó la consulta y confirmo la resolución No 434/2013 de fs. 129 a 130 y Sentencia Resolución No 494/2013 de fs. 143 a 148 sin costas con los siguientes fundamentos: es pertinente señalar que en el veredicto no se advierte una interpretación o análisis sesgado de la prueba la Jueza ha ponderado cuanto es conveniente a las pretensiones deducidas, partiendo del título que asiste a ambas partes para reclamar su derecho, no bastando para ello la antigüedad o prioridad en su registro, sino además la precisión, ubicación o determinación de la cosa, comprendiendo también su extensión o medida del objeto litigado. Por otro lado la prueba presentada supone una comunidad de elementos insoslayables en la construcción de una convicción razonada del juzgador, de tal manera que si bien su descripción en el fallo cumple inicialmente una función descriptiva, a continuación su valoración adquiere interés prominente para la convicción del caso y su resolución. Asimismo refiere que la demanda planteada así como la reconvencional han versado sobre el valor de los títulos opuesto por Eduardo Agustín Chacón y la Universidad Mayor de San Andrés, lo cual sin desconocer el señoría de la superior casa de estudios sobre la propiedad total en la zona de Cota Cota, empero ha sido sometida a discusión con respecto del derecho propietario alegado por el accionante, de cuyo resultado y efectuado el análisis de la confrontación de la prueba presentada se ha concluido que el pretensor cuenta con un derecho propietario único, preciso, inscrito y oponible erga omnes, siendo el rasgo determinante para reclamar la titularidad del inmueble. Sobre la confesión estableció que el Código de Procedimiento Civil tiene establecida la modalidad de su cumplimiento con lo previsión del art. 406 del Código de Procedimiento Civil, sin reconocer fueros o salvedades especiales en razón del cargo o condición del emplazado que en este caso resulta la rectora de la UMSA, aspecto que tampoco fue objetado por dicha autoridad en oportunidad de su notificación etapa probatoria. Salvando lo concerniente al art. 449-I del C.P.P. inaplicable al presente caso. Sobre la apelación diferida de la resolución No 434/2013 que ha rechazado el pedido de perención en cuanto a su primera observación si bien la redacción de la Resolución No 434 alude un supuesto acuerdo entre partes (tercer apartado) dicha situación ha sido corregida en la Resolución No 453/2012 de fecha 2 de diciembre de 2013, y por otra parte no se ha cumplido todos los presupuestos que permiten operar la perención de instancia.


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Waldo Albarracín Sánchez en representación de la Universidad Mayor de “San Andrés” interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo, el mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

1.- Denuncia que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado respecto a las pretensiones y argumentaciones presentadas en la apelación contra la resolución Nº 494/2013 y sus autos complementarios (Resolución No 55/2014 y Auto de fs. 158  y 158 Vta., desestimando la oportunidad de fundamentar nuevos agravios respecto al auto complementario que modifica la resolución misma, abriendo nuevamente los plazos para la apelación. Asimismo reclama que no se habría pronunciado respecto a la prueba referida al plano geo referenciado y formularios de impuestos emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, falta de producción de pruebas ofrecidas oportunamente como declaraciones testificales de cargo, prueba pericial, inspección judicial ofrecida por la Universidad de “San Andrés”, así como sobre la confesión provocada de la Rectora de la Universidad, la misma que no tiene poder dispositivo, careciendo de capacidad para efectuarla, más aún si está referida a acreditar o desvirtuar el contenido de los documentos públicos.

2.- Acusa la falta de valoración de la prueba presentada en segunda instancia a pesar de su admisión no ha sido valorada,  refiere que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado respecto a los documentos presentados en el marco del art. 232 del Código de Procedimiento Civil, constituyendo una violación al derecho al debido proceso, derecho a la defensa y vulnera flagrantemente el principio de verdad material.

3.- Acusa que el Juez A quo sobre la perención de instancia determino que no hay lugar a la misma determinando que continúe el proceso habiendo sido resuelta por Auto No 434/2013, de 18 de noviembre de 2013 resolución que fue confirmada por el Tribunal de Alzada, con un criterio equivocado incurriendo en violación e interpretación errónea del art. 309.I del Código de Procedimiento Civil aduciendo que la inasistencia a la audiencia y no presentación de memoriales forman parte de las facultades del Juez. Asimismo indica que en la Resolución de Alzada, existiría contradicción en los considerando c) f) y c), reconociendo que se suspendió las audiencias por inasistencia o descuido de las partes. Acusa la falta de valoración de la prueba presentada en segunda instancia a pesar de su admisión no ha sido valorada,  refiere que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado respecto a los documentos presentados en el marco del art. 232 del Código de Procedimiento Civil, constituyendo una violación al debido proceso, derecho a la defensa y vulnera flagrantemente el principio de verdad material

4.-Refiere que existe causal de nulidad por existir Litis consorcio pasivo  respecto a que en la demanda reconvencional la Universidad Mayor de “San Andrés” presentó demanda reconvencional de mejor derecho propietario, la misma que es observada y subsanada mediante memorial de 7 de Octubre de 2009, donde además amplía que en Sentencia el Juez Registrador de Derechos Reales cancele el folio real, momento en el cual la autoridad jurisdiccional debió ampliar la demanda estableciendo el Litis consorcio pasivo de oficio, integrando a las personas que suscriben la Escritura Pública Nº 2118/2006, de 4 de octubre de 2006, porque además la norma establecida en el art. 1540 del Código Civil establece que la cancelación del folio real debe darse cuando se declare judicialmente la nulidad del título en virtud del cual se ha hecho la inscripción, en este caso la Escritura Pública de compra venta del lote de terreno.

5.- Indica que procede la nulidad del Auto de Vista S-148/2015 de 15 de mayo de 2015, por falta de motivación, fundamentación y congruencia, al respecto cita varias sentencias constitucionales referentes a estos aspectos y acusa que el Auto de Vista impugnado en su parte considerativa hace una exposición sumaria de la apelación interpuesta por la Universidad de San Andrés empero, desestima sin ningún fundamento válido la ampliación, fundamentación y complementación  de la apelación toda vez que esta fue presentada una vez notificado con el Auto complementario.

6.-Acusa error de hecho en la apreciación de las pruebas contraviniendo las leyes, al respecto señala que los planos geo referénciales e impuestos  emanados del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, no son aplicables ni obran materialmente en el proceso, toda vez que los límites de dicho municipio no abarcan ni ejercer competencia en razón al territorio, respecto a los predios cuyo derecho propietario es objeto de Litis, menciona que esa sería la única prueba que sustentaría la supuesta ubicación de la propiedad del demandante y que la misma carece de asidero legal, toda vez que fue emitido por el Gobierno Municipal de Palca, que no tiene competencia territorial sobre el sector de Cota Cota, como se colige de los límites establecidos para el radio urbano de la ciudad de La Paz, dentro del marco de la Ley de Autonomías y Ley de Municipalidades. Sobre el mismo punto refiere que hubiese tomado en cuenta el Decreto Supremo No 3819 de 27 de agosto de 1954 que establece en su art. 1 que las propiedad no edificadas comprendidas en el radio urbano mayores de 10.000 Mts2. Pueden ser motivos de expropiación, salvo los establecimientos lecheros, industriales, campos deportivos y establecimientos educacionales, razón por la que la UMSA pudo conservar la propiedad integra dentro del radio urbano de la ciudad de La Paz.

De la Respuesta al Recurso de Casación.

Refiere que la parte recurrente plantea un confuso recurso de casación, pidiendo la nulidad de obrados y también pide que se case el Auto de Vista, procesalmente esto resulta un absurdo.

Indica también que lo reclamado sobre perención de instancia no tiene sustento porque procede la apelación diferida contra resoluciones que no cortaren procedimiento ulterior y no precisamente un recurso de revocatoria. Sobre el reclamo respecto al plano geo referenciado el recurrente se olvida que los planos no otorgar derecho propietario y que en cuanto a que dichas alcaldías ya habrían establecido límites, esto no resulta evidente porque hasta ahora existen disputas respecto a los límites.

Con relación a que nadie puede tener una propiedad más allá de los 10.000 Mts2, en área urbana, como insinuando que debería procederse a una expropiación, empero este fundamento nunca fue invocado por la UMSA, por lo que el traer este reclamo en recurso de casación no tiene sustento. Sobre el fondo de la pretensión indica que la UMSA en el recurso de apelación ha soslayado en todo momento referirse tanto a los títulos de propiedad de su persona como a sus propios títulos, debiendo tomarse en cuenta que a tiempo de presentar respuesta y reconvención adjuntó muchos títulos de propiedad de diferentes superficies y en diferentes lugares, lo cual sin duda alguna es parte de la negligencia con la que actúo la parte demandada y en todo caso la autoridad que no puede fundar razón en documentos con diferentes superficies y sin registro en Derechos Reales.

Sobre la confesión judicial indica que la el art. 56 del Código de Procedimiento Civil, establece que las personas jurídicas autónomas entre otras concurrente a juicio a través de sus representantes legales y en ningún momento se establece alguna exclusión para que dichas instituciones estén exentas de la confesión judicial provocada y finalmente refiere que la UMSA, presenta documentos que resultan inocuos en el presente proceso porque no enervan para nada los títulos de propiedad del demandante así como trae reclamos que nunca los realizo en el transcurso del proceso como la integración de Litis consorcio pasivo, el mismo que tampoco se encuentra justificado. En cuenta a la valoración de los documentos rige la prueba tasada y por lo tanto el propio Código Civil, asigna valor a las pruebas, no siendo posible asignarle otro tipo de valor.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Respecto al principio de congruencia.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Asimismo, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 223/2012
de 23 de julio que: “En fallos emitidos anteriormente este Tribunal ha establecido que el derecho a la impugnación, de ninguna manera se agota con la sola interposición de un recurso, sino que este derecho se va a concretar y materializar con la respuesta debidamente motivada y fundamentada por parte del Tribunal superior, que precisamente conozca y resuelva sobre los motivos que orientan la interposición del recurso; siendo en consecuencia trascendental a los efectos de la realización de este derecho, la respuesta que le corresponde.”.

III.2.- Del principio de Convalidación.

El fundamento del Principio de Convalidación, tiene su esencia en que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, debido a que no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito el art. 107 de la Ley 439 estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”.

Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado,”.

III.3.- De la prueba en segunda instancia.

En principio corresponde señalar que conforme nuestro sistema recursivo vertical, dentro de nuestro ordenamiento jurídico se reconocen dos instancias, cada una con sus diferentes fases de tramitación, y al ser otra instancia el Tribunal de apelación la normativa procesal civil, otorga facultades a las partes de presentar medios de prueba en segunda instancia y en su caso producir prueba, esto a los efectos de ejercer de forma amplia y sin restricción su derecho a la defensa, máxime, si por algún motivo no atribuible a las partes no han podido presentar prueba o producirla en primera instancia (art. 233 CPC) y sobre todo si hubiesen comparecido pasado el termino de prueba y apelare de la sentencia, facultades que en esencia como se dijo, permiten el libre ejerció y perfección de los derechos al debido proceso, como ser a la defensa y ofrecimiento de pruebas con la finalidad de lograr una resolución acorde al principio de verdad material y no una verdad formal.


En ese sentido existiendo la admisión de prueba en segunda instancia, el Tribunal de Alzada, está en la obligación de valorar la prueba presentada con la finalidad de aclarar algunos aspectos oscuros que sirvan para mejor decidir sobre las pretensiones expresadas por las partes, este aspecto también resulta relevante porque en esencia permite el libre ejercicio de los derechos y la defensa de las partes y la garantía del debido proceso

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De la lectura del recurso de casación se establece que existen reclamos de forma y fondo, por razones de orden lógico corresponde primeramente resolver los de forma, toda vez que de encontrarse fundados los mismos daría lugar a la anulación de la resolución impugnada o del proceso en sí, sin que sea necesario ingresar a considerar el recurso en el fondo.

Con la aclaración que antecede y sobre la base de la doctrina aplicable que se tiene expuesta, se ingresa a resolver lo que se tiene.

La parte recurrente denuncia que el Auto de Vista recurrido no se habría pronunciado respecto a las pretensiones y argumentaciones presentadas en la apelación contra la resolución No 494/2013 y sus autos complementarios (Resolución No 55/2014 y Auto de fs. 158  y 158 Vta., desestimando la oportunidad de fundamentar nuevos agravios respecto al auto complementario que modifica la resolución misma, abriendo nuevamente los plazos para la apelación, concretamente refiere que el Tribunal de Alzada no se habría pronunciado sobre los reclamos expresados en la ampliación del recurso de apelación.

En ese sentido y a los efectos de dar una respuesta clara, de la revisión del proceso se establece que una vez pronunciada la resolución por el Juez de la causa la parte demandante solicito complementación y enmienda  por memorial de fecha 20 de marzo de 2014, cursante a fs. 151, la misma que fue concedida por Auto No 55/2014,  de fecha 29 de enero de 2014, cursante a fs. 152 de obrados, habiendo sido notificada la parte demandada con la Resolución y su Auto complementario a fs. 154, presentando luego a fs. 157 la solicitud de aclaración y complementación, habiendo el Juez de la causa rechazado la misma por Auto de fs. 158 y vta.  y en mérito a ello, presento ratificación del recurso de apelación y ampliación por memorial cursante de fs. 162 a fs. 165 vta., de obrados, corriendo en traslado el Juez de la causa, por proveído de fecha 28 de marzo cursante a fs. 166, habiendo contestado al recurso de apelación la parte contraria y con la respuesta el Juez de la causa, por proveído de fecha 28 de mayo de 2014, cursante de fs. 171 dispuso la notificación  de la Sentencia y los autos complementarios de fs. 152 y fs. 158-158 vta., por constituir un solo fallo juntamente y con la finalidad de evitar nulidades procesales, proveído que no ha sido impugnado por ninguna de las partes,  habiendo consolidado dicho actuado en virtud al principio de convalidación, el cual se desarrolló en la doctrina aplicable en el punto III.2 le otorgo plena validez a la ratificación del recurso de apelación, razón por la cual el memorial de ratificación de apelación cursante de fs. 181 a 185 de obrados, presentados por la Universidad Mayor de “San Andrés”,  debiendo entender que  a la ratificación de fs. 181 a 185 no como una ampliación sino como el recurso de casación mismo, ya que con el decreto de fs. 171, el Tribunal de Alzada condiciono la validez del recurso en la presentación o no de la ratificación por que debió ser considerado por el Ad quem, resolviendo el mencionado recurso cursante de fs., 181 a 185 vta., así como los agravios expuestos en el mismo.

Sin embargo en el Auto de Vista  No S-148/2015, de fecha 15 de mayo de 2015, cursante de fs. 211 a 213, el Tribunal de Alzada no considero los fundamentos de la ratificación del recurso de apelación habiendo referido: Por otro lado Waldo Albarracín Sánchez Rector de la Universidad Mayor de San Andrés ratifico el recurso de apelación glosado mediante memorial de fs. 181 a 185 correspondiendo ponderar los aspectos reiterados en ese escrito, desestimando lo concerniente a  su ampliación, en aplicación del principio de preclusión y oportunidad para desarrollar los actos relativos a cada estación procesal, habiendo vencido el correspondiente a la UMSA para la manifestación o exposición de agravios contra la Sentencia” de lo expresado se determina que el Tribunal Ad quem no considero los fundamentos expresados en la ratificación del recurso de apelación, habiendo incurrido en incongruencia omisiva, la misma que conforme la doctrina aplicable en el punto III.1  se da cuando existe una falta de respuesta de los agravios expuestos en el recurso de apelación los cuales están referido al análisis de la prueba aportada al proceso, relacionada con la ubicación del bien inmueble, así como la confesión provocada de la Rectora de la Universidad San Andrés y la acción negatoria, en consecuencia resulta evidente la vulneración al principio de congruencia y el derecho a la impugnación vulneración que decanta en el estado de indefensión para quien impugnó y no recibió una respuesta debidamente fundamentada a su recurso.

En ese sentido el derecho a la impugnación se agota con la sola interposición del recurso sino que se materializa con la respuesta otorgada por el Tribunal respecto a los agravios expresados en el recurso de apelación interpuesto, el mismo que necesariamente deberá ser absuelto con la pertinencia conforme lo establece el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. 

Asimismo la parte recurrente reclama que se presentó prueba en segunda instancia la misma que cursa de fs. 194 a fs. 207 mediante memorial cursante a fs. 208 de obrados, habiendo el Tribunal de Alzada admitido las literales adjuntas con noticia adversa mediante proveído de fecha 10 de octubre de 2014,  cursante a fs. 209 de obrados, sin embargo a pesar de ser admitida la misma no ha sido valorada por el Tribunal de Segunda instancia, en ese sentido conforme la doctrina aplicable en el punto III.3, las partes tienen la posibilidad de presentar prueba en segunda instancia, la cual se aporta al proceso en ejercicio al derecho de defensa, debiendo  el Tribunal valorar la misma, al haber sido admitida,  sea de manera favorable o desfavorable asumiendo un pronunciamiento respecto a la prueba aportada, y si esta es relevante para asumir una decisión que resuelva el conflicto jurídico, aspecto que se constituye en un defecto de forma que tiene su trascendencia a la hora de resolver la controversia suscitada entre las partes litigantes, cuyos reclamos deducidos en el recurso de apelación así como los oportunamente formulados en segunda instancia referidos a presentación de prueba, corresponden ser absueltos por el Ad-quem porque lo contrario sería violar el derecho a la defensa que tienen las partes, en su componente al debido proceso.

Al no existir en el Auto de Vista un análisis  y menos pronunciamiento a los reclamos del recurso de apelación, en los hechos procesalmente no existe fallo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelación, dejando irresuelto el mismo, aspecto que viola el debido proceso, el derecho a la defensa, a obtener una respuesta motivada y fundamentada a la cual tienen derecho la parte recurrente, soslayando el Ad-quem su deber de resolver el recurso de apelación dentro del marco de pertinencia que establecía el art. 236 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la emisión de la resolución impugnada y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Al ser un auto anulatorio no se consideran los reclamos expuestos en el recurso de casación en el fondo.

Por los fundamentos expuestos corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.III  del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil,  ANULA  el Auto de Vista Nº S-148/2015, de fecha 15 de mayo de 2015  que cursa a fs. 211 a 213 y  dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva el recurso de apelación conforme los fundamentos expuestos en el presente Auto Supremo y con la pertinencia del art. 265-I del Código Procesal Civil.


Siendo excusable el error no se dispone multa a los Vocales signatarios del Auto de Vista.


En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Durán.