TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 997/2016

Sucre: 24 de agosto 2016

Expediente: T-34-16-S

Partes: Ernesto Eduardo Sossa Baldiviezo. c/ Mirian Lourdes Reynoso de Cuba y

            otros.

Proceso: Nulidad de Contrato y reivindicación.

Distrito: Tarija.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 484 a 487, interpuesto por Ernesto Eduardo Sossa Baldiviezo, contra el Auto de Vista Nº 40/2016 de 28 de marzo de 2016 de fs. 471 a 475 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso de nulidad de contrato y reivindicación, seguido por Ernesto Eduardo Sossa Baldiviezo contra Mirian Lourdes Reinoso de Cuba, Carlos Alejandro Cuba Reynoso y Luz Magdalena Cuba Reynoso, la respuesta de fs. 491 a 496 vta., concesión de fs. 498; y: 


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que tramitado el proceso, el Juez de Partido Cuarto en lo Civil de la Capital - Tarija, pronunció Sentencia de 10 de diciembre de 2015 cursante de fs. 420 a 442 vta., declaró: IMPROBADA la demanda de fs. 116 a 119, aclaraciones de fs. 204 a 204 vta., 210 a 210 vta., 214 a 214vta., 217 a 217 vta., y 237 interpuesta por Ernesto Eduardo Sossa B.; y PROBADA la excepción de falta de  acción y derecho y falta de legitimación e IMPROBADA la excepción de cosa juzgada interpuestos por los demandados.


Deducido el recurso de apelación por el demandante y remitida la misma ante la instancia competente, Sala Civil Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Auto de Vista Nº 40/2016, confirmo la Sentencia apelada señalando que doctrinalmente  se deduce que necesariamente el objeto determinable o determinado bajo pena de nulidad, existe objeto cierto del contrato cuando los aspectos descriptivos de la cosa vendida posibilitan configurar y determinar el terreno en cuestión, que en el caso el contrato tendría objeto determinado  y no es como sostiene la parte apelante  que la Jueza A quo, haya convalidado el contrato de compra venta  violando los arts. 549-2) y 485 del CPC, porque no existe causal de nulidad; señalan además que toda persona  que pretenda en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos en que fundamenta su pretensión, toda vez que la actividad probatoria es muy importante para el convencimiento del juzgados evidenciando que la parte actora no aporto con la suficiente prueba, tampoco fundamento su petición para formar convencimiento de lo demandado, tampoco habría demostrado el perjuicio que ha sufrido con la celebración del contrato o cual fue el derecho vulnerado, solo hace mención sobre los posibles daños materiales que estaría sufriendo su inmueble, lo cual no está en discusión en el presente proceso y el hecho de que se haya dispuesto una medida precautoria de no innovar  sobre parte del inmueble  objeto de litigio no significa reconocimiento de interés legítimo o de legitimación para obrar sino que dicha medida fue dispuesta par precautelar  el estado de bien inmueble  hasta que el proceso termine. 


En conocimiento de la determinación de segunda instancia el demandante interpuso recurso de casación, mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Que no existiría objeto en la venta de Adolfo Benítez a favor de los demandados, incurriendo en aplicación indebida del art. 247 y violación de los arts. 452-2), 485, 549-2) del CPC y el art. 1309 del CC, ya que el Auto de Vista recurrido sustentaría su decisión en el art 7 de la ley 247  norma que habría sido aplicada indebidamente  porque la municipalidad no estaría facultada para hacer aparecer el objeto de ventas que no existen, no puede determinar superficies, pues en derechos reales el vendedor no tenía registrado el objeto de la venta por lo tanto no podía vender sin contar con este requisito para la formación del contrato; por lo que la Resolución Administrativa de Nº 093/2014 no podría crear ni modificar un derecho real que este registrado en Derechos Reales ya que para que exista modificación  debería existir una Sentencia ejecutoriada.


Que se tendría demostrado que el vendedor Adolfo Benítez, ni su causante nunca habrían tenido un plano aprobado por la D.O.T ni registrado en derechos reales superficie u objeto cierto y determinado por lo que no debería haber trasferido un terreno sin contar con el objeto cierto, licito, determinado técnicamente, y se estaría convalidando y confirmando dicha venta.


Que tendría legitimación  para iniciar el proceso, sin embargo el Auto de Vista y la Sentencia se saldrían por la tangente al declarar que no cuenta con legitimación por el acta de inspección judicial de fs. 335 a 336 en realidad se le otorgaría legitimación para demandar la presente nulidad, pues se le estaría reconociendo absoluta legitimación por el pronunciamiento de la medida precautoria de no innovar y ahora los dos fallos curiosamente le negarían legitimación para actuar en la nulidad violando el art. 551 del CC y no sería legal la referencia del Ad quem de que la medida precautoria no significaría reconocer legitimación porque pareciera primero que tendría legitimación y después ya no la tendría; por lo que su legitimación estaría demostrada.


Por todo lo expuesto solicita se pronuncie Auto Supremo casando el Auto de Vista recurrido  y deliberando en el fondo revoque la Sentencia.


De la Respuesta al Recurso de Casación.-


Con relación a la respuesta al recurso de casación los demandados señalaron:


El recurrente acusa indebida aplicación del art. 7 de la ley 247, sin considerar que la superficie y objeto ya existía desde 1986, cuando se procedió a la transferencia de dicho inmueble; que el demandante se contradice  de acuerdo a la documentación de fs. 2 a 7 en la cual no existe el objeto de la venta más específicamente la superficie de la venta realizada, pero el mismo subsana la superficie dimensiones y colindancias mediante una Escritura Pública bilateral, por lo que el mismo subsano dicho problema por una escritura aclaratoria sin  solicitar una Sentencia Judicial ejecutoriada.


Señala además que el demandante en el proceso nunca  demostró o justifico su interés legítimo para demandar, por lo que el mismo carece de acción, derecho y legitimación activa  para poder invocar interés legítimo, hasta que se afecte su patrimonio o algún derecho real expectaticio, lo que en este caso no ha ocurrido.


En tales antecedentes diremos que:

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la Legitimación.

El art. 115-I de la Constitución Política del Estado, señala lo siguiente: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, como se podrá apreciar, la norma constitucional describe la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales, consiguientemente, la norma activa la función jurisdiccional, siempre y cuando se trate de los intereses legítimos que las partes deben acreditar.

Sobre el particular es conveniente señalar que la legitimación, conforme a la doctrina se clasifica en legitimación procesal y legitimación ad- causam; la primera está referida a la aptitud o idoneidad para intervenir válidamente en el proceso, ya sea de parte del demandante o del demandado o de quienes intervienen en su representación (apoderados); es una cuestión de carácter estrictamente formal; en tanto que la legitimación ad causam se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, exige que la demanda sea presentada por quien realmente tenga la titularidad del derecho sustancial que se reclama, es una cuestión que hace al fondo de la pretensión.

Para el entendimiento de este fallo es necesario señalar de manera general que al hablar de legitimación se tiene que en doctrina, existe la legitimación procesal o “ad procesum”, que en criterio de diferentes procesalistas ente ellos Eduardo Couture, señala: “la legitimación procesal es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro”, es decir que la legitimación en el proceso comprende tanto a la capacidad procesal, como la aptitud que tienen las personas que actúan en calidad de representantes de otras (por carencia de capacidad procesal o por representación voluntaria); y por otra parte existe la legitimación en la causa “ad causan” o de  obrar,  que resulta  un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Elemento que resulta de suma importancia para que los juzgadores puedan ingresar a realizar una valoración de fondo del proceso y las pretensiones que en él se incoan, es en este entendido que Lino E. Palacio en su obra "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 refiere: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa...", por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

Para el caso en estudio resulta necesario centrar el análisis en la legitimación en la causa “ad causan” o de  obrar, que en doctrina es considerado o denominado de distintas formas como ser: Legitimación en la causa, Legitimación material, legitimación para accionar, legitimación de obrar, sin embargo todos se refieren a este elemento como un presupuesto procesal de fondo de suma importancia dentro la configuración del proceso.

Sobre el particular, debemos referir que la legitimación “Ad causam”, es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio; que en criterio de Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General del Proceso, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”, es decir, que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Sobre el particular, existe una vasta jurisprudencia emitida pòr el Tribunal Constitucional que en la Sentencia Constitucional Nº 1587/2011-R de 11 de octubre que al referirse a la legitimación dijo: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”, por lo que la legitimación resulta ser un presupuesto que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona legitimada, lo contrario torna inadmisible la demanda.

Criterio también desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto ha orientado a través de Auto Supremo Nº 23/2016 de 20 de enero, que: “Corresponde señalar que los presupuestos procesales, tanto de forma como de fondo, el primero se refiere a la presentación de la demanda, la dirección del Juez y la capacidad de las partes, y el segundo se refiere al interés de obrar, la “legitimación para obrar” y la posibilidad jurídica, sobre la “legitimación para obrar” el procesalista Fausto Viale especialista en derecho procesal señala lo siguiente: "La legitimidad para obrar está referida a los sujetos que, ya sea en la posición de demandantes o de demandados, la ley autoriza a formular una pretensión determinada o a contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza eficaz o a intervenir en el proceso por asistirles un interés en su resultado. La legitimidad para obrar tiene una definitiva vinculación con la relación jurídica de derecho material o estado jurídico cuya declaración de certeza, ejecución, u otro tipo de providencia judicial se pretende. Como la anota Vescovi, la legitimidad para obrar se refiere a la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz. Aunque es un concepto procesal, la legitimidad está referida a la pretensión objeto del proceso, esto es, al derecho sustancial reclamado".

Esta legitimación para obrar cuando se trata de impugnar contratos- tiene estrecha relación con el art. 551 del Código Civil, que señala: “(Personas que pueden demandar la nulidad) La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo”, entre estas se encuentra los titulares de la relación contractual o terceros con interés legítimo por ejemplo una persona que tendría que hacer valer su derecho subjetivo en caso de lograr la ineficacia estructural del contrato impugnado de nulidad, así se puede citar que a partir del Auto de Supremo Nº 664/2014 de 06 de noviembre, se orientó la línea jurisprudencial en el que se señaló lo siguiente: “De manera general se tiene que la nulidad de un contrato puede ser pretendida por las partes del contrato o finalmente por sus causahabientes o herederos, toda vez que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes conforme manda el art. 524 del Código Civil, quienes tienen la legitimación activa para pretender la nulidad del mismo. Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: “la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tienen el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato…”. (Lo subrayado es nuestro)

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Toda vez que los reclamos contenidos en el recurso de casación atacan cuestiones de fondo de la acción de nulidad de contrato, corresponde previamente resolver el reclamo del ahora recurrente, que refiere tendría legitimación para iniciar el proceso, ya que por el acta de inspección judicial de fs. 335 a 336 en realidad se le otorgaría legitimación para demandar la presente nulidad, pues se le estaría reconociendo absoluta legitimación por el pronunciamiento de la medida precautoria de no innovar y ahora los dos fallos curiosamente le negarían legitimación para actuar en la nulidad violando el art. 551 del CC, y no sería legal la referencia del Ad quem de que la medida precautoria no significaría reconocer legitimación.

Al respecto corresponde señalar que de la revisión y análisis del acta de inspección judicial e fs. 335 a 336, se tiene que en dicho acto el Juez  A quo realizó una descripción del estado de la pared que ocasiono el conflicto de partes, visitando a tal efecto ambos inmuebles; descripción que no acredita la legitimación que el recurrente arguye, toda vez que dicho análisis descriptivo  hace referencia al perjuicio que habría sufrido la pared de referencia en dicho actuados con la construcción nueva iniciada por los demandados, que por ningún motivo puede generar o acreditar el derecho sustantivito que le permita al actor demandar la nulidad del contrato de compra venta del inmueble contiguo a su propiedad, ya que el perjuicio que el recurrente alega habría sufrido por efecto de la construcción nueva que los demandados iniciaron en el inmueble contiguo a su propiedad, no depende de la invalidez del contrato de compra venta por el cual los demandados adquirieron su derecho propietario, tampoco acredita que el actor tenga derecho  alguno que derive o se vea afectado con la firma de dicho contrato que fue suscrito por terceros ajenos a su persona y a su propiedad, razonamiento también aplicable al pronunciamiento de la medida precautoria de no innovar (fs. 337 y vta.) sobre parte del inmueble donde existe la construcción nueva, que colinda con el inmueble del demandante, emergente de la inspección Judicial antes analizada, actuado que en criterio del recurrente también se le habrían reconocido legitimación, sin embargo, conforme ya se expuso el supuesto perjuicio en la pared colindante entre los inmuebles de las partes, no deriva de los efectos del contrato de compra venta cuyo efecto principal es la adquision del derecho propietario de los demandados.

Debiendo tener presente el recurrente que conforme lo ampliamente desarrollado en el punto III.1 de la doctrina aplicable, el perjuicio sufrido por el actor en la pared descrita en el acta de fs. 335 a 336 y la medida precautoria de no innovar (fs. 337 y vta.) que en esencia es un medida destinada a conservar la situación de hecho o de derecho de determinado bien inmueble mientras se resuelva el proceso; determinación que no implica reconocimiento alguno de legitimación, toda vez que esta fue dispuesta para precautelar que la pared colindante entre los inmuebles de las partes, no sea afectada con la construcción; por otra parte se debe hacer notar que el perjuicio sufrido por el demandante en la pared colindante en cuestión, legitimó al actor para iniciar el interdicto de obra nueva perjudicial cuyas copias legalizadas cursan de fs. 1 a 115 de obrados que concluyo con el acta de conciliación de fs. 108 y vta.; no encontrado este Tribunal de casación el interés legítimo que configure la legitimación activa dispuesta por el art. 551 del CC; aspecto que si bien debió ser tomando en cuenta por el Juez A quo a momento de la presentación de la demanda para rechazarla, se entiende que se admitió la demanda en razón a que el actor también demandó la reivindicación de la pared en cuestión por un supuesto despojo, que en criterio del juez A quo no fue probado por el actor; pero que tampoco fue acusado en casación; no siendo evidente lo acusado en este punto

En cuanto a los reclamos referentes a que no existiría objeto en la venta de Adolfo Benítez a favor de los demandados, incurriendo en aplicación indebida del art. 7 de la Ley Nº 247 y violación de los arts. 452-2), 485, 549-2) del CPC y el art. 1309 del CC, ya que el Auto de Vista recurrido sustentaría su decisión en el art 7 de la Ley Nº 247; y que se tendría demostrado que el vendedor Adolfo Benítez, ni su causante nunca habrían tenido un plano aprobado por la D.O.T., ni registrado en derechos reales, superficie u objeto cierto y determinado por lo que no debería haber trasferido un terreno sin contar con el objeto cierto.

Al respecto corresponde señalar que si bien los jueces de instancia incurrieron en el error de emitir pronunciamiento respecto a la falta de objeto acusado  por el actor para sustentar su demanda de nulidad de contrato sin tener legitimación  Ad causan, dicho hierro no cambia la decisión de fondo del proceso y resulta intrascendente para generar una nulidad de obrados, ya que conforme se desarrolló en la doctrina aplicable, la legitimación Ad causam resulta un presupuesto esencial para para que el Juez se encuentre en condiciones de analizar la pretensión en cuanto al fondo, presupuesto que en el caso de autos no fue acreditado por la parte actora ahora recurrente; por lo que no se puede ingresar a realizar mayores consideraciones respecto a los reclamos antes expuestos que tienden a atacar el fondo de la acción de nulidad de contrato planteada por el actor, por carecer este de legitimación para plantear la nulidad de contrato de compra venta en cuestión.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal resolver conforme señala el art. 220.II del Código procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación de los arts. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 484 a 487, interpuesto por Ernesto Eduardo Sossa Baldiviezo, contra el Auto de Vista Nº 40/2016 de 28 de marzo de 2016 de fs. 471 a 475 vta. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.