TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                     S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 972/2016                                                                 Sucre: 18 de agosto 2016                                                                 Expediente: CH- 56 15 S                                                                 Partes: Víctor Llanos Carvajal. c/ Miguel Enrique Ávila Betanzos, Fanny Quevedo

             Loayza de Ávila y José Beltrán Vidaurre                        

Proceso: Ordinario, fraude procesal.    

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1932 a 1935 interpuesto por Fanny Quevedo Loayza de Ávila por sí y en representación de Miguel Enrique Ávila Betanzos, y el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1941 a 1952 interpuesto por María Rosa Aramayo Zelaya en su calidad de Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre; todos contra el Auto de Vista Nº SCCF II Nº 291/2015  de 31 de agosto de 2015 de fs. 1925 a 1927, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisa, dentro del proceso ordinario de fraude procesal, seguido por Víctor Llanos Carvajal, contra Miguel Enrique Ávila Betanzos, Fanny Quevedo Loayza de Ávila y José Beltrán Vidaurre; sin respuesta a los recursos; el Auto de concesión de fs. 1957  y demás antecedentes.

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

I.1.- Sustanciado el proceso en primera instancia, el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil-Comercial de la Capital, mediante Sentencia Nº 16/2015 de 24 de abril de 2015 de fs. 1871 a 1876 vta., declaró  PROBADA la demanda de fraude procesal de fs. 130-132, subsanada a fs. 135; IMPROBADA las excepciones perentorias de cosa juzgada, prescripción y falta de acción y derecho cursantes a fs. 783-790 y vta. y de fs. 812-814 interpuestas por los demandados y por la Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre.

I.2.- Apelada que fue la indicada Sentencia por la co-demandada Fanny Quevedo Loayza de Ávila y por la Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre, la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca por Auto de Vista SCCF. II Nº 291/2015 de 31 de agosto de fs. 1925 a 1927, confirmó totalmente la Sentencia, con los siguientes fundamentos:

Realiza consideraciones respecto al fraude procesal, sus alcances y la manera cómo opera como hecho fáctico y sobre esa base indica que las dos apelaciones contienen denuncias de errores de forma y de fondo referidas a la falta de fundamentación y motivación de la sentencia y mala lectura de la prueba y en especial de la prueba pericial, haciendo notar que la similitud de las ponencias sería atribuible a la profesional abogada (Defensora de Oficio) que intervino en la redacción de ambas apelaciones.

Refiere que el pedido de nulidad de la sentencia está fundada en el hecho de que Víctor Llanos Carvajal (demandante), no reconoce ni admite de que hubiera vendido su lote de terreno de 300 mts2 en el año “1989” a José Beltrán, en tal razón hubiere demandando en la vía ordinaria civil la nulidad del contrato de transferencia de “1989” (1992) donde se produjo prueba pericial grafotécnica que concluyó que la firmas contenidas en el documento de trasferencia y demás documentos sí correspondía al vendedor Víctor Llanos Carvajal y por tal situación la Sentencia en dicho proceso declaró improbada la demanda, sin embargo en un proceso penal posterior seguido por el vendedor se produjo nueva pericia donde se concluyó no corresponder la firma contenida en el contrato a la indicada persona.

Refiere que la prueba pericial (tres en total) fue el objeto principal de la resolución emitida, siendo que las dos primeras apoyan a cada parte del proceso (la del proceso civil de nulidad y la del proceso penal) y la tercera fue en base al Auto de Vista Nº 298/2013 realizada por una junta de peritos del IDIF (fs. 1775-1830 y 1846-1847) que concluyó la no correspondencia de la mano escritora de Víctor Llanos Carvajal, siendo esta prueba la que en definitiva demostraría de manera razonable que ha existido maquinaciones y artificios en la elaboración del primer informe pericial realizado por el Lic. José Goitia y contradicha por las dos pericias posteriores.

En base a esos fundamentos concluye señalando que no es cierto que no se haya cumplido con el mandato de los arts. 190 del CPC., pues la Sentencia impugnada ha reflexionado sobre cada punto accionando y contestado, realizó la lectura y valoración legalmente de todas las pruebas presentadas al proceso de fraude procesal, como ser informes periciales documentológicos, documentos del proceso penal (fs. 658-775) y del proceso civil (fs. 142-656) y otros, evaluando cada sustento probatorio con sana crítica, los que habrían permitido establecer el fraude procesal; en tanto que los argumentos de la parte apelante se habrían limitado a realizar alegatos generales sobre las pericias sin darse cuenta que el proceso de fraude procesal es independiente del proceso de nulidad del contrato, confundiendo sus alegatos de forma y de fondo.

En base a esos fundamentos procede a confirmar totalmente la Sentencia.

En contra de la indicada Resolución, la co-demandada Fanny Quevedo Loayza de Ávila por sí y en representación de su esposo Miguel Enrique Ávila Betanzos y la Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre interpusieron por separado recurso de casación, cada uno en la forma y en el fondo.

II. DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN:

II.1.- Recurso de Fanny Quevedo Loayza de Ávila: (fs. 1932-1935)

II.1.1.- En la forma:

Indica que en la emisión del Auto de Vista se vulneró el principio de congruencia, omitiendo el Ad-quem pronunciarse sobre dos agravios claramente expuestos en su apelación, señalando como primer agravio a su solicitud de nulidad de la sentencia por considerarla incongruente y carente de motivación y fundamentación, y segundo referido a errónea valoración de la prueba pericial; indica que lo resumido del recurso de apelación en el Auto de Vista no tendría ninguna correspondencia con su memorial de apelación, mezclando sus argumentos con la impugnación de la Defensora de Oficio, aspecto que sería por demás suficiente para anular obrados.

Afirma que en el Auto de Vista impugnado, en ninguna parte existe explicación porque se declaró probada la demanda y en base a que pruebas, omitiendo pronunciarse de manera clara, concreta, puntual y precisa a sus dos agravios de referencia, incurriendo en infra petita, aspectos que serían por demás suficientes para anular obrados para que se emita un nuevo Auto de Vista. 

Por otra parte acusa existir incongruencia interna en el Auto de Vista indicando que en el punto 1 del considerando II, los Vocales admiten y reconocen las reglas de la congruencia dentro de las cuales debería haberse emitido la resolución, sin embargo en el Punto 3 del mismo considerando deciden funcionar dos recurso de apelación totalmente diferentes, lo que constituiría un absurdo.

Señala también que los Vocales en base a criterios doctrinarios, ratifican que el fraude procesal imperativamente en su ejecución es doloso, aspecto que debe demostrarse objetivamente y es eso lo que habría impugnado como agravio en su apelación y el Auto de Vista en ninguna parte explicó de qué manera su persona habría cometido fraude procesal.

En base a esos argumentos concluye que el Auto de Vista en ninguna parte existe explicación porque se declaró probada la demanda, omitiendo pronunciarse de manera clara, concreta, puntual y precisa a dos de sus tres agravios incurriendo en infra petita, y al mismo tiempo en incongruencia interna vulnerando el debido proceso adjetivo acomodándose a la causal del art. 254 num. 4) del CPC., solicitando se anule obrados y se dispongan que los Vocales emitan nuevo Auto de Vista.

II.1.2.- En el fondo:

Indica que en el Auto de Vista se habría incurrido en interpretación errónea de una determinada norma sustantiva y al mismo tiempo refiere que en el caso concreto lo que habría ocurrido es una aplicación indebida de la ley, toda vez que los Vocales, sí habrían interpretado correctamente la misma; señala que lo usual es que una demanda se apoye en una norma sustantiva contenida en el Código Civil, sin embargo en el caso concreto, ello no ocurre así, por encontrarse la figura del fraude procesal en el Código de Procedimiento Civil (art. 297). Seguidamente procede a transcribir el contenido del Auto de Vista respecto a la consideración del fraude procesal, indicando que dicha figura jurídica tiene un elemento en común que es la conducta dolosa y en esa medida exige que la autoridad judicial explique y demuestre bajo el principio de verdad material, que evidentemente su persona fue autora junto con su esposo del fraude procesal, afirmando que en el caso de autos no existiría prueba que refleje esa situación.

Concluye indicando que por lo preciso del concepto de fraude procesal, lo que correspondía era revocar la Sentencia de primer grado, empero ello no ocurrió por una miopía procesal; en base a esos argumentos solicita se CASE el Auto de Vista y deliberado en el fondo se revoque la sentencia declarando improbada la demanda al no existir prueba en su contra.

II.2.- Recurso de casación de María Rosa Aramayo Zelaya.- (Defensora de Oficio): (fs. 1941-1952)

II.2.1.- En la forma:

Indica que el Tribunal de apelación no habría atendido los reclamos consignados en los puntos 1 y 2 de su memorial de apelación, el primero referido a la notificación en el mismo día con la sentencia a los co-demandados coartando el derecho a efectuar la saca del expediente para formular apelación, y segundo a la denuncia de imparcialidad por falta de cumplimiento del art. 192-2 del CPC., al no haber tomado en cuenta los memoriales de demanda y respuesta y la prueba documental de descargo; en los memoriales de respuesta los demandados habrían hecho conocer que en el proceso de nulidad de venta de inmueble no hubo fraude procesal, más al contrario quien pretendió cometer fraude a la justicia fue el propio demandante, transcribiendo seguidamente doctrina desarrollada por Enrique Lino Palacio referente a la posición activa y pasiva que pueden asumir los litigantes dentro de un proceso; señala también que tampoco se pronunció con relación a la incorrecta valoración de la prueba de descargo, porque no solo cursarían los informes periciales, sino también otras pruebas más determinantes para establecer el fraude procesal.

En su petitorio concluye indicando que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado sobre ninguno de sus fundamentos que sustentan su recurso de apelación en la forma, solicitando se anule el Auto de Vista para que se emita una nueva resolución.

II.2.2.- En el fondo:

Indica que el Tribunal de alzada no tomó en cuenta la denuncia de que el Juez A-quo como director del proceso, en la emisión de la sentencia no observó el art. 190 del CPC.; que en el presente proceso no se habría determinado cuáles son los hechos o actos realizados por los demandados que constituyeron fraude procesal dentro de la demanda de nulidad de venta de inmueble; indica que para confirmar la Sentencia se basaron únicamente en la validez del dictamen pericial elaborado por la junta de peritos del IDIF sin tener en claro donde se encontraría el fraude procesal cometido por la parte demandada; que el Tribunal no aplicó correctamente la norma ya que no habría tomado en cuenta ni se pronunció lo que hizo notar en su apelación, transcribiendo seguidamente gran parte del contenido de su recurso de apelación. 

Señala que el Tribunal de Alzada en el Auto de Vista, violó los principios de imparcialidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos, porque no habría desentrañado y valorado la prueba de descargo (proceso civil de nulidad) como lo hizo con la prueba de cargo, reproduciendo nuevamente el resto del contenido de su memorial de apelación.

Reitera que el Tribunal de alzada no se habría pronunciado respecto a los reclamos realizados contra el Juez A-quo, ya que la sentencia se encontraría viciada de nulidad al no haberse valorado correctamente las pruebas violando el principio de imparcialidad y seguridad jurídica.

Concluye afirmando que no se aplicó correctamente la norma y que el Tribunal de apelación se habría sustraído de su obligación de considerar una a una las denuncias formuladas en su recurso de apelación y pronunciarse en el fondo vulnerando el art. 254-4) del CPC.

Bajos esos argumentos en su petitorio indica que en su condición de Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre, interpone recurso de casación en el fondo contra el Auto de Vista debido a que el Tribunal de alzada acomodó su conducta a la causal del art. 254-4) del CPC., al no pronunciarse sobre ninguno de los fundamentos de apelación en el fondo vulnerando el art. 227 y 236 del CPC. e incumpliendo el art. 17-I de la LOJ, solicitando se CASE el Auto de Vista y deliberando en el fondo se revoque la sentencia declarando improbada la demanda al no existir prueba en su contra.

Se hace constar que no existe respuesta al recurso de casación:

III.- DE LA DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Tomando en cuenta lo expuesto y pretendido en los recursos de casación de los recurrentes, se expone a continuación la doctrina aplicable y los criterios jurisprudenciales.    

III.1.- Respecto a las nulidades procesales:

Este Tribunal Supremo de Justicia en atención a los principios constitucionales que rigen la administración de justicia, así como los principios específicos propios de las nulidades procesales, ha modulado la jurisprudencia trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia, superando aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal en resguardo simplemente de las formas previstas por la ley procesal; lo que en definitiva debe interesar, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio recayendo en una injusticia, cuya situación no pueda ser remediada de algún otro modo; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, mas por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; en ese sentido se tiene emitidos varios Autos Supremos por parte de este Tribunal, entre los cuales se citan a los A.S. Nº 223/2013 de 6 de mayo; 336/2013 de 5 de julio; 78/2014 de 17 de marzo; 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.

Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional también se ha referido a las nulidades procesales a través de sus reiterados fallos, así en la SC 0731/2010-R de 26 de julio puso énfasis refiriéndose a los principios que rigen las nulidades procesales, entre estos el principio de especificidad o legalidad, finalidad del acto, trascendencia, convalidación, preclusión, etc., desarrollando de manera amplia los alcances de cada principio; criterio que fue reiterado en la SCP Nº 0876/2012 de 20 de agosto; complementando el razonamiento delineado en dichos fallos, en la SCP 0376/2015-S1 de 21 de abril de 2015 estableció presupuestos para la procedencia de la nulidad de los actos procesales señalando lo siguiente:

En cuanto a la nulidad de los actos procesales, complementando el entendimiento establecido en la SC 0731/2010-R 26 de julio, en la SC 0242/2011-R de 16 de marzo, el Tribunal Constitucional afirmó: «…el que demande por vicios procesales, para que su incidente sea considerado por la autoridad judicial, debe tomar en cuenta las siguientes condiciones: 1) El acto procesal denunciado de viciado le debe haber causado gravamen y perjuicio personal y directo; 2) El vicio procesal debe haberle colocado en un verdadero estado de indefensión; 3) El perjuicio debe ser cierto, concreto, real, grave y además demostrable; 4) El vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en la etapa procesal correspondiente; y, 5) No se debe haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad. La no concurrencia de estas condiciones, dan lugar al rechazo del pedido o incidente de nulidad.

Dichas condiciones deberán ser explicadas, además, por el incidentista en su solicitud, señalando, en forma concreta, clara y precisa, la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado; deberá mencionar y demostrar expresamente, los medios de defensa de los que se ha visto privado de oponer o las que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, ya que la sanción de nulidad debe tener un fin práctico y no meramente teórico o académico, pues, no basta la invocación genérica a la lesión al derecho a la defensa, por ejemplo, sino que el perjuicio debe ser cierto, concreto, real y además grave, ya que las normas procesales sirven para asegurar la defensa en juicio y no para dilatar los procesos o entorpecer de resolución».

III.2.- Con relación al fraude procesal:

En el Auto Supremo Nº 159/2012 de 22 de junio se dejó establecido lo siguiente:

“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, por lo que la desviación de tal postulado a través de la concurrencia de maquinaciones o artificios es lo que se conoce como fraude procesal.

El fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, bien sean las partes propiamente dichas o el órgano jurisdiccional, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de una de las partes o de tercero.

El fraude procesal, como causal de procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia, por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal entendido-según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández- como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución.

El fraude procesal necesariamente debe establecerse en proceso ordinario por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil relacionado con el art. 316 del mismo cuerpo legal, sólo para efectos de viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia a la que se refiere precisamente el citado art. 297 - 3)”.  Los razonamientos descritos, fueron reiterados en posteriores fallos como en los A.S. 129/2016,  185/2016 entre otros.

Por otra parte en el Auto Supremo Nº 280/2013 de 27 de mayo se expuso lo siguiente:

“… Existe fraude procesal cuando media toda conducta, activa u omisiva unilateral o concertada, proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, que parece el apartamiento dañoso de un tramo del proceso o del proceso en todo los fines asignados; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo” (PEYRANO, Jorge W; Fraude Procesal)

(…)

“De lo anterior se tiene que el proceso de fraude procesal no es sino la etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia,  que tiene la  finalidad de establecer solamente los hechos constitutivos del fraude procesal que se acusa a efectos de determinar la existencia de una de las causales de la  procedencia o  improcedencia del  posterior recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, en cuyo conocimiento el Tribunal Supremo, tiene la facultad de revisar la Sentencia con calidad de cosa juzgada y en su caso dejar sin efecto el proceso de conocimiento sustanciado por fraude procesal, de lo que se infiere que también los aspectos formales inherentes al recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, como la extemporaneidad y su consiguiente admisión o rechazo, corresponde privativa a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, instancia competente para conocer ese extraordinario recurso, no existiendo vulneración alguna al respecto”.

Al margen de lo señalado, la doctrina reconoce diversas clases de fraude procesal que pueden presentarse en distintas instancias y etapas del proceso, cuyo razonamiento se expone a continuación:

“La presencia corrosiva del fraude puede aparecer en distintas etapas del proceso y por conducto de cualquiera de los sujetos, las partes y el juez, como también puede ser obra de los llamados auxiliares de la justicia (peritos, testigos, intérpretes, secuestres o depositarios, síndicos de quiebras, etc.), y de los funcionarios subalternos del despacho judicial (secretarios y notificadores)”. 

Señala también que fraude puede presentarse en el planteamiento de la acción, en los incidentes y las tercerías, por el juez y los funcionarios judiciales subalternos, en los órganos de prueba distintos de las partes, etc.

Con relación a los órganos de prueba, señala:

“Entendemos por órganos de prueba, las personas que colaboran con el juez, cuando la actividad de éste constituye un medio de prueba para los mismos fines, como los testigos y los peritos anexos a una inspección, judicial, y las personas que la suministran el conocimiento del objeto de la prueba, sustituyendo su percepción, como los testigos comunes, los peritos, cuando dictaminan independientemente de una inspección judicial, los funcionarios judiciales, administrativos o de policía, que expiden copias o certificados y que rinden informes con destino al proceso, lo mismo que las partes cuando declaran en absolución de posiciones y careos o son autoras de documentos allegados al proceso, los detectives y funcionarios de la policía judicial o de laboratorios forenses … Por lo tanto, los órganos de prueba son generalmente terceros que no han intervenido como partes en el proceso y éstas solo cuando son autoras del medio de prueba (confesión o documento. Nunca el juez.

Estos órganos de prueba pueden incurrir en fraude procesal, cuando suministran al juez el medio probatorio (como testimonio, dictamen, traducción, interpretación o versión del intérprete), bien sea de acuerdo con una de las partes o por espontánea iniciativa; los efectos dañinos que sobre el proceso se surte, son los mismos en ambas hipótesis”. Pensamiento extraído del autor Devis Echandía difundido por “Editorial El Progreso” bajo el título “El Fraude Procesal”, Tercera Edición 2009.

Los criterios doctrinarios y jurisprudenciales corresponden ser tomados en cuenta, ya que ayudarán a comprender las pretensiones invocadas por los recurrentes.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Existiendo dos recursos de casación interpuestos cada uno en la forma y en el fondo por separado, sobre la base de la doctrina aplicable precedentemente expuesta, se ingresa a realizar la consideración de dichos recursos en el orden en que fueron interpuestos.

IV.1.- Recurso de Fanny Quevedo Loayza de Ávila: (fs. 1932-1935)

IV.1.1.- Recurso en la forma:

Se tiene como primer reclamo la omisión de consideración a dos de los agravios de su recurso de apelación, el primero referido a la incongruencia y carencia de motivación y fundamentación de la Sentencia, y el segundo sobre errónea valoración de la prueba pericial; indica también que lo resumido por el Ad-quem no tendría ninguna correspondencia con su memorial de apelación habiendo mezclando sus argumentos con la impugnación de la Defensora de Oficio, sin embargo no realiza una discriminación de cuales corresponderían a su recurso y cuales al otro y menos expone el perjuicio que ello le hubiera ocasionado, limitándose simplemente a realizar afirmaciones generales.

Con relación a los reclamos descritos, se debe indicar que del contenido del Auto de Vista se advierte que el Ad-quem en el Punto 2 del Considerando I identifica de manera resumida y por separado los reclamos de cada uno de los apelantes, es decir, de Fanny Quevedo Loayza y de María Rosa Aramayo Zelaya; lo propio realiza en el Punto 3 del Considerando II, asumiendo que los reclamos tienen el mismo contenido al ser la abogada de los recurrentes al mismo tiempo Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre, constatándose que dicho resumen tiene relación y correspondencia  con el contenido de los memoriales de apelación de fs. 1889-1891 y 1896-1904.

Debe tenerse presente que lo descrito en el Auto de Vista se trata simplemente de un resumen de lo más esencial de los reclamos de los apelantes, no siendo pertinente trascribir todo el contenido de los recursos y el hecho de que se los haya consignado en un mismo punto, no implica “mezclar” los argumentos como refiere la recurrente, encontrándose los mismos claramente identificados cuáles corresponden a uno u otro recurso y en el orden en que fueron interpuestos dichos recursos.

Sobre la base de los resúmenes de los recursos, el Ad-quem, previa consideración desde el punto de vista doctrinario de lo que debe entenderse por fraude procesal y sus alcances, procede en los restantes puntos a realizar su propia fundamentación sometiendo a un análisis detallado de la Sentencia con relación a las impugnaciones de los apelantes, indicando que no existe errónea aplicación del art. 297 y menos incumplimiento del art. 190, ambos del Código de Procedimiento Civil, en el entendido de que la sentencia resolvió conforme a los datos del proceso, destacándose los puntos 5, 6 y 7 del Considerando II donde centra especial atención a las pruebas periciales y demás documentos del proceso civil de nulidad de escrituras de transferencia y antecedentes del proceso penal adjuntados en calidad de prueba por ambas partes litigantes, así como la resolución de excepciones perentorias que fueron planteadas por los demandados, concluyendo que el Juez A-quo ha reflexionado de manera fundamentada conforme a los datos del proceso sobre cada punto accionado y respondido, es decir a lo demandado, contestado y excepcionado, así además se evidencia del contenido de la sentencia donde se revolvió la demanda del actor y las excepciones de cosa juzgada, prescripción y falta de acción y derecho que fueron planteadas como perentorias por todos los demandados, resolución que se halla debidamente fundamentada de manera congruente, no existiendo al margen de las excepciones ninguna otra pretensión de parte de los demandados que pudo ser resuelta en la sentencia y en ese entendido el Ad-quem al haber brindado una explicación detallada con indicación de las pruebas que sirvieron de base para la emisión del fallo de primera instancia, ha cumplido con el deber de absolver los reclamos de la apelante dentro del marco que establecía el art. 236 del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la emisión de la resolución de segunda instancia, no siendo evidentes los reclamos de la recurrente.   

Señala también que los Vocales ratifican que el fraude procesal en su ejecución es doloso, aspecto que debe demostrarse objetivamente y es eso lo que impugnó como agravio en su apelación y el Tribunal en ninguna parte habría explicado de qué manera su persona cometió fraude procesal; sobre el particular y como se dijo anteriormente, el Ad-quem en el Punto 2 del Considerando II realiza una explicación desde el punto de vista doctrinario respecto a los alcances del fraude procesal, como opera y en qué circunstancias y quienes pueden cometerlo, indicando que puede surgir esa conducta procesal también por la intervención de terceros y sobre esa base procede a realizar la fundamentación de su resolución haciendo incidencia en las pruebas periciales encontrándose la respuesta al reclamo inmersa en la resolución impugnada, toda vez que el fraude procesal no necesariamente puede ser cometido por la partes litigantes principales (demandante o demandado), sino también por terceros que intervienen en el proceso entendidos éstos en su acepción amplia; sobre este aspecto al existir también reclamo en el recurso de casación en el fondo, se ampliará la fundamentación al momento de considerar dicho recurso.

Por las consideraciones realizadas, no son evidentes las acusaciones de la recurrente en sentido de que el Ad-quem no hubiera brindado respuesta a su apelación, tampoco se advierte incongruencia interna en la emisión del Auto de Vista ya que dicha resolución guarda la congruencia tanto interna como externa y cuenta con la fundamentación necesaria, no correspondiendo disponer su anulación, de donde se concluye que el recurso de casación en la forma resulta infundado, debiendo en todo caso tenerse presente la doctrina aplicable que se halla expuesta en el Punto III.1 de la presente resolución.

IV.1.2- Recurso en el fondo:

El recurso de casación en el fondo es bastante confuso donde denuncia haberse incurrido en interpretación errónea de una norma sustantiva sin precisar a cual norma legal se refiere y al mismo tiempo se indica que en el caso concreto lo que habría ocurrido es una aplicación indebida de la ley, toda vez que los Vocales sí habrían interpretado correctamente la misma; como se podrá advertir, del argumento descrito no se puede entender que es lo que finalmente quiso acusar la recurrente, si el Ad-quem incurrió o no en uno o más de los tres supuestos que establecía el art. 253 num. 1) del Código de Procedimiento Civil que están referidos a la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de una determinada norma legal, presupuestos que tienen significancia y alcances diferentes; más extraño aún resulta la referencia que realiza de que una determinada norma habría sido interpretada correctamente sin precisar cuál sería esa norma legal haciendo inentendible el reclamo, pues en caso de haber ocurrido esta última situación, no habría razón para recurrir.

El único argumento que puede rescatarse para su consideración, es la exigencia que realiza la recurrente bajo el calificativo de que el fraude procesal implica una conducta dolosa, se le explique y demuestre en función al principio de verdad material, de que su persona junto a su esposo Miguel Enrique Ávila evidentemente cometieron fraude procesal, afirmando según su entender que en el caso de autos no existiría prueba que refleje esa situación.

Como se tiene expuesto en el Punto III.2 de la doctrina aplicable al caso, el fraude procesal evidentemente entraña una conducta dolosa de quien la comete, siendo esa la regla general, empero existen diversas clases de fraude que pueden ser cometidos en las distintas instancias y etapas del proceso por cualquiera de las partes, por el Juez, por los funcionarios subalternos del despacho judicial, por los órganos de prueba como ser peritos, testigos, intérpretes, secuestres o depositarios, etc.; la producción de la prueba no es una carga exclusiva de las partes litigantes sino también facultad del Juzgador conforme lo autorizaba el art. 378 del Código de Procedimiento Civil y que actualmente con la vigencia del Código Procesal Civil se ha convertido prácticamente en un deber del Juez en atención al principio de verdad material, y en ese propósito de lograr obtener los medios probatorios adecuados y conducentes para desentrañar la verdad de los hechos, quienes son los llamados a proporcionar materialmente esos medios probatorios, pueden incurrir en anormalidades, deficiencias e impericias ya sea de manera voluntaria o involuntariamente, ocasionando fraude procesal y generando al juzgador a tomar decisiones injustas en la resolución del conflicto y como consecuencia de ello una de las partes litigantes necesariamente quedará favorecida con el fallo precisamente por las anormalidades y/o deficiencias en la producción material de la prueba por quienes fueron las autoras y las llamadas a suministrar el medio probatorio, situación que vincula a la parte “victoriosa” por ser ella la favorecida con el fallo, más aún cuando esa parte fue quien ofreció y propuso ese medio de prueba y ante el posterior surgimiento de nuevas pruebas fehacientes se demuestre todo lo contrario como acontece en el caso presente; ante esa realidad el operador de justicia no puede cerrar el camino para el esclarecimiento de la verdad y está en la obligación de reexaminar la problemática suscitada en aras de lograr a futuro impartir una verdadera justicia que es el fin último del derecho, esto siempre y cuando la parte afectada haga uso de los mecanismos procesales adecuados para revertir una decisión que la considera injusta.

Consiguientemente, para efectos de establecer la existencia del fraude procesal se debe tener en cuenta que no siempre la conducta fraudulenta puede ser atribuible directamente a las partes en conflicto (demandante y demandado) como aparentemente lo entiende la recurrente, sino también la misma puede originarse en los actos realizados por terceros y por todas aquellas personas que participan de una u otra forma como coadyuvantes de la admiración de justicia en la tramitación de un determinado asunto, toda vez que el proceso es considerado como un conjunto de actos que forma una unidad donde intervienen distintas personas con funciones específicas que la ley procesal acertadamente realiza una distinción quienes intervienen de manera principal y quienes accesoriamente conforme lo establecía el Código de Procedimiento Civil en sus arts. 50 y 51 y en el actual Código Procesal Civil también se mantiene esa distinción en los arts. 27 y 28; dentro del grupo de los segundos se encuentran comprendidos los funcionarios auxiliares de la administración de justicia, abogados, peritos, testigos, traductores, intérpretes, etc. cuya actuación en ciertos casos puede influir y constituirse en determinante para la decisión del Juez.

En el caso presente, el peritaje documentológico que cursa de fs. 55-76 reiterado a fs. 490-509 practicado por el Lic. José Goitia Durán del IDIF a solicitud de la parte demandada en el proceso ordinario civil de nulidad de compra-venta de inmueble seguido por el hoy demandante Víctor Llanos Carvajal tramitado en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, quedó completamente refutado por los posteriores dos informes periciales documentológicos que cursan de fs. 77 a 129 reiterado a fs. 692 a 734 y el Informe Pericial de fs. 1775 a 1830, el primero realizado en proceso penal por el perito del IDIF Lic. Luigi Vargas Zambrana y el segundo en el presente proceso por una junta de peritos integrantes también del IDIF de los Departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca conforme se evidencia de la nota de comunicación de fs. 1594.

Con los dos últimos peritajes de referencia quedó completamente demostrado que el peritaje de firmas y rúbricas realizado por el Lic. José Goitia Durán en el proceso ordinario civil de nulidad de venta, no fue el correcto, sin embargo fue considerado en su momento como prueba esencial y decisiva para que el Juez en aquel proceso declare improbada la demanda; pruebas periciales que junto a los demás antecedentes de los procesos mencionados (ordinario civil de nulidad y proceso penal) presentados en calidad de documentales por ambas partes litigantes, fueron correctamente valoradas por el Juez A-quo conforme se evidencia del contenido de la Sentencia y sometida a revisión por el Tribunal de apelación.

Debe tenerse presente que la prueba pertinente y conducente para demostrar la falsedad de firmas y rúbricas, así como de huellas dactilares, son precisamente los peritajes documentológicos y dactiloscópicos que sometidos a la valoración de la sana crítica, resultan siendo los medios más idóneos para demostrar esa falsedad, así lo estableció este Tribunal en el Auto Supremo Nº 268/2013 de 24 de mayo, aspecto que en el caso presente fue cumplido a cabalidad por los de instancia demostrándose plenamente con ello que la pericia practicada de las firmas y rúbricas del contrato privado reconocido de fecha 22 de septiembre del año 1992 dentro del proceso ordinario civil de nulidad de venta ya referido, definitivamente no fue el correcto; ante esa situación se hace innecesario incursionar en mayor análisis sobre el tema en cuestión.

Por las consideraciones realizadas, el recurso de casación en el fondo también resulta infundado, debiendo en todo caso tenerse presente la doctrina aplicable que se tiene expuesta en el Punto III.2 de la presente resolución.

IV.2.- Recurso de casación de María Rosa Aramayo Zelaya.- (Defensora de Oficio): (fs. 1941-1952)

IV.2.1.- Recurso en la forma:

Se tiene como primer reclamo la falta de consideración por parte del Ad-quem a los puntos 1 y 2 de su recurso de apelación; el primero está referido a la notificación en el mismo día con la sentencia a los co-demandados, aspecto que coartaría el derecho a la saca del expediente para formular apelación por su turno; la recurrente debe tener presente que en su condición de profesional abogada, no solo se encontraba asumiendo defensa a favor de José Beltrán Vidaurre en su condición de Defensora de Oficio, sino también venía ejerciendo las funciones de abogada patrocinante particular de los demandados Miguel Enrique Ávila Betanzos y Fanny Quevedo Loayza de Ávila, siendo ambas impugnaciones de similar contenido, aspecto que también fue advertido por el Tribunal de apelación; al encontrarse concentrada la defensa técnica de todos los demandados en una misma profesional y que en los hechos es el abogado quien finalmente redacta los memoriales de impugnación, en observancia de los elementales principios de economía procesal, celeridad y eficiencia que debe primar en la administración de justicia, no resulta adecuado que se exija la notificación en fechas distintas a cada uno de los demandados con la resolución a ser impugnada y menos atribuir como causa de nulidad del proceso esa situación, ya que la ley no sanciona con nulidad ese aspecto y consiguientemente no concurre el principio de especificidad o legalidad, careciendo además de trascendencia el reclamo para disponer la nulidad del proceso.   

El punto 2 del memorial de apelación se refiere a la denuncia de imparcialidad por falta de cumplimiento del art. 192-2) del Código de Procedimiento Civil; si bien el Ad-quem, de manera específica no hace referencia a la indicada norma legal, sin embargo en el contenido del Auto de Vista se encuentra inmersa la respuesta al reclamo planteado, sobre todo en los puntos 6 y 7 del Considerando II donde realiza una consideración tanto de forma como de fondo de la Sentencia apelada, no otra cosa significa las afirmaciones cuando indica que la sentencia impugnada ha reflexionado sobre cada punto accionado y respondido, como también se habría leído y valorado legalmente todas las demás pruebas presentadas al proceso, como ser la prueba documental del proceso penal y los antecedentes del proceso civil de nulidad, no siendo cierta la falta de imparcialidad del Juez A-quo, incidiendo sobre todo con relación a la valoración de la prueba; el Ad-quem hace también referencia a la resolución de las excepciones perentorias de cosa juzgada, prescripción y falta de acción y derecho, afirmaciones que claramente denotan la existencia de respuesta al reclamo de la apelante. 

Con relación a la falta de tratamiento de la denuncia de incorrecta valoración de la prueba de descargo, como ya se tiene indicado, existe pronunciamiento del Tribunal Ad-quem, toda vez que se refiere de manera expresa a las pruebas documentales consistentes en los antecedentes del proceso penal y del proceso ordinario civil de nulidad de venta, pruebas que fueron presentadas por los demandados Miguel Enrique Ávila Betanzos y Fanny Quevedo Loayza de Ávila a las cuales se adhirió la Defensora de Oficio; conforme se tiene indicado al momento de resolver el recurso de casación en el fondo de los nombrados, la prueba esencial para el caso de autos vienen a ser las periciales y respecto a las cuales el Ad-quem centró su mayor atención en la emisión del Auto de Vista impugnado.

Por las consideraciones realizadas, el recurso de casación en la forma deviene en infundado. 

IV.2.2.- Recurso de casación en el fondo:

El recurso de casación por tratarse de un medio de impugnación extraordinario, está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos específicos que lo distinguen del resto de los recursos ordinarios; es así que conforme a nuestro sistema recursivo y la abundante jurisprudencia, al margen de los requisitos formales, el recurso de casación debe cumplir con los requisitos intrínsecos o de fondo, siendo estos el de citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y sobre todo especificar en qué consiste esa violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en la forma, en el fondo o en ambos casos a la vez, especificaciones que deben hacerse necesariamente en el recurso y no fundarse en memoriales o escritos anteriores ni suplirse posteriormente; así lo establecía el art. 258 numeral 2) del Código de Procedimiento Civil vigente al momento de la interposición del recurso de casación que hoy toma conocimiento este Tribunal; similares exigencias se encuentran previstas en el art. 274 parágrafo I, numeral 3) de la actual y vigente Ley Nº 439 Código Procesal Civil. 

En el caso presente, la Defensora de Oficio indica interponer recurso de casación en el fondo, empero en todo el contenido del recurso se advierte reclamos de forma denunciando al Tribunal haber incurrido en falta de pronunciamiento a sus reclamos deducidos en apelación transcribiendo de manera íntegra el contenido de su memorial de apelación y en su petitorio reitera que interpone recurso de casación en el fondo debido a que el Tribunal no se habría pronunciado sobre ninguno de sus argumentos de apelación denunciando la vulneración de los arts. 236 del CPC y art. 17-I de la L.O.J. solicitando que se CASE el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo se revoque la Sentencia de primer grado y se declare improbada la demanda de fraude procesal.

Como se podrá advertir, el recurso es sumamente deficiente en su planteamiento y sobre todo incoherente en su contenido con relación al petitorio, alejado totalmente del marco que debe contener un recurso de casación en el fondo, no habiendo comprendido la recurrente en su verdadera dimensión entre lo que es un recurso de casación en la forma y en el fondo, aspecto que impide ingresar a su consideración. Cuando se plantea recurso de casación en el fondo, su finalidad es la casación de la resolución impugnada, esto implica emitir resolución sobre el fondo del asunto por parte del Tribunal de casación, ya sea dando razón a la autoridad judicial que emitió la resolución impugnada o cambiando su razonamiento a través de la emisión de una nueva resolución y para que ello ocurra, los argumentos del recurso deben estar orientados a atacar el fondo de lo resuelto en la resolución de segunda instancia, debiendo además fundarse en una o varias de las causales que establecía el art. 253 del Código de Procedimiento Civil, norma que se encontraba vigente al momento de la interposición del recurso y de ninguna manera cuestionar aspectos de forma como es la falta de respuesta a los puntos apelados, los cuales se encuentran reservados para ser reclamados a través del recurso de casación en la forma.  

Debe tenerse presente que, toda impugnación o recurso judicial se encuentra estructurado de dos componentes esenciales que son la causa petendi y el petitium y para que pueda ser atendido en su verdadera dimensión, debe existir la suficiente coherencia en todo el contenido del recurso; la causa petendi es el motivo o razón por el cual se recurre y está integrado por el elemento fáctico y normativo, los cuales deben ser precisados y fundamentados adecuadamente por el recurrente; mientras que el petitium es la solicitud expresa, clara y concreta que se realiza en el recurso; ambos componentes (causa petendi y petitium) están directamente vinculados con la finalidad del recurso lo que en doctrina se conoce como el “nexo o relación de causalidad”; esto muestra la enorme importancia que tiene el petitium, mismo que no sólo debe ser claro, sino sobre todo coherente con el fundamento que sustenta la pretensión recursiva; aspectos que en el caso presente se hallan totalmente contrapuestos; al margen de ello el recurso constituye una copia o reproducción íntegra del memorial de apelación cuyos reclamos se encuentran dirigidos al Juez de primera instancia, contraviniendo lo que establecía el art. 258 num. 2) in fine del Código de Procedimiento Civil, igual previsión se encuentra en el art. 274.I-3) in fine del Código Procesal Civil, aspectos que definitivamente impiden ingresar a analizar el recurso planteado.

Por todo lo anteriormente señalado, el recurso de casación en el fondo resulta improcedente, corresponde emitir resolución para este recurso en la forma prevista por el art. 220.I-4) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO los recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 1932 a 1935 interpuestos por Fanny Quevedo Loayza de Ávila por sí y en representación de su esposo Miguel Ávila Betanzos; del mismo modo declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y conforme al art. 220.I-4) del mismo Código adjetivo de la materia declara, IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo, contenidos en el memorial de fs. 1941 a 1952, ambos interpuestos por María Rosa Aramayo Zelaya en su condición de Abogada Defensora de Oficio de José Beltrán Vidaurre; todos interpuestos contra el Auto de Vista Nº SCCF II Nº 291/2015  de 31 de agosto de 2015 de fs. 1925 a 1927, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisa. Con costas.

No se regula honorarios al no existir respuesta a los recursos.     

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.