TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 953/2016

Sucre: 15 de agosto 2016

Partes: Juan  Parina  Real  y  Julia Tamara Orellana de Parina. c/ Vocales de la Sala Civil Comercial  y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Expediente: CH-54-16-Com.

Distrito: Chuquisaca.


VISTOS: El Recurso de Compulsa de fs. 58 y vta., interpuesto por Juan Parina Real y Julia Tamarez Orellana de Parina, contra el Auto de fecha 21 de julio 2016 cursante a fs. 47 del testimonio, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sumario de regulación de derecho propietario sobre bien inmueble urbano destinado a vivienda seguido por Juan Parina Real y Julia Tamarez Orellana de Parina contra Pedro Zarcillo Gonzales y otros los antecedentes del testimonio; y:

I.- ANTECEDENTES DEL TESTIMONIO DE COMPULSA:

Que por Sentencia de fecha 24 de marzo del año 2016 el Juzgado Publico Civil y Comercial 8° (fs. 9 a 12 vta., del testimonio) por el que declara probada en todas sus partes de demanda de fs. 54 a 58, complementada a fs. 60 formulado por Juan Parina Real y Julia Tamarez Orellana de Parina e Improbadas las excepciones perentorias  opuestas por Pastor Zarcillo Gonzales.

Que por Auto de Vista S.C.C.FAM. II N° 233/2016 de fecha 27 de julio, (fs. 21 a 22 del testimonio) el Tribunal Ad quem en su Sala Civil Comercial y Familiar Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, anula obrados hasta el Auto de admisión de 27 de agosto de 2014.

Contra la referida Resolución Juan Parina Real y Julia Tamarez Orellana de Parina interpusieron recurso de casación en el fondo de fs. 43 a 46, del testimonio, que mereció el Auto de fecha 21 y 27 de julio 2016, por el cual el Tribunal Ad quem deniega la concesión del recurso de casación antes citado.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE COMPULSA:  

Refiere primero que el Auto que niega su recurso de casación fue pronunciado en plena vigencia de la Ley N° 803 de Modificatoria a la Ley N° 247 de Regulación del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles destinados a vivienda y que la única Disposición Transitoria de la Ley N° 803 dispone que los procesos sumarios de regulación de derecho propietario, instaurados antes de la publicación de la presente Ley, continuaran su trámite conforme lo establecido en la Ley N° 1760 “Código de Procedimiento Civil”, y que el Auto que niega su recurso de casación fue pronunciado en fecha 21 de julio 2016 en vigencia plena de la referida Ley y que tendría que ser tramitado conforme al Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a lo que menciona en su Disposición Transitoria Única de la Ley 803.

También señala que el núm. I  parágrafo 1 de la Única Disposición Derogatoria y Abrogatoria de la Ley N° 803 derogo el art. 13 de la Ley N° 247, y que el Auto de fecha 21 de julio de 2016 que denegó su recurso de casación fue sustentado con el art. 13 de la Ley N° 247, con lo que su denegación fue injusta indebida e ilegal.

Solicitando en definitiva declarar legal el recuso de compulsa y conceder el recurso de casación.

III.- DOCTRINA  APLICABLE AL CASO:

III.1- Del Recurso de compulsa y sus alcances:

En principio se debe hacer referencia a la previsión contenida en el artículo 279 (Procedencia) del Código de Procesal Civil que establece: “El recurso de compulsa procede por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso”.

Dentro de ese contexto, se debe referir que los alcances y la competencia del Tribunal que conoce la compulsa, ha de circunscribirse únicamente a verificar si la negativa de la concesión del recurso es legítima o no, para ello deberá tomar en cuenta la regulación que prevé la ley procesal en función a la naturaleza del proceso, las resoluciones pronunciadas dentro del mismo y otros aspectos de carácter estrictamente procesal que hacen al régimen de las impugnaciones; el Tribunal que conoce de un recurso de compulsa no tiene atribuciones para tomar determinaciones sobre aspectos de carácter sustancial o de fondo de las resoluciones contra las cuales se denegó la concesión del recurso, u otras cuestiones que no sean la negativa indebida.

III.2.- De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación:

Sobre el tema en cuestión, preliminarmente corresponde señalar que, si bien el Principio de Impugnación se configura, como principio regulador para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma Ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnarles salvo, disposición expresa en contrario” norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley.

Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este máximo Tribunal de Justicia, el mismo conforme a lo determinado referido en el punto precedente debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, "... de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria". También dentro del análisis del Principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que es una manifestación del Principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.

Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la  SC 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la resolución.

Valga aclarar que lo expuesto no resulta una regla absoluta, en el entendido que el legislador ha establecido prohibiciones expresamente establecidas por Ley, para la inviabilidad o improcedencia del recurso de casación dentro de procesos ordinarios, como ser lo determinado en el art. 113.II, 248.II del Código Procesal Civil entre otros, que pese a tener esa calidad de Autos definitivos son inimpugnables de casación, y para el caso de Autos de Vista que resolvieren sentencia es inviable el recurso de casación en los procesos ordinarios que derivaren de resoluciones dictadas en proceso extraordinarios, art. 270-II del referido Código. 

III.3.- De la improcedencia del recurso de Casación dentro de procesos de regularización de Derecho Propietario Ley 247 y Ley 803.

En principio corresponde, exponer que la Ley 247 en su contexto establecido un marco sustancial y en su caso normativo, para las demandas de regularización del Derecho Propietario, tipo de proceso que en su esencia buscan una tramitación acorde a los principios de celeridad y justicia pronta y oportuna, entonces bajo esas perspectivas es que, la referida Ley encontraba su apoyo normativo en lo que establecía el Código de Procedimiento Civil,  conforme orientaba su art. 13 en sus parágrafos I y II, empero, este cuerpo legal de igual manera generó un candado normativo en su parágrafo III, en sentido de que no admitía la posibilidad de interponer recurso de casación, por la naturaleza de la causa debido a los principios descritos supra.

Ahora por los efectos de la temporalidad de la Ley, el Código de Procedimiento Civil ha sido abrogado, entrando en vigencia Total el Código Procesal Civil, realidad que evidenciaba la ausencia de normativa para la tramitación de este tipo de procesos, empero, a los efectos de suplir ese vacío normativo este Máximo Tribunal de Justicia a través de la Circular Nº12/2016 de 21 de abril, y en cuanto al tema de la viabilidad del recurso de casación la citada circular en su punto cuarto parte in fine de forma textual ha orientado en sentido de que : “ … con la aclaración que respecto de los mismos, no procede recurso de casación”,  denotándose de igual forma la imposibilidad de interponer recurso de casación, y en el mismo sentido la Ley 803 otorga a este tipo de procesos la calidad de extraordinario conforme a lo expresamente señalado en la Ley 439, tipo de procesos que por su calidad de igual forma no permite el recurso de casación, de acuerdo a la nueva óptica del Código Procesal Civil, descrito en el punto anterior.

Por ultimo si bien la Ley 803  establece la continuación del procedimiento Civil a los procesos iniciados antes de la promulgación de esa Ley, empero, conforme a lo expuesto supra, la esencia de este tipo de procesos por su naturaleza no admite recurso de casación, criterio que ya sido orientado por este Máximo Tribunal de Justicia Nº 12/2016 de 21 de abril, criterio contrario implica dilación innecesaria los justiciables.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:                                    

Del contexto de su recurso de casación, se advierte que su fundamento neurálgico se centra en que procedía su recurso de casación, conforme orientaba la parte transitoria de la Ley Nº 803.

Del análisis del testimonio de compulsa se puede evidenciar que el proceso que da origen al presente recurso de compulsa, es un proceso sumario de regulación de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbano destinado a vivienda bajo los parámetros establecidos en la Ley 247, y que el Tribunal Ad quem a través del Auto de fecha 21 de julio 2016 deniega el recurso de casación, el mismo que fue modificado su fundamento por el Auto de fecha 27 de julio de 2016 ratificando la denegatoria del recurso del recurso de casación.  

Conforme a lo expuesto en la doctrina aplicable, III.1 la viabilidad del recurso de casación no es absoluta, sino que su procedencia o admisibilidad se encuentra reglada a los parámetros delimitados en la Ley, los cuales fueron expuestos con claridad en el acápite III.2, ahora en lo que concierne a los proceso de regulación de Derecho Propietario, conforme se ha orientado en la doctrina aplicable III.3, este tipo de procesos no admite recurso de casación, y si bien su parte transitoria, establece un trámite acorde al procedimiento Civil, a los procesos iniciados antes de la vigencia de la Ley 803, empero, conforme a lo expuesto en el punto III.3, por la naturaleza de este tipo de proceso no admite recurso de casación orientación que ya fue asumida en la Circular Nº 12/2016 de 21 de abril, extremos que hacen inviable otorgar o dar viabilidad al recurso interpuesto.

En consecuencia, se concluye que la decisión del Tribunal Ad quem de negar la consideración y concesión del recurso de casación formulado por los compulsantes es correcta toda vez que la resolución que se impugna no es recurrible en casación.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42.I num. 4) de la  Ley N° 025 del Órgano Judicial y conforme determina el art. 282.I del Código Procesal Civil, declara ILEGAL el recurso de compulsa interpuesto por Juan Parina Real y Julia Tamarez Orellana de Parina.

Se impone multa a los compulsantes conforme al art. 223.VIII del Código Procesal Civil, y art. 5.3 del Reglamento de Multas Procesales del Órgano Judicial, que se gradúa en el equivalente a tres días de haber del Juez ante quien se tramita la causa, cuyo monto mandará hacer efectivo el Tribunal de Alzada.


Regístrese,  comuníquese y devuélvase.