TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 900/2016 

Sucre: 27 de julio 2016

Expediente: SC -141 - 15 S

Partes: Marco Antonio Gonzales Flores c/ Juana Gonzales Flores, Nelly Peña   

             Zurita de Machaca y Mario R. Machaca Furnez.

Proceso: Ordinario sobre reivindicación, acción negatoria, desocupación, entrega

               de bien inmueble, daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 232, interpuesto por Juana Gonzales Flores contra el Auto de Vista de fecha 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 222 a 225, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre reivindicación, acción negatoria, desocupación, entrega de bien inmueble, daños y perjuicios, seguido por Marco Antonio Gonzales Flores contra Juana Gonzales Flores, Nelly Peña Zurita de Machaca y Mario R. Machaca Furnez, la respuesta de fs. 236 a 238 y vta., el Auto de fs. 242 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:

Que, tramitada la causa de referencia, mereció la Sentencia Nº 68/2014, de fecha 25 de agosto, cursante de fs. 189 a 190, que declaró probada en parte la demanda, solo en lo que concierne a las pretensiones de reivindicación, acción negatoria, desocupación y entrega del bien; e improbada respecto a la pretensión de daños y perjuicios, disponiendo que los demandados entreguen el inmueble sito en zona central de la ciudad, manzana Nº 328 A, calle Sara Nº 239 de 200 m2., de superficie, a su propietario el demandante completamente desocupado dentro de tercero día de la ejecutoria de la referida Sentencia, bajo prevención de lanzamiento, declarando asimismo a los demandados sin ningún derecho sobre el bien de la Litis, con costas; Resolución de primera instancia que al ser apelada por Juana Gonzales Flores y Marco Antonio Gonzales Flores, este último a través de su representante Rolando Toledo Pereyra, fue resuelto por Auto de Vista de fecha 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 222 a 225, que  confirmó la Sentencia apelada así como el Auto de fecha 15 de abril de 2013, saliente a fs. 61 del expediente. Sin costas; fallo de segunda instancia que fue recurrido de casación en el fondo por Juana Gonzales Flores.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

1.- Señala que, para que se dé la acción reivindicatoria del bien inmueble, necesariamente tendría que ser despojado de la posesión física del bien, que en el caso de Autos no se habría dado, por el reconocimiento efectuado por el demandante en su demanda, por lo que no se habría cumplido con el requisito establecido por el art. 1453 del Código Civil que sería la de perder posesión, por cuanto además el demandante jamás habría estado en posesión del bien inmueble toda vez que hace 40 años estaría radicando en la Argentina, y que no obstante de existir declaración expresa por parte del demandante que según él, que permitió y consintió que Juana Gonzales Flores, se quedara como casera y cuidante del bien inmueble, sin embargo el Juez A quo en el Auto de relación procesal habría establecido puntos de hecho que no se adecuarían a lo demandado, además que, en ninguna parte del acta de inspección judicial, no estaría demostrado que su persona haya ingresado al inmueble con autorización del propietario o que su persona haya manifestado confirmado ese extremo, por lo que esa afirmación realizada en la Sentencia y Auto de Vista serían falsas y ajenas a la realidad, con la que estaría demostrado que los Jueces de instancia habrían incurrido en violación al principio de congruencia atentando la garantía constitucional del debido proceso, la seguridad jurídica, de legalidad y transparencia,  al margen que, al utilizar como un hecho probado (perdida de posesión), porque supuestamente Juana Gonzales Flores habría ingresado al inmueble con autorización del demandante y que de esa manera ha dispuesto cediendo el inmueble en alquiler, se habría efectuado una errónea apreciación de la prueba específicamente del acta de inspección judicial que cursaría a fs. 169

2.- Agravio ocasionado por la defectuosa valoración en la Sentencia y Auto de Vista de la prueba de fs. 169.-

Agrega que, los Jueces de instancia se habrían apartado de lo que establecería el art. 1453 del Código Civil, al declarar en Sentencia probada la demanda en lo que respecta a la reivindicación del inmueble confirmado por Auto de Vista, por cuanto la perdida de la posesión no habría sido demostrado por el demandante que, sin embargo los Jueces de instancia habrían dado por probada la perdida de la posesión basado en el acta de inspección de fs. 169, siendo que  no se tiene demostrado que el demandante haya estado en posesión y que haya cedido y entregado la posesión, menos que en el acta constaría que su persona haya corroborado que el demandante le haya cedido tal posesión, por lo que habrían incurrido en una incorrecta valoración de la referida prueba al tomar una decisión de hecho y no de derecho que vulneraría el debido proceso, además no contendría la motivación y fundamentación necesario.

3.- Errónea aplicación de los arts. 1453, 1286 de la norma sustantiva civil; art. 190, 373, 374 inc. 1 y 2) y 397 de la norma adjetiva civil de cumplimiento obligatorio.-

Por otro lado señala que, el Auto de Vista no habría circunscrito su fundamentación a los agravios denunciados en el recurso de apelación planteados de su parte, siendo que habría señalado una a una las pruebas que carecían de una adecuada valoración en las cuales, la documentación acompañada a la demanda principal no acreditaría que el presunto propietario haya tenido la posesión y que haya perdido esa posesión o el derecho, que sin embargo el Juez A quo habría dado por probado ese extremos basándose en el acta de inspección judicial de fs. 169 siendo que el mismo, no demostraría que el demandante haya tenido y perdido la posesión, por lo que los Jueces de instancia no habrían adecuado sus decisiones en el marco de los preceptos jurídicos establecidos  por los arts. 1453 y 1286 de la norma sustantiva civil, por lo que no al haber aplicado dichas normas así como los arts. 190, 373, 374 inc. 1 y 2) y 397 de la norma adjetiva civil, habrían incurrido en violación a la garantía  del debido proceso al derecho de defensa, al principio de imparcialidad e igualdad de las pares y al principio de congruencia.

Con esos argumentos solicita al Tribunal de Casación, casar el Auto de Vista recurrido y deliberando en el fondo declare improbada la demanda en lo que respecta a la acción reivindicatoria, acción negatoria.

Respuesta al recurso de casación:

I.- A su vez, el demandante Marco Antonio Gonzales Flores a través de su representante Rolando Toledo Pereyra, con los fundamentos expuestos por memorial de fs. 236 a 238 y vta. refiere que, para la acción de reivindicación de un bien inmueble en previsión al art. 1453 del Código Civil, no sería necesario que el propietario tenga que ser despojado, por cuanto sería suficiente que acredite el derecho propietario de su parte conforme habrían interpretado los Jueces de instancia.

II.- Agrega que, la Sentencia y  Auto de Vista recurrido no abrían vulnerado el debido proceso tal como pretendería la demandada Juana Gonzales Flores, toda vez que la recurrente habría tenido la oportunidad de asumir defensa ampliamente al haber planteado recursos de apelación, compulsa formalizado amparo constitucional, es decir habría utilizado todos los incidentes y recursos  asumiendo plena defensa.

Tampoco habría realizado una incorrecta valoración de la prueba, toda vez que en consideración al Auto de relación procesal se habrían fijado como puntos a probar, el derecho de propiedad sobre el bien inmueble y la pérdida de posesión por parte del demandante, y que se habrían demostrado con respecto al derecho propietario con los  títulos de su propiedad adjuntos al expediente (fs. 4 a 8 y 182 a 187) y la ocupación de su bien inmueble se habría demostrado a través de la inspección judicial saliente a fs. 169 en la que la recurrente, al afirmar haber cedido en calidad de alquiler una parte del inmueble y no pronunciarse sobre la posesión consentida que se le tenía otorgada, se constituiría en una confesión a los hechos expuestos en la demanda principal.

III.- Que durante la tramitación del proceso no se habría vulnerado ningún principio  constitucional ni las disposiciones acusadas, por cuanto al no existir respuesta a la demanda se fijó los puntos de hecho aprobar y debido  a que no se propuso ninguna prueba de descargo se procedió a dictar Sentencia que fue confirmada por Auto de Vista recurrido y que durante el proceso la recurrente habría planteado los incidentes y recursos que le franquea la ley, por lo que no se habrían vulnerado los principios constitucionales, peticionando se declare infundado el recurso interpuesto.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Reivindicación:

Para el caso de Autos se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 88/2016 de 4 de febrero, que indica: “Este Tribunal Supremo en los Autos Supremos (como los signados con los Nº 452/2014 de 21 agosto de 2014, 557/2014 de 03 de octubre de 2014) estableció que para la procedencia de la reivindicación no es necesario estar en posesión material de la cosa, o que haya perdido la posesión, señalando los mismos que: “…el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el uso, goce y disposición sobre aquella, facultándole además, el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero, aunque el demandante no hubiere estado en posesión material de la cosa en litigio. Es prudente aclarar que este Tribunal Supremo en concordancia con el criterio de la ex Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentó la tesis que la acción reivindicatoria es aquella de la que puede hacer uso el propietario que no posee el bien inmueble frente al poseedor y/o detentador que no es propietario, incidimos en el tema recurriendo al Autor Puig Brutau citado por Néstor Jorge Musto que en su obra “Derechos Reales” señala reivindicación- “es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión”. Por otro lado este Tribunal precisó que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo, por lo que el propietario que pretende reivindicar no necesariamente debió estar en posesión corporal o natural del bien, en consideración que tiene la “posesión civil”, que está a su vez integrado por sus elementos “corpus” y “ánimus” asistiéndole consecuentemente el Iusvindicandi o derecho de reivindicar.”(A.S. 414/2014 de 04 de agosto de 2014) , está la acción reivindicatoria, la cual se encuentra bajo la previsión de que la misma se reserva al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo el primer requisito para la procedencia de la referida acción, la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del Código Civil como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil o “jus possidendi” y la natural o corporal o “jus possesionem”. Siendo suficiente para el caso de autos la acreditación de su derecho propietario, aspecto que fue debidamente valorado por los jueces de instancia.”

III.2.- Error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba:

El Auto Supremo Nº 293/2013 a orientado que:Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.

En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Couture.

En este examen de lo esencial y decisivo de la prueba, cabe la posibilidad de error probatorio por parte de los Jueces de grado, lo que la doctrina denomina error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, cada una con matiz diferente que seguimos a explicar.

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Por lo manifestado anteriormente se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil, para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado”.

IV.- DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Conforme los argumentos expuestos en el recurso de casación en el fondo y de la revisión de antecedentes, se puede advertir lo siguiente:

En cuanto a las denuncias 1,2 y 3, la recurrente en forma coincidente centra las mismas acusando, la falta de cumplimiento del requisito establecido por el art. 1453 del Código Civil que sería, la de perder posesión para que se dé la acción reivindicatoria del bien inmueble; que los Jueces de instancia se habrían apartado de lo que establecería la norma legal citada, al declarar en Sentencia probada la demanda en lo que respecta a la reivindicación del inmueble confirmado por Auto de Vista, por cuanto la pérdida de la posesión no habría sido demostrado por el demandante, y que habrían aplicado erróneamente el referido artículo.

Para el caso concreto, el precitado art. 1.453 parágrafo I del Código Civil, previene que "el propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta",  en ese sentido la doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que fueron cumplidos por el demandante, es decir que, para la estimación de su pretensión acreditó su derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales, a su vez se probó estar privado de la posesión, el inmueble ha sido plenamente identificado, aspectos asumidos tanto por la Sentencia como por el Auto de Vista, elementos que evidencian la consistencia de la pretensión reivindicatoria, por lo que resulta irrelevante el cuestionamiento que hace la recurrente cuando indica que el demandante debería probar cuándo perdió la posesión, para poder reclamar la reivindicación, siendo que, conforme orientó la doctrina aplicable, que no es importante que el propietario esté en posesión del bien o que demuestre en que momento ha perdido la posesión corporal como pretende la recurrente porque el mismo hecho de demostrar que es propietario le confiere la posesión. El derecho de propiedad, está concebido en el art. 105 del Código Civil, como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa dentro del dominio que confiere a su titular la posesión civil y la natural  o corporal, esta última puede o no ser ejercida por el propietario, porque el solo hecho de tener título de propiedad, otorga al propietario el corpus y animus sobre la cosa, ejerciendo el goce y disposición sobre aquella, otorgándole el derecho de reivindicar la cosa de manos de un tercero así el demandante no hubiera estado en posesión material de la cosa en  litigio. De lo que se concluye que al demandante por el solo hecho de ser propietario se le reconoce que tiene derecho a poseer el inmueble del que es el titular y por ello se le activa la acción de reivindicación, conforme se tiene orientado en la doctrina aplicable. De lo que resulta que no existe interpretación errónea o aplicación indebida del art. 1453 del Código Civil,  resultando  infundado el reclamo de la recurrente.

Con relación a la denuncia en el punto 1, de errónea apreciación de la prueba específicamente del acta de inspección judicial que cursaría a fs. 169, e incurrido en violación al principio de congruencia atentando la garantía constitucional del debido proceso, la seguridad jurídica, de legalidad y transparencia.

De cuyo contenido se tiene que, la recurrente no cumple con lo normado en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, (vigente a  la interposición del recurso en análisis), es decir no indica cual el error de hecho o de derecho que hubiesen cometido los Tribunales de instancia, para demostrar su pretensión recursiva, aspecto que limita otorgar una respuesta concreta.

En cuanto a la denuncia expuesta en los puntos 2 y 3) referido a que, la documentación acompañada a la demanda no acreditaría que el presunto propietario haya tenido la posesión y que haya perdido la misma o el derecho y que la decisión adoptada en primera instancia para declarar probada la demanda en cuanto a la reivindicación confirmada por el Tribunal de Alzada, se haya basado en el acta de inspección judicial de fs. 169, siendo que el mismo no demostraría que el demandante haya tenido y perdido la posesión, por lo que habrían incurrido en una incorrecta valoración de la referida prueba al tomar una decisión de hecho y no de derecho que vulneraría el debido proceso, además no contendría la motivación y fundamentación necesario.

Del análisis de la Sentencia y Auto de Vista, se evidencia que los Jueces de instancia en previsión a los arts. 397 del Código de Procedimiento Civil, vigente a las resoluciones cuestionadas y 1286 del Código Civil y como se tiene orientado en la doctrina legal III.2, para llegar a la conclusión decisiva en  sus fallos, realizaron una valoración conjunta de toda la prueba aportada de cargo por el demandante ante la falta de prueba de descargo, otorgándoles a cada una de ellas, conforme se tiene en sus lecturas la eficacia que la ley les asigna, efectuando la compulsa de todos esos elementos probatorios, como la documental de fs. 4 a 6 acompañadas a la demanda, para establecer que, el actor acreditó su derecho propietario sobre el inmueble objeto de Litis, incluso la prueba de inspección judicial de fs. 169, que fue correctamente analizado por los Tribunales de instancia, en especial por el Tribunal de Alzada quien evidenció que el inmueble se halla ocupada por Juana Gonzales Flores y su hijos quien a su vez habría manifestado que el inmueble lo tiene alquilado al codemandado David Machaca, aplicando correctamente lo dispuesto en el art. 397.I del Código de Procedimiento Civil vigente a la interposición del recurso, por lo que el cuestionamiento que hace la recurrente, resulta inconsistente.

Asimismo la recurrente vagamente trae a colación, referido a que no contendría la motivación y fundamentación necesario, sin embargo, no concreta que parte de la Sentencia no contendría dichos aspectos, o que fundamentos de la apelación no han sido absueltos, tampoco específica que agravios no han sido debidamente fundamentados, aspectos que limitan otorgar una respuesta concreta.

Por último corresponde señalar, que los Jueces están sometidos a la Constitución Política del Estado y las leyes de su quehacer jurisdiccional, orientando sus actos por los principios que rigen la jurisdicción ordinaria, entre los que está el debido proceso, al derecho de defensa, de imparcialidad e igualdad de las partes ante el Juez y de congruencia, que del examen de las decisiones de grado, no se evidencia el  quebrantamiento de tales principios como arguye la recurrente, en razón que la decisión asumida estuvo enmarcada dentro de lo previsto en el art. 1453 del Código Civil y su apreciación probatoria fue concordante con los arts. 1286 del Código Civil y 397 parágrafos I y II de su procedimiento, como se manifestó y explicó en la presente Resolución, por lo que, los fundamentos de casación en el fondo al no ser suficientes  como para cambiar la decisión asumida por los de grado, corresponde declararla infundada, de acuerdo a la previsión contenida en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación de los artículos 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 227 a 232, interpuesto por Juana Gonzales Flores contra el Auto de Vista de fecha 5 de marzo de 2015, cursante de fs. 222 a 225, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                          

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.