TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 872/2016

Sucre: 25 de julio 2016

Expediente: SC-140-15-A

Partes: Wilma Candia Callau c/ Findesa S.A.M.         

Proceso: Ordinarización de proceso ejecutivo, cancelación de anotaciones

             preventivas e hipoteca judicial, más pago de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 557 a 559 y vta., interpuesto por Wilma Candia Callau, contra el Auto de Vista N° 71/2015 de fecha 30 de marzo, cursante a fs. 546 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de ordinarización de proceso ejecutivo, cancelación de anotaciones preventivas e hipoteca judicial, más pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra de Findesa S.A.M.; el Auto de concesión del recurso de fs. 564; los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Quinto en materia Civil y Comercial de la Ciudad de Sucre, emitió el Auto N° 202/14 de fecha 18 de julio, cursante a fs. 520, declarando la PERENCIÓN DE INSTANCIA en el proceso ordinario seguido por Wilma Candia Callau contra Findesa S.A.M en liquidación, ordenando en consecuencia el archivo de obrados; adicionalmente dispuso  la suspensión de las medias precautorias siempre y cuando hayan sido ordenadas por dicho juzgado y en el presente proceso, de igual forma ordenó el desglose de la documentación arrimada al expediente, debiendo quedar fotocopias legalizadas en su lugar.

Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Wilma Candia Callau legalmente representada por Edna Candia de Moreno, por memorial cursante de fs. 530 a 532, interpusiera Recurso de Apelación.

En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 71/2015 de fecha 30 de marzo, cursante a fs. 546 y vta., que con el fundamento de que el Juez de la causa ha observado el debido proceso al pronunciar la Resolución recurrida, pues habría tomado en cuenta que a fs. 517 se encuentra el Auto de fecha 06 de septiembre de 2013, en el que dicha autoridad da por señalado el nuevo domicilio procesal de la actora, cómputo que a la fecha del Auto de Declaratoria de Perención de instancia habrían transcurrido más de 10 meses sin que el proceso tuviera la actividad procesal que hiciera al fondo del proceso, tal como lo exigiría e art. 309 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no existiría óbice alguno para la procedencia de la perención de instancia, por lo que CONFIRMO en todas su partes el Auto recurrido en apelación. Con costas.

Resolución que dio lugar al Recurso de Casación interpuesto por Wilma Candia Callau representada legalmente por Edna Candia de Moreno, el que se pasa a considerar y resolver.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Acusa que el Auto de Vista contiene disposiciones contradictorias, pues si bien dicha Resolución se sustenta en el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la perención de instancia es la inactividad por más de 6 meses, empero en el caso de Autos los jueces de Alzada no habrían computado desde la última actuación, pues esta última actuación dataría de fecha 14 de Julio de 2014 y al ser el Auto de Perención de fecha 18 de julio del mismo año, daría a entender que el proceso estuvo inactivo por 4 días.

Señala que la perención de instancia no operaria de ipso facto, es decir que no operaría por el solo transcurso del tiempo, ya que esta sería factible si el Juez o la parte la solicitan siempre y cuando sea antes que el proceso sea nuevamente activado, sin embargo acusan que el Tribunal de Alzada habría actuado y fundamentado su relación descociendo la prueba o última actuación que data de fecha 14 de julio de 2014, la cual demostraría que el proceso no estaba inactivo por más de seis meses.

Finalmente acusa que los jueces de Alzada desconocieron lo dispuesto en la SS.CC. Nº 1936/2010 que obligaría a los jueces a no dar curso a la perención de instancia cuando el plazo fue interrumpido con una actuación judicial, así como el hecho de que habrían desconocido el Auto Supremo Nº 45/2009 de fecha 06 de febrero de 2009, donde la Sala Plena habría señalado que la perención puede interrumpirse por el impulso procesal del demandado, volviendo el computo de la perención a cero.

Por lo expuesto solicita se case totalmente el Auto de Vista recurrido y por efecto se determine la prosecución del proceso, con costas.

De la respuesta al recurso de casación:

Refiere que el recurso de casación fue interpuesto sin ningún fundamento legal, pues si bien acusa que el Tribunal de Alzada habría incurrido en las causales inmersas en los incisos 2) y 3) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, empero la recurrente no habría demostrado ese extremo, pues los jueces de Alzada al dictar el Auto de Vista no habrían causado agravio a la parte actora, tampoco habrían incurrido en incongruencia o habrían violado leyes.

Asimismo señala que el proceso estuvo sin movimiento alguno desde el 19 de agosto de 2013 hasta el 17 de julio de 2014, cuyos actuados judiciales si fueron tendientes a la activación del proceso, y por el contrario los memoriales de mero trámite que fueron presentados en fecha 04-09-2013 y 14-07-2014 en las que la parte actora señaló nuevo domicilio procesal y solicitó fotocopias, no pueden ser considerados como actuados que activen el proceso, por lo que si se produjo la perención de instancia, así se tome en cuenta la fecha de estos memoriales de mero trámite.

Concluye señalando que en materia civil es de intereses de las partes dar al proceso el impuso procesal correspondiente, y que ante la inactividad, pasividad o desinterés de las partes por el tiempo que el art. 309 del Código de Procedimiento Civil establece, se constituye en una conclusión anormal del proceso que evidentemente no opera de ipso facto, pues para su procedencia debe existir una resolución judicial que puede ser dictada de oficio o a pedido de parte.

Por lo expuesto solicita se dicte Auto Supremo declarando infundado el recurso de casación, con expresa condenación de costas.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la perención de instancia:

Sobre el particular este Tribunal Supremo de Justicia, entre otros Autos Supremos, emitió el A.S. Nº 970/2015 de 27 de octubre, donde razonó que: “Ahora bien, siendo el tema en debate la perención de instancia, corresponde analizar dicho instituto en relación al presente caso y conforme al principio de verdad material acorde al art. 180 I de la Constitución Política del Estado, para lo cual citamos el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, que señala: “I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el juez, de oficio o a petición de parte, y sin más trámite declarara la perención de instancia, con costas. II.- El plazo computara desde la última actuación”.

Acudiendo a la doctrina sobre el instituto en análisis CHIOVENDA señala: “anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal.”

Asimismo LINO PALACIO expresa: “inactividad procesal genérica, consiste en que durante determinados plazos legales, sobrevengan la inacción absoluta tanto de las partes,”… “cuanto del órgano judicial. Frente a ese hecho las leyes procesales instituyen un modo anormal de extinción de la pretensión y por lo tanto del proceso denominado caducidad o perención de instancia.”

Del espíritu de la norma y doctrina citada, se puede concluir que si bien el proceso es considerado teleológico, porque, tiene por finalidad llegar a una Sentencia empero, si las partes, realizaren un evidente abandono de la causa dentro de un periodo donde les corresponde a ellos el impulso procesal, la norma sanciona a las partes por esta actitud, debido a que el proceso no puede quedarse en un estado de inercia procesal, es por este motivo, que el legislador ha establecido la perención de instancia como una forma de conclusión extraordinaria del proceso.

Teniendo en claro la esencia de este instituto jurídico, corresponde reiterar que para la procedencia del mismo, este Tribunal a través de diferentes fallos ha establecido la concurrencia de requisitos para su procedencia, como ser: la Instancia, Inactividad procesal y Transcurso del plazo, y para la efectivización de las mismas debe existir pronunciamiento expreso de perención, en ese contexto se dirá también que la instancia es entendida como cada una de las etapas o grados del proceso dentro de nuestro ordenamiento jurídico, iniciando la instancia con la admisión de la demanda actuado a partir del cual, en aplicación del principio dispositivo es deber de las partes buscar el impulso procesal. Inactividad procesal entendida como la ausencia o abandono de los sujetos procesales dentro de una causa. Transcurso del plazo, tal cual manda el art. 309 del Código Procedimiento Civil de 6 meses.

Y como se expresó debe existir una declaración judicial expresa de perención de instancia, bajo el entendido de que la misma no opera -ipso facto- es decir que no opera de hecho sino ipso Jure- es decir y valga la redundancia debe existir una resolución judicial que la determine.

Cabe sin embargo señalar, que si bien la perención de instancia pone fin al proceso, no afecta a la acción, conforme dispone el art. 311 del Código Adjetivo Civil “La perención de instancia no importara la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido este plazo la acción quedara extinguida.” 

Ahora bien, respecto a los requisitos que hacen a la perención de instancia, corresponde hacer hincapié en la inactividad procesal, que como ya se señaló supra es entendida como el abandono o ausencia de los sujetos procesales en una determinada causa por el plazo que la Ley establece, sin embargo es posible que se produzca la interrupción del plazo que ocasiona la perención de instancia, cuando se produzca una petición interpuesta por las partes o una actuación del Órgano Judicial, cuyo efecto y consecuencia sea el impulso del proceso, en otras palabras, para que se produzca la interrupción de la perención, estos actuados deben tener como objetivo la continuidad del proceso hasta lograr su conclusión.

De esta manera, con relación a la interrupción de la perención, este Tribunal Supremo de Justicia asumió una postura, que se ve reflejada en varios Autos Supremos como el Nº 473/2012 de 03 de marzo, 134/2014 de 10 de abril, 220/2015 de 06 de abril y 611/2015 de 3 de agosto, donde se señaló que los actos que interrumpen la perención de instancia, son todos aquellos memoriales o solicitudes que tienen por fin inmediato dar continuidad a la causa, es decir, que ese actuado procesal debe estar orientado a que el proceso continúe la dinámica procesal, razón por la cual deben tener una petición que importe el desarrollo del proceso o que tienda a generar alguna incidencia relativa a esta.

De lo expuesto se advierte que no todos los memoriales o solicitudes que se hagan dentro del proceso implican continuidad a la causa  por ende no interrumpen el plazo para la procedencia de la perención, pues el solo hecho de generar la presentación de cualquier memorial no atinente al impulso del proceso de acuerdo a su secuencia, como es una "solicitud de fotocopias", petición que no da luces a que el interesado quiera proseguir el desarrollo del proceso y por ende no incumbirá interrupción de la perención.

Sobre el particular, el tratadista Hugo Alsina indica entre otros aspectos que, la presentación de memoriales como el pedido de desglose de documentos, cambio de domicilio procesal, solicitud de fotocopias legalizadas, etc., no interrumpen la perención de instancia; similar criterio asume Enrique Lino Palacios, así como los doctrinarios nacionales Carlos Morales Guillén y Gonzalo Castellanos Trigo, toda vez que coinciden en cuanto a establecer que los actos procesales que no tengan por finalidad impulsar el proceso, no pueden considerarse idóneos para interrumpir la perención de instancia, tal como lo señala el Auto Supremo Nº 1071/2015-L de 17 de Noviembre que ha especificado lo siguiente: “…de ahí que los actos procesales para interrumpir a la Perención de instancia deben ser consecuentes a dinamizar el proceso mediante el impulso procesal, o sea, deben ser trascendentes a los fines de llegar a una Sentencia”.

Concordante con el razonamiento expuesto, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1724/2014 de fecha 5 de septiembre, donde señalo lo siguiente: III.4. Sobre la perención de instancia y sus efectos… En ese sentido, el art. 309 del CPC, señala: “I. Cuando en primera instancia el demandante abandonare su acción durante seis meses, el juez de oficio o petición de parte, y sin más trámite declarará la perención de la instancia, con costas; II. El plazo se computará desde la última actuación”. Para que exista perención de instancia debe existir inactividad procesal, por el transcurso de un plazo, y finalmente una resolución judicial que declare la misma; tomando en cuenta que la inactividad procesal se genera cuando las partes en un proceso no dan el impulso necesario a la causa, lo que lleva a la paralización total del trámite, ésta inactividad debe ser continua durante los plazos previstos ley. Referente a los efectos de la perención, el art. 311 del CPC, indica: “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido ese plazo la acción quedará extinguida”. El art. 312 de la misma norma legal, refiriéndose a la extinción de la acción, menciona: “Si por segunda vez se declarare la perención, se entenderá extinguido el derecho pretendido”; por su parte, el art. 313, señala las causales de improcedencia de la perención de instancia en los siguientes casos: “1) Después de dictada la providencia de autos para sentencia; 2) En los procesos posesorios, voluntarios y ejecutivos; y, 3) En los de suspensión del proceso por acuerdo de partes y aprobada por el juez”. La jurisprudencia constitucional, al respecto mencionó: “Al cumplir todas las condiciones señaladas, es aplicable la perención de instancia, pudiendo ser declarada de oficio o a petición de parte ya que opera por solamente el transcurso del tiempo legal del abandono procesal y no se convalida con la actuación posterior de las partes. En ese sentido el Auto que emita el juez o tribunal, es un reconocimiento a la plena existencia de la perención de instancia que se produce de pleno derecho; sin embargo, existe una diferencia de fondo entre la primera instancia que el demandante abandone el proceso, porque dicha actuación sólo afecta el procedimiento y no afecta al derecho; vale decir, que no extingue la acción y la nueva demanda que se intente dentro del año siguiente -como establece la norma-, motivando la perención de instancia por segunda vez, se entiende por extinguido el derecho (art. 312 CPC) y el demandante ya no podría interponer otra demanda, quedando la Resolución con calidad de cosa juzgada”, así lo entendió la SCP 1427/2012 de 24 de septiembre.” (Las negrillas nos pertenecen).

Finalmente, en lo que respecta a los efectos de la perención, es preciso aclarar, que si bien el art. 311 del Código de Procedimiento Civil, norma con que fue tramitada la presente causa, indicaba que: “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Transcurrido ese plazo la acción quedará extinguida”, sin embargo con la vigencia plena del Código Procesal Civil, se tiene que la perención de instancia, ahora denominada como “extinción por inactividad”, procede por las causales expresamente señaladas en el art. 247 de dicho cuerpo normativo, pudiendo ser declarada de oficio o a petición de parte, dando lugar a que la autoridad judicial pronuncie Auto Definitivo declarando extinguido el proceso, resolución que solo puede ser recurrible en apelación, pudiendo la parte actora deducir nueva demanda, empero ya no dentro del año siguiente de ejecutoriado dicho Auto Definitivo, sino dentro de los seis meses siguientes, tal como lo dispone el art. 249 del Código Procesal Civil, plazo legal vigente y aplicable aun a los posteriores casos que se hubiesen declarado la perención en el Código de Procedimiento Civil, debido a la realidad obvia del periodo de transición.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

De los reclamos que fueron expuestos en el recurso de casación se advierte que los mismos están orientados a cuestionar la perención de instancia que fue declarada por el Juez de la causa y confirmada por el Tribunal de Alzada, toda vez que la recurrente denuncia que la última actuación fue de fecha 14 de Julio de 2014 y el Auto que declaró la perención de instancia de fecha 18 de Julio del mismo año, lo que demostraría que el proceso habría estado inactivo por cuatro días y no por más de seis meses como dispone el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, de igual forma refiere que los Jueces de Alzada no habrían cumplido con lo dispuesto en la SS.CC. Nº 1936/2010, pues antes de haber sido declarada la perención, el proceso se reactivó con la presentación del memorial de fecha 14 de Julio de 2014, actuado que habría interrumpido la perención volviendo el cómputo a cero.

En virtud a lo expuesto, y conforme a la revisión de los actuados que cursan en el expediente, corresponde a continuación realizar las siguientes consideraciones:

Por  memorial cursante de fs. 370 a 373 y vta., en fecha 04 de Julio de 2011 Wilma Candia Callaù interpuso demanda de ordinarización o revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo, cancelación de anotación preventiva e hipoteca judicial, más el pago de daños y perjuicios, proceso que lo interpuso contra la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz (FINDESA S.A.M. en liquidación).

Admitida que fue la demanda y puesta en conocimiento de la parte demandada, en fecha 31 de agosto de 2011, por memorial que cursa de fs. 384 a 387 y vta., subsanada por memorial de fs. 389 de fecha 8 de septiembre de 2011, Alex Justiniano Schwarm y Ramón Darío Ibáñez Calderón, en su calidad de representantes legales de la Financiera de Desarrollo de Santa Cruz S.A.M. en liquidación, interpusieron excepciones y contestaron a la acción principal, de igual modo en dicho memorial interpusieron acción reconvencional. 

En razón a dichas acciones, y cumplidos los trámites de rigor respectivos, que dieron lugar tanto a la respuesta a la acción reconvencional como la interposición de excepciones contra esta, el Juez de la causa en fecha 25 de septiembre de 2012 pronunció el Auto donde estableció los puntos de hecho a probar por ambas partes (fs. 411 y vta.).

En ese entendido, en obrados cursa el memorial de ofrecimiento de prueba de cargo presentado por la parte actora que data de fecha 10 de mayo de 2013 (fs. 415 a 416), como el ofrecimiento de prueba de la parte demandada de fecha 14 de mayo de 2013 (fs. 508 a 509).

Seguidamente, la parte actora, en fecha 15 de agosto de 2013 presenta memorial donde refiere que adjunta prueba ofrecida, que mereció el decreto de fecha 19 de agosto de 2013 cursante a fs. 515, donde el Juez de la causa observando el mismo ordenó se dé cumplimiento a lo establecido por el art. 92-IV del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, pese a la observación realizada por el Juez A quo, la parte actora en fecha 4 de septiembre de 2013 presentó memorial donde hace conocer que cambió de domicilio procesal (fs. 516), actuado que dio lugar a que el Juez emita el decreto de fecha 06 de septiembre de 2013 donde dio por señalado el mismo. Posteriormente, se puede advertir que el siguiente actuado que cursa en obrados es un memorial de fecha 14 de Julio de 2014, donde la parte actora solicitó fotocopias legalizadas de todo el expediente, petición que fue admitida por el Juez de la causa mediante decreto de fecha 15 de Julio de 2014 (fs. 518 vta.).

Finalmente se advierte que de manera posterior al actuado de fecha 14 de Julio de 2014, citado supra, la parte demandada por memorial de 17 de Julio de 2014 solicitó la perención de instancia, en virtud al cual el Juez emitió el Auto Definitivo de fecha 18 de Julio de 2014, donde consideró al proveído de 19 de agosto de 2013 como el último actuado procesal valido tendiente a activar el trámite, declarando en consecuencia la perención de instancia en dicho proceso.

Apelada que fue dicha Resolución Definitiva por la parte actora, mereció el Auto de Vista cursante a fs. 546 y vta., que confirmó en todas sus partes la referida Resolución.

En virtud a dichas consideraciones, así como a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable, se infiere que la administración de justicia no solo incumbe a los operadores de justicia, quienes tienen la obligación de que el proceso se desarrolle con el debido impulso procesal, esto en razón a que uno de los principios que rige la jurisdicción ordinaria es precisamente el acceso a una justicia pronta y oportuna (celeridad procesal), sino también a las partes litigantes, toda vez que son estas quienes, bajo el principio dispositivo que rige el proceso civil, deciden cuando y en qué momento iniciar, proseguir o concluir con un proceso.

De esta manera una vez admitida la presente demanda, es decir aperturada la instancia, las partes litigantes asumieron derechos y también obligaciones, entre estas últimas, encontramos la realización de actos procesales que debieron producir dentro de los plazos que la ley establece, actuados que debieron tener como característica el impulso procesal, toda vez que esta es la única que asegura continuidad para que el proceso avance hasta la emisión de una Sentencia; en esa lógica, se deduce que si bien resulta evidente que la parte recurrente presento un memorial en fecha 14 de Julio de 2014, donde solicitó fotocopias legalizadas de todo el expediente, y que a su criterio este debe ser considerado como el último actuado procesal a partir del cual debía computarse nuevamente el plazo previsto en el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, ya que se habría interrumpido la perención de instancia, sin embargo, como ya se señaló en la doctrina aplicable al caso, no toda solicitud o memorial interrumpe la perención de instancia, pues para que esto ocurra el actuado procesal debe estar orientado a que el proceso continúe la dinámica procesal, de esta manera se concluye que el memorial de fecha 14 de julio de 2014 cursante a fs. 518 que mereció el decreto de fecha 15 de Julio del mismo año, no puede ser considerado como un actuado que interrumpa la perención de instancia, pues la solicitud de fotocopias legalizadas, así como el memorial de 4 de septiembre de 2013, donde la recurrente hizo conocer que cambio de domicilio procesal, no están catalogados como actos que permitan dar continuidad a la causa y por ende no repercuten en esta, resultando en consecuencia correcto el análisis vertido por los jueces de instancia, puesto que el memorial de fecha 15 de agosto de 2013 donde la parte recurrente presentó prueba ofrecida, que si bien fue observada por el juez de la causa, es el último actuado procesal que tiene como característica el impulso procesal, fecha a partir de la cual correctamente se computó el plazo establecido en el art. 309 del Código de Procedimiento Civil, y al no ser interrumpido este cómputo, por las razones ya expuestas,  con la presentación de los memoriales de fecha 4 de septiembre de 2013 ni por el de fecha 14 de julio de 2014, correspondía la declaración perención de instancia, pues desde el 15 de agosto de 2013 al 17 de julio de 2014, cuando la parte demandada solicitó la perención de instancia, transcurrieron más de seis meses de inactividad procesal, no existiendo en consecuencia incumplimiento a lo establecido en la SS.CC. Nº 1936/2010, pues, valga la redundancia, el proceso no fue reactivado con la presentación del memorial de fecha 14 de Julio de 2014, por no tener como finalidad que el proceso continúe.

Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la parte recurrente que tiene el plazo de seis meses para interponer la nueva demanda, toda vez que, como ya se señaló en la parte in fine de la doctrina legal, el Código Procesal Civil se encuentra en vigencia plena desde el 6 de febrero del presente año, y por consiguiente sus efectos posteriores.

Consiguientemente, en virtud a las razones expuestas, corresponde emitir fallo conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código de Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de 557 a 559 y vta., interpuesto por Wilma Candia Callaù, contra el Auto de Vista N° 71/2015 de fecha 30 de marzo, cursante a fs. 546 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán