TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                              S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 871/2016

Sucre: 25 de julio 2016

Expediente: PT-39-15-S

Partes: Luis Santos Anza Tejerina. c/ Mario Tejerina Gonzales.

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble.

Distrito: Potosí.


VISTOS: El recurso de casación en el fondo cursante de fs. 105 a 109, interpuesto por Ernesto Cáceres Arce en representación de Luis Santos Anze Tejerina, contra el Auto de Vista No 133/2015, de fecha  3 Julio de 2015, cursante de fs. 101 a 102 vta., pronunciado por la Sala Civil  y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de Reivindicación, desocupación y entrega de inmueble seguido a instancia de Luis Santos Anza Tejerina contra Mario Tejerina Gonzáles, la concesión del recurso de fs. 113, los antecedentes del proceso; y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Tramitado el proceso, el Juez de Partido Mixto Liquidador y de Sentencia de Uyuni -Potosí, de fs. 62 a 65 vta., pronunció Sentencia 003/2014, de fecha  5 de mayo de 2014 por la cual  declaró: IMPROBADA la demanda de reivindicación, desocupación y entrega de bienes inmuebles de fs. 14-15 vta., de obrados,  incoada por Luis Santos Anza Tejerina por medio de su apoderado Ernesto Cáceres Arce en contra de Mario Tejerina Gonzales.


Contra la referida Sentencia Ernesto Cáceres Arce en representación de Luis Santos Anza Tejerina interpuso recurso de apelación cursante de fs. 67 a 68 en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronuncio Auto de Vista Nº 133/2015, de fecha 3 de julio de 2015, cursante de fs. 101 a 102 vta., de obrados por el CONFIRMO  la Sentencia Nº 003/2014 de fecha 5 de mayo de 2014 con los siguientes fundamentos: Si bien resulta evidente el derecho propietario del demandante; sin embargo, conviene referir que la reivindicación exige que el propietario demandante, justifique el fundamento de su propio derecho, es decir, su mejor derecho con respecto al poseedor Mario Tejerina Gonzales  que conforme el Auto de relación procesal se ha puntualizado además que Jacinto Apaza Aza Choque dejo en calidad de cuidador a Mario Tejerina Gonzales, la casa sita en calle Bolívar y Litoral  con una superficie de 280 m2., y el huerto con una superficie de 746 m2., en ese sentido es evidentes que se desconoce que si efectivamente es detentación precaria del demandado, por encontrarse en posesión dichos bienes, por cuanto tampoco se ha acreditado por parte del demandante este extremo, al margen de considerar que la propiedad, si correspondía a Jacinto Anza Choque, porque este aparentemente le hubiera dejado al demandado como cuidador de dichos predios, pero se aclara que quien fuera propietario es Donaciano Anza Delgado; reiterando que algunos elementos no han sido debidamente acreditados por el demandante, no existe la certeza concreta, si el demandado realmente se constituye en poseedor precario o detentador a nombre del hermano del demandante o de su señor padre. Aunque este extremo pudo acreditarse por otros medios legales no hay nada al respecto. El fundamento valedero radica en el presente caso de que la cosa ajena no ha sido entregada por el demandante sino por su hermano Jacinto Anza Choque, para que la cuidara, no se conoce porque tiempo, tampoco se demuestra la situación de su hermano si esa obligación compro o no el demandado. En el caso de Autos las conclusiones a las que ha arribado el Juez A quo en la valoración de las pruebas, constituyen la veracidad de lo actuado, de acuerdo al art. 1283, 1286 del Código Civil y 307 y 476 del Código de Procedimiento Civil. Que al pronunciar la Sentencia que ahora es apelada no ha incurrido en equivocación manifiesta en la apreciación y valoración de la prueba, principalmente respecto a la prueba literal; empero al no haberse acreditado otros aspectos colaterales exigidos en la relación procesal no se ha determinado cabalmente que el demandante sea un detentador precario respecto al demandante, en razón de haberse argüido que Jacinto Anza Choque le entregó para que cuidara dichos predios y que asimismo Donaciano haya ejercido actos de dominio de posesión y dominio hasta sus fallecimiento, situación que no se ha demostrado. 


En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Luis Santos Anze Tejerina interpuso recurso de casación en el fondo, cursante de fs. 105 a 109, el mismo que se pasa a analizar:


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


1.-Citando jurisprudencia respecto a la reivindicación el recurrente denuncia que ha cumplido con demostrar que es propietario del bien inmueble huerto sito en la localidad de San Pablo de Quemes con una superficie de 746 m2., a través de la Escritura Pública Nº 295/2006, y del inmueble ubicado en la esquina de las calles Litoral y Bolívar de la Localidad de San Pedro de Quemes, con una extensión superficial de 280 m2., (Escritura Publica 301/2006) y el Auto de Vista no obstante reconoce este derecho propietario, pretende que demuestre mejor derecho con respecto al poseedor Mario Tejerina Gonzáles, porque le hubiera dejado sus propiedades en calidad de cuidador, en ese sentido no ha demostrado que haya sido privado contra su voluntad de la posesión de esos bienes, afirmación que demuestra una total contradicción e interpretación errónea del art. 1453 del Código Civil, porque tampoco es necesario probar que su persona habría estado en posesión y que habría sufrido despojo para demandar la reivindicación.


2.- Acusa la violación, interpretación errónea del art. 1453 del Código Civil y de consiguiente han sido violados los arts. 1283 y 1296 del mismo Código y 397 y 475 del Código de Procedimiento Civil, transgrediendo además el art. 105 del Código Civil y los arts. 56.I y 116.II de la Constitución Política del Estado que si bien no están señalados en el Auto de Vista, guardan relación con la fundamentación del presente recurso.


Concluye su recurso solicitando casar el Auto de Vista y declarar probada la demanda de reivindicación. 


De la Respuesta al Recurso de Casación.


No existe respuesta al recurso de casación

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- De la carga de la prueba.

Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen  quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos  naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”.

Ahora bien, dicho autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme  a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo de 2015,  que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….”

III.2.- Sobre la confesión judicial.

Eduardo Carlos Centellas Ramos en su libro “La prueba judicial en el Nuevo Código Procesal Civil Ley Nro. 439 Segunda parte Editorial Olimpo hace referencia a lo que se entiende por confesión “Usualmente se denomina confesión dice De Santo “la declaración de las partes y testimonio de terceros, no obstante la parte que declara rinde en realidad un testimonio. Existe testimonio cuando el hecho por probar llega a conocimiento del juez por el relato oral de una persona. Si dicho relato está consignado en un escrito acota este autor la prueba es documental pues contiene también una declaración o testimonio de una persona que llega al juez por la vía indirecta del documento”

En el lenguaje usual, acota Morales Guillen confesión es el reconocimiento de un hecho propio. En su acepción jurídica es la manifestación o declaración que la parte hace para reconocer, en todo o en parte, la existencia de un hecho jurídico o reconocer un derecho a favor de otra (…) se dice que es tácita cuando se desprende del silencio o de las evasivas ante la afirmación o imputación directa de un hecho(…) expresa la que se hace explicita clara y positivamente sobre el hecho que se confiesa, simple la que manifiesta llanamente el hecho confesado. Cualificada la que junto con el hecho expone la razón  o causa de éste y las circunstancias relacionadas con el mismo.

El art. 156 del Código Procesal Civil establece los alcances de la confesión, refiriendo que existe confesión cuando la parte admite total o parcialmente la veracidad de un hecho personal o de su conocimiento, desfavorable a su interés o favorable a su adversario.

Para el autor boliviano Eduardo Carlos Centellas Ramos esta prueba es considerada como la prueba más completa, bastaba por si sola para considerar acreditados los hechos litigados, sin buscar más elementos de juicio. Ante estos hechos se dice en nuestro lenguaje jurídico “a confesión de partes relevo de prueba o la confesión es la madre de todas las pruebas”.

Según el art. 403 del Código de Procedimiento Civil hay dos clases de confesión: la judicial, que podrá ser provocada o espontánea y la extrajudicial, la confesión judicial será provocada cuando una parte la hiciera en virtud de petición expresa y conforme a interrogatorio de la otra parte o dispuesta por el Juez con juramento y las formalidades establecidas por Ley y será espontánea la que se hiciera en la demanda, contestación o en cualquier otro acto del proceso y aún en ejecución de Sentencia, sin interrogatorio previo, en este último caso importará renuncia a los beneficios acordados en dicha Sentencia.

De igual forma  el art. 157 del Código Procesal Civil se refiere a dos clases de confesión la confesión judicial la que podrá ser provocada o espontánea y la extrajudicial. La confesión judicial es aquella prestada en el curso del proceso ante el Juez competente a petición expresa de las partes y la confesión extrajudicial es la prestada por el confesante fuera del proceso, puede ser ofrecida en juicio por la parte. La confesión judicial espontánea es aquella prestada voluntariamente por el confesante sea en la contestación a la demanda o en cualquier otro acto.

III.3.- Sobre la reivindicación.

El art. 1453 del Código Civil establece: “I.- El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o detenta. II.- Si el demandado después de la citación por hecho propio cesa de poseer o detentar la cosa, está obligado a recuperarla para el propietario o, a falta de esto, a abonarle su valor  y resarcirle el daño”

En ese sentido el artículo de referencia establece que por esta acción el propietario que ha perdido la posesión puede reivindicarla de quien la posee o detenta, siendo el legitimado activo el propietario que cuente con derecho propietario debidamente registrado respecto al inmueble del cual pretende su reivindicación, asimismo el propietario debe demostrar que un tercero se encuentre en posesión de su bien inmueble, sin contar con derecho propietario que respalde su posesión, pudiendo dirigirse esta acción contra un simple poseedor o detentador que no tiene ningún título.

Al respecto en el Auto Supremo No 60/2014, de fecha 11 de marzo de 2013 se orientó: El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee. La reivindicación es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.


El autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señala que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”


Conforme lo señalado podemos advertir que el art. 1453 del Código Civil al imprimir que ésta acción le hace al “propietario que ha perdido la posesión” pone de manifiesto que el legitimado activo es el propietario del bien para accionar la reivindicación, siendo necesario que para reivindicar acredite el derecho de propiedad, y es éste derecho que le permite usar, gozar y disponer de la cosa, por imperio del art. 105 del sustantivo de la materia, derecho que le confiere a su titularla posesión civil o jus possidendi y la natural o corporal o jus possesionem, esta última puede o no ser ejercida por el propietario.


Siguiendo con el análisis de este instituto jurídico en el Auto Supremo No 44/2015 de fecha 26 de enero de 2015 se estableció: “Es  importante aclarar que en  la acción de reivindicación se debe probar el derecho propietario y  demostrar también que otras personas que no tienen la propiedad del bien,  se encuentren en posesión del inmueble. Al respecto Gonzalo Castellanos Trigo  en su libro posesión, usucapión y reivindicación  edición 2011 establece  “Que el derecho propietario es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de la cosa. Puede el propietario, además ejercer las acciones tendentes a mantener el derecho, el cual por su naturaleza conlleva “la posesión” emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal  o natural del bien, habida cuenta de que tiene la “posesión civil” que está integrada por sus elementos “corpus” y “animus” Generalmente el propietario  aun cuando no esté en posesión natural o actual de su inmueble puede perder la posesión o tenencia misma por acción de terceros como ocurre, por lo que sería una utopía la acción reivindicatoria si acaso se le exigiese la posesión previa o anterior a la eyección, desconociéndose el concepto de dominio y la posesión misma que le confiere al propietario de usar y gozar del bien . De ahí que la acción reivindicadora esta acordada al propietario cuando ha perdido la posesión corporal de su inmueble en manos de un tercero”


El Auto Supremo 786/20015-L  orientó respecto a los presupuestos necesarios para esta acción refiriendo: “La doctrina orienta que tres son los presupuestos para la procedencia de la acción reivindicatoria: ¡) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar, 2) Que esté privado o destituido de ésta 3) que la cosa se halle plenamente identificada ; respecto a esta acción real, la uniforma jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, que es compartida por este tribunal Supremo expreso con claridad que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al “ propietario que ha perdido la posesión de una cosa, y que el derecho propietario por su naturaleza conlleva la “posesión” emergente del derecho mismo”.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Siendo que el reclamo central del recurso de casación se centra en la vulneración del art. 1453 del Código Civil así como del art. 105 del Código Civil  habiendo el recurrente  probado su derecho propietario respecto a los bienes inmuebles y en virtud a ello correspondía la reivindicación y declarar probada la demanda.

En ese sentido y conforme la doctrina aplicable en punto III.2  diremos que la acción de reivindicación está establecida para el propietario que ha perdido la posesión del bien inmueble que pretende reivindicar,  derecho propietario que otorga a este el corpus y el animus habida cuenta que tiene la posesión civil, así como demostrar que otras personas se encuentran en posesión de los bienes que pretende reivindicar en el caso en examen el demandante ha demostrado que cuenta con derecho propietario de los bienes inmuebles que pretende reivindicar,  derecho propietario que el recurrente ha demostrado por la Escritura Pública Nº 295/2006, de fecha 21 de septiembre de 2006, cursante de fs. 3 a 7 vta., de obrados, de adjudicación de bien inmueble huerto sito en la calle innominada de la Localidad de San Pedro de Quemes, con una superficie de 746 m2., y por la Escritura Publica Nº 301/2006, cursante de fs. 9 a 13 vta. de adjudicación de lote de terreno ubicado en la esquina de las calles Litoral y Bolívar de la Localidad de San Pedro de Quemes, con una extensión superficial de 280 m2., derechos propietarios que se encuentran debidamente registrados en Derechos Reales de Uyuni, sin embargo los de instancia han declarado improbada la demanda esencialmente porque el demandante no ha demostrado con prueba alguna  que el demandado estuviera en posesión del bien inmueble, así como esa posesión fuera precaria o en calidad de simple detentador y si bien es cierto que a las partes les corresponde durante el proceso probar los hechos que sustentan la demanda conforme la doctrina aplicable en punto III.1, no es menos evidente que estando acreditado el derecho propietario del demandante este ha cumplido con el principal presupuesto para que proceda esta acción demostrar el derecho propietario que ostenta respecto a los bienes inmuebles.

De la revisión del proceso se evidencia que no existe prueba abundante respecto a la posesión del demandado sobre los bienes de los cuales se pretende la reivindicación, empero en el proceso existe memorial de respuesta al recurso de apelación cursante de fs. 78 a 80 en el que el demandado reconoce: “ “existe desposesión de los bienes inmuebles, la misma que sería de parte de Jacinto Anza Choque, Juan Anza Choque y Natalio Anza Choque y que él sería el encargado de cuidar cuando estos se ausentan al lugar de Pajancha que es su estancia ubicado a cuarenta kilómetros de la comunidad de San Pedro de Quemes” confesión judicial espontánea que tiene el valor legal al tenor del art. 404-II  y 1286 del Código Civil y  arts. 397 del Código de Procedimiento Civil y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2 la misma es la prueba más completa, bastando por sí sola para acreditar los hechos litigados y en mérito a esta prueba se evidencia que el demandado se encuentra en posesión de los bienes inmuebles y que se encuentra además en calidad de cuidador de los mismos, estando demostrado que el demandado se encuentra en posesión de los bienes inmuebles, en ese sentido se evidencia que en el proceso se ha demostrado que el demandante cuenta con derecho propietario sobre los bienes que pretende reivindicar y que el demandado se encuentra en posesión de los mismos, estando cumplidas las condiciones para que proceda la reivindicación, figura jurídica que conforme la doctrina aplicable en el punto III. 3 es una acción real, que tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular.

Asimismo debemos decir que el propietario que solicita la reivindicación no necesita demostrar que éste haya estado en posesión y que haya perdido la misma para que proceda la acción, porque el propietario por el solo hecho de tener el derecho propietario debidamente registrado cuenta con el corpus y el animus, razón por la cual no es preciso demostrar que haya estado en posesión y que se hubiera producido la eyección.

Con relación a la interpretación errónea del art. 1453 del Código Civil realizada por el Tribunal de Alzada, debemos decir que Tribunal Ad quem no considero que conforme la doctrina expuesta en el punto III.3 los requisitos que hacen procedente la acción reivindicatoria en el caso que se analiza  se han cumplido: 1.- demostrar que el demandante cuenta con derecho propietario debidamente registrado en Derechos Reales de la cosa a reivindicar.- 2.- que este privado o destituido de ésta y 3.- Que la cosa se halle plenamente identificada, en el caso

que se analiza el demandante ha probado los tres requisitos para que proceda dicha acción razón por la cual corresponde a este Tribunal conceder la restitución de los bienes inmuebles de los cuales del demandante es propietario 

Finalmente sobre la vulneración de los arts. 105 del Código Civil  diremos que la acción de reivindicación se reserva precisamente al propietario que ha perdido la posesión del bien de su propiedad, siendo el primer requisito para la procedencia de  la referida acción, la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda esto tiene estrecha vinculación con el art. 105 del Código Civil porque la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil y la natural o corporal, esta última puede ser ejercida o no por el propietario y ciertamente al no otorgar la reivindicación que  al demandante que ha demostrado derecho propietario sobre los bienes de los cuales se pretende su reivindicación se está vulnerando el ejercicio del derecho propietario del demandante y la defensa de ese derecho.

Asimismo el art. 56.I de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho que tiene toda persona a la propiedad privada individual siempre que esta cumpla una función social, en ese sentido la persona que cuente con derecho propietario sobre un determinado bien inmueble se encuentra protegido en el ejercicio de su derecho propietario, siempre que esta cumpla una función social.

Por lo expuesto corresponde a Tribunal resolver conforme señala el art. 220.IV  del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 41 y 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA el Auto de Vista Nº 133/2015, de fecha 3 julio de 2015, cursante de fs. 101 a 102 vta., pronunciado por la Sala Civil  y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y dispone la reivindicación, desocupación y entrega de los bienes inmuebles referidos en la demanda huerto con una superficie de 746 m2., ubicado en la Localidad de San Pedro de Quemes, en calle innominada de acuerdo a los datos señalados en el testimonio de Escritura Pública Nº 295/2006 y casa ubicada en la calle Bolívar y Litoral de la Localidad de San Pedro de Quemes con una superficie de 280 m2., de acuerdo a los datos señalados en el testimonio de Escritura Pública 301/2006 en favor del demandante, sea en el plazo de 30 días a partir de su legal notificación, bajo alternativa de disponerse, el mandamiento de desapoderamiento con auxilio de la fuerza pública. Sin costas ni costas por no existir respuesta al recurso.

Siendo excusable el error no se les impone multa a los vocales signatarios del Auto de Vista.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relatora: Mgda. Dra. Rita Susana Nava Duran.