TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 858/2016                                                                         Sucre: 20 de julio 2016                                                                 Expediente: LP 160 15 S                                                                 Partes: Nicolasa Merlo de Romero c/ Clímaco Flores Lira                                   Proceso: Reivindicación y pago de daños y perjuicios                                   Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 405 a 408 y vta., formulado por Clímaco Flores Lira, en contra del Auto de Vista signado con Resolución Nº S-94/2015 de 10 de marzo, que cursa de fs. 384 a 386 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de reivindicación y pago de daños y perjuicios seguido por Nicolasa Merlo de Romero en contra del recurrente, la concesión de fs. 418, los antecedentes procesales; y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

La jueza de Partido Octavo en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia signada con Resolución Nº 201/2014 de 13 de agosto, que declara improbada la demanda principal de fs. 8 a 9 sobre reivindicación, posesión restitutoria, pago de daños y perjuicios, frutos civiles, daño emergente y lucro cesante; asimismo declaró probada en parte la demanda reconvencional en relación a la acción negatoria e improbada en relación al pago de daños y perjuicios, frutos civiles y morales, daño emergente y lucro cesante, así como la demanda de usucapión decenal; también declaró improbada la excepción perentoria de falta de acción y derecho, formulado por Clímaco Flores Lira en fs. 62 a 66, como consecuencia de lo asumido declara la “inexistencia de ningún derecho de propiedad”  de Nicolasa Merlo vda. de Romero sobre predios que forman pare de la Urbanización El Faro ubicado en la zona de Achumani a lo largo de la Av. Alexander entre las calles 14 y 23, de propiedad de Clímaco Flores Lira.

Apelada la Resolución de primera instancia se emite el Auto de Vista de fs. 384 a 386 y vta. que anula obrados hasta fs. 347 vta. y dispone que la Juez pronuncie nueva Sentencia, bajo el fundamento de que efectúa una revisión de oficio, conforme al art. 17.I de la Ley Nº 025, cita el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y señala que se debe emitir fallo de fondo debe guardar relación con los antecedentes de proceso y sobre los hechos establecidos en la relación procesal describe el principio de congruencia citando las Sentencias Constitucionales Nº 486/2010-R de 5 de julio y 863/2003-R de 25 de junio, y el Auto Supremo Nº 514/2012 de 14 de diciembre; refiere que la actora expone su pretensión en la reivindicación y posesión restitutoria de la superficie de 1.700 m2., y no en los 5.700 m2., y 7.700 m2., cuyas superficies son antecedentes de la superficie demandada y la jueza en el desarrollo de la parte considerativa y la parte dispositiva se incurrió en la infracción del principio de congruencia entre lo solicitado por la demandante y lo resuelto por el Juez, pues la única acción descrita es la acción negatoria de la reconvención sin entenderse la acción de reivindicación.

Asimismo describe en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado se encuentran la exigencia de la motivación, que es importante por su relevancia importancia, cita las Sentencias Constitucionales Nº 1054/2011 y Nº 2030/2010; manifiesta que en el punto 2do del considerando II, refirió que la actora no hubiera probado su derecho propietario, y en los hechos probados señaló que la actora hubiera adjuntado la tarjeta de propiedad como única prueba para demostrar su derecho propietario, sobre la cual el Tribunal de alzada refiere haberse generado contradicción, refiriendo que en la segunda parte del considerando II se señaló que la actora no ha demostrado su derecho propietario, asimismo señala que la falta de motivación pues la afirmación carente de sustento jurídico; asimismo sostiene que al presente resolución de primera instancia resulta ser distinta a su antecesor, en consideración al informe pericial que fue asimilada respecto a la ubicación, sin abarcar otros extremos como la contrademanda; asimismo manifiesta que conforme, al art. 192 del Código de Procedimiento Civil, la Resolución debe estar compuesta por la parte considerativa y resolutiva y sobre las excepciones opuestas declarando el derecho, condenando o absolviendo a los litigantes y concluye que la A quo no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 190 de Código de Procedimiento Civil.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Describe las peticiones del recurso de apelación y su respuesta, para señalar que se ha vulnerado el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al no haber resuelto sobre lo solicitado, cuando debió pronunciarse sobre la pretensión demandada estimando o desestimando la misma; asimismo señala que en relación al reconventor ha ignorado dichas pretensiones, pues se debió confirmar la sentencia refiriendo que el art. 253 del Código de Procedimiento Civil ha sido vulnerado, por contener disposiciones contradictorias, pues al anularse obrados, no solo se otorga validez a la tarjeta de fs. 4, sin considerar que la misma no tiene relación con el testimonio de fs. 5 a 7 sin pertinencia en metros y fecha, refiriendo que la propiedad se demostraría con la sola tarjeta de propiedad y no con título ejecutorial o folio real; refiere que el proceso tiene bastante tiempo.

Asimismo sostiene que se ha vulnerado los arts. 208, 209 y 204.III del Código de Procedimiento Civil, refiere que el sorteo del proceso fue efectuado el 9 de febrero de 2015 cuyo plazo feneció el 10 de marzo de dicha gestión, sin embargo de ello el proceso se puso a la vista en fecha 31 de marzo de la gestión 2015, pese de las reclamaciones hechas desde el 10 de marzo en base a las que se obtuvo los informes de fs. 387, 391 y 393; refiriendo que el expediente no salió de despacho el 10 de marzo, sino el 31 de marzo de 2015.

Señala que la Sentencia declara inexistente cualquier derecho de Nicolasa Merlo sobre la urbanización El Faro, de propiedad del Clímaco Flores Lira (Briko Ltda.), la apelación solicita se revoque la Sentencia, sin embargo de ello, el Tribunal de Alzada anula la Sentencia incurriendo en infracción de los arts. 236 y 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, la cual cuestionó sobre la congruencia cuando al fallo del A quo se encuentran motivada con claridad; asimismo señala que sobre la observación de los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado, refiere que estas normas tienen naturaleza penal y no civil.

Asimismo cita el art. 237 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que el Ad quem ha omitido pronunciarse en el fondo; también cita los arts. 252 y 90 del Código de Procedimiento Civil  y el art. 17 de la Ley Nº 025, refiriendo que los Tribunales deberán pronunciarse sobre lo solicitado en los recursos.

Por lo que solicita, se anule o se case el Auto de Vista.

La demandante en su contestación al recurso de fs. 412 a 417 señala que el Tribunal de Alzada anula obrados analizando los antecedentes y pruebas del proceso; refiere que de acuerdo al art. 171 de la ley Nº 025, los tribunales deben actuar de oficio; expone que el demandado Clímaco Flores Lira ha presentado después de pedir explicación y enmienda en aplicación del art. 239 del Código de Procedimiento Civil, que fue resuelta por Auto de fs. 399, con la que fue notificado el recurrente en fecha 6 de mayo de 2015 y el recurso fue presentado en fecha 15 de mayo de dicha gestión y cita el art. 257 del Código de Procedimiento Civil, y finaliza describiendo la potestad del Tribunal de apelación para negar la concesión del recurso de casación. 

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

III.1.- Sobre la declaración de la nulidad procesal:

En el Auto Supremo Nº 185/2016  de 03 de marzo, se ha señalado: “Del régimen de nulidades procesales.-

En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida”

III.2.- Sobre el cómputo de los plazos procesales:

En cuanto al cómputo de los plazos procesales, corresponde señalar que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, señala que ingresan anticipadamente desde la fecha de publicación del mencionado Código de 25 de noviembre de 2013- el sistema de cómputo de plazos procesales, incluidos los cómputos para los plazos en relación a medios de impugnación, previstos en los Artículos 89 al 95 del presente Código, entre otros institutos procesales. Ahora en el Código Procesal Civil se tiene el art. 90 de dicho cuerpo legal señala lo siguiente: “(COMIENZO, TRANSCURSO Y VENCIMIENTO)… II. Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de quince días, los cuales sólo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computarán los días hábiles y los inhábiles. III. Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el último día corresponde al día inhábil, el plazo quedará prorrogado hasta el primer día hábil siguiente…”, también el art. 91 del mismo cuerpo procesal en cuanto a la consideración de los días hábiles señala lo siguiente: “(DÍAS Y HORAS HÁBILES). I. Son días hábiles para la realización de actos procesales todos aquellos en los cuales funcionan los juzgados y tribunales del Estado Plurinacional. II. Son horas hábiles las correspondientes al horario de funcionamiento de las oficinas judiciales; sin embargo, tratándose de diligencias que deban practicarse fuera del juzgado, serán horas hábiles las que medien entre las seis y las diecinueve horas…”, las normas descritas tienen bastante claridad en cuanto al cómputo de los días hábiles cuando se trate de plazos menores a 15 días siendo los días hábiles de lunes a viernes exceptuando días feriados y no laborables.

III.3.- Sobre la pérdida de competencia:

Corresponde remitirnos a la jurisprudencia emitida por este Tribunal, así diremos que en el Auto Supremo Nº 503/2015-L de 2 de julio se ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, en relación a “la perdida de competencia del A quo”, corresponde referir que la línea jurisprudencial asumida por la ex Corte Suprema de Justicia en interpretación del Estado Liberal de derecho, en el caso de la pérdida de competencia de los Tribunales de instancia disponía la nulidad de la Resolución y la remisión de obrados al Juez o Tribunal siguiente en número a objeto de que se dicte nueva Resolución, criterio que ha sido también asumido por éste tribunal en el Auto Supremo Nº 194/2013 de 17 de abril; sin embargo, se debe aclarar que esta misma Sala del Tribunal Supremo de Justicia, en observancia de los nuevos principios que rigen la administración de justicia en el actual Estado Constitucional previstos en los arts. 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado, ha modulado el entendimiento asumido en dicha Resolución y como resultado de ello se tienen los A.S. Nº 336/2013 de 05 de julio, Nº 279/2014 de 06 de junio, y Nº 203/2015 de 26 de marzo, donde se dejó claramente establecido que la perdida de competencia por vencimiento del plazo para la emisión de la Resolución ya sea Sentencia o Auto de Vista, ya no es motivo de nulidad del fallo si esa situación no fue oportunamente reclamada al momento del vencimiento del plazo por las partes litigantes, sin que ello implique liberar de las sanciones y responsabilidades a los infractores que no cumplen con los plazos procesales, conforme a este nuevo entendimiento, la pérdida de competencia opera si en el momento de vencido del plazo, las partes reclaman de ese aspecto, y si no lo hacen consienten en que la Resolución sea emitida fuera de plazo, pues no resulta moral ni legal reservarse dicho reclamo ante un eventual e hipotético caso de que la Resolución sea desfavorable y recién activar el mismo…”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- El Tribunal de apelación, describe aspectos de incongruencia y falta de motivación en la Sentencia de primera instancia que fue sustento para pronunciar su fallo anulatorio. 

Sobre la falta de congruencia corresponde señalar que la misma debe ser de tal magnitud como para encontrar una disimilitud entre la parte considerativa y la parte resolutiva; en el caso de Autos el Tribunal de apelación refiere que la Juez señalaría hubiera tramitado un proceso sobre la restitución de una superficie de 1.700 m2., que devienen de una superficie anterior la misma que conforme a la demanda se entiende que es el remanente de una superficie inicial de 5.700 m2., e inclusive de una superficie de 7.700 m2., (renglón 17 y ss. de la foja 8), no se señaló que se debate la superficie inicial, sino la superficie remanente, como expone el Juez en su Sentencia, por lo que sobre este punto no existe incongruencia como señala el Tribunal de Alzada.

Otro de los argumentos que describe el Tribunal de apelación, es que existiría incongruencia respecto de no haberse emitido decisiones claras y precisas, respecto a la acción reivindicatoria, cuando en Sentencia la Juez hizo referencia desde la foja 353 a 355, en la que describió las razones por las que rechaza la acción reivindicatoria; por lo que en este punto el criterio del Ad quem resulta ser forzado para justificar la nulidad dispuesta en el Auto de Vista.

Respecto al argumento de los hechos probados en los que contrasta lo descrito en el considerando I num. 1) respecto a la tarjeta de propiedad  de fs. 4 con la que se señalaría haber acreditado el derecho de propiedad de la actora, que en criterio del A quem- no condice con el texto contenido en el inc. a) de fs. 352 vta., sin embargo de ello el Tribunal de Alzada no debió forzar dichas frases en forma individual, sino entenderlas conforme a la descripción efectuada en todo el contexto del fallo, pues la Juez a partir del último párrafo de la foja 353 vta., desglosa el porqué de su punto de vista de considerar que la actora no ha demostrado su derecho de propiedad sobre los 1.700 m2., que demandó por reivindicación; por lo que sobre este punto en análisis el criterio del Ad quem también resulta ser forzado.

Asimismo se debe señalar que en cuanto a la consideración de falta de motivación, el Tribunal de Alzada no expone sobre cuál de las pretensiones es que considera que no contiene “motivación”, pues en base al recurso, el Tribunal de Alzada y como “Tribunal de hecho”, se encuentra facultado para enriquecer la motivación efectuada por la Juez de primera instancia.

2.- Respecto a la acusación de que el Tribunal de apelación hubiera perdido la competencia;  corresponde señalar que en la doctrina aplicable se ha señalado que la perdida de competencia no opera de oficio, no opera de hecho, es necesaria la consideración de declaración de esa pérdida de competencia, para ello es que se ha desarrollado la jurisprudencia descrita, en sentido de que la parte debe acusar esa pérdida de competencia ante el mismo operador judicial; ahora en el caso de Autos se tiene que a fojas 380 se tiene la fecha de sorteo de expediente de 9 de febrero de 2015, posteriormente cursa en la foliación el Auto de Vista de 10 de marzo de 2015, conforme a las mismas se entiende que el proceso fue pronuncia dentro el plazo de los 30 días que señala el art. 204.III del Código de Procedimiento Civil; ahora considerando el argumento y justificativo del recurrente en sentido de que hizo su reclamo, se tiene el memorial de fs. 387 y vta., que tiene fecha de presentación  al primero de abril de la mencionada gestión, en ella se describe una petición de informe, cuando en el momento oportuno antes de la emisión del Auto de Vista -que el propio recurrente alega haberse emitido en fecha 31 de marzo debió presentar su petición de pérdida de competencia y alternativamente para fines de seguridad haber registrado el seguimiento en el libro de control de notificaciones que señala el art. 84.IV del Código Procesal Civil, registro que no es nuevo en el sistema procesal sino que la misma (control de notificaciones) ya se encontraba vigente de acuerdo al art. 135.II del Código de Procedimiento Civil, que fue introducido por la Ley Nº 1760, por lo que no se advierte la infracción acusada.   

3.- En cuanto a la contestación del recurrente, respecto a la presentación del recurso fuera del plazo; se debe señalar que a partir de la publicación de la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil de 25 de noviembre de 2013, conforme a su Disposición Transitoria Segunda ingresaron en vigencia anticipada el cómputo de plazos y conforme a los arts. 90 y 91 del Código Procesal Civil, entendiendo por ello que solo se computan días hábiles, como se explicó en el punto III.2 de la doctrina aplicable descrita precedentemente, lo que implica que el recurrente fue notificado con el Auto que rechaza la complementación y enmienda de fs. 399 en fecha 06 de mayo de 2015 (fs. 402) y posteriormente se presentó el recurso de casación en fecha 15 de mayo de 2015 (cargo de fs. 408 vta.) a los 7 días hábiles, descontando el sábado 9 y domingo 10 de mayo que no son hábiles, por lo que la acusación resulta ser infundada. En cuanto al resto de los argumentos de la contestación sobre lo razonado en el Auto de Vista, se debe señalar que la misma, no resulta ser evidente, en consideración a lo expuesto en el punto 1 de los fundamentos del presente fallo.

Correspondiendo dictar Resolución conforme determina el art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.III num.1) inc. c) del Código Procesal Civil ANULA, del Auto de Vista signado con Resolución Nº S-94/2015 de 10 de marzo, que cursa de fs. 384 a 386 y vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que dicha Sala dicte nueva Resolución en atención a lo dispuesto en el art. 265 del Código Procesal Civil, sin espera de turno y previo sorteo.

Sin responsabilidad por ser excusable el error incurrido.

De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 remítase una copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.