TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                         S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 855/2016

Sucre: 20 de julio 2016

Partes: Baleine Comercial INC., representado por Willman Jesús Duran Rivero.     c/ Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Expediente: SC-110-16-Com.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El Recurso de Compulsa de fojas 31 a 32 interpuesto por Baleine Comercial INC. representado por Willman Jesús Duran Rivero, contra el Auto de fecha 27 de junio 2016 cursante de fs. 29, del testimonio, pronunciado por Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario seguido Baleine Comercial INC. representado por Willman Jesús Duran Rivero contra Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida S.A., los antecedentes del testimonio y:

I.- ANTECEDENTES DEL TESTIMONIO DE COMPULSA:


Que, por Auto de Vista de fecha 1 de junio 2016 el Tribunal Ad quem (fs. 1 a 8 del testimonio) la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz confirma la providencia de fecha 1 de febrero del año 2016 y deja sin efecto las medidas precautorias.

Contra la referida resolución Baleine Comercial INC., representado por Willman Jesús Duran Rivero interpuso recurso de casación en el fondo de fs. 16 a 27 vta., del testimonio, memorial que previa sustanciación mereció el Auto de 27 de junio  2016, por el cual niega la concesión del recurso de casación al no estar contemplado entre las resoluciones contra las cuales procede el recurso de casación.

Por memorial de fs. 31 a 32 vta., del testimonio Baleine Comercial INC., representado por Willman Jesús Duran Rivero interpone recurso de compulsa.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE COMPULSA

Aduce que se hubiera negado la concesión del recurso de casación argumentando que no estaría contemplado entre las resoluciones contra las cuales procede, citando el art. 260.I del Código Procesal Civil y la Disposición Transitoria Quinta parágrafo I, Inc. a) del mismo cuerpo legal.

Y que el Tribunal Ad quem  al emitir el Auto que niega la concesión de su recurso no hubieran tomado en cuenta que su recurso se trata de un recurso de casación en el fondo y que la norma citada para negar la concesión de su recurso que el art. 260.I del Código Procesal Civil y la Disposición Transitoria Quinta parágrafo I inciso a)  y que estos preceptos no se adecuarían para la negación de su recurso de casación. 

Así también argumentan que no se hubiera tomado en cuenta que su recurso de ha presentado conforme a lo previsto en el art. 250  del Cogido de Procedimiento Civil con relación al art. 253 inc. 1) y art. 255 inc. 3) del adjetivo civil y que esas disipaciones legales hacen viable su recurso de casación.

Y finalmente al amparo de lo previsto en el art. 283 inc. 3) y art. 288 del Código de Procedimiento Civil aplicable al presente caso hace anuncio al de recurso de compulsa.

Solicitando en definitiva declarar legal el recuso de compulsa y conceder el recurso de casación.


III.- DOCTRINA  APLICABLE AL CASO:


III.1- Del Recurso de compulsa y sus alcances.


En principio se debe hacer referencia a la previsión contenida en el artículo 279 (Procedencia) del Código de Procesal Civil establece: “El recurso de compulsa procede por negativa indebida del recurso de apelación o del de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponda, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso”.

Dentro de ese contexto, se debe referir que los alcances y la competencia del Tribunal que conoce la compulsa, ha de circunscribirse únicamente a verificar si la negativa de la concesión del recurso es legítima o no, para ello deberá tomar en cuenta la regulación que prevé la ley procesal en función a la naturaleza del proceso, las resoluciones pronunciadas dentro del mismo y otros aspectos de carácter estrictamente procesal que hacen al régimen de las impugnaciones; el Tribunal que conoce de un recurso de compulsa no tiene atribuciones para tomar determinaciones sobre aspectos de carácter sustancial o de fondo de las resoluciones contra las cuales se denegó la concesión del recurso, u otras cuestiones que no sean la negativa indebida.

III.2.- De la ultractividad de la norma procesal.

En principio corresponde señalar que la ley tiene un carácter temporal, debido a que en un momento empieza su vigencia y en otro termina y en caso de la vigencia de una nueva Ley, esta explicita o implícitamente deroga la anterior, debiendo aplicarse la nueva Ley de forma inmediata, empero, la misma tiene su excepción que es entendida en doctrina como la ultractividad de la Ley, es decir que la ley dejada sin efecto, como consecuencia de la temporalidad de la Ley sigue aplicándose para ciertos casos pese a la existencia de una nueva en vigencia.

Ahora si bien la misma en doctrina resulta aplicable, empero, su aplicabilidad no es de forma absoluta o a capricho del juzgador o las partes, sino que la misma encuentra sus límites en la doctrina y la jurisprudencia, a tal efecto corresponde señalar que los limites, pueden ser enfocados en esencia en tres tópicos, 1.- La visión que enfoca la Constitución Política del Estado 2.- Analizar si se trata de una ley adjetiva o sustantiva, y 3.- Los efectos que implícita o tácitamente establezca la ley derogatoria de la anterior.

Sobre el primer punto en lo que concierne en analizar desde el enfoque constitucional, debido a que toda interpretación realizada de la norma y del fenómeno jurídico por la temporalidad de la ley, debe someterse a los valores  y preceptos constitucionales, debido a que este: “…se constituye en la Ley Fundamental y fundamentadora del ordenamiento jurídico del nuevo Estado boliviano, acogiendo en su contexto valores y principios propios de la realidad sobre la cual se cimienta la convivencia social en un Estado Social y Democrático de Derecho; en consecuencia, todas las normas inferiores deben adecuarse a lo prescrito por ella (art. 410 parágrafo II de la Constitución Política del Estado ) pudiendo inclusive, operar hacia el pasado por cuanto su ubicación en la cúspide del ordenamiento jurídico implica que es éste el que debe adecuarse a aquélla, pues sus preceptos deben ser aplicados en forma inmediata, salvo que la propia Constitución disponga otra cosa, en resguardo de una aplicación ordenada de los principios Constitucionales” (SC N° 005/2010-R).

Ahora en cuanto al segundo, es decir analizar si la norma de cual se pretende su activación ultractiva, es sustantivo o adjetiva, esto debido a que la aplicación de este fenómeno jurídico por interpretación gramatical de lo establecido en el art. 123 de la Constitución Política del Estado, asimismo la SCP 08/2014 sobre el tema ha expresado: “Para llegar a determinar la irretroactividad de las normas legales, de manera previa es necesario establecer la diferencia entre lo que es una norma sustantiva o material y las adjetivas o formales, siendo las primeras aquellas que no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos la que determina derechos y garantías y por otro las que determinan conductas que deben ser observadas, y el segundo, la norma adjetivas, son aquellas que carecen de existencia propia, pues su objetivo es el de otorgar los medios para la realización de las normas sustantivas, garantizando así su respeto, otra de la característica que resulta importante puesto que es la base para la resolución del presente caso es sobre la irretroactividad de las disposiciones legales, es así que de manera previa se referirá a las normas sustantivas, a las cuales si les es aplicable el art. 123 de la CPE, y es que como se indicó la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el momento de cometerse el acto, intelecto al que llegó el Tribunal Constitucional estableciendo en resumen que el derecho sustantivo se rige por el tempus comisi delicti, en tanto que, al estar subordinado el derecho adjetivo a los alcances del derecho sustantivo, bajo este intelecto el Tribunal Constitucional pronunció la SC 0757/2003-R de 4 de junio.” …. “En síntesis, dada la naturaleza de las normas adjetivas a diferencia de las sustantivas pueden ser aplicadas de manera inmediata a su entrada en vigencia, en ese sentido también lo estableció la SC 1421/2004-R de 6 de septiembre, al indicar que: “De la doctrina constitucional referida se puede colegir que las leyes en general y las normas consignadas en ellas en particular, cuando son de naturaleza procesal no sustantiva, es decir, aquellas que regulan procesos o procedimientos, pueden ser aplicadas de manera inmediata a todos los procesos que se inicien o que están pendientes al tiempo en que entran en vigor, ello porque su aplicación tiene la finalidad de regular un hecho en la actualidad y no a situaciones o hechos pasados y debidamente consolidados; en ese orden, se entiende que las normas jurídicas que regulen procesos electorales ingresan al ámbito de la aplicación retroactiva para regular un acto eleccionario que se hubiese iniciado en vigencia de la norma anterior y debe concluir cuando la nueva norma entró en vigor en pleno proceso”, entendimiento que en armonía con lo referido determina que por las características de la ley adjetiva esta entra en vigencia al momento de publicación, con la salvedad que la misma no tenga un efecto sustantivo.

Y por último, la Ley derogatoria en ciertos casos es la que establece expresamente

que la ultractividad de la norma para los casos ya iniciados, en su defecto implícitamente dará a entender que entra en vigencia total la nueva Ley.

III.3.- De la interpretación de las normas Jurídicas  desde y conforme la Constitución Política del Estado.


Sobre el tema en cuestión corresponde en principio señalar que la  SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.


Primacía constitucional, desarrollada en relación a la aplicación preferente que tiene la Constitución sobre todas las normas que rigen en el ordenamiento jurídico Boliviano, asimismo en la Sentencia Constitucional Nº 0258/2011-R de 16 de marzo se ha establecido:“…la Constitución es entendida actualmente no sólo de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, principios, derechos y garantías que deben ser la base de todos los órganos del poder público, en especial del legislador y del intérprete de la Constitución. Así, en el Estado constitucional de Derecho, las Constituciones tienen un amplio programa normativo, con principios, valores, nutridos catálogos de derechos y garantías, que vinculan a todos los órganos de poder y en general, a toda la sociedad y, en ese sentido, contienen diferentes mecanismos jurisdiccionales y un órgano especializado para velar por el cumplimiento de sus normas, frente a la lesión o incumplimiento, dando vigencia al principio de supremacía constitucional”, Esta primacía constitucional, exige de los jueces del órgano judicial un razonamiento que desborda la subsunción a la ley y por el contrario requiera la aplicación de la Constitución conjuntamente la norma legal, pues la norma fundamental a diferencia de la ley, no se aplica por el método de la subsunción sino que por el contrario se utiliza el método en complementación y ponderación en relación a la ley.

En esta misma lógica la SCP 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales en procura de lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien.


Este nuevo modelo Social de Estado rompe con el anterior modelo de Estado liberal cuya característica es el individualismo, que se resume en la defensa a ultranza de los derechos individuales, ya que en ese Estado liberal se consideraba al particular como protagonista central de la dinámica de un Estado en sus diferentes funciones, por otra parte el Estado Social que actualmente rige, pregona la protección de derechos fundamentales de las personas en relación al bienestar social, dejando de tener una visión individualista, construyendo una visión social de impartir justicia centrando su atención en la población como elemento principal de su organización y no en el individuo, y se refleja en el sistema de derecho que rige actualmente.


Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, ya que ahora los jueces y tribunales deben estar comprometidos con la consolidación de la armonía social y la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales, en este entendido la SC 0035/2006-R y SCP 1916/2012 desarrollaron lo referente a la labor interpretativa de los jueces y tribunales de lo que se concluye que esta interpretación debe ser desarrollada en resguardo los valores, principios, derechos y garantías que rigen en la Constitución, porque constituyen la base del ordenamiento Jurídico Boliviano y el Sistema Constitucional.


Corresponde aclarar que esta transformación no debe entenderse como una supresión del principio de legalidad, sino como  una reorientación del mismo, de tal forma que en  un Estado Constitucional, éste principio supone el sometimiento en primer término a la Constitución y después, solo después, al resto del ordenamiento jurídico, lo que impone una interpretación constitucional de las normas desde los valores y principios - y no una interpretación meramente legalista desde la propia ley-.


Esto quiere decir que, en el ámbito jurisdiccional, los Jueces ya no se constituyen en meros aplicadores de la ley (subsunción), sino en sus intérpretes y, en atención a los efectos que despliega el principio de supremacía constitucional, esa labor de interpretar la ley ordinaria (ponderación) debe hacerse siempre desde la Constitución, es decir que en esa labor se debe tener en cuenta primero y esencialmente los principios y valores reconocidos en la Constitución, en otras palabras los Jueces deben realizar una lectura constitucional de la ley y no solo una lectura legalista, es decir, desde la ley misma.

III.4.- De las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación.

Sobre el tema en cuestión, preliminarmente corresponde señalar que, si bien el principio de impugnación se configura, como principio regulador  para los recursos consagrados por las leyes procesales con la finalidad de corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones judiciales que ocasionen agravios a alguna de las partes, por principio constitucional todo acto jurisdiccional es impugnable, sin embargo no es menos evidente, que ese derecho no es absoluto para todos los proceso e instancias, debido a que este se encuentra limitado, por la misma ley, ya sea, por el tipo de proceso, por la clase de resolución tomando en cuenta la trascendencia de la decisión, sin que ello implique afectar el derecho de las partes, sino de la búsqueda de una mayor celeridad en las causas que se tramitan.

Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnarles salvo, disposición expresa en contrario ”  norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido de la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley.

Resultando únicamente ambiguo en su literalidad el primer caso, correspondiendo en consecuencia su interpretación por parte de este Máximo Tribunal de Justicia, el mismo conforme a lo determinado referido en el punto precedente debe ser desde y conforme a un enfoque Constitucional, es decir de acuerdo a principios y valores que rigen al nuevo modelo Constitucional, de acuerdo a los principios pro homine y pro actione, entendiéndose por el primero de ellos conforme al criterio expuesto por la Profesora Argentina Mónica Pinto, "... de un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria". También dentro del análisis del principio pro homine, no se podría dejar de lado al criterio denominado pro actione, que  es una manifestación del principio pro homine en el ámbito procesal, en virtud del cual, la interpretación de una disposición legal, debe hacerse en el sentido que sea lo más accesible posible a un adecuado y recíproco sistema garantista, en el cual prevalezca más la Justicia que cualquier formalismo extremo que obstaculice u obstruya una tutela constitucional efectiva.

Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 num. 3) de la Ley 025, en aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos.

Y a los efectos de tener un entendimiento certero se debe aclarar que se entiende por Auto de definitivo, sobre la definición de este tipo de resolución la  SC 0092/2010-R ha orientado: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser auto interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la resolución.

Valga aclarar que lo expuesto no resulta una regla absoluta, en el entendido que el legislador ha establecido prohibiciones expresamente establecidas por Ley, para la inviabilidad o improcedencia del recurso de casación dentro de procesos ordinarios, como ser lo determinado en el art. 113.II, 248.II del Código Procesal Civil entre otros, que pese a tener esa calidad de Autos definitivos son inimpugnables de casación, y para el caso de Autos de Vista que resolvieren sentencia es inviable el recurso de casación en los procesos ordinarios que derivaren de resoluciones dictadas en proceso extraordinarios, art. 270-II del referido Código.  .

IV. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En cuanto a los primeros reclamos inherentes que se hubiese denegado en base a normas que no corresponden el recurso de casación, es menester referir, conforme se ha descrito en la doctrina aplicable III.1  recurso de compulsa se limita a verificar si la negativa de la concesión del recurso de casación ha sido debidamente aplicada, por lo que, al margen de que las normas hayan sido citadas de forma incorrecta, el recurso se debe abocar a analizar si el recurso de casación es admisible en este tipo de procesos, por cuanto no resulta trascedente para el presente recurso lo reclamado.

Asimismo, argumentan que no se hubiera tomado en cuenta que su recurso se ha presentado conforme a lo previsto en el art. 250  del Cogido de Procedimiento Civil con relación al art. 253 inc. 1) y art. 255 inciso 3) del adjetivo civil y que esas disposiciones  legales hacen viable su recurso de casación.

Del contenido de su recurso se evidencia que el recurrente pretende la admisibilidad del recurso de casación bajo el entendimiento que el Código de Procedimiento Civil en amparo de las normas citadas permitía su admisibilidad, pretendiendo en su lógica la ultractividad de la ley, de acuerdo a lo expuesto en la doctrina aplicable III. 2, la ultractividad de la norma no resulta aplicable a la Ley Adjetiva, con su salvedad que tampoco se acomoda al caso en cuestión, por cuanto no resultaría correcta acoger el entendimiento esgrimido por el recurrente en sentido de que pretenda seguir aplicando al caso presente el Código de Procedimiento Civil, máxime, si por disposición de la parte transitoria sexta del Código Procesal Civil que señala: “(PROCESOS EN SEGUNDA INSTANCIA Y CASACIÓN). Al momento de la vigencia plena del Código Procesal Civil, en los procesos en trámite en segunda instancia y casación, se aplicará lo dispuesto en el presente Código”  contenido normativo que de forma inequívoca orienta que desde la vigencia plena de la Ley 439 la referida norma es aplicable a los -tramites recursivos- en procesos iniciados con anterioridad a la vigencia plena de la referida ley; por lo que debe tenerse presente que el Auto de Vista fue pronunciado en fecha 1 de junio 2016, y a partir  de la misma, la causa ya se sustanció conforme a los parámetros establecidos por la Ley 439, por lo que, no resulta viable acoger su entendimiento sobre este punto.

Ahora adentrando en lo que concierne a la viabilidad del recurso de casación en sí, del análisis del proceso sobre todo del contenido del Auto de Vista, que si bien resulta ambiguo a los efectos de establecer cual la resolución objeto de apelación, empero, se llega a inferir que la causa tiene como origen una resolución que declara probada una excepción perentoria de incompetencia e impersoneria ( o legitimidad) , debido a que de forma textual el Auto de Vista señala:  “se evidencia que la empresa apelante BALEINE COMMERCIAL INC., no cuestiona los argumentos jurídicos  que le desconocen legitimación activa para demanda y legitimación pasiva a los demandados para ser demandados expresado en el AUTO de fecha 05 de febrero de 2016..” de igual forma esa resolución en su siguiente considerando alude:“ En lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por la empresa BALEINE COMMERCIAL INC. Contra el Auto de fecha 05 de febrero del año 2016, en la parte que cuestiona el haberse declarado probada la excepción de incompetencia, es pertinente señalar los siguientes argumentos jurídicos. ” Resolución que fue confirmada en segunda instancia.

Teniendo en claro cual la resolución que da origen al recurso de casación,  partiendo del entendimiento asumido en la doctrina aplicable III.4, hecho una interpretación desde el punto de vista constitucional conforme se ha expuesto en la doctrina aplicable III.3, en aplicación de los principios pro actione y pro homine, se llega a establecer que la resolución que ha dado curso al recurso de apelación por un lado es el Auto de fecha 05 de febrero de 2016 según los datos del proceso, y al declarar probada la excepción de incompetencia y legitimación activa y pasiva,  dicha determinación tiene carácter definitivo, en vista de que dentro de la presente causa corta todo procedimiento ulterior, impidiendo el  desarrollo de la causa, lo cual conforme se expuso precedentemente hace viable el recurso de casación, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia en garantía de los Derechos constitucionales que tienen una preeminencia sustancial sobre lo formal.

En consecuencia,  se concluye que la decisión del Tribunal Ad quem de negar la consideración y concesión del recurso de casación formulado por los compulsantes, es  incorrecta toda vez  que la resolución que se impugna es recurrible en casación, al ser una resolución definitiva por cuanto esta excluyendo definitivamente  de  la posibilidad de tramitar el proceso.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 42.I num. 4) de la  Ley N° 025 del Órgano Judicial y conforme determina el art. 282.I del Código de Procesal Civil, declara LEGAL el recurso de compulsa interpuesto por  Baleine Comercial INC., representado por Willman Jesús Duran Rivero y dispone que se libre la provisión compulsoria conforme lo dispone el Art. 282-II del Código de Procesal Civil.

Regístrese,  comuníquese y devuélvase.