TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                                                                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 816/2016                                                                    Sucre: 13 de julio 2016                                                              Expediente: SC-144-15-S                                                                      Partes: Mario Orellana Senzano c/ Hudson Orellana Loma

Proceso: Nulidad de Documento Privado                                          Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de Casación en el fondo y en la forma de fs. 381 a 387 y vta., interpuesto por Hudson Orellana Loma, contra el Auto de Vista de 19 de febrero de 2015 cursante a fs. 379 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de Nulidad de Documento Privado seguido por Mario Orellana Senzano contra Hudson Orellana Loma, respuesta de 392 y vta.; concesión de fs. 393 y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Doceavo de Partido en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, dictó Sentencia de fecha 29 de enero de 2014 cursante de fs. 352 a 353 y vta., por el que declaró: IMPROBADA la demanda principal de fs. 116 a 117, interpuesta por Mario Orellana Senzano.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Mario Orellana  Senzano por memorial de fs. 361 a 364.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista de 19 de febrero de 2015 de fs. 379 y vta., por el que ANULA obrados hasta fs. 352 inclusive, disponiendo que el Juez de la Instancia pronuncie nueva sentencia considerando los fundamentos contenidos en el fallo, argumentando que según el art 17 de la Ley del Órgano Jurisdiccional, dispone que los tribunales de apelación a tiempo de conocer las causas sometidas a su conocimiento deben observar de oficio si los jueces cumplieron con las leyes sobre la tramitación normal de los procesos, recurriendo a Sentencia Constitucional Nº 196/10 de 24 de mayo de 2010, que analizaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial, en caso de que advierta actividad procesal con infracción a formas o procedimientos que la ley procesal prevería, correspondería nulidad, sanear el proceso y restablecer o asegurar la vigencia del debido proceso, que no solo fuera garantía jurisdiccional sino también un derecho.

Luego de lo anotado, señalar además que la doctrina calificaría aquel aspecto y otras consideraciones, en un párrafo aparte concluye señalando que en la jurisprudencia glosada se evidenciaría que el Juez de instancia no habría considerado la prueba documental que se encuentra arrimada al expediente, señalando a las contenidas de fs. 224 a 242, que no se habría considerado y valorado los testigos de cargo que no merecieron tacha de parte contraria, encuentra falta de mención a las pruebas, considerando que existe violación al debido proceso, que incumpliría su función de director del proceso, lo cual implicaría que en Segunda instancia no se pueda resolver la controversia suscitada, por lo que considera debe anularse obrados.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En el fondo:

Acusando violación de los arts. 253-1), 397 y 331 del Código de Procedimiento Civil, art. 108 del Código Procesal Civil y art. “117” (sic.) 17-II de la Ley del Órgano Judicial, y por errónea aplicación del Art. 15 de la LOJ.

Respecto al art. 397-II del Código de Procedimiento Civil, hace referencia al  texto de la Sentencia, señalando que el juzgador no habría encontrado prueba que sustente las pretensiones del demandante, y no tenía obligación de valorar pruebas que no probaban las pretensiones, en sujeción a lo previsto por el art. 397-II del Código de Procedimiento Civil, por ello considera la existencia de violación de la norma señalada en principio. Que tendría el de segunda instancia potestad de disponer la producción de prueba que considerara convenientes, en razón a que no habría considerado esenciales, respetando el prudente arbitrio y la sana crítica.

En referencia al art. 331 del Código de Procedimiento Civil, señalaría la no admisión de nuevos documentos posteriores o anteriores conocidos, señalando los actuados al respecto, además habría objeción no contestada por el contrario en referencia a la documental señalada por el Ad quem. De los testigos que se nombra sus declaraciones no podría ser causal para la nulidad de un contrato, que uno de ellos es el vendedor. Concluye por señalar que las documentales no cumplirían para ser considerados pruebas, así como la decisión de no valorar la testifical, no siendo pertinente obligar a valorar cuando el resultado no cambiaría.

Lo referido al art. 15 de la Ley de Organización Judicial, estaría abrogada por la Ley 025 y respecto a las nulidades debiera tenerse presente los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial así como los arts. 105 al 109 del Código Procesal Civil.

Asimismo respecto al art. 108 del Código Procesal Civil, 253-1) del Código de Procedimiento Civil y art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, el entendimiento fuera que el apelante planteara alguna forma de nulidad insubsanable en sentencia, que en el caso no existiría, por lo que considera la existencia de violación del art. 108 del Código Procesal, por lo que al no estar pedido la nulidad en recurso de apelación, estuviera impedido por el art. 17-II de la Ley 025, y lo que correspondería fuera revocar la sentencia o confirmarla.

En la forma:

Que lo opone por violación del art. 254-4) del Código de Procedimiento Civil, así como el art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, la primera norma señalaría su procedencia por que fue dictado otorgando más de lo pedido por el apelante, en el caso se pediría se revoque la sentencia y sin embargo se habría declarado la nulidad de la sentencia contraviniendo y violando el art. mencionado en primer término, en relación al art. 17-II de la Ley del Órgano Judicial, que permitiría esa declaratoria solo si la parte denunció expresamente alguna nulidad insubsanable, que la revocación y nulidad fueran institutos totalmente diferentes. Que la competencia del Tribunal no estuviera abierto por ausencia de reclamación expresa del apelante.

Pidiendo se dicte anule el Auto de Vista y confirme la Sentencia.

De la respuesta al recurso:

De manera escueta, refiere adherirse a la Resolución dictada por los de segunda instancia, calificando de contradictorios los argumentos, así como mencionar que el art. 258-2) fuera claro y preciso no se identifica la norma legal que contuviera al artículo-, pidiendo se rechace el recurso interpuesto.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

1.- Respecto al planteamiento del recurso de casación en el fondo se debe considerar entre  otras Resoluciones, el Auto Supremo Nº 479/2013, de 18 de septiembre, que estableció que: “…contra una Resolución anulatoria, la jurisprudencia sentada tanto por la Ex Corte Suprema como por el actual Tribunal Supremo de Justicia han establecido de manera uniforme en sus reiterados fallos, indicando que contra una Resolución de Alzada anulatoria no procede recurso de casación en el fondo, sino únicamente en la forma, destinado a que el Tribunal de Casación revise si los motivos que dieron lugar a la nulidad dispuesta son o no correctos; como es lógico, el Tribunal de Alzada al anular obrados no ingresa a considerar aspectos sobre el fondo del asunto propiamente dicho, lo hace simplemente por cuestiones de forma o de procedimiento.

En el caso presente, el recurrente al haber interpuesto recurso de casación en el fondo contra una resolución anulatoria solicitando se “case” el Auto de Vista recurrido, no comprendió la naturaleza del fallo y equivocó el medio de impugnación deducido, encontrándose este Tribunal Supremo en la imposibilidad de ingresar a considerar aspectos de fondo, razón por la cual todo lo reclamado respecto a cuestiones de valoración de la prueba y demás aspectos de fondo que corresponde al recurso de casación en el fondo, deviene en improcedente.”

Respecto a la congruencia que deben guardar las resoluciones en segunda instancia respecto a la apelación, y la aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, se debe considerar lo razonado en el Auto Supremo Nº 48/2013, de 17 de mayo, entre otros, en el que se señaló que: “Con relación a lo anterior, recurrimos a la SC 0486/2010-R de 5 de julio emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional que refiere: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. De lo anterior se infiere que el fallo del Ad quem debió enmarcarse dentro de los alcances del art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Deberá además tenerse presente lo normado por el Art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que refiere en su parágrafo II que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. Entendiéndose que dicho régimen normativo regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia y los de casación respecto de los de apelación, marcando el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional; existiendo salvedad en la verificación de actuados de oficio- por lesión a derechos y garantías constitucionales, a efectos sin embargo de una nulidad para su reparación, que no es el caso, el presente-.”

Asimismo, respecto a la facultad de ingresar al fondo del litigio del Tribunal de segunda instancia sin necesidad de anular obrados, se tiene como antecedente jurisprudencial lo razonado en el Auto Supremo Nº 301/2014, de 13 de junio, en el que se estableció que: “Si bien la jurisprudencia Constitucional ha considerado a la motivación de las resoluciones como una exigencia que debe satisfacer el derecho al debido proceso y que la infracción de tal requisito conlleva su nulidad.

Sin embargo, habrá que tener en cuenta que la ausencia de motivación no es lo mismo que la insuficiencia de la fundamentación de una Sentencia, aspecto éste que bien puede ser remediado por el Tribunal de Alzada sin necesidad de anular o invalidar el fallo de primera instancia, pues ello se opondría al principio de conservación de los actos procesales que orienta que los Jueces y Tribunales ante una nulidad deben adoptar esa medida en forma restrictiva procurando siempre la conservación de los actos en cuanto ello sea posible y no se oponga al derecho a la defensa de las partes o conlleve total incertidumbre o imprecisión respecto al hecho que se juzga; de otra parte, la nulidad de una sentencia insuficientemente motivada se opondría también al derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas. Máxime si como en el presente caso, los fundamentos de apelación esgrimidos por las mismas, no acusan error in procedendo.” (La negrilla no corresponde al original)

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Para resolver el recurso planteado, en primer término debe tenerse en cuenta que este Supremo Tribunal en diversos fallos, ha razonado que contra una Resolución anulatoria de obrados no procede el recurso de casación en el fondo, en la lógica que el Ad quem no ingresa al análisis de fondo de la controversia sino cuestiones relacionadas al procedimiento, correspondiendo formularse únicamente recurso de casación en la forma, a fin de analizar si el razonamiento vertido por los de instancia tienen sustento o no. Con ese antecedente, en el caso analizado se evidencia de la revisión de actuados que el Auto de Vista anuló obrados hasta fs. 352, es decir hasta el estado en que se dicte nueva Sentencia sustentando que no habría valoración de las pruebas que señala, bajo esa consideración, estaremos de acuerdo en señalar que el recurso adecuado a formular es únicamente el recurso de casación en la forma y no en el fondo como también lo hizo el recurrente.

No obstante ello, de la lectura del “recurso de casación”, al referir desde fs. 383 vta., que lo hace en el fondo, avocándose a cuestiones procesales y no a lo sustantivo propiamente dicho, salvo en el punto II.2.1. en el que se cuestiona aspectos concernientes a la valoración de la prueba.

Con lo referido, soslayando aquel defecto y en consideración a lo previsto por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado, y el nuevo régimen de nulidades, se ingresa a considerar de manera conjunta los reclamos vertidos que le hacen a la forma de tramitación del proceso, debiendo precisarse que si bien es evidente que los Tribunales están facultados a una revisión de oficio conforme prevé el Art. 17 de la Ley del Órgano Judicial en la primera parte del parágrafo I, esta facultad debe entenderse en el contexto de todo el artículo, es decir, limitarse a los asuntos previstos por ley, que atañen a los principios de especificidad o legalidad, tomando en cuenta el parágrafo II de la misma norma que prevé: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos” que tiene mucha vinculación con la previsión del parágrafo III que manda “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; estableciéndose que si bien existe la facultad otorgada por norma para una revisión de oficio, no es ilimitada esta potestad sino en coherencia al conjunto de la norma. Concluyendo conforme a la doctrina aplicable al caso señalado en el punto III de la presente Resolución, que: “…dicho régimen normativo regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia y los de casación respecto de los de apelación, marcando el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional; existiendo salvedad en la verificación de actuados de oficio- por lesión a derechos y garantías constitucionales, a efectos sin embargo de una nulidad para su reparación…”.

Por otro lado, de la revisión de los agravios del recurso de apelación, la pretensión recursiva no va de ninguna manera a la existencia de alguna causal de nulidad y más bien su reclamación es que se ingrese al fondo de la problemática debatida, consecuentemente bajo el principio dispositivo que también rige la materia, se entiende que los recurrentes consideraron que la Sentencia tenia los fundamentos pertinentes, pero que el análisis que se efectuó de las pruebas desde su perspectiva no eran las correctas, y si bien es evidente que entre otros reclamos se halla inmerso la presunta no valoración de la prueba testifical no tachada, este aspecto es perfectamente subsanable por el Ad quem, en consideración a que conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional, la valoración de la prueba en general compete privativamente a los jueces de grado, siendo soberanos en su valoración para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, valoración del A quo que el Tribunal de alzada, en el marco de los agravios deducidos en la apelación puede revisar, para confirmar o concluir de manera distinta al Juez de primera instancia.

En consecuencia el Ad quem, en el marco de los agravios apelados, tiene la potestad de rever la prueba y valorarla en segunda instancia.

Resulta evidente entonces que la nulidad dispuesta por el Tribunal de Alzada no es correcta, toda vez que la Sentencia de primera instancia no incumplió lo previsto por el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, y en su caso, la insuficiente motivación y la infracción en la valoración de la prueba observada por el Ad quem bien puede ser suplida por esa instancia en el marco del recurso de apelación interpuesto y los agravios fundamentados por las partes.

Por lo anterior se concluye que el Tribunal de Alzada al disponer la nulidad de obrados, ha infringido la normativa precedentemente señalada, vulnerando además de ésta manera el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, y con ello, el principio del debido proceso, y ajeno a los principios que rigen las nulidades procesales.

Conforme a lo razonado, el Tribunal de segunda instancia, al emitir una segunda sentencia como es el Auto de Vista, está facultado a fundamentar de manera pertinente los aspectos que considere para la eficacia del resultado del fallo, y que extraña en la Resolución de primera instancia sustentándolo de mejor manera para confirmar o denegar la pretensión de las partes, en virtud al Principio de Verdad Material previsto por el Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, y no disponer que los razonamientos que expone sean tomados en cuenta para la emisión de una nueva sentencia en primera instancia para anular el mismo.

Consecuentemente corresponde ser acogido de manera favorable la pretensión del recurrente de invalidar el Auto de Vista, sin embargo para que se emita un nuevo fallo con el sustento pertinente y no como sugiere de confirmar la sentencia.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el artículo 220.III num. 2) inc. a) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) ANULA el Auto de Vista de 19 de febrero de 2015 de fs. 379 y vta., emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y dispone que el Tribunal Ad quem, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva Resolución con arreglo a lo previsto por el art. 265 de la Ley Nº 439. Sin multa por ser excusable el error.

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 17.IV de la Ley del Órgano Judicial, comuníquese la presente decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                            Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.