TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 747/2016

Sucre: 28 de junio 2016

Expediente: LP-147-15-S

Partes: Juan Domingo Arce Vásquez c/ Miriam Guadalupe Arana Clavel.

Proceso: Reivindicación

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 284 a 289, interpuesto por Miriam Guadalupe Arana Clavel, contra el Auto de Vista de fecha 25 de mayo de 2015  de fs. 281 a 282 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Reivindicación seguido por Juan Domingo Arce Vásquez contra Miriam Guadalupe Arana Clavel; la respuesta de fs. 293 a 294, el Auto de concesión de fs. 295; los antecedentes del proceso, y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que el Juez de Partido Tercero en lo Civil y Comercial del Departamento de La Paz, dicta Sentencia Nº 141/2014 de fs. 251 a 256  y vta., por el cual, declara: “PROBADA EN PARTE la demanda sobre reivindicaron puesto que los daños y perjuicios no han sido probados, deducida a fs. 16-17 de obrados e IMPROBADA la reconvención sobre usucapión de fs. 60-64 de obrados.”

Resolución que previa apelación de la parte demandada a través de su apoderado a fs. 260 a 265 y vta., es concedida ante el Tribunal de apelación.

Por Auto de Vista de fecha 25 de mayo de 2015 de fs. 281 a 282 y vta., el Tribunal Ad quem, CONFIRMA la Sentencia, bajo el fundamento de que se tiene acreditado el derecho propietario de la parte demandante sobre le bien inmueble objeto de litigio y como tal el derecho de uso y goce y disfrute, el cual estaría restringido, como se tendría de la inspección judicial de fs. 195 a 198, donde se acreditaría que el bien inmueble está habitado por la parte demandada, sin que la misma posea título idóneo que acredite derecho posesorio y por ende propietario el cual le otorgue la habitabilidad del citado inmueble.

Y lo que respecta a que habría demostrado su demanda reconvencional con la minuta de compra venta de 29/10/1985, al respecto el apelante no toma en cuenta como requisito sine quonum, que para adquirir el derecho de propiedad vía usucapión es el tener posesión pacífica y continua durante diez años y, en el caso de autos no acontece el mismo, ya que desde que adquirió su derecho propietario el demandante, hizo valer sus derechos ingresando al inmueble como confiesa la demandada quien asevera que en forma abusiva ingresa al inmueble rompiendo candados de lo que se colegio la inexistencia de posesión pacífica y continua.-

Contra la referida Resolución, la parte demandante a través de su representante interpone recurso de casación de fs. 284 a 288 y vta., recurso que previa sustanciación y concesión se pasa analizar

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Aduce que  con relación al informe técnico de fs. 207 a 217 este no fue aceptado menos aprobado mediante Auto expreso, por lo que, dicha prueba pericial se quedó inconclusa, máxime si dicho informe en el proceso es fundamental.

Expresa que en su demanda reconvencional la misma fue dirigida contra de los posibles HEREDEROS DE Arturo Clavel Monasterios y Graciela Arriaza de Clavel, pero el decreto de admisión de demanda no completo el traslado de los otros  demandados es decir, de los posibles herederos, y el presente proceso se tramito con dicha omisión, que viciaría el presente proceso.

Fondo:

Como primer reclamo expresa que el Auto de Vista al referir que el testimonio Nº 095/2005 acredita que el inmueble fue objeto de fraccionamiento en cuatro plantas, resultaría un criterio errado, debido a que esa prueba solamente hace un enunciativo de que sería cuatro plantas empero, no se especifica las dimensiones, puesto que no se aparejo al caso planos de construcción y demostrativo, documentado que respalde lo señalado.


De igual forma expresa que según acta de inspección ocular, señala que el demandante solcito audiencia de inspección judicial al inmueble signado con el Nº1182, y en dicha audiencia se demostró que se tratarían de dos inmuebles diferentes el signado con el 1182 del 1183.

Refiere que lo manifestado en sentido de que su posesión no hubiese sido pacifica no es evidente, y menos que se hubiesen realizado actos de perturbación.

Por ultimo expone que el demandante conforme se ha demostrado en el proceso nunca estuvo en posesión del bien inmueble por lo que, no resultaría viable la acción de reivindicación que establece el art. 1453 del C.C., requisito sin el cual no es viable su pretensión.

RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN:

Refiere que el recurso de casación no cumple con el mandato que establece el art. 258 num. 2) del C.P.C., menos cumple con el art. 254 num. 4) del mismo código, por lo que de forma general refiere que el mismo debe ser declarado improcedente.

III.-DOCTRINA LEGAL APLICABLE:

III.1.- De la nulidad procesal:

En tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva.  

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde además se reconocen los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales por más de tres décadas con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la S.C.P. Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. Razonamiento que tiene relación con lo señalado en la S.C.P. Nº 1420/2014 de 7 de julio, que señaló: “…toda nulidad debe ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal establece como medios idóneos y válidos para dejar sin efecto el acto procesal afectado de nulidad, más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia”.

Así también la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…

Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

III.2.- De la legitimación procesal:

La teorización sobre el principio de impugnación, establece el carácter de legitimación para recurrir y esa legitimación se encuentra en la parte perjudicada en sus derechos, esto quiere decir que al emitirse una Resolución judicial, tratándose de un proceso, obviamente que dicha Resolución en forma total favorecerá a la pretensión de una de las  partes y perjudicará en cuanto a la pretensión de su contraparte; también puede darse el caso que una Resolución final en proceso, podrá favorecer en forma parcial a ambas partes y perjudicará también en alguna medida a las mismas partes, consiguientemente de ello se deduce que al emitirse una Resolución final, en la generalidad de los casos favorece a alguna de las partes y perjudica a la otra parte en cuanto a sus pretensiones, a raíz de dicha Resolución final, se genera la legitimación para recurrir identificada siempre en la parte perjudicada con la Resolución, de ahí que se habilita la vía recursiva o de evaluación de la Resolución de grado, y en el caso de apelación será un Tribunal jerárquicamente superior al que emitió la Resolución en contra de la que se recurre, entendimiento conforme al texto literal del art. 213 del Código de Procedimiento Civil que señala: “(Recurribilidad de las Resoluciones judiciales).- I.- Las Resoluciones judiciales serán recurribles mediante impugnación de la parte perjudicada...”, texto legal del cual se absorbe que la legitimación para recurrir, resulta ser la parte perjudicada, criterio que ha sido asumido por el legislativo, puesto que en el art.- 272 del Código Procesal Civil  de forma expresa ha establecido como un requisito de procedencia del recurso de casación el agravio sufrido, puesto que esta norma de forma textual ha expresado: “El recurso solo podrá interponerse por la parte que recibió un agravio en el auto de vista.”, por lo que, resulta evidente que la legitimación procesal es un requisito sine quanon para impugnar una determinación.

III.3.- De la carga de la prueba:

Previamente a ingresar a considerar la carga de la prueba, nos referiremos a lo que debe entenderse por prueba, para dicha finalidad citaremos a Carlos Morales Guillen quien en su obra titulada Código Civil Concordado y anotado, citando a Messineo, señala: “Prueba es la representación de un hecho y, por consiguiente es la demostración de la realidad (o de la irrealidad) del mismo. Si el hecho no se prueba, según las reglas dadas al efecto por la ley, es como si no existiese. La finalidad de la prueba es afirmar los hechos jurídicos, entendido este término en su más amplia acepción, hechos  naturales, hechos humanos y actos y negocios jurídicos…”.

Ahora bien, dicho autor, sobre la carga de la prueba inmersa en el art. 1283 del Código Civil, señala: “…..el peso de la prueba recae en quien demanda una determinada pretensión frente otro, que debe probar los hechos en los cuales fundamenta su demanda. El demandado puede limitarse a negarla, dejando toda la carga de la prueba al demandante (ei incumbit ptrobatio qui dicit,  nom qui negat). Mas si el demandado alega hechos diversos de los deducidos por el actor que, sin negarlos necesariamente, sean incompatibles con éstos y les quiten eficacia, ya porque tengan carácter extintivo (v. gr. Pago), impeditivo (v. gr. Vigencia de plazo pactado) o modificativo (v. gr. Excesiva onerosidad sobrevenida) está obligado a probar su excepción conforme  a la segunda parte del axioma citado supra”.

En relación a dichas consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia emitió varios Autos Supremos, entre ellos el Nº 162/2015 de fecha 10 de marzo, que sobre este punto señala: “Respecto a la carga de la prueba, acusada en el recurso de casación, se debe considerar que, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones incorporadas por los litigantes en el proceso con la finalidad de crear en el juzgador pleno convencimiento con relación a los hechos del proceso para cuya finalidad, las pruebas deben ser apreciadas de acuerdo a la valoración que les otorga la ley, conforme al sistema de apreciación legal de la prueba y el valor probatorio que les asigna la Ley o de acuerdo a las reglas de la sana crítica en previsión del art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 del Código de Procedimiento Civil….”

III.- 4 De la valoración de la prueba:

La prueba debe ser valorada en su totalidad tratando de vincular armoniosamente sus distintos elementos de conformidad con las reglas impuestas por la norma legal, no cabe la posibilidad de tomar elementos de manera separada para fallar en uno u otro sentido en sujeción al ofrecimiento individual, esto implica ponderar las pruebas arrimadas unas con las otras y todas entre si; resultando censurable la descomposición de los elementos, o disgregarlos para ser considerados, aislados y separadamente, ya que, caso contrario dejaría de existir el Principio de la Comunidad de pruebas, denominado también como Principio de Adquisición de la prueba, el cual refiere  que una vez aportadas las pruebas por las partes, éstas no son de quien las promovió sino que serán del proceso, en otras palabras, puede decirse que al momento de que las partes introduzcan de manera legal las pruebas en el proceso, su función será la de probar la existencia o inexistencia de los hechos del proceso con independencia de que lleguen a beneficiar o perjudicar a quien las promueva, o a su contradictor, quien de igual forma puede llegar a invocarlas.

III.5.- De la reivindicación:

Sobre el tema este Tribunal Supremo en la doctrina aplicable contenida en el AS 207/2016 de fecha 11 de marzo, se ha expuesto: En cuanto al tema corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación  es -Aquella que tiene por objeto el ejercicio, por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales, a efectos de obtener su devolución por un tercero que la detenta-, de esta definición, se puede extraer un punto esencial para su procedencia: .- Ser propietario, y a efectos de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que significa propiedad, según EL DICCIONARIO  DE DERECHO OMEBA TOMO III el término PROPIEDAD significa:” Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro”  y en el mismo sentido  podemos expresar la doctrina expresada por CAPITANT, el cual sobre el tema expresa, que es el:” Derecho de usar, gozar y disponer de una cosa  en forma exclusiva y absoluta”.

En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir el -IUS IN RE-, a efectos de ejercitar todos los derechos como se dijo  el -IUS UTENDI, FUENDI ETE ABUTENDI-,  y los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al:" propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente -del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la "posesión Civil" que está integrada en sus elementos "corpus y ánimus", quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y puede ser aplicada en cualquier momento, por el propietario.-

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En la forma:

En cuanto al primer agravio, donde el recurrente acusa que el informe técnico de fs. 207 a 217 no fue acepto menos aprobado mediante Auto expreso conforme determina el procedimiento, por lo que, dicha prueba pericial se quedaría inconclusa, por lo que, no corresponde su análisis sobre todo si dicho informe en el proceso es fundamental.

Del contexto de lo alegado, se evidencia que el recurrente centra su reclamo en un error procedimental relacionado al informe técnico de fs. 207 a 217, teniendo en claro este extremo, corresponde señalar que conforme se ha expresado en la doctrina aplicable III.1, la nulidad procesal es un mecanismo de ultima ratio, procedente ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente que afecten el debido proceso en su elemento derecho a la defensa, empero, en el caso en cuestión lo reclamado por el recurrente, en principio no fue impugnado por los mecanismos establecidos por ley, habida cuenta, que la recurrente se ha limitado a objetar el contenido de dicha pericia, empero, en ningún momento ha hecho otra observación, como la referida en el presente recurso, y de acuerdo a lo expresado líneas arriba si a  su criterio el medio probatorio referido no cumplía con lo establecido en el procedimiento, la ahora recurrente tenía la facultad de impugnar u observar esa omisión conforme le faculta el art. 24 num. 3) de la Ley 1760 impugnar lo tramitado ante el Juez A quo empero, no hizo uso de ningún mecanismos para observar lo ahora alegado, y por sindéresis jurídica  no resulta viable ante las resultas de una Sentencia desfavorable invocar una nulidad procesal, no impugnada oportunamente, de igual manera como se expuso supra este actuar no ha generado indefensión al recurrente quien como se dijo y valga la redundancia pudo oportunamente reclamar lo ahora alegado, por lo que, no resulta viable la nulidad impetrada.


De igual manera expresa que su demanda reconvencional fue dirigida contra de los posibles HEREDEROS DE Arturo Clavel Monasterios y Graciela Arriaza de Clavel, pero el decreto de admisión de demanda no se completo el traslado de los otros demandados es decir, de los posibles herederos, y el presente proceso se tramito con dicha omisión, que viciaría el presente proceso.

En el sub lite, el ahora recurrente carece del requisito referido en el punto III.2 para realizar este reclamo, es decir, que carece de legitimación procesal, en vista de que su reclamo de no le causa agravio alguno, y en el hipotético de que si tuviera esa legitimación procesal, este reclamo, no ha sido observado a través de los mecanismos de impugnación que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, como para que la autoridad judicial, modifique, reponga o anule obrados, por lo que, ha operado la convalidación de aquel actuado.

Al margen de lo referido, de los medios probatorios se ha llegado a establecer que el propietario del bien inmueble que se pretende usucapir es el ahora demandante principal, quien posee toda la legitimación pasiva en este tipo de acciones, y el mismo ha asumido defensa en todo el desarrollo del proceso, por lo que, no se genera indefensión alguna a posibles propietarios, por lo que, resulta infundado su recurso de casación en la forma.

Fondo:

Como primer reclamo expresa que el Auto de Vista al referir que el testimonio Nº 095/2005 acredita que el inmueble fue objeto de fraccionamiento en cuatro plantas, resultaría un criterio errado, debido a que esa prueba solamente hace un enunciativo de que sería cuatro plantas empero, no se especifica las dimensiones, puesto que no se aparejo al caso planos de construcción y demostrativo, documentado que respalde lo señalado.

Sobre lo expresado en principio, es menester señalar que conforme establece el art. 1289 del C.C., los documentos públicos tienen un valor probatorio conforme a la tasa legal que establecía la ley,  ahora si la recurrente pretende desconocer el valor probatorio de esa documental, de acuerdo a la carga de la prueba que le impone la ley conforme a lo desglosado en la doctrina aplicable III.3, debió enervar este medio de prueba con otro similar o de la misma calidad extremo que no aconteció, por lo que su reclamo no resulta fundado.

Sobre su reclamo en cuanto a que el bien inmueble resultaría otro, conforme al análisis de las pruebas sobre todo del informe pericial dicho aspecto no llega a ser evidente, al margen la parte demandada no ha adjuntado o enervado ese medio de prueba por otro informe pericial que lo desvirtué, de igual forma no resulta viable que mediante por un solo medio de prueba se enerve el conjunto probatorio conforme se pretende, solicitud del recurrente que desnaturaliza la esencia del principio de comunidad de la prueba, no resultando fundado su reclamo.

En cuanto a su último reclamo inherente a que el demandante nunca hubiese estado en posesión, por lo que, no resultaría viable la figura de la reivindicación establecida en el art. 1453 del C.C.

Sobre el particular conforme se ha establecido en la doctrina aplicable III.5, esta acción real se encuentra reservada para el propietario que ha perdido la posesión de una cosa, esto debido a que el mismo derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, para la viabilidad del bien sino demostrar su derecho propietario, por lo que, su alegación carece de sustento.

Por los motivos expuestos corresponde dictar Resolución conforme determina el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 284 a 289, interpuesto por Miriam Guadalupe Arana Clavel, contra el Auto de Vista de fecha 25 de mayo de 2015  de fs. 281 a 282 y vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma Bs. 1.000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.