TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 727/2016

Sucre: 28 de junio 2016

Expediente: CH-47-15-S

Partes: Guido Aparicio Mercado en representación de Pedro Ramos Navarro. c/

            Victoria Tito Cerda y Eduardo Lazcano  Tito.

Proceso: Entrega de bien inmueble.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Eduardo Lascano Tito, de fs. 378 a 403, impugnando el Auto de Vista Nº 205/2015 de fecha 09 de junio de 2015, pronunciado por la Sala Civil Comercial y Familiar y de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de Entrega de bien inmueble, seguido por Guido Aparicio Mercado en representación de Pedro Ramos Navarro contra el recurrente, la contestación de fs. 406 a 408 vta., la concesión de fs. 414, los antecedentes del proceso y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Sentencia Nº 57/2014 de fecha 21 de octubre de 2014 cursante de fs. 260 a 262, declaró: PROBADA en todas sus partes la demanda ordinaria de entrega de bien inmueble, e IMPROBADAS tanto la excepción perentoria de prescripción así como la reconvencional de usucapión.  Disponiendo haber lugar a la entrega del inmueble sito en pasaje Millares s/n zona Tucsupaya Baja actual Barrio Patacón, con una superficie de 200 mts2,  a su propietario Pedro Ramos Navarro, en el plazo de 90 días.

Contra dicha resolución, la parte demandada, interpuso recursos de apelación, motivo por el cual se emitió el Auto de Vista Nº 205/2015.

Auto de Vista:

La Resolución de alzada en seis (6) puntos otorga respuesta a los agravios planteados por la parte apelante, donde se refiere a la supuesta mala interpretación del art. 138 del CC., y la mala fe, la cuestión de humanidad en la entrega del inmueble (de hijo al padre), consideró sobre la supuesta inexistencia de fundamentación respecto a la objeción de la prueba presentada por la parte demandante, lo referente a la declaración jurada reclamada como no válida, estableciendo de manera categórica que las mejoras del inmueble si hubieren existido deben averiguarse y pagarse, en ejecución de sentencia, porque nadie puede enriquecerse a costa de otro.

Por otro lado, el Tribunal de alzada se refirió a la supuesta errónea valoración de la prueba de descargo, estableciendo que la Sentencia ha valorado y leído toda la prueba esencial, citando a cada testigo que contuviere afirmación conducente en el proceso.  También hizo referencia a la prueba documentarias presentadas en la litis, las cuales corroboraría las afirmaciones de la parte demandante y llevarían el nombre del propietario del predio, situación totalmente certera y veraz.

En consecuencia el Tribunal de alzada concluyó que el Juez A quo no infringió norma procesal alguna en la emisión de la Sentencia, por lo cual CONFIRMO en forma total la misma; estableciendo que en ejecución de sentencia se averigüe las posibles mejoras realizadas en el bien objeto de la demanda.

Resolución que fue notificada a las partes y recurrida en casación en la forma y en el fondo por la parte demandada, recurso que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En el fondo:

1.- Se acusa la violación del art. 138 del CC., indicando que en Sentencia se confunde entre una usucapión quinquenal y la usucapión decenal, toda vez que se declaró improbado la demanda de usucapión bajo el argumento que no se tenía título de propiedad (idóneo) a pesar de haberse reconocido la posesión.

Reitera que al haberse declarado improbada la demanda reconvencional solo con el único fundamento de que no se tenía título idóneo o justo título que acredite su posesión, constituyo un errónea interpretación del art. 138 del CC., Fundamentando su derecho con Autos Supremos respecto al tema en cuestión.

Concluyendo que al haberse incurrido en la violación del art. 138 del CC., por su errónea interpretación, se ha violado el derecho a la propiedad, incurriendo en una nulidad absoluta, conforme lo dispone el art. 17 de la ley 025 y art. 90 del CPC, al soslayar el art. 138 del CC., e interpretar a su manera de forma incorrecta y contraria a los precedentes contradictorios emitido por el Tribunal Supremo de Justicia.

2.- Por otro lado acusa la errónea interpretación del art. 87 del CC., con relación a la incorrecta percepción de detentador, al confundirse los institutos de la posesión y la detentación, mencionado  que probaron con todos los medios que no son detentadores.  Al respecto señalan el contenido del Auto Supremo Nº 537/2013 de fecha 24 de octubre, concluyendo que la detentación debe ser probada y acreditada objetivamente por la existencia de un título, lo que no se probó por ningún medio en el proceso.

Además señala que su posesión fue reconocida por el Tribunal de Alzada al derivar la averiguación de la mejoras en el inmueble objeto de litis, para ejecución de sentencia, lo cual reconoce la posesión del inmueble por más de 20 años, por lo que se tiene que fueron violados los art. 87 y 88 del CC, al merecer por ambas autoridades una incorrecta interpretación de dichas normas violando su derecho a una debida fundamentación y motivación de la resolución.

3.- En otro punto acusa la violación del art. 192-2) del CPC., por existir errónea valoración en la prueba de cargo como de descargo lesionando su derecho a la defensa. Señalando al respecto pruebas que supuestamente no fueron valoradas correctamente por el Juez A quo, como la declaración jurada, confesión judicial, minuta de transferencia de inmueble, acta de inspección ocular, declaración testifical y demás pruebas que se señala en el recurso;  acusando en su fundamentación de derecho,  error de derecho y de hecho en la valoración de las mismas.

4.- Finalmente, acusa la violación del art. 192 2) por haberse efectuado una errónea fundamentación, haciendo alusión al contenido del Auto de Vista, que sería contrario a lo determinado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el hecho de consumir los servicios básicos acredita la POSESIÓN, EL USO Y GOCE del inmueble objeto del litigio y conforme a las reglas de la lógica se acredito que se usó y se gozó del inmueble por más de 20 años y el hecho de tener el nombre del actor las facturas de los servicios básicos no acredita que el actor poseyó el inmueble.

Por dichos motivos termina peticionando que se case el Auto de Vista y en su mérito se declare probada la demanda reconvencional de usucapión decenal e improbada la demanda principal.

En la forma:

Acusa, falta de fundamentación en el Auto de Vista acusando la violación del art. 346 2) del CPC, donde la Sala civil soslayó ingresar a considerar dicha infracción, restándole importancia, violándose su derecho a una debida fundamentación y motivación como elemento de la garantía del debido proceso.

Por lo que termina peticionando que conforme al recurso de casación en la forma se case el Auto de Vista y en su mérito se declare probada la demanda reconvencional de usucapión.

Respuesta al Recurso de casación:

Se indica que con fundamentos alejados de la realidad la parte recurrente trata de establecer una supuesta posesión, cuando no quiere comprender que se trata de una detentación, ya que para poseer se debe cumplir varios presupuestos, que justamente deber ser valorados en proceso.

Indicando que la Sentencia y el Auto de Vista se pronunciaron en estricta justicia y con absoluto apego a los procedimientos establecidos en el art. 90 y 91 del CPC., y principios establecidos ene l art. 115.II y 180 del CPE.  Señalándose además que la parte recurrente no toma en cuenta lo establecido en el art. 89 del Código Civil que establece que quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión.

Por dichos motivos termina solicitando que se declare infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma presentado en la litis.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


Para el caso del recurso de casación en la forma, en temas similares, el Tribunal Supremo de Justicia, ha emitido criterio jurisprudencial en diversos Autos Supremos, entre los que se tiene el Nº 351/2013 de 15 de julio de 2013, estableciendo que: “…en todo caso, si esa fundamentación no le parecía clara o se entendía insuficiente, el demandado debió hacer uso del derecho que le asiste el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, que concordante con el art. 196 del mismo compilado normativo tiene por objeto: “…corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial, y suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en litigio”, en contrario, no activó este medio para exigir al Ad quem la aclaración o complementación de los fundamentos de la resolución objetada.”, así mismo en el Auto Supremo signado con el Nº 422/2014, señaló que: “Al margen de lo anterior, si la hoy recurrente consideraba que esa situación era irregular, es decir pronunciamiento incoherente, en sujeción a lo establecido por el art. 196-2) del Código de Procedimiento Civil, se encontraba facultada a solicitar aclaración a fin de contar con la explicación correspondiente, empero de la revisión de actuados, la emisión de la Sentencia y su notificación a fs. 503, no se evidencia petitorio alguno en tiempo oportuno, tendiente a aclarar su cuestionamiento, sino la formulación de recurso de apelación de manera directa, consecuentemente su derecho habría precluído.”


Para el recurso de casación en el fondo, debemos tomar muy en cuenta la doctrina de la “INTERVERSION DEL TITULO”, en ese entendido diremos que nuestra jurisprudencia empezó aplicar dicha teoría desde lo dispuesto en el Auto Supremo No. 567/2014 de fecha 9 de octubre, donde se otorgó los lineamientos generales sobro dicha teoría; ahora acotando a lo ya descrito en dicha resolución se tiene que, La doctrina ha destacado en todos los casos que se verifica la interversión del título o alzamiento contra la causa, cuando mediante actos ostensibles y exteriores existe una rebelión que logra consumarse logrando el cometido que se pretende, que no es otro de privar de la posesión a aquel en cuyo nombre se estaba poseyendo.


La posesión como hecho, según se ejerza sobre muebles o inmuebles, reconoce variaciones en cuanto a los vicios que pueden afectarla, pero hay uno, el abuso de confianza que es común en ambos supuestos, aunque regulado en distintas normas y ello acontece cuando un tenedor, que por ley está obligado a restituir la cosa que detenta, se rehúsa a hacerlo, se alza contra la causa detentionis y pasa a poseer en su nombre, excluyendo y privando de la posesión al que le había entregado la cosa.


Al respecto la jurisprudencia argentina estableció que, no basta la mera detentación de la cosa, pues lo contrario importaría confundir ocupación con posesión De allí que sea exigible una prueba categórica sobre el comienzo de la posesión animus domini que acredite la interversión del título, pues ser tenido por propietario es sólo fama y no un hecho posesorio. La ineficacia de la voluntad del poseedor se refiere tanto al proceso interno, que desde luego es ajeno al derecho, como también a los propios actos exteriores, por positivos y claros que fueren; es indispensable un alzamiento contra la causa en condiciones tales que el detentador prive de la posesión a la persona en cuyo nombre la ejercía. Es decir, se requiere una interversión del título que equivaldría para el poseedor a nombre ajeno una nueva causa susceptible de transformarlo en poseedor en cuenta propia.


La jurisprudencia argentina refiere además: para que sea posible la interversión del título de la posesión es menester que la voluntad en ese sentido se exteriorice por actos que no dejen la más mínima duda. Por ello, el art. 1622 Del Código Civil no excluye la interversión del título, pero para ello no basta el cambio interno de la voluntad ni siquiera su exteriorización por simples actos unilaterales. Se requiere que el cambio se produzca mediando conformidad del propietario o actos exteriores suficientes de contradicción de su derecho.


El autor Atilio Alterini doctrinario argentino, ha destacado que, la mera voluntad del tenedor no es suficiente para la interversión (cfr. art. 2353, Cód. Civ.), va de suyo que sería inconcebible la eficacia de la mera voluntad interna, pero tampoco basta que la voluntad se manifieste, ya que la posesión subsiste, aun cuando el que poseía a nombre del poseedor, manifestare la voluntad de poseer, manifestare la voluntad de poseer a nombre suyo. Es menester que existan actos exteriores que reflejan la voluntad del tenedor de provocar la pérdida de la posesión, pero sólo cuando sus actos producen ese efecto.


Para que se produzca la interversión de título de tenedor en poseedor se requiere que se presente alguno de los supuestos contemplados por la ley para la pérdida de la posesión por quien poseía y la realización por quien era tenedor de actos posesorios que desplacen al anterior.


Así, la mera declaración de voluntad o la mera intención no bastan para cambiar la causa de la posesión, ya que la interversión del título sólo se produce por actos exteriores que priven al poseedor de disponer de la cosa -art. 2458, Cód.Civil- , es decir actos incompatibles con la primitiva causa possessionis.


En cambio nuestra jurisprudencia y doctrina respecto al tema establece que cuando una persona posee por sí misma o por otra un derecho propio se llama simplemente poseedor y cuando dicha posesión la ejerce en nombre de otra persona o respetando el derecho de otra persona se llama simplemente detentador de la cosa; es decir, que conforme a la segunda parte de la norma en estudio (art. 87 y sgtes.) una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa; por lo tanto, una cosa es la posesión y otra la detentación de la cosa, normalmente el propietario es el que ejerce personalmente la posesión y extraordinariamente otra en su nombre (inquilino, anticresista, usufructuario, etc.).  El profesor Gerardo Ramón Romero Fernández en su obra “Derechos Reales en la Legislación.” indica que "la cuestión tiene particular importancia en materia de usucapión, porque el término de la prescripción empieza a correr recién desde el momento en que la interversión o cambio de título se ha manifes­tado por actos externos que demuestran inequívocamente la voluntad de poseer para sí como todo un propietario y no como un simple detentador."


Al respecto, nuestra doctrina, también señala que no es fácil cambiar o transformar la simple detentación en posesión, para eso en primer lugar el propietario de la cosa debe perder la posesión y la misma se pierde cuando se abandona la cosa, por cesión realizada a otro por título oneroso o gratuito.

También, puede perderse la posesión por destrucción o pérdida total y finalmente, por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado un tiempo prolongado (considero más de un año).


Sobre este punto el profesor Ripert señala que "la precariedad, que impide al detentador ser poseedor, no es sin embargo indeleble. El tenedor puede transfor­mar en poseedor verdadero y detentar la cosa de un modo útil en adelante. Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador; por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa intervención tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario"


Efectivamente nuestro Código Civil no regula en una norma expresa por las cuales e pueden provocar la interversión del título, pero la doctrina casi monocorde en la materia las ha clasificado según que los actos exteriorizantes sean jurídicos, judiciales o extrajudiciales, siendo su común denominador que ellos importen una manifiesta rebelión contra el poseedor a nombre de quien se tiene la cosa; sin embargo nuestra legislación precisa: "Quién comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a título universal" (art. 89 del Código Civil)


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Estando planteado el recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, primeramente resolveremos lo acusado en el recurso de casación en la forma, toda vez que de ser evidente la denuncia traída a casación, ya no sería necesario entrar a considerar los cuatro puntos del recurso de casación de fondo, en ese entendido tenemos que:

En la Forma:

La parte recurrente observa una supuesta falta de fundamentación y consideración a lo normado en el art. 346 2) del CPC, donde la Sala civil supuestamente soslayó ingresar a considerar dicha infracción, restándole importancia; al respecto, de la revisión de la Resolución de segunda instancia, se tiene que el Tribunal de alzada consideró lo siguiente: “Se alega inexistencia de fundamentación respecto a la objeción de la prueba presentada por la parte demandante, violándose dice el art. 346 numeral 2) del C.P.C. (parágrafo II); en este punto claramente confunde la parte recurrente lo establecido en el art.. citado con lo establecido en el art. 382 del mismo cuerpo legal adjetivo, pues no fue objetado esa prueba documental buscando una resolución previa o en sentencia al respecto, sino simplemente se pronunció sobre tal prueba cual es el derecho y al haber el Juez a quo revisado tales documentos de manera contextual en la sentencia se han cumplido los lineamientos de tal artículo; notándose la voluntad de forzar la valoración de tales documentos a favor suyo.-”, argumento que considera el agravio planteado por la parte recurrente, si en criterio de la parte recurrente, conforme denuncia en casación la respuesta otorgada no satisfacía a sus expectativas conforme a lo argumentado en apelación, o que ésta respuesta no era clara y precisa o considera se soslayó ingresar a considerar dicho agravio, la parte recurrente tenía la posibilidad de hacer uso de su derecho de explicación y complementación que señala el art. 239 del Procedimiento Civil, y al no hacerlo, consintió los términos fijados en la Resolución.

En ese entendido, la denuncia traída en casación, no puede ser motivo de anulación de obrados o de la resolución de segunda instancia, como se tiene dicho, la parte recurrente tenía el derecho de solicitar complementación, aclaración o explicación respectivos antes de accionar ésta última vía judicial, agotar de manera correcta todos los recursos legales que se le otorga, y como se explicó, no aconteció, o sea, el Tribunal de alzada no tuvo la oportunidad de aclarar sobre lo que ahora se acusa en casación, motivo por el cual y en consideración que dicha infracción no reviste de trascendencia alguna en la tramitación del proceso y toda vez que no generó indefensión alguna a la parte recurrente, lo denunciado deviene en infundado.

En el fondo:

Estando dividido el recurso de casación en cuatro puntos, los mismos serán considerados uno por uno conforme a lo siguiente:

1.- Sobre la supuesta violación del art. 138 del Código Civil, indicando que en Sentencia se confunde entre una usucapión quinquenal y la usucapión decenal, toda vez que se declaró improbado la demanda de usucapión bajo el argumento que no se tenía título de propiedad (idóneo) a pesar de haberse reconocido la posesión; al respecto si bien el Juez A quo en la fundamentación de la Sentencia, indica que: “…por ende los mismos no reúnen los requisitos para usucapir es decir justo título que sea idóneo para fundar la usucapión, porque la prescripción que hace adquirir derechos reposa en la presunción de que el que goza de un derecho, debe tener algún justo título, sin el cual no se le habría dejado gozar tanto tiempo (Domat, cit de Machado), careciendo de título idóneo los detentadores precarios, máxime si todo el tiempo los demandantes en reconvención sabían y conocían que el verdadero propietario es, era y será Pedro Ramos Navarro, siendo su posesión de MALA FE: pues producto de su concesión precaria conocían que su poder sobre cosa poseída no está respaldado por ningún derecho, acudiendo al respecto a la definición de detentar…”, fundamentación del Juez A quo, en la cual no existe confusión alguna en lo establecido en el instituto de la usucapión sea quinquenal o decenal, toda vez que, el argumento empleado en Sentencia hace alusión, a la calidad de detentador que tiene la parte demandada, “título” de la parte demandada que en el transcurso del proceso no probó que cambió a poseedor conforme lo norma y establece el art. 89 del Código Civil, en ese sentido, el Juez A quo estableció que su “posesión” alegada no era idónea, era de mala fe, porque siempre estuvieron consientes que el titular o sea la parte actora siempre fue el propietario del inmueble que durante 20 años detentaron.

Por dicho motivo, la supuesta interpretación errónea de lo determinado en el art. 138 del CC., no resulta evidente, el Juez  A quo, al igual que el Tribunal de alzada correctamente aplicaron lo normado en la indica disposición legal; además la supuesta infracción no puede ser motivo de nulidad absoluta como erradamente justifica la parte recurrente.

2.-  Sobre la errónea interpretación del art. 87 del CC., con relación a la incorrecta percepción de detentador, al confundirse los institutos de la posesión y la detentación, mencionado que probaron con todos los medios que no son detentadores, donde además se señala el contenido del Auto Supremo Nº 537/2013 de fecha 24 de octubre, concluyendo que la detentación debe ser probada y acreditada objetivamente por la existencia de un título que acredite dicha detentación; al respecto debemos recalcar que en Sentencia el Juez A quo estableció que además de la concurrencia de los requisitos necesario para usucapir, (continua e ininterrumpida, pública y pacífica), la parte recurrente debía demostrar con pruebas objetivas que cambió su detentación o tolerancia a una posesión, toda vez que,  “…por un acto de benevolencia movido por el amor de hijo hacia su padre que el señor Pedro Ramos Navarro una vez que adquirió el inmueble sito en calle Millares s/n zona Barrio Patacón de esta ciudad en fecha 02 de julio de 1992, permitió que su padre Deciderio Ramos Ortega, pueda vivir en el mismo teniendo la detentación de la cosa (inmueble), y que posteriormente al haber contraído nupcias con la demandada Victoria Tito Cerda luego de un año y tres meses, también permitir que esta y sus hijos menores puedan vivir en el inmueble, por ende el propietario no hizo abandono del mismo y/o dejó de poseerlo si bien no por sí mismo, si por otra persona su padre y accesoriamente por los demandados…”. Al respecto el art. 87 hace alusión a que la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denoten la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, normativa que debe ser interpretada en torno a lo dispuesto en el art. 89 del mismo cuerpo legal, que dispone “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real…”, determinación que sin duda se complementa al caso de autos, donde los hechos facticos expuestos por la parte actora en el proceso, fueron demostrados, mediante el testimonio de compra del bien inmueble objeto de litis (fs. 38 a 43), la declaración jurada del padre de la parte actora (fs.47) y el certificado  de matrimonio (fs. 44) pruebas pre constituidas que demuestran los hechos fácticos descritos en la demanda principal, los mismos que no fueron desvirtuados por la parte recurrente, motivo por el cual, el Juez A quo los catalogó como detentadores del inmueble de propiedad de la parte actora, estableciendo de manera categórica que por un gesto de humanidad, algo lógico entre familiares cercanos (hijo al padre) se autorizó que su padre Deciderio Ramos Ortega, viva junto con su nueva familia.

Como se tiene expuesto, la parte actora comenzó su tenencia como detentador del inmueble objeto de usucapión, ahora no cursa prueba alguna que demuestre objetivamente el cambio del título con el cual empezó a poseer el mismo, los recurrentes no demostraron objetivamente que dentro del transcurso de los más de 20 años que vivieron en el inmueble, en algún momento cambiaron o intervirtieron  su título con el cual empezaron a vivir en la propiedad de la parte actora. Al respecto, la doctrina orienta, en relación a la posesión y la detentación que, las personas que han comenzado a detentar una cosa luego pretendan adquirir dicho bien alegando posesión, cuando en realidad solamente han sido detentadores, no puede con el tiempo (aunque ha transcurrido diez (10) años) pretender convertirse en propietario del mismo por efectos de la usucapión provenientes de una posesión, mientras no se demuestre ese cambio de título.

Por dicho motivo,  la denuncia que probaron con todos los medios que no son detentadores, no es evidente, ni se subsume a la “teoría de la interversión del título” la parte demandada no ha demostrado con prueba idónea cuando su título de detentador ha cambiado al de poseedor como se dijo anteriormente para demostrar el transcurso efectivo del tiempo para la pretensión de usucapión decenal, más aún si han reconocido el derecho propietario sobre el bien inmueble motivo de litigio de la parte actora (confesión provocada), al respecto es clara la norma que se aplica al caso de autos, es decir el art. 89 del Código Civil, existiendo en dicha disposición un principio general de que nadie puede cambiar por sí mismo la causa de la posesión (nemo ipse sibi causam possessionis mutare potest). Sin embargo, la norma citada no tiene un carácter absoluto, por el contrario ella misma prevé los supuestos en que opera el cambio de detentador a poseedor, identificando estos: 1) por causa proveniente de un tercero; 2) por propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa. Al respecto Ripert nombrado por Gonzalo Castellanos Trigo en su libro "Posesión, Usucapión y reivindicación señala: "...que el tenedor puede transformarse en poseedor verdadero y detentar la cosa de un modo útil. Esta transformación no resulta un simple cambio de voluntad de parte del detentador, por lo que debe abandonar su título primitivo con hechos; por lo que debe operar un reemplazo de la posesión precaria por una posesión verdadera. Esa interversión tiene lugar de dos maneras: 1º. Por una causa que proviene de un tercero y 2º. Por una contradicción a los derechos del propietario". O como señala el autor Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales: "Para que exista interversión del título, no bastan las simples manifestaciones de voluntad, (...), sino que la actitud debe consistir en hechos exteriores que impliquen una verdadera contradicción a los derechos del propietario, un verdadero alzamiento contra su derecho, que puede revestir la forma judicial, aunque no es necesario que se plantee un litigio, o actos de fuerza que impidan al propietario el ejercicio de su derecho. Estos actos, por lo tanto, deben revestir un carácter ostensible e inequívoco para tener la consecuencia que la interversión apareja, cual es la de convertir la tenencia en posesión".

Lo manifestado demuestra que la interversión, que hace referencia a la inversión o cambio de la tenencia en posesión, debe manifestarse por actos contundentes que revistan carácter ostensible e inequívoco, situación que en el caso de autos no se demostró por parte demandada ahora recurrente, en consecuencia no existe violación del art. 87 o confusión entre posesión y detentación.


3.- Sobre la supuesta errónea valoración en la prueba de cargo como de descargo lesionando su derecho a la defensa de la parte recurrente; se tiene que, la declaración jurada de Deciderio Ramos Ortega, confesión judicial provocada, minuta de transferencia de inmueble, acta de inspección ocular, declaración testifical y demás pruebas que se señala en el recurso como errónea valoración probatoria, conforme los antecedentes procesales, se tiene que dentro el marco establecido en el art. 1286 del CC., el Juez A quo cumplió con su correcta labor de valorar las mismas conforme a su prudente criterio y sana critica,  no evidenciándose ningún error de hecho o de derecho al momento de la valoración de la prueba presentada, tanto de cargo como de descargo, toda vez que, con relación a la declaración jurada adjunta al proceso, si bien no cumple con lo dispuesto en el art. 319 inc. 9) del CPC., ésta es otorgada y realizada en presencia de una autoridad pública como lo es el notario de fe pública, autoridad que reviste de las facultades de emitir documentos públicos que conforme lo establece el art. 1289 del CC., tiene fuerza probatoria. 

Por otro lado sobre la confesión provocada de Eduardo Lascano Tito y Victoria Tito Cerda (demandados), se puede evidenciar que los recurrentes conocían quien era el propietario del inmueble, así se tiene de lo indicado por Victoria Tito Cerda de Ramos quien manifiesta que: “Si el terreno era de don Pedro Ramos quien dijo que había comprado de don Eloy y nos fuimos a vivir con su papa y como sus hijos eran casados solo iban a visitar.” Demostrándose la posesión precaria que contaba la parte recurrente, que conforme se tiene argumentado en el punto 2.- de la presente resolución, no fue intervertido su título con el cual empezaron a poseer.  Respecto a las construcciones efectuadas, el Tribunal de alzada fue claro al determinar que las mismas deben ser valuadas y pagadas en ejecución de sentencia, toda vez que nadie puede enriquecerse a costa de otro, motivo por el cual, no se realiza mayor consideración al tema, debido a que no fue objetado en casación, determinación que se aplica también a lo acusado en relación a la documental de fs. 37 a 43 (Testimonio de Propiedad del inmueble objeto de litigio) donde se consigna como lote de terreno, que a criterio de la parte recurrente, no existía ninguna construcción y al Acta de inspección judicial del inmueble de fs. 218; reiterando que en el presente proceso no se demostró que los recurrentes tengan otro título distinto a la detentación, toda vez que aún tengan la cosa en su poder, hubiesen efectuado construcciones o mejoras, sin el respaldo de la interversión del título, no podrían adquirir el derecho propietario de la cosa por el transcurso del tiempo, mientras no cambie ese su título con el cual empezaron a poseer, es decir, de detentador a poseedor.  

Finalmente, respecto a las declaraciones testificales, estas conforme determina el art. 1330 del CC., fueron apreciadas, considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente de las declaraciones, las mismas que no conducen a demostrar ese cambio de detentadores a poseedores que debió demostrar la parte recurrente, si bien tuvieron la posesión por el tiempo que indican y señalan los testigos descritos en el recurso de casación, ésta (tiempo) por más que pase no otorga derechos propietarios a los que empezaron su posesión como detentadores.

4.-  Sobre haberse efectuado una errónea fundamentación, en la Sentencia y en el contenido del Auto de Vista, que serían contrarios a lo determinado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, ya que el hecho de consumir los servicios básicos acredita la POSESIÓN, EL USO Y GOCE del inmueble objeto del litigio y conforme a las reglas de la lógica se acredito que se usó y se gozó del inmueble por más de 20 años; al respecto nuestra jurisprudencia es amplia en torno a la procedencia de la usucapión, donde sin duda alguna orientan que los detentadores en ningún tiempo, por más que transcurran los años en posesión precaria del inmueble, pueden adquirir el derecho propietario, jurisprudencia que fue analizada por el Juez A quo y por el Tribunal de alzada y las determinaciones asumidas en la Sentencia y en el Auto de Vista no vulneran lo dispuesto en nuestra jurisprudencia.

Ahora, respecto al consumo de los servicios básicos, que a criterio de la parte recurrente, demostrarían la POSESIÓN, EL USO Y GOCE del inmueble objeto del litigio, no resulta evidente, si bien la parte recurrente, adjunta al proceso una serie de recibos por el pago de los servicios, esta situación de ninguna manera demuestra una posesión en el inmueble objeto de usucapión, como se tiene dicho durante toda la presente resolución, nadie niega el tiempo que vivieron en el inmueble, tiempo en el cual cumplieron con el pago de los servicios básicos, pero estas pruebas no demuestran ESE CAMBIO, ESA INTERVERSIÓN DEL TÍTULO  con el cual empezaron a ocupar el inmueble de la parte actora, para que este sea inicio de una posesión legal y no precaria como hasta el momento cuenta el recurrente, aspecto que como se tiene dicho, no fue probado objetivamente en el proceso reconvencional de usucapión.  Por ende la supuesta falta de consideración a la jurisprudencia que cuenta el Tribunal Supremo de Justicia en relación a los antecedentes reclamados por la parte interesada, no resultan fundados.

Finalmente, resulta necesario considerar lo establecido en el Auto Supremo Nº 537/2013 de fecha 24 de octubre, que la parte recurrente trae a consideración; al respecto, se debe partir indicando que todos los casos de usucapión que se presentan son sui generis (únicos) ninguno es igual al otro y si bien existen reglas generales que se aplican a dicho instituto, la procedencia o no de la usucapión se determina en torno a los hechos facticos acontecidos en cada caso, los mismos necesariamente tienen que ser demostrados por las partes interesadas, por dicho motivo lo establecido en la indicada resolución no resultan vinculantes o determinantes para resolver e l presente proceso que sin duda tiene otros matices diferentes a los debatidos y discutidos en lo resuelto en la considerada y alegada por la parte recurrente, toda vez que lo trascendental en el presente proceso, fue y será determinar si la parte recurrente era simple detentador o tenía la cualidad de poseedor, aspecto que como se tiene ampliamente analizado, no demostraron bajo ningún medio de prueba que estarían poseyendo el inmueble a título personal y no por otra persona como lo demostró la prueba analizada.      

Bajo ese análisis, corresponde emitir la presente resolución en consideración a lo establecido en el art. 220.II de la Ley Nº 439.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del Art. 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara: INFUNDADO el recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Eduardo Lascano Tito, de fs. 378 a 403, impugnando el Auto de Vista Nº 205/2015 de fecha 09 de junio de 2015, pronunciado por la Sala Civil, Comercial y Familiar y de la Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.


Se regula el honorario del profesional abogado en la suma de Bs.- 1.000.-


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.