TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A   C I V I L

Auto Supremo: 721/2016

Sucre: 28 de junio 2016

Expediente: SC 132 15 S

Partes: Empresa Petrolera Andina S.A. c/ Mario Pérez Elías

Proceso: Pago de daños y perjuicios

Distrito: Santa Cruz


VISTOS: El recurso de casación de fs. 779 a 787, formulado por ANDINA S.A. mediante sus representantes Vitalio Quiroga Dorado y Victoria Elizabeth Urquieta Vaca, contra el Auto de Vista Nº 329 de 03 de julio de 2015 que cursa en fs. 777 y vta., pronunciado por la Sala Civil primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso de pago de daños y perjuicios seguido por la entidad recurrente en contra de Mario Pérez Elías, la concesión de fs. 756 los antecedentes procesales; y,

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez de Partido Décimo en lo Civil, pronuncia la Sentencia Nº 20/15, que cursa de fs. 748 a 751 y vta., por la que declara improbada la demanda principal de fs. 158 a 166 y en relación a la demanda reconvencional dispone estarse a lo resuelto en Auto de 28 de octubre de 2002.

Apelada la Resolución de primer grado, el Ad quem emite el Auto de Vista de fs. 777 y vta., por el que confirma la Sentencia apelada, fundamentando que Mario Pérez Elías resultó ser propietario del predio al que se pretendía ingresar, impidiendo el ingreso al personal que hubiera contratado la empresa demandante, que el Tribunal de Alzada la considera correcta, en consideración a que el demandado no hubiera desobedecido orden de autoridad competente y el ejercicio de que extrañas personas ingresen al predio de propiedad del demandado no genera responsabilidad, asimismo señala que si la conducta del demandado era reprochable penalmente debió iniciar la acción penal; asimismo sostiene que es correcto el reclamo de los apelantes respecto a la interpretación errónea del Juez sobre los alcances del proceso de interdicto, y no son suficientes para sustentar una decisión de cosa juzgada, sin embargo el reclamo resulta irrelevante conforme se hubiera explanado sobre la responsabilidad económica del demandado; refiere que existe un proceso de interdicto de recobrar la posesión en favor de Andina S.A. y otra Resolución judicial que determinó el mejor derecho de propiedad del demandado sobre el predio en litigio, y que el demandado reclamo el por qué se contrató la servidumbre con Manuel Limón Molina, sin fuera propietario del terreno donde se encuentra el pozo LPÑ 20, asimismo sostiene que la entidad demandante contrató erróneamente con una persona que no era propietaria del fundo.

II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

La entidad recurrente, trascribe  el Auto de Vista, y señala que se vulneró el art. 236 del Código de Procedimiento Civil al no haberse resuelto todos los agravios, refiriendo que en el recurso de apelación expuso cuatro agravios; el primero relativo a la actitud dolosa del demandado y que hubiera efectuado una constitución de servidumbre; la segunda, que el Juez no podía confundir la cosa juzgada del proceso del interdicto con el resarcimiento de daños y perjuicios; la tercera, falta de consideración del art. 515 del Código de Procedimiento Civil y el fallo del Juez contradice los arts. 591 a 595 y 607 del adjetivo civil; y la cuarta, el desconocimiento del art. 316 de Código de Procedimiento Civil, en razón que el asunto contencioso debe ser sustanciado mediante proceso ordinario.

Asimismo señala que se ha demostrado conforme al art. 375.1 del Código de Procedimiento Civil-, que en diversas oportunidades el demandado, obstaculizó por la fuerza y por actos delictivos el ingreso de los personeros y contratistas de YPFB Andina S.A., quienes debían efectuar sus trabajos y actividades al amparo del contrato de riego compartido, conforme a los documentos de fs. 117 a 119 y de fs. 121 a 125 están relacionadas con el proceso judicial de interdicto de recobrar la posesión que demuestra la actitud dolosa del demandado, asimismo señala las actas notariales y fotografías de fs. 108 a 116 que fueron admitidas conforme a la confesión judicial; los oficios de fs. 177 a 183 enviados por el demandado, que vulnera el art. 1305.I del Código Civil, las confesiones judiciales espontáneas de fs. 195 a 197 que debieron valorarse conforme al art. 1321 del Código Civil, asimismo señala que las documentales de fs. 228 a 229 demuestran las amenazas expresadas por el demandado, que tienen el valor del art. 1305.I del Código Civil, refiriendo que todas esas pruebas demuestran que se constituye en un hecho doloso, como el desconocimiento de la posesión legítima de YPFB Andina S.A. en el campo La Peña en el área del pozo LPÑ 20,  la amenaza ejercida con arma de fuego, el impedir el ingreso de equipos y del personal, la colocación de alambres de púa en la zona donde se encuentran los pozos petroleros, y que no podría hacer justicia por mano propia, y el desconocimiento del fallo dictado en proceso de interdicto, y refiere que el Tribunal de Alzada debió considerar el factor de la ilicitud del acto considerado como antijuricidad, siendo el daño injusto, arguyendo que debió considerarse el elemento subjetivo del art. 984 del Código Civil, que consisten en la conducta dolosa y culposa, y que conforme a la prueba de fs. 137 a 147 el daño asciende a la suma de $us. 75.000.- que constituye ser el daño emergente, asimismo refiere que conforme a la prueba de fs. 148 a 156 relativo al informe de pronóstico de producción respecto al pozo LPÑ 20 asciende a la suma de $us. 437.120.46.- que refiere ser el lucro cesante, asimismo cita los arts. 441 del Código de Procedimiento Civil y 1333 del Código Civil, que quitan al Juez estimar de acuerdo a su convicción.

Manifiesta que lo único que el Ad quem consideró es la errónea interpretación del Juez de origen, respecto a los alcances del proceso de interdicto, sin embargo de ello el Ad quem considera que el reclamo resulta ser irrelevante.

Cita los arts. 30 inc. 11) de la Ley Nº 025, art. 1 inc. 16) y 143 del Código Procesal Civil, formularios cuestionarios sobre la verdad material, refiriendo que el Auto de Vista no describe los medios probatorios, tampoco verifican los hechos, ni realiza un análisis integral de los medios producidos y cita la Sentencia Constitucional Nº 0713/2010-R.

Reitera que el Tribunal de apelación no resolvió el recurso de apelación, refiriendo que no existe motivación siendo la misma una motivación aparente y cita los Autos Supremos Nº 23/2015 y 522/2014 pronunciados por Sala Civil.

Por lo que solicita se anule el Auto de Vista.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

La responsabilidad civil extracontractual se encuentra establecida por el art. 984 del Código Civil, cuyo texto señala Lo siguiente: “(Resarcimiento por hecho ilícito) Quien con un hecho doloso o culposo, ocasiona a alguien un daño injusto, queda obligado al resarcimiento”, la norma descrita refiere que cualquier “hecho doloso” o “hecho culposo” que ocasione un daño injusto, se encuentra en la obligación de resarcir el daño causado, aquí la norma describe el daño injusto, ahora en criterio del doctrinario Carlos Morales Guillen señal en su obra CODIGO CIVIL COMENTADO Y ANOTADO, Edit. Gisbert 1981, al comentar el artículo en estudio señala lo siguiente: “Para Messineo, acto ilícito (en el orden civil), es un acto unilateral, que origina daño a otro y genera a cargo de su actor una responsabilidad consistente en la obligación de resarcir o reparar el daño. La ilicitud del acto o factum contra ius se manifiesta y configura como una antijuridicidad o injusticia (en la terminología romana: iniuria = injusticia o hecho contra derecho), por lo que el daño, además de antijurídico es injusto.”

Ahora en cuanto a los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, conforme a la doctrina moderna 1) la imputabilidad, 2) la ilicitud o antijuridicidad, 3) el factor de atribución, 4) el nexo causal, 5) el daño.

La antijuridicidad o ilicitud entendida como la constatación que generarse una conducta contraria a la norma jurídica. Esta antijuridicidad tiene sus causas de justificación como: a) el ejercicio regular de un derecho, b) la legítima defensa y c) el estado de necesidad.

También forma parte de los elementos de la responsabilidad civil, el nexo de causalidad o la relación de causalidad, entendida como el vínculo entre el evento lesivo y el daño producido; elemento que también tiene los supuestos de ruptura del nexo causal, entre ellas podemos citar: a) el caso fortuito o fuerza mayor, b) el hecho de un tercero, y c) el hecho de la propia víctima o hecho del damnificado.

Para la concurrencia de la calificación de responsabilidad civil extracontractual deben concurrir los cinco elementos descritos precedentemente, y en caso de que exista alguna causa de justificación o ruptura del nexo causal, no da lugar a calificar la conducta como responsabilidad civil.

Nuestra legislación en el artículo en estudio señala, sigue la responsabilidad extracontractual subjetiva, por dicho motivo, para determinar si el hecho es doloso o culposo, se tiene que ver si los autores tuvieron la intensión de engañar o simplemente obraron con negligencia; se tiene que analizar las circunstancias que originaron la responsabilidad civil y no puramente el hecho ocurrido.

Ahora bien, corresponde establecer de qué forma se responde por el daño causado; en ese entendido diremos que el daño puede ser reparado o indemnizado.

La reparación consiste en restablecer la situación al estado anterior a la generación del daño, siempre y cuando sea posible dicho restablecimiento.

La indemnización, en cambio, consiste en pagar por los daños y perjuicios cuando resulta imposible restablecer la situación anterior a la comisión del daño.

En la reparación, el daño siempre se remedia en forma total, pues, lo que se logra es la restitución al estado anterior a la comisión del daño. En cambio, en la indemnización patrimonial, la reparación del daño es generalmente parcial, sólo excepcionalmente se logra una reparación total.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

1.- Respecto a la falta de pronunciamiento de los agravios, refiriendo infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y respecto a la falta de motivación.

Corresponde referir que el Tribunal de Alzada, señaló que la entidad demandante contrató su derecho de servidumbre con una persona que no fuera propietaria (Manuel Limón) y que el demandado (Mario Pérez Elías) al impedir el ingreso al predio del personal contratado por la entidad demandante ejerció su derecho de propiedad, en base a esa consideración dedujo que no existe responsabilidad civil, asimismo señaló que sí existió equivocación por el A quo al momento de considerar los alcances del proceso de interdicto, no siendo estas idóneas para sustentar una decisión de cosa juzgada; sin embargo del ello el recurrente insiste en que el Tribunal de alzada no se hubiera pronunciado sobre los agravios, cuando el punto fundamental del Ad quem es que ejerció la defensa del “derecho de propiedad”, con el que considera la inconcurrencia del elementos de antijuridicidad (descrito en la doctrina aplicable), que resulta ser suficiente para desestimar la indemnización del daño que alega la entidad recurrente, pues esos agravios como el dolo o la utilización del arma de fuego, el Ad quem entiende que ejerció la defensa de su derecho de propiedad; y respecto a la acusación de que Andina hubiera celebrado  contrato de servidumbre con Manuel Limón, señaló que, pese de ser irregular, Mario Pérez en forma incesante alegaba derecho de propiedad;  respecto a la acusación de que en forma posterior se hubiera determinado el ejercicio del derecho de propiedad, ese fue un argumento reiterado en el Auto de Vista; respecto a la acusación de la infracción de los alcances del proceso de interdicto, -descrito como segunda, tercera y cuarta infracción de la apelación-, el Ad quem acogió favorablemente dicha observación, empero dedujo que la misma no es suficiente para revertir la decisión de primer grado, asimismo consideró el fondo del proceso de pago de daños y perjuicios, ello quiere decir que el criterio del Juez que refirió que no correspondía esta vía para reclamar la reparación de daños, fue desechada. Por lo que se evidencia que el Ad quem, resolvió los agravios presentados por la entidad apelante deduciendo que no concurre la responsabilidad civil pretendida, en consideración a que el demandado ejerció su derecho de propiedad, impidiendo el ingreso de personas al predio en cuestión. Por lo que este Tribunal estima que los agravios del recurso de apelación han sido absueltos, y si consideraba insuficiente la motivación correspondía a la entidad recurrente solicitar la complementación y explicación en base a lo dispuesto en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, y el no haberlo hecho implica que el reclamo sobre la falta de motivación y/o sobre la falta de expresión de agravios ha precluído, conforme describe la regla contenida en el art. 16.I de la Ley Nº 025, que señala que en caso de advertirse un vicio de procedimiento (irregularidad procesal), la misma debe ser reclamada oportunamente y el momento y mecanismo oportuno que establece el código de Procedimiento Civil, es la petición contenida en el art. 239 del adjetivo civil, descripción que también se acomoda a la motivación de las resoluciones judiciales, que fue acusada en el recurso, pues en base a lo expuesto se entiende que el Ad quem hubiera efectuado una motivación precisa, del porque considera inviable la pretensión de pago de daños y perjuicios, refiriendo que el demandado en reiteradas oportunidades hubiera reclamado la propiedad del terreno y que al contar con un derecho de propiedad ejerció la defensa de ese su derecho de propiedad, siendo esa motivación precisa, por lo que si la entidad recurrente consideraba insuficiente dicha motivación tenía la petición de complementación y explicación contenida en el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, que no fue activado, por lo que cualquier reclamo quedó precluído.

2.- Respecto a la acusación relativa a que los medios de prueba demostrarían, que debe procederse al pago de daños, alegando que hubiera estado en posesión del pozo LPÑ 20 y que el demandado impidió dolosamente el ingreso del personal de la entidad demandante al mencionado pozo, refiriendo el contenido del elenco probatorio.

Los medios de prueba descritos resultan ser las literales de fs. 74 a 88 y vta., y de fs. 117 a 119 y de fs. 121 a 125, fs. 108 a 116 y de fs. 177 a 183; la primera descrita resulta ser el contrato de riesgo compartido para la explotación del campo La Peña, suscrito entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la entidad demandante, que no involucra al demandado; el documento de fs. 117 a 125, resultan ser copias legalizadas de la resoluciones emitidas en proceso de interdicto de recobrar la posesión incoada por Empresa Petrolera Andina en contra de Mario Pérez y Yolanda Parada, cuyo fallo refiere que por efecto del contrato se hubiera transferido el derecho de posesión (fs. 123), empero de ello dicho fallo no considera lo dispuesto en el art. 64 de la Ley Nº 1689 de 30 de abril de 1996, que señala lo siguiente: “Las servidumbres petroleras se constituyen, modifican y extinguen por disposición de la Ley o por acuerdo de partes. YPFB o quienes tengan suscrito con YPFB un contrato de riesgo compartido para la exploración, explotación y   comercialización   de   hidrocarburos,   así   como   los   titulares   de concesiones para la ejecución de cualquiera de las actividades a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, pueden solicitar  a la Secretaría Nacional de Energía e Hidrocarburos la constitución de todo tipo de servidumbres en cualquier área superficial de dominio privado o público, con excepción de los casos previstos por el artículo 63. Los gastos que demande la constitución de las servidumbres serán pagados por el interesado. Serán aplicables a la constitución de servidumbres las normas correspondientes del Capítulo I de este Título”, por lo que dicho fallo se basó en el contrato de fs. 74 a 88 y vta., sin embargo la misma no señala en forma expresa que se entrega la posesión del Pozo LPÑ 20 en favor de Andina; al margen de ello, se debe señalar en el ámbito doctrinario, se encuentra el ejercicio de un derecho como describe la legislación peruana en el art. 1971 del Código Civil, entendida por el doctrinario Diez-Picazo -citado por Espinoza en su obra Derecho de la Responsabilidad Civil-, como: “el que viola un derecho ajeno en ejercicio de su propio derecho no actúa antijurídicamente y, por consiguiente, ninguna responsabilidad le incumbe por los quebrantos que pudiera causar…”, consiguientemente el “daño injustoque señala el art. 984 del Código Civil, no concurre, por la propia versión de la entidad actora, que señaló que el demandado alegando derecho de propiedad impidió el ingreso del personal de la empresa que contrató el demandante al pozo LPÑ 20, por lo que se considera que no concurre el componente de la antijuridicidad (elemento de la responsabilidad civil).

Por otra parte, pese del argumento expuesto precedentemente, -tomando en cuenta la exigencia contenida en el recurso de casación- respecto a la consideración reiterada del daño que la entidad recurrente alega haber sufrido; corresponde considerar el resto de los medios de prueba, en aplicación del principio de verdad material contenido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado. Así se tiene que de obrados se advierte que cursan las literales de fs. 179 a 180 de 16 de noviembre de 1999, relativo a una nota suscrita por el demandado dirigida a los personeros de Andina S.A. indicando que cerraría todas sus puertas, y reclamó que los accesos pasan por la propiedad del demandado; también se tiene la nota de fs. 181 a 183 de 03 de enero de 2001, en el que cursa un reclamo del demandado dirigido a Andina S.A. haciéndole conocer que sobre el pozo LPÑ 20 se encuentra en los límites de propiedad de  Mario Pérez, en el que alega que se bloquearán todas las puertas; estas dos notas dirigidas a Andina (que la entidad actora no las niegas y las acepta conforme a su escrito de fs. 202 a 204 y de fs. 210 a 212  y vta. y acorde a lo dispuesto en el art. 346.2) del Código de Procedimiento Civil), se entiende que fueron recepcionadas por la entidad recurrente antes de la fecha que se acusa haberse generado el daño (febrero de 2001), por lo que Andina ya conocía de los reclamos de Mario Pérez respecto de la propiedad donde se encuentra el pozo LPÑ 20, lo que significa que Andina antes del mes de febrero de 2001- ya tomó conocimiento que Mario Pérez anunció que se opondría a que Andina (o sus dependientes) ingresen al predio donde se encuentra el pozo LPÑ 20, lo que desvirtúa la calificación de “actitud dolosa” que refiere la entidad actora, y por otro lado las cartas puestas en conocimiento de la entidad recurrente, se subsumen en “el hecho del damnificado” (eximentes del elemento del nexo causal de la responsabilidad civil), para el cual corresponde citar el criterio de María Antonieta Pizza Bilbao, que en su obra LA RESPONSABILDIAD CIVIL  EXTRACONTRACTUAL EN EL MUNDO ACTUAL, pág. 115 y siguientes señala: “La culpa de la víctima ha constituido un elemento de ruptura del nexo de causalidad de la responsabilidad civil, desde el derecho antiguo… ello significa que el daño que alguien experimenta por su propia culpa debe considerarse como si no hubiera ocurrido a efectos de la responsabilidad…”, sobre este punto de la culpa de la víctima también corresponde citar el criterio de Juan Carlos Espinoza Espinoza quien en su obra DERECHO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,Edit. GACETA Jurídica 2003, quien sobre el particular  refiere sobre los supuestos de la ruptura del nexo causal y en la página 168 alude al hecho de la víctima, en el que expone: “El criterio de la capacidad del dañado de evitar el daño, a nivel de inejecución de las obligaciones… también se aplica en la responsabilidad extracontractual. Así, afirma, con razón que “la exigencia de tutela, contra el acto dañino que puede ser menos intensa cuando el daño podría ser fácilmente evitado por el mismo sujeto que debería ser tutelado”. Tal es el caso de que una persona que recibe información, por cortesía o amistad, y sobre la base de ésta, invierte una gran cantidad de dinero y la pierde. El dañado pudo evitar el daño, validando esa información con otras personas, o especialistas…” de acuerdo a este ejemplo se tiene que, ante un anoticiamiento, una persona debe tomar los recaudos pertinentes para que no se genere un acontecimiento con el que pueda generarse un daño, lo que quiere decir que una persona debe tomar los recaudos necesarios para evitar alguna consecuencia por la que podría generarse un daño, ahora trasladando esta tesis al caso presente, podemos deducir que si Andina S.A. conocía de los reclamos de Mario Pérez, respecto a su derecho de propiedad y respecto al lugar donde se encuentra el pozo LPÑ 20, antes de efectuarse el ingreso a dicho pozo en el mes de febrero de 2001, lo que correspondía era percatarse de que esa postura fuera correcta y no firmar en forma posterior la protocolización de la servidumbre con Manuel Limón (testimonio de fs. 89 a 105 de 6 de febrero de 2001), o si consideraba que se encontraba en posesión material del terreno, debió activar un interdicto de retener y/o recobrar la posesión impetrando la aplicación de alguna medida precautoria, aspecto que no aconteció en la conducta de la entidad demandante, sino que al contrario dejó pasar esos reclamos sobre el predio donde se encuentra el pozo LPÑ 20, o sea tenía la capacidad de evitar el daño, si conocía que en esa fecha se debía  fracturar el pozo LPÑ 20, entre otros; por lo que, para el caso de que el fundamento sobre la falta del elemento de la antijuridicidad no sea suficiente para el recurrente, se debe tomar en cuenta, el presente criterio de la ruptura del nexo causal.

Consiguientemente, ante la evidencia de la falta de concurrencia de los elementos de la antijuridicidad y nexo causal, se tiene que la conducta del demandado, no puede ser suficiente para ser calificada como responsabilidad civil extracontractual, siendo innecesario ya considerar el resto de los elementos de prueba alegados por el recurrente como las literales de fs. 108 a 116 de verificación del predio por notario de fe pública, ni las confesiones alegadas de fs. 195 a 197, ni las literales de fs. 228 a 229 que resultan ser notas posteriores al suceso en que la entidad recurrente alega haberse generado el daño, tampoco las literales de fs. 137 a 147 y de fs. 148 a 156 respecto a una identificación de costos; todas estas literales no desvirtúan el criterio de la falta de antijuridicidad y del nexo causal; por lo que sobre el elenco probatorio la pretensión recursiva resulta ser infundada.

3.- En cuanto a la cita los de los arts. 30 num. 11) de la Ley Nº 025, art. 1 num. 16) y 143 del Código Procesal Civil, formulados cuestionando sobre la verdad material, corresponde señalar lo expuesto precedentemente en el que efectuando la descripción de los medios de prueba de relevancia este Tribunal estima que no concurren los elementos de la responsabilidad civil extracontractual.

4.- En cuanto a la acusación de falta de motivación la misma ya ha sido absuelta en el primer punto de los fundamentos de la presente Resolución.

Por lo expuesto corresponde, emitir Resolución en la forma prevista en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en el art. 42.I num. 1) de la Ley N° 025 y lo dispuesto por el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación de fs. 779 a 787, formulado por ANDINA S.A. mediante sus representantes Vitalio Quiroga Dorado y Victoria Elizabeth Urquieta Vaca, contra el Auto de Vista Nº 329 de 03 de julio de 2015 que cursa en fs. 777 y vta., pronunciado por la Sala Civil primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el proceso de pago de daños y perjuicios. Con costas.

Se regula honorario del abogado que contestó el recurso en casación en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

Relator: Mgdo: Rómulo Calle Mamani.