TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA                         S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 711/2016                                                                    Sucre: 27 de junio 2016                                                               Expediente: CB-120-15-S                                                            Partes: Emilio Vargas Villarroel c/ Silvia Vargas Crespo

Proceso: Usucapión                                                                     Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de Casación en la forma y en el fondo de fs. 294 a 302, interpuesto por Silvia Vargas Crespo por intermedio de su apoderado Renato Javier Pérez Trujillo, contra el Auto de Vista de 6 de marzo de 2015 cursante de fs. 289 a 290, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de Usucapión, seguido por Emilio Vargas Villarroel contra Silvia Vargas Crespo, respuesta de fs. 306 a 314 y vta., concesión de fs. 330 y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial de Cochabamba, dictó Sentencia de fecha 4 de junio de 2013 cursante de fs. 239 a 242, por el que declaró: PROBADA la demanda principal de fs. 21 a 22 vta. IMPROBADA las excepciones perentorias opuestas por el apoderado de la demandada de fs. 88 a 90 vta., y por la defensora de oficio de fs. 119. En consecuencia, en previsión del art. 138 del Código Civil, se reconoce y se consolida a favor de EMILIO VARGAS VILLARROEL el derecho propietario sobre el bien inmueble ubicado en la Zona de Mesadilla de esta ciudad, Provincia Cercado, Distrito 01, Sub Distrito 26, Manzana Nº 464, Lote Nº 2 con una extensión superficial de 1.100 m2., que colinda al Norte Rosmery Vargas Crespo, al Sud Emilio Vargas e Irene Crespo de Vargas, al Este calle (IV) S. Morales, y al Oeste Varios Propietarios; conforme el plano demostrativo y el informe topográfico Distrito Nº 1 cursante a fs. 52-53 de obrados. De otra parte a mayor abundamiento se declara prescrito el derecho patrimonial de la demandada Silvia Vargas Crespo por no haber ejercido dentro el plazo dispuesto por los arts. 1492 y 1507 del Código Civil. Una vez ejecutoriada la Sentencia constituirá suficiente título de propiedad, en aplicación del artículo 1540-13) del citado Código Civil; por lo que se ordena la inscripción definitiva en la oficina de Derechos Reales de Cochabamba de la Sentencia una vez cause ejecutoria.

Resolución contra la que se interpuso recurso de apelación por Silvia Vargas Crespo por memorial de fs. 245 a 248.

En mérito a esos antecedentes, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de 6 de marzo de 2015 de fs. 289 a 290, por el que CONFIRMA la Sentencia de fecha 4 de junio de 2013 con la complementación de que la sentencia deberá ser registrada a fs. Y Partida Nº 1330 del Libro Primero de Propiedades de la Provincia Chapare de fecha 11 de junio de 1992, con actual matrícula 3.10.1.01.0026691, argumentando que conforme a los arts. 138, 110 y 87 del Código Civil, se pudiera adquirir la propiedad de un bien inmueble por la posesión. Que la demandada acreditó ser propietaria por compra realizada en el año 1990 y registrado el año 1992 con el debido registro en Derechos Reales, que por su parte el demandante acreditó haber ejercido posesión  sobre el lote en cuestión, que la demandada radica en Yapacaní, así como la construcción de nueva edificación con ganancias de la empresa peladora que tuvieran, y que vive en el terreno desde su adquisición por un periodo superior a diez años, aspectos que estuvieran corroborados por la prueba aportada en el proceso, que en ese orden no se advertiría en el fallo apelado ningún error de hecho por no percibir el haber incurrido en confusión del contenido de los medios probatorios, sino que fueron valorados  en el marco de lo previsto por los arts. 397 del C.P.C., y 1286 del C.C., consecuentemente no fuera evidente que dichas pruebas no tuvieran relación con la pretensión del actor.

Con relación a la confesión provocada, habría manifestación que sus hijas ayudaban en el negocio, no que eran dueñas del mismo, no habría demostración de la existencia de la sociedad familiar o que hubiera recibido lo que le correspondía percibir las ganancias de dicha actividad.

En relación a que la Resolución fuera atentatoria al derecho fundamental de precautelar el derecho propietario, no podría considerarse aquello en razón  de la institución jurídica de la usucapión y el reconocimiento por la normativa sustantiva al ser un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión. Consecuentemente la Resolución apelada estuviera conforme a lo previsto por el art. 192 del C.P.C., y que por ello los argumentos de la recurrente carecen de mérito para revocar la Sentencia.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

En la forma:

1.- Que conforme a la regla procesal del art. 90 del Código de Procedimiento Civil, las normas procesales fueran de orden público y cumplimiento obligatorio, por ello el art. 252 de la misma norma facultaría anular de oficio todo proceso en el que se infraccionen al orden público y el art. 254-7) y 4) dispondría la procedencia del recurso de casación en la forma por haberse violado formas esenciales del proceso. Con ese antecedente refiere al art. 131 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades y que en el caso no se habría se ponga en conocimiento de la referida entidad, por lo que considera existió el no cumplimiento al derecho a la defensa, al debido proceso y seguridad jurídica.

2.- Por otro lado refiere que tampoco se habría notificado al Gobierno Municipal de Cochabamba ni a los presuntos interesados por intermedio de su defensora de oficio que además habría señalado domicilio. Considera que esos aspectos constituyen actos esenciales que derivan en violación al debido proceso y al derecho a la defensa que fuera inviolable.

3.- El Auto de Vista fuera ultra petita al complementar la parte Resolutiva y violatorio del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en razón a que debiera circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y fueran objeto de apelación a que refiriera el art. 227 de la norma citada, considera que carecería de competencia el Ad quem para efectuar esa complementación al no haberse solicitado enmienda y complementación o algún recurso de apelación por dicha omisión, y por lo mismo se habría incurrido en la causal de nulidad  prevista por el art. 252-4) del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anterior solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo.

En el fondo:

Refiere a los antecedentes de la demanda y los argumentos que expuso el demandante para fundar su acción, la negativa presentada por la demandada y la oposición de las excepciones planteadas a la demanda en la que habría hecho constar la compra que realizó con las características que menciona. Que se habría referido al negocio familiar que se emprendió en las instalaciones del bien inmueble, y que el demandante fuera simplemente cuidador y detentador precario, no pudiendo como hija desamparar menos desalojar a sus padres, que no existió los elementos que hicieran procedente la pretensión del actor; además habría hecho constar que el actor solo tuviera el carácter de detentador precario al ser cuidador y administrador, refiriendo a los argumentos que expuso en la demanda, la posterior fijación de los puntos de hecho a probar, y con esos antecedentes fundamenta el recurso de casación en el fondo señalando que:

1.- La norma que autoriza el recurso en esta vía, y que en el caso en cuestión al confirmar la Sentencia de primera instancia habrían incurrido en error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas producidas en el proceso y violado, interpretado en forma errónea y aplicado en forma indebida la ley.

Refiere a la afirmación que se hubo hecho en Sentencia respecto a la evidencia de la posesión  ejercida en forma pacífica, pública, continuada e ininterrumpida por más de 10 años, mediante la inspección judicial, confesión provocada y declaraciones testificales, este aspecto dice fuera señalado en la misma forma por el Ad quem, estos aspectos no fueran evidentes, en razón a que el lugar donde funcionaría la peladora de arroz se hallaría compuesta por tres lotes, identificando la existencia en la conclusión realizada existiera error de hecho en la apreciación de la prueba de inspección judicial.

2.- En lo referente a la prueba testifical de cargo con la respuesta dada respecto a las construcciones, con relación a los documentos en los que evidenciaría la compra con dineros de la demandada, y que esto tuviera valor probatorio que le asigna el art. 1287 del Código Civil y carecerían de credibilidad por lo mismo las declaraciones, por lo que al apoyar  sus resoluciones en la prueba testifical se habría violado el art. 1330 del Código Civil, pero fundamentalmente los testigos no supieran el año desde el cual el demandante se halla en posesión como evidenciaría de sus declaraciones.

3.- En el punto 4 de hechos probados cometería otro error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, que relaciona al hecho de la compra que hubiera realizado conjuntamente su finada esposa y al día siguiente existiría a su vez la transferencia a favor de su hija, que esto no fuera evidente en razón a que la compra lo hubiera hecho la demandada y no su padre.

4.- En otro punto califica de error de hecho y derecho en la valoración de la prueba confesoria del demandante, acusando que los de instancia habrían incurrido en los errores acusados al no haber valorado adecuadamente la confesión prestada por el actor, referido a la existencia del negocio familiar, que se aplicaría en forma errónea el art. 492 del Código Civil  que no fuera pertinente al caso de negocios comerciales, que lo correcto fuera aplicar el art. 366 del Código de Comercio, transcribiendo luego el contenido del acta de declaración de confesión provocada, que evidenciaría del negocio de pelado de arroz en la que sus hijos ayudaban, que habría reconocimiento de la administración, cuidado de los lotes de terreno y que con las utilidades y ganancias del negocio comercial se pagaba los servicios, que con esa declaración se desvirtuaría totalmente las pruebas de cargo y que el Ad quem no hubiera valorado adecuadamente, violando los arts. 1321, 1323 del Código Civil que concordaría con los arts. 403 y 404 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se incurriría en la causal contenida de casación prevista por el art. 253-1 y 2, porque al reconocer la existencia del negocio, que en los hechos fuera una asociación accidental de cuentas de participación que aportarían como capital de operaciones sus lotes de terreno y que fuera simplemente detentador y cuidador de los tres inmuebles sin ánimo de dueño, y nadie podría alegar derecho de propiedad sobre ninguno de los lotes de terreno, y fuera inútil el transcurso del tiempo al existir interrupción natural, refiriendo a Carlos Morales Guillén así como la existencia de jurisprudencia referida a ese tipo de sociedades.

Por lo anterior dice plantear recurso de casación en el fondo a fin de que se revoque la sentencia y declarar improbada la misma y probadas las excepciones planteadas, en caso de desestimarse la nulidad de obrados.

De la respuesta a los recursos de casación:

Luego de señalar las normas que deben considerarse para un recurso de casación, señala que en el caso no se determinaría con precisión si el recurso interpuesto fuera en el fondo o en la forma, menos especificaría  en qué consistiría la conculcación  que de manera ambigua denunciaría el recurso.

Contradice los argumentos expuestos en el recurso de casación, que no fuera evidente la vulneración al art. 131 de la Ley 2028 al haber sido notificado la municipalidad de Cochabamba, detallando asimismo las fojas en las que tuviera conocimiento la entidad aludida. Que existiese además apersonamiento y respuesta basado en el informe de fs. 48, considerando que no tuviera interés directo en la causa. Refiere asimismo a la vigencia del Código Procesal Civil, concluyendo por señalar que no existe indefensión del Municipio, así como desvirtuando las demás acusaciones respecto a la Entidad municipal así como los presuntos interesados, estando notificados con las publicaciones de edicto y otras disposiciones que harían efectivo el conocimiento de la Resolución emitida.

Respecto a la complementación del Auto de Vista señala que no existiera  cumplimiento de lo previsto por el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil, que además no habría vulneración de normas de orden público y obedecería a la pretensión  deducida en demanda, resaltando la finalidad del acto.

Respecto al recurso de casación en el fondo, señala que contuviera cuestiones intrascendentes, con relación e invocación de actos procesales sin especificación  cuales y que Tribunal hubiera infringido, respondiendo a continuación respecto de cada punto recurrido, señalando respecto al primer argumento que de la revisión del acta de inspección que se habría verificado el inmueble sin observación, calificando de falsas las acusaciones de la recurrente. Asimismo respecto de las declaraciones testificales fueran contundentes sobre la posesión pacífica, continuada e ininterrumpida y que siempre fue conocido como dueño, que la demandada vive en Yapacaní por lo cual las afirmaciones de los de instancia guardarían estrecha relación con las pruebas de cargo.

Sobre el argumento que se habría demostrado que la demandada acredita ser propietaria del inmueble signado como lote Nº 2, ejercido posesión sobre el lote de terreno mediante inspección judicial, se determinaría más allá de eso, quien tuviera posesión, y demostrado que fuera él como dueño que es.

Respecto al argumento tercero que respecto a los cuestionamientos a las declaraciones de cargo si tuviera fundamentado que en el pleito no se discute el documento de fs. 86-87, referido la propiedad o títulos de propiedad. Y con relación a que los testigos de cargo no supieran desde el año en que el demandante se halla en posesión fuera suficiente remitirse a las declaraciones respecto al tiempo de posesión, advirtiendo que no se discute sobre los títulos de propiedad, sino la posesión por la dejadez del propietario.

Al argumento cuarto, incide en señalar que la usucapión reside en la incuria de la anterior dueña para ejercer su derecho frente a la actividad de goce de su persona en prolongada posesión ininterrumpida y no la adquisición de la propiedad por la demandada.

Referente al quinto argumento refiere a la edad que tuviera la demandada y el tiempo transcurrido que no influiría en la decisión de la causa ni su discernimiento, al considerar que no podría influir en la decisión en consideración del art. 410.I del Código de Procedimiento Civil, para la usucapión por imperio del art. 138 del Código Civil. No precisaría de qué manera el A quo habría incurrido en apreciación indebida de su confesión provocada, por lo que resultaría infundado el recurso interpuesto, señalando en lo demás del argumento de la recurrente no se ha cometido error de interpretación o indebida aplicación de la ley respecto de la posesión.

Sobre el argumento sexto, señala que se tuviera respondido  a los argumentos, concluyendo que no se puede fundamentar, menos justificar que se hayan vulnerado las normas que señala y que en el caso no cabría duda que no se cumplió con lo exigido por el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.  Pidiendo se declare improcedente o infundado el recurso.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:

Supremo Tribunal ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012 que “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…

Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

Respecto a la Usucapión decenal o extraordinaria se verifica el Auto Supremo Nº 573/2014, de 09 de octubre, en que se orientó que: “El art. 138 del Código Civil regulando la usucapión decenal o extraordinaria señala que: “La propiedad de un inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”, ésta forma de adquirir la propiedad, llamada en doctrina prescripción adquisitiva, se funda en la posesión continua e ininterrumpida, pública y pacífica por el plazo que dispone la ley, este requerimiento de posesión continua e ininterrumpida, concibe la idea de posesión material sucesiva y permanente de la cosa, sin abandonar el estado posesorio del bien, salvo lo dispuesto por el art. 137 parágrafo  II) del Código Civil, durante el tiempo en que la  ley ha prescrito el plazo de la prescripción adquisitiva.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el orden propuesto, se pasa a resolver el recurso de casación formulado:

En la forma:

1.- De manera puntual corresponde señalar en relación al primer reclamo que la norma alegada para la presunta obligatoriedad de anular obrados es el art. 252 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo respecto de ello corresponde considerar que por la vigencia anticipada del Código Procesal Civil (Ley 439) en su Disposición Transitoria Segunda el régimen de nulidades debió alegarse en sujeción a lo previsto por los arts. 105 al 109 de la referida norma, habiendo quedado en desuso la norma citada por la recurrente desde noviembre de 2013, no siendo aplicable en la fecha de interposición del memorial que data de fecha 27 de abril de 2015. Consecuentemente no puede existir vinculación de una norma no vigente con lo previsto por el art. 254 nums. 7) y 4) de la norma adjetiva civil.

No obstante lo anterior, el reclamo va por el presunto incumplimiento de lo previsto por el art. 131 de la Ley 2028, sin embargo este aspecto queda desvirtuado en consideración primero que al proceso remitió la Alcaldía Municipal de Cochabamba la literal que cursa a fs. 48 señalando que el predio en litigio “no se encuentra en área verde, vías y no es propiedad municipal.”, aspecto que denota que la Entidad aludida tuvo conocimiento de la existencia del proceso, certificando que no es de propiedad municipal, por lo cual resulta pertinente que no tuviera interés alguno respecto al bien inmueble en disputa como concluyo el demandante a tiempo de dar respuesta al recurso de casación. Además como segundo razonamiento debe considerarse que si fuera pertinente el reclamo, el mismo debió ser efectuado precisamente por el Ente Municipal y no un tercero, careciendo de legitimación y no estando facultado para reclamar el presunto no cumplimiento del derecho a la defensa, el debido proceso y seguridad jurídica.

2.- El razonamiento vertido en el punto anterior también son aplicables al reclamo efectuado en este acápite, pues la denuncia va por señalar que no existiese notificación a terceros y no precisamente que la presunta afectación fueran a sus propios derechos, consecuentemente al carecer de legitimación este aspecto queda desvirtuado, más aun si los reclamos no tienen pertinencia alguna en razón de existir en el proceso las notificaciones extrañadas tanto a la Alcaldía Municipal como a los presuntos interesados como se verifica por las publicaciones de prensa que corren a fs. 261, 268 y 275 de obrados, por lo que aun de suponer que pudiera reclamar por terceros, lo acusado como transgredido no es evidente.

3.- En referencia a que el Auto de Vista fuera ultra petita por la complementación que se hubiera realizado respecto al registro del bien inmueble, debe tenerse presente que los fallos que se dictan deben ser ejecutables en razón del principio de congruencia, verificando en el caso de Autos que existe coherencia y pertinencia la complementación realizada al haber confirmado la Sentencia a fin de su efectividad en ejecución, aspecto que no puede ser considerado ultra petita, no teniendo sustento alegar que se hubiera transgredido lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, más aun si se alega una normativa que no existente como causal de nulidad para aquel argumento.

Bajo los razonamientos expuestos, corresponde emitir Resolución por el infundado.

En el fondo:

Para responder a los cuestionamientos realizados con la acusación de existir error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas, corresponde indicar con carácter previo que el error de derecho radica cuando se ha otorgado a una prueba una eficacia probatoria diferente a la establecida por ley; y el error de hecho es la equivocación en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente. En el recurso examinado, se atribuye concurrencia de error de hecho y derecho, sin diferenciar en que consistirían ambas acusaciones, ni establecer cómo se evidenciarían los mismos, debiendo resaltarse que en no está en discusión la titularidad del derecho propietario de la demandada, sino el no haber ejercido actos de dominio sobre su propiedad y que en cambio si los ejercitó el demandante; en ese contexto respecto a las acusaciones vertidas corresponde señalar que:

1.- La conclusión a la que arribaron los de instancia, tiene sustento en sujeción al análisis que efectuaron respecto de todas las pruebas en conjunto, que si bien la recurrente demuestra su desacuerdo no aportó elemento probatorio alguno que sustente su posición que en el transcurso del tiempo alegado para la adquisición del bien inmueble por usucapión, hubiera interrumpido la misma, resultando ligero afirmar que al mismo tiempo hubiera ocurrido error de hecho y derecho en la apreciación de las pruebas producidas en el proceso y violado e interpretado en forma errónea y aplicado en forma indebida la ley, sin tomar en cuenta que cada uno de ellos, tiene características propias y diferenciadas, y en el recurso no se especifica cómo se efectivizaría el error de hecho así como el error de derecho en la apreciación de las pruebas producidas, que normas se hubieran violado o interpretado de forma errónea, además aplicado de forma indebida, resumiéndose la acusación en relatar los antecedentes descritos en las resoluciones dictadas en el caso, careciendo de sustento las acusaciones.

2.- En relación al segundo y tercer puntos, el reclamo fundamental es señalar que la declaración de los testigos contrarían al documento de compra que haría mención que los dineros fueron recibidos de manos de la compradora y que esta prueba tuviera el valor que le asigna el art. 1287 del Código Civil, habrá que considerar que el debate en el caso de Autos, no es si tuviera valor o no el documento de compraventa que se realizó y que estuviera en registros a nombre de la demandada, sino el haber dejado de ejercitar su derecho sobre el mismo y que más bien el demandante fue que ejercitó posesión desde la compra, este aspecto fue acreditado por la prueba testifical y los otros medios de prueba valorados en las resoluciones de los de instancia, no estando discutido en momento alguno el derecho propietario registrado en la oficina pertinente a nombre de la demandada, por lo que menos existe violación de lo previsto por el art. 1330 del Código Civil, quedando desvirtuado el reclamo efectuado por la recurrente.

3.- Respecto a lo denunciado como error de hecho y derecho en la valoración de la prueba confesoria, se incurre en el mismo defecto que se anotó en los puntos anteriores de no disgregar en qué consistiría cada uno de ellos. Sin embargo de lo anterior, corresponde aclarar que en el recurso a más de esa ambigüedad anotada, se acusa el haber aplicado en forma errónea el art. 492 del Código Civil, y que lo correcto fuera aplicar lo previsto por el art. 366 del Código de Comercio, respecto a ello corresponde remarcar que el proceso en cuestión versa sobre usucapión decenal y no entra en controversia alguna el negocio familiar que se hubiera instalado en el predio hoy litigado, si el argumento va dirigido a señalar que por la referencia hecha de que por esa actividad existiese algún ligazón o vínculo para sostener que la propietaria no ejercitó actos de posesión, no tiene sustento alguno, en el entendido que en un negocio familiar los hijos colaboran en ese emprendimiento al titular del mismo, lo cual no implica que sean socios y que el aporte que hubieran realizado fuera de su parte la propiedad que se reclama, este aspecto fue correctamente comprendido por el Ad quem que resalta aquel hecho, dado además los antecedentes que se verifican en el caso como la compra que hubiera realizado en la población de Yapacaní para que la demandada pueda realizar su propia actividad, quedando claro que esa “compensación” se lo efectuó condicionando precisamente que se reconozca el derecho ejercido sobre la propiedad hoy litigado, de ello se comprende además que no exista evidencia material que haga presumir que en algún momento la demandada hubiera reclamado sobre su derecho propietario y el ejercicio efectivo del mismo, para considerar que el actor fuera mero cuidador o en el peor de los casos detentador del bien inmueble a usucapir, entendiendo que si bien es entendible que a tiempo de su adquisición a nombre de la demandada, el ingreso al inmueble pudiera ser considerado como cuidador al actor, al momento de haber adquirido la propiedad en la población de Yapacaní así como la maquinaria e implementos para el funcionamiento de un negocio propio en favor de su hija, en virtud del acuerdo que se tuvo, de quedar de manera definitiva en su poder con la propiedad hoy demandada de usucapión, cambió al ánimo a verdadero propietario, ante la consideración que en cualquier momento pudiera la propietaria registral hacer la transferencia de la titularía del bien inmueble a favor de su padre, ejercitando la posesión éste último con la concurrencia de los elementos corpus y ánimus, como poseedor y no como cuidador o simple detentador como asevera la demandada, habiendo cambiado su título, lo que en doctrina se conoce como interversión, es decir la inversión o cambio de la tenencia en posesión, aspecto que no fue desvirtuado por la actora con ninguna prueba; consecuentemente la acusación general de haberse violado los arts. 1321, 1323 del Código Civil que concordaría con lo previsto por los arts. 403 a 404 de su procedimiento, que subsumirían a las causales previstas en los numerales 1) y 2) del art. 253 de la norma procesal con la que se tramitó el proceso no tienen sustento, descartando a ese fin además que entre el actor y sus hijos exista una asociación accidental como se pretende de manera sesgada hacer consentir, por la referencia que en los predios en cuestión funcionó un negocio familiar, tal como desvirtuó el actor a tiempo de responder el recurso de casación.

Por todo lo expuesto y considerado corresponde emitir Resolución en sujeción a lo previsto por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley de Órgano Judicial y en aplicación de lo previsto por el artículo 220.II del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo formulado por Silvia Vargas Crespo por memorial de fs. 294 a 302 contra el Auto de Vista de 6 de marzo de 2015 de fs. 289 a 290, emitido por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.oo.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                                            Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.