TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 704/2016

Sucre: 27 de junio 2016

Expediente: CB-113-15-S

Partes: Félix  de la fuente Sejas c/ Mario Fredy Lafuente Caballero y Otro.

Proceso: Fraude Procesal

Distrito: Cochabamba


VISTOS: El recurso de casación de fs. 543 a 548, interpuesto por Félix de la Fuente Sejas a través de su representante, contra el Auto de Vista de fecha 15 de mayo de 2015 de fs. 537 a 538 y vta., pronunciado por la Sala Civil segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso Fraude Procesal seguido por Félix de la Fuente Sejas contra Mario Fredy Lafuente Caballero y Otro; el Auto de concesión de fs. 556; los antecedentes del proceso, y:


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


Que el Juez de Partido y de Sentencia de Tiraque del Departamento de Cochabamba, dicta Resolución de fecha 15 de agosto, de fs. 453 a 463, por el cual, declara: “1.- PROBADA, la demanda de fojas 88 al 92.


2.- SE DECLARA LA EXISTENCIA DE FRAUDE PROCESAL, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria por Mario Freddy Lafuente  Caballero contra Herederos de Mario Enrique Lafuente Sejas, los señores: Luz Ernestina Lafuente Caballero, Luis Fernando Lafuente Caballero, Rossmery Lafuente Caballero, Silvia Lafuente Caballero y Luis Fernando Lafuente Caballero, tramitando ante el Juzgado de Partido Mixto, Liquidador y de sentencia Nº1 de Punata.


3.- IMPROBADAS las excepciones perentorias de ILEGALIDAD, FALSEDAD, IMPROCEDENCIA, FALTA DE CAUSA, ACCION Y DERECHO EN EL ACTOR Y COSA JUZGADA, opuestas por el co demandado WILFORD GARVIZU MONTAÑO, mediante memorial de foja 290-294.


4.- IMPROBADA la demanda reconvencional planteadas por el co demandado WILFORD GARVIZU MONTAÑO, mediante memorial de foja 290-294.


5.- IMPROBADA la excepción perentoria de PRESCRIPCION planteada por el co demandado MARIO FREDY LAFUENTE CABALLERO, mediante memorial de foja 315-319.


6.- Sin costas por ser proceso doble.”


Resolución que fue apelada por la parte demandada por memorial de fs. 484 a 488, es concedida ante el Tribunal de apelación.


Por Auto de Vista de fecha 15 de mayo de 2015 de fs. 537 a 538 y vta., el Tribunal Ad quem, ANULA obrados sin reposición, bajo el fundamento de que En ese orden se tiene que en el sub lite, la sentencia pronunciada dentro el proceso de usucapión decenal de fecha 31 de agosto de 2011, con la que fueron notificados mediante edictos los co demandados herederos de Mario Enrique Lafuente Sejas y Presuntos interesados, seguido por Mario Fredy Lafuente Caballero, publicado el día 19 de septiembre de 2011, adquirió ejecutoria el 30 de septiembre del mismo año, por el solo vencimiento del plazo de diez días que establece el art. 220.I del C.P.C., para formular el recurso de apelación; y habiendo sido interpuesta la presente demanda de fraude procesal (fs.88-92) en fecha 13 de noviembre de 2012 y siendo que la protesta formal para usar el recurso de revisión extraordinario de sentencia fue efectuado ante el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 4 de octubre de 2012 según señala el demandante de  fraude procesal a fs. 88, se infiere que ambos actuados, es decir tanto la demanda de Fraude procesal como la protesta se hallan fuera del plazo fatal del año previsto por los Arts. 297 y 298 del C.P.C., toda vez que, se reitera el Plazo para presentar el recurso de revisión extraordinario de sentencia corre desde que la sentencia adquirió ejecutoria y no propiamente desde que el juzgador mediante Resolución posterior declara su ejecutoria que es útil solo para efectos administrativos, es decir para que conste en las ejecutorias tal calidad.


En ese contexto, se concluye que el plazo para interponer el recurso de revisión extraordinaria de sentencia caduco el 30 de septiembre de 2012 indefectiblemente; consecuentemente siendo el plazo señalado por el art. 298 del C.P.C., susceptible de caducidad, por lo que su interposición tardía provoca la nulidad procesal, haciendo inexistente todo lo actuado-

Contra la referida Resolución, la parte demandante a través de su representante a fs. 543 a 548 interpuso recurso de casación, recurso que previa sustanciación y concesión se pasa analizar


II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Acusa incorrecta interpretación en el Auto de Vista, debido a que su mandante jamás ha sido notificado menos  ha sido parte del proceso de usucapión, por ello no se puede pretender aplicar la normativa que regula el plazo para apelar previsto en el art. 220 del C.P.C., y no se habría tomado en cuenta que el expediente a fs. 278, demuestra  que jamás fue parte del proceso de usucapión, por lo que los efectos de la cosa juzgada no le alcanza debido a que jamás habría sido parte del proceso de usucapión, cuyo fraude se solicita.


Aduce que el Tribunal de apelación invoca los arts. 297 y 298 normas que hacen al Recurso de revisión extraordinario de sentencia, que es de exclusiva competencia de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que, la aplicación de dicha normativa resultaría usurpativa de funciones.


CONTESTACION AL RECURSO DE CASACION:


Refiere que el recurso no cumple con la técnica recursiva que establece el art. 258 del Código de Procedimiento Civil.


Refiere que los fundamentos expuestos en el Auto de Vista resultan claro precisos y positivos, por lo correspondería disponer la improcedencia del recurso y declarar su nulidad.


III.- DOCTRINA APLICABLE:


III.1.- Del Fraude procesal:


Este Tribunal Supremo en cuanto al tema del Fraude Procesal, en el Auto Supremo Nº 14/2015 de fecha 14 de enero, ha señalado: “ A esto corresponde señalar que el Art. 297 del C.P.C., establece las causales que dan lugar al recurso extraordinario de revisión en cuatro incisos que son: “1) si la sentencia se hubiera fundado en documentos declarados falsos; 2) los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio; 3) si se hubiera ganado la sentencia en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal; y 4) si, después de pronunciada la sentencia se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte a favor de la cual se hubiera dictado sentencia".


De lo anterior se tiene que cada inciso del art. 297 del C.P.C., no es sino, una etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia que resulta ser un mecanismo excepcional contra la cosa juzgada, que tiene por finalidad permitir que una decisión judicial (Sentencia) con carácter de cosa juzgada sea revisada y se establezca la ocurrencia o no de los  hechos constitutivos referentes a cada causal del art. 297 del CPC, siendo requisito esencial la presentación de la sentencia ejecutoriada que declare la existencia de cualquiera de las 4 causales señaladas supra y establecidas en el art. 297 del CPC.”…” La acción de declaración de fraude procesal prevista en el art. 297-3) del C.P.C., consiste en poner en evidencia en un proceso de conocimiento una conducta fraudulenta, engaño o mala fe con que se ha actuado en un anterior proceso para conseguir una sentencia favorable, con la finalidad de lograr que el Tribunal supremo de Justicia revise ésta resolución mediante un expreso recurso extraordinario. En este sentido, para que prospere esta acción, el demandante debe cumplir con la carga procesal que le impone el art. 1283 del C.C., concordante con el art. 375 del C.P.C., demostrando que la Sentencia es producto de conductas fraudulentas.”

En cuanto a los alcances de esta figura en el Auto Supremo: 280/2013 de 27 de mayo, se ha expresado: “ Respecto a la extemporaneidad de la  presentación de la protesta formal para interponer recurso extraordinario de revisión de Sentencia que acusa la recurrente, conforme señala Peyrano, “Existe fraude procesal cuando media toda conducta, activa u omisiva unilateral o concertada, proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, que padece el apartamiento dañoso de un tramo del proceso o del proceso todo de los fines asignados; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo” (PEYRANO, Jorge W; Fraude Procesal)

Por su parte el Auto Supremo N° 159/12 pronunciado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia manifiesta: “…El fraude procesal, entendido como una de las causales de  procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia,  por mandato del art. 297 - 3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal entendido -según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández- como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución.

El fraude procesal necesariamente debe establecerse en proceso ordinario por mandato del art. 297 - 3) del Código de Procedimiento Civil relacionado con el art. 316 del mismo cuerpo legal, sólo para efectos de viabilizar  la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia a la que se refiere precisamente el citado art. 297 - 3)”

De lo anterior se tiene que el proceso de fraude procesal no es sino la etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia,  que tiene la  finalidad de establecer solamente los  hechos constitutivos del fraude procesal que se acusa  a efectos de determinar la existencia de una de las causales de la  procedencia o  improcedencia del  posterior recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, en cuyo conocimiento el Tribunal Supremo, tiene la facultad de revisar la Sentencia con calidad de cosa juzgada y en su caso dejar sin efecto el proceso de conocimiento sustanciado por fraude procesal, de lo que se infiere que también los aspectos formales inherentes al recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, como la extemporaneidad y su consiguiente admisión o rechazo, corresponde privativa a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, instancia competente para conocer ese extraordinario recurso, no existiendo vulneración alguna al respecto.”

IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

Del recurso de casación en su segunda parte se advierte que el recurrente acusa que el Tribunal de Segunda instancia hubiese utilizado o aplicado normas que son de exclusiva competencia del Tribunal Supremo de Justicia.


Sobre el tema en cuestión, de la revisión del Auto de vista se advierte que este anula obrados, bajo el fundamento de que: “la demanda de Fraude procesal como la protesta se hallan fuera del plazo fatal del año previsto por los Arts. 297 y 298 del C.P.C., toda vez que, se reitera el Plazo para presentar el recurso de revisión extraordinario de sentencia corre desde que la sentencia adquirió ejecutoria y no propiamente desde que el juzgador mediante resolución posterior declara su ejecutoria que es útil solo para efectos administrativos, es decir para que conste en las ejecutorias tal calidad.


En ese contexto, se concluye que el plazo para interponer el recurso de revisión extraordinaria de sentencia caduco el 30 de septiembre de 2012 indefectiblemente; consecuentemente siendo el plazo señalado por el art. 298 del C.P.C., susceptible de caducidad, por lo que su interposición tardía provoca la nulidad procesal, haciendo inexistente todo lo actuado”, es decir, del contexto de la Resolución dictada por el Tribunal Ad quem, se aprecia que el motivo para disponer la nulidad de todo lo obrado, en esencia radica en que la demanda de fraude procesal o su protesta ha sido interpuesta fuera del plazo que establece el art. 297 y 298 del Código de Procedimiento Civil.


Teniendo en claro el fundamento expuesto en segunda instancia, corresponde establecer si la nulidad dispuesta es correcta o no, conforme a lo descrito en la doctrina aplicable al caso, el fraude procesal  es la etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia, demanda que en esencia tiene por finalidad de establecer sola y únicamente los hechos constitutivos del fraude procesal es decir "conducta fraudulenta" o "un engaño o mala fe" o que "la sentencia es producto de maquinaciones fraudulentas",  a efectos de determinar la existencia de una de las causales de la -procedencia o improcedencia- del posterior recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, en cuyo conocimiento únicamente el Tribunal Supremo, tiene la facultad de revisar la Sentencia con calidad de cosa juzgada y en su caso dejar sin efecto el proceso de conocimiento sustanciado por fraude procesal, y obviamente también los aspectos formales inherentes al recurso de revisión extraordinaria de Sentencia, como la extemporaneidad y su consiguiente admisión o rechazo, facultad privativa de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

De lo expuesto  claramente se concluye que la única autoridad competente para determinar si la demanda de revisión de sentencia ejecutoriada, se encuentra fuera de plazo es el Tribunal Supremo de Justicia, y por sindéresis es la autoridad facultada por ley para determinar la admisión o rechazo de este recurso extraordinario, y no así los Tribunales ordinarios de Justicia, quienes únicamente tienen competencia para sustanciar y determinar la existencia o no de fraude procesal.


Por lo expuesto en el caso en cuestión, el Tribunal de Segunda instancia al determinar que la demanda y el anuncio de revisión de sentencia ejecutoriada se encuentra fuera de plazo, ha obrado, de forma errada aplicando normas que no  son de su competencia puesto que y valga la redundancia la única autoridad competente para establecer la admisión o rechazo de ese recurso extraordinario por cualquier motivo es el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, cabe aclarar que la figura de Fraude procesal no se encuentra sujeta a un plazo de caducidad que establezca la norma, como para pretender la aplicación de otros plazos por extensión como ser el de revisión extraordinaria de Sentencia, por lo que el Tribunal de segunda instancia ha obrado de forma errada al determinar la nulidad procesal. 

Por todos los fundamentos expuestos corresponde dictar resolución conforme manda el art.  220.III  del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42 parágrafo I inciso 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de fecha 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.III. ANULA obrados, con reposición hasta fs. 537 debiendo el Tribunal de Segunda instancia, previo sorteo y sin espera de turno dictar Resolución conforme establece el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En atención a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, se dispone oficiarse al Consejo de la Magistratura, con el objeto de hacérsele conocer la presente resolución a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.