TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 656/2016

Sucre: 15 de junio 2016

Expediente: LP -143- 15 S

Partes: Abdón Rojas Nacho y Eva Medina de Rojas c/ Ibis Adriana Arteaga

            Alanoca y Ana Verónica Ruiz Arteaga

Proceso: Ordinario sobre acción reivindicatoria, acción negatoria, pago de

              daños y perjuicios

Distrito: La Paz


VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 454 a 457, interpuesto por Ana Verónica Ruiz Arteaga, y el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 493 a 495, formulado por Ibis Adriana Arteaga Alanoca contra el Auto de Vista Nº 177/2014 de 2 de junio, cursante de fs. 447 a 448 y su complemento de fs. 452, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre sobre acción reivindicatoria, acción negatoria, pago de daños y perjuicios seguido por Abdón Rojas Nacho y Eva Medina de Rojas contra las recurrentes, las respuestas de fs. 462 a 465 y vta., y de fs. 502 a 505 y vta., el Auto de fs. 506 que concedió ambos recursos, los antecedentes del proceso; y


I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:


De la revisión de los antecedentes venidos en casación se establece lo siguiente:


Que, tramitada la causa de referencia, mereció la Sentencia Nº 379/2012, cursante de fs. 363 a 367 y vta., Resolución que fue anulada por Auto de Vista Nº 110/2013, de fs. 409 a 410 y vta., en cuyo cumplimiento se emitió  la Sentencia Nº 133/2013 de 14 de agosto, cursante de fs. 418 a 422, que declaró probada en parte la demanda principal, disponiendo haber lugar a la reivindicación del bien inmueble ubicado en calle Adolfo García Nº 328 de la Zona Final Los Andes, con una superficie de 250,00 m2., registrado bajo la matrícula Nº 2.01.4.01.0101639, ordenando para que las demandadas, hagan entrega del citado bien a favor de los demandantes en el plazo de 30 días de ejecutoriada la referida Resolución; e improbada la demanda en cuanto a la acción negatoria, al no haberse demostrado objetivamente su concurrencia, así como de los daños y perjuicios, asimismo declaró improbada la acción reconvencional interpuesta por Ibis Adriana Arteaga Alanoca, sin costas; Resolución de primera instancia que al ser apelada por las demandadas, fue resuelto por Auto de Vista Nº 177/2014 de 2 de junio, cursante de fs. 447 a 448 y su Auto complementario de fs. 452, que confirmó en forma total la Sentencia apelada, con el fundamento de que, el actor Abdón Rojas Nacho, habría adquirido la propiedad del derecho propietario del total del inmueble lote de terreno causa y motivo de Autos, y Eva Medina de Rojas, por disposición de los arts. 101 y 111 del Código de Familia, habría ingresado a la comunidad de gananciales compartiendo el derecho propietario con el titular sobre la integridad del inmueble citado, además se evidenciaría la posesión natural y civil a favor de ambos cónyuges desde la fecha del registro del título previsto por el art. 88.III del Código Civil,  asimismo las demandadas Ibis Adriana Arteaga Alanoca y Ana Verónica Ruiz Arteaga, en particular la primera esposa de hecho de Fortunato Ruiz Ibáñez, conocedora de la transferencia a favor de los esposos ahora actores, habría continuado ocupando el inmueble lote de terreno con actos de mala fe e intranquilizando la posesión de los titulares; actos y hechos que, no podrían justificar la acción reconvencional de usucapión pretendida; fallo de segunda instancia que fue recurrido de casación por Ana Verónica Ruiz Arteaga, e Ibis Adriana Arteaga Alanoca.


II.- CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Del recurso interpuesto por Ana Verónica Ruiz Arteaga de fs. 454 a 457, con respecto a la nulidad o de forma, se tiene lo siguiente:


Que, la prueba que cursa a fs. 1, fs. 3-5, fs. 8 y fs. 9, establecerían que la propiedad que se pretende reivindicar no sería aquel que se dice, sino otra al que poseería desde hace más de 30 años, situación que no habría sido tomada en cuenta por Auto de Vista, agrega que, por la certificación emitida por asesoría jurídica del Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, la propiedad del actor se encontraría en la manzana 95 lote s/n con una superficie de 250 mts2 con Código Catastral Nº 06-079-001, y colindaría al Norte con vecino, al Sur con vecino, al Este con vecino y al Oeste con la calle Adolfo García, lo que evidenciarían, que están consignados en diferentes Distritos, Manzanas y Lotes, aspecto que no hubieran sido tomadas en cuenta por los juzgadores de instancia, por lo que el Tribunal de Alzada al confirmar la Sentencia habría infringido lo previsto por el art. 1283 del Código Civil.

Asimismo refiere que, no habría cumplido con lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al haberse apartado de los fundamentos de la apelación de fs. 426 429.


Con esos argumentos considera que, correspondería dar cumplimiento a los arts. 271-3) y 275 del Código de Procedimiento Civil.


En el recurso de casación en el fondo:


Señala que, el padre de sus hijas menores, los habría cedido a título gratuito en compensación de la pensión de asistencia familiar, tanto a  sus hijas como su persona, el lote de terreno de 250 m2., ubicado en la Villa Los Andes, calle José Balboa esquina Arzabe, que estaría registrado en DD.RR. bajo la Ptda. 1526, Fojas 1526, Libro 1 “D” del año 1977, cuyo derecho, si bien no estaría  inscrito en DD.RR. sin embargo la Partida de propiedad no está cancelada, y que estaría poseyendo desde el año 1979, por lo que habría cumplido el presupuesto de la prescripción adquisitiva o usucapión.


Por otro lado refiere que, su derecho propietario sería distinto a los que los actores pretenderían reivindicar, puesto que, los actores de acuerdo a la certificación de tradición acompañada como prueba a fs. 1, su derecho emergería de la Ptda. 00661 fs. 00661, Libro “D” del año 1980 ubicado en la ex hacienda Yunguyo, Parroquia de San Pedro de El Alto que sería distinto a lo que tienen la posesión del lote de terreno ubicado en  Villa Los Andes, calle José Balboa esq. Arzabe de la ciudad de El Alto, por lo que los juzgadores de instancia determinaron erróneamente y aplicado indebidamente el art. 190 del Código de Procedimiento Civil.


Agrega que, el Tribunal de Alzada no habría tomado en cuenta los fundamentos esgrimidos en el memorial de respuesta y los documentos acompañados, ya que los mismos nacen de la pensión de asistencia familiar a favor de las hijas Mónica y Ana Verónica Ruiz Arteaga, y que los mismos serian irrenunciables conforme al art. 24 del Código de Familia.


Asimismo manifiesta que, en el Auto de Vista, se abrían violado los arts. 1318-3), 1319 y 1451 del Código Civil y 515-1) del Código de Procedimiento Civil.


Concluye solicitando, se conceda el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia.

       

A su vez, los demandantes a través de su representante Mary Bertha Rojas Medina, por memorial de fs. 462 a 465 y vta., responden al recurso de nulidad o en la forma:


Que, durante la tramitación del proceso, las demandadas habrían sido legalmente notificadas y que no se los hubiera causado indefensión, por cuanto habrían tenido la oportunidad de poder ofrecer todos sus medios probatorios, cuyo trámite incluso habría sido fiscalizado por el Tribunal de alzada  mediante Auto de Vista Nº D-175/2012, cursante de fs. 336 a 337 y vta., que anula obrados hasta fs. 304 ordenando se pronuncie una nueva Sentencia y por Auto de Vista Nº 110/2012 cursante de fs. 409 a 410, que anula obrados hasta fs. 363, ordenando la regularización del proceso, actos procesales que habrían sido cumplidos, asimismo señalan que, los incidentes planteados por la recurrente  por otros vicios procesales denunciados, habrían sido subsanados oportunamente, por los que los vicios reclamados en el presente recurso y que no fueron incidentados  en su oportunidad, se encontrarían convalidados por el principio de convalidación  y preclusión.


También refieren que, la recurrente no habría cumplido con lo determinado por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil, al no haber planteado con la fundamentación, el agravio sufrido, además el recurso sería incompleto al no solicitar la anulación en el marco del art. 254 el C.P.C., y que las normas  acusadas de infringidas, arts. 1286, del Código Civil y arts. 397, 476 de su Procedimiento habrían sido  objetivamente aplicadas.


Concluye solicitando la aplicación del art. 271 num. 1) y 272 del C.P.C.


En cuanto al recurso en  el fondo:


Refiere que no es cierto, que el Auto de Vista habría realizado una incorrecta aplicación de los arts. 1453 parágrafo I) y 1545 del Código Civil, por cuanto la parte demandada nunca habría aportado prueba alguna que justifique y demuestre su legitimidad para oponerse a la demanda de reivindicación  y menos habría probado su derecho a usucapir sobre el inmueble en litigio.


Por otro lado refiere que la recurrente en el recurso denuncia violación, sin especificar en qué  consistiría la violación, falsedad o error,  ya se trate de recurso de casación en el fondo, referidas a aspectos que no habrían sido  motivo de impugnación en  apelación, y de igual manera en su recurso de alzada habría cuestionado  aspectos que fueron resueltas en ambas instancias.


Concluye solicitando, se declare infundado el recurso de casación en el fondo e improcedente el de nulidad o en la forma


A su vez, la demandada Ibis Adriana Arteaga Alanoca, por escrito de fs. 493 a 495, interpuso el recurso de casación, denunciando en la forma:


Que los presentantes del memorial de fs. 107, serían Abdón Rojas Nacho y Eva Medina de Rojas, sin embargo en dicho memorial se extrañaría la firma del segundo de los nombrados, en franca violación del art. 92 num. IV) del Código de Procedimiento Civil, pese a ello se habría calificado el proceso en ordinario de hecho y abierto el término probatorio, caso similar habría ocurrido con el memorial de fs. 186 en el que no aparece la firma de Eva Medina de Rojas, que sin embargo se habría dado curso al mismo, aspecto que vulneraría el debido proceso y causando inseguridad jurídica.


Agrega que el Juez A quo, solo habría anulado obrados hasta fs. 18 y por Resolución No. d- 175/2012 el Tribunal de Alzada habría anulado hasta fs. 304, sin tomar en cuenta lo que prescribirían los arts. 3 num. 1), 90 y 92 num. IV), infringiendo dicha normas así como los arts. 3 num. 1) del Adjetivo civil y 17 de la Ley del Órgano Judicial.


En el fondo:


Señala que, el Tribunal de Alzada habría confirmado la Sentencia, sin haber realizado una correcta valoración de las pruebas aportadas y presentadas por las partes, y sin tomar en cuenta la congruencia, entre las pruebas aportadas por los demandantes, la parte considerativa y la parte resolutiva.


Asimismo refiere que, el Auto de Vista no contendría una debida fundamentación a los puntos apelados, relativos a la valoración de la prueba, de los agravios y violaciones  a los arts. 1283 y 1286 del Código Civil y art. 377 del Adjetivo Civil.


Por otro lado señala que, en ninguno de los documentos presentados por los demandantes se evidenciaría que, Eva Medina de Rojas tenga derecho propietario, extremos que no habrían sido valorados por los Juzgadores de instancia.


Agrega que, lo señalado en el Auto de Vista en el 2do. considerando, num. 2), violaría los arts. 1283, 1286 del Código Civil y 377 del Adjetivo Civil, por no demostrar lo pretendido mediante documento público e inscrito en DD.RR.


Que, como re convencionista habría demostrado su posesión del bien objeto de la demanda desde hace treinta años.


Concluye solicitando, que el Tribunal anule obrados con reposición hasta la admisión o en su defecto se case el Auto de Vista recurrido y se declare probada la demanda reconvencional de prescripción adquisitiva.


A su vez, los demandantes a través de su representante Mary Bertha Rojas Medina, responden en base a los fundamentos expresados en el memorial de fs. 502 a 505 y vta, solicitando se declare infundado el recurso de casación en el fondo e improcedente en la forma, cuyo contenido al ser similar al memorial de respuesta cursante de fs. 462 a 465 y vta., con respecto al recurso interpuesto por la demandada Ana Verónica Ruiz Arteaga, se hace innecesario resumir su contenido.


III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


III.1.- De la explicación y/o enmienda:


Para el caso de Autos se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 190/2015 L de 18 de marzo, que indica: “Respecto a que el Ad quem, confunde los daños y perjuicios con el alcance de las costas procesales, se debe indicar que la confusión en la fundamentación del Auto de Vista, es un vició procesal que -previa petición de aclaración y/o explicación- correspondía ser impugnada mediante un recurso de casación en la forma, pues toda contradicción  entre la fundamentación y la parte dispositiva, se refiere a una congruencia interna de la Resolución, o en su defecto si la petición del apelante fuera de calificar responsabilidad contractual y el Ad quem emitió una decisión sobre responsabilidad extracontractual, la misma también  debió ser impugnada previa petición de explicación y/o enmienda- por incongruencia externa, en  sentido de exponer que la decisión asumida por el Tribunal de Alzada no responde a la pretensión recursiva, cuestionamientos que no han sido explanados por el recurrente.


III.2.- Principio del per saltum:


Al respecto, se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 375/2014 de 11 de julio 2014, que indica: “Ahora, el recurrente nos trae a casación aspectos que no fueron objeto de apelación, acusa la falta de exhaustividad y de congruencia de la sentencia, menciona que el Auto de Vista se limitó al recurso de apelación sin efectuar de oficio la revisión de obrados que a criterio del recurrente existiría vicios procedimentales que generarían nulidad de obrados, por otro lado, trae a consideración aspectos de fondo que no fueron analizados por el Ad quem.


Argumentos que ciertamente, no merecieron pronunciamiento alguno en segunda instancia, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna debido al principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, el recurrente debió instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.”


III.3.- De la necesidad de establecer la ubicación del bien inmueble sobre el que se alega derecho propietario:


El Auto Supremo Nº 463/2014 a orientado que: “…las acciones reales (Reivindicación, negatoria y confesoria) son los medios de hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales, son mecanismos de defensa y estos, tienen por objeto la protección de los derechos reales, los cuales  se constituyen en un poder directo e inmediato sobre la cosa  frente a las demás personas, conforme ley, en este entendido lo que realmente resulta trascendental para hacer valer estas acciones es la individualización del inmueble de cual se pretende la protección de la ley, ya que quien pretende accionar la protección de sus derecho propietario ante situaciones que limiten o perturben su derecho propietario sobre un bien, debe tener acreditado e individualizado ese bien, lo contrario  resultaría en la improcedencia de la acción negatoria en el sentido de que no se tendría ubicado el bien o la cosa que se pretende proteger mediante esta acción…

En este entendido si bien la ley no determina las formas de determinar la individualización o ubicación del bien inmueble objeto el derecho propietario, sin embargo existen elementos y técnicas que coadyuven a determinar la ubicación exacta del inmueble, como el estudio geo-referencial del terreno, la descripción física del predio, la valoración técnica por parte del experto perito en el uso de técnicas de medición…”.


III.4.- Plazo para recurrir de casación:


Respecto al plazo para recurrir de casación, este Tribunal Supremo entre otros, ha emitido el Auto Supremo Nº 01/2016 de 05 de enero, señalando que: “La Ley N° 439 Código Procesal Civil establece una nueva forma de computar los plazos procesales, régimen que se encuentra vigente de manera anticipada por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral 3); en ese entendido la indicada Ley en el art. 90 en su parte pertinente señala lo siguiente:


II. “Los plazos transcurrirán en forma ininterrumpida, salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda los 15 días, los cuales sólo se computarán los días hábiles. En el cómputo de los plazos que excedan los quince días se computaran los días hábiles y los inhábiles.


III. “Los plazos vencen el último momento hábil del horario de funcionamiento de los juzgados y tribunales del día respectivo; sin embargo, si resultare que el ultimo día corresponde a día inhábil, el plazo quedara prorrogado hasta el primer día hábil siguiente”.


Como se podrá advertir, para los plazos procesales menores a 15 días donde se halla comprendido la interposición del recurso de casación, la referida Ley prolonga en términos de tiempo computando únicamente los días hábiles cuyo vencimiento además se establece el último momento hábil del horario de trabajo en los respectivos juzgados y tribunales, lo que da mayores posibilidades a las partes litigantes a interponer sus recursos otorgándoles mayor tiempo.


En el caso presente, como se tiene señalado la parte demandada fue notificada con el Auto de Vista Nº 177/2015 el día viernes 23 de octubre de 2015 a horas 18:30 y conforme al nuevo cómputo de plazos procesales establecido por la Ley N° 439, el plazo para presentar el recurso de casación fenecía el día jueves 05 de noviembre de 2015 a hrs. 18:30, sin embargo no obstante de tener mayor margen de tiempo presentó su recurso el día miércoles 11 de noviembre de 2015 a horas 06:22 PM conforme se evidencia del cargo de recepción consignado en la parte superior de la primera página del memorial de recurso de casación, es decir lo presentó a los doce días hábiles y consiguientemente se encuentra fuera del plazo establecido por el art. 257 del Código de Procedimiento Civil. Ante esa situación, el Tribunal Ad-quem al haber denegado la concesión del recurso de casación ha actuado correctamente conforme al mandato establecido en el art. 262 num. 1) del Código de Procedimiento Civil”.


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:


Que así planteados los recursos, analizado el contenido de los mismos, en forma individual se establece lo siguiente:


I.- En principio, resolviendo el recurso interpuesto por Ana Verónica Ruiz Arteaga, de fs. 454 a 457 nos permitimos examinar en primer lugar, el recurso de casación en la forma:


Con respecto a que la prueba que cursa a fs. 1, fs. 3-5, fs. 8 y fs. 9, establecerían que la propiedad que se pretende reivindicar no sería aquel que se dice, sino otra al que poseería desde hace más de 30 años, situación que no habría sido tomada en cuenta por Auto de Vista; sobre el particular es necesario puntualizar, que es atribución privativa de los jueces y tribunales de grado, la apreciación y valoración de la prueba producida, de acuerdo al valor que le otorga la Ley y en su caso al criterio prudente y la sana crítica, teniendo presente las que sean esenciales y decisivas a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Código de Procedimiento Civil, en ese entendido, en la Litis se evidencia que, el Juez de primera instancia entre los hechos probados punto 1 del primer Considerando de la Sentencia, tomó en cuenta para su valoración las literales de fs. 2 a 6, documentos estos últimos que sirvieron de base para que establezca la ubicación del inmueble, por lo que no se evidencia omisión valorativa de la prueba, al margen que lo denunciado, no fue objeto de reclamo o cuestionamiento alguno, ni expresado como agravio  en su recurso de apelación formulado de fs. 426  a 429, asimismo si la recurrente consideraba que, el Tribunal de Alzada hubiera omitido valorar las referidas pruebas así como las otras señaladas en su recurso, tampoco utilizó el recurso que franquea la ley, como es la solicitud de explicación y complementación, por lo que no amerita mayor análisis al respecto.


Con  relación a que, el Tribunal de Alzada no habría cumplido con lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, al haberse apartado de los fundamentos de la apelación de fs. 426 429, sin embargo, no concreta que fundamentos de la apelación no han sido absueltos, tampoco específica que agravios no han sido debidamente fundamentados, aspectos que limitan otorgar una respuesta concreta,


Al margen de aquello,  si la recurrente consideraba que, el Tribunal de Alzada, no hubiera tomando en cuenta para su valoración las literales extrañadas o hubiera omitido pronunciarse sobre los fundamentos de la apelación, tampoco utilizó el recurso que franquea la ley, como es la solicitud de explicación y complementación,  conforme se orientó en el punto III.I de la doctrina aplicable, que es el remedio para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una Resolución subsane las deficiencias formales, aclarando los conceptos oscuros, supliendo las omisiones que adolece el pronunciamiento, lo que ahora tardíamente aduce recién en el recurso de casación, con olvido que ante su desidia se operó el principio de la preclusión


En consecuencia, al no existir ningún motivo para anular obrados, cuya finalidad persigue el recurso de casación en la forma, por cuanto dentro la tramitación de la causa, no se advierte violación a las formas esenciales del proceso, ni se vulneró el derecho de defensa de las partes y el debido proceso, ni menos que el Auto de Vista haya violado el art. 1283 del Código Civil, por lo que el recurso de casación en la forma deviene en infundado; por esta razón se pasa a analizar la casación en el fondo.


Resolviendo el recurso de casación en el fondo, se establece lo siguiente:


Con respecto a la denuncia de que, su derecho propietario sería distinto a los que los actores pretenderían reivindicar, puesto que, los actores de acuerdo a la certificación de tradición acompañada como prueba a fs. 1, su derecho emergería de la Ptda. 00661 fs. 00661, Libro “D” del año 1980 ubicado en la ex hacienda Yunguyo, Parroquia de San Pedro de El Alto que sería distinto a lo que tienen la posesión del lote de terreno ubicado en  Villa Los Andes, calle José Balboa esq. Arzabe de la ciudad de El Alto. En el caso en análisis aquello no es evidente, pues el Juez de primera instancia entre los hechos probados punto 1 del primer Considerando de la Sentencia, estableció: “Tal cual se advierte de las documentales que cursa a fojas 2 a 6 de obrados, mediante escritura pública No. 325/1979 de fecha 10 de diciembre de 1979, suscrito ante Notaria de Fe Pública a cargo del Dr. Fernando Bacarreza Requerin, los demandantes adquirieron a título de compra y venta, un lote de terreno y sus construcciones con una extensión superficial de 250 mts2, ubicado  en la Ex hacienda yunguyo, Parroquia de San Pedro,  de su anterior propietario Fortunato Ruiz Ibáñez, mismo que se encuentra debidamente registrado en la actual matrícula computarizada Nº 2.01.4.01.0101639, Asiento A-1, tal cual se advierte del Folio Real que cursa a fojas 6 de obrados, cuya ubicación conforme la certificación expedida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, se encuentra en la urbanización Los Andes, Mzna. 95, lote s/n, con una extensión superficial de 250 mts2., según testimonio y 244,37 mts2, según levantamiento, con un frente de 12,25 mts2., sobre la calle Adolfo García, de 12.00 mts. de ancho vial, inmueble signado con el Código catastral 06-079-001”, consiguientemente conforme sale de los documentos que han sido motivo del análisis precedente por parte del Juez A quo se infiere que, la ubicación del inmueble no puede ser otra que la descrita por los actores del que pretenden reivindicar, que es objeto de la Litis.


Lo establecido por el A quo se corrobora, por la confesión espontánea de la recurrente en su memorial de fs. 42, en la que señala, textual: “En tiempo y forma oportuna vengo a interponer demanda reconvencional de Usucapión extraordinaria del bien inmueble de extensión de 250.00 metros cuadrados ubicado en el Ex Hacienda Yunguyo, Parroquia de San Pedro, actualmente según el plano de ubicación, suscrito por el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, calle Adolfo García, Zona final los Andes Nº 328 de la ciudad de El Alto y que en Derechos Reales cursa bajo la Matrícula Nro. 2.01.4.01.0101639 asiento Nro. 1 a nombre de Abdón Rojas Nacho demandante en el presente proceso.”,  como por la inspección de visu, que se llevó a cabo con la presencia de la demandada ahora recurrente asistida de su abogado, según acta de fs. 190, en la que en forma expresa el Juez A quo, hizo constar haberse constituido en la Urbanización los Andes, concretamente en el inmueble ubicada en la calle Adolfo García, marcado con el número 328 no objetada por la recurrente, que es coincidente con los datos de ubicación al que se estableció en la Sentencia de primera instancia, el mismo que al margen de estos datos, da cuenta que se encuentra habitado por la recurrente, así como por la presencia de construcciones tendientes a una vivienda por parte de los actores, no contra decidas, de lo que se concluye sin lugar a dudas que, el inmueble ubicado en la calle Adolfo García, Zona final los Andes Nº 328 de la ciudad de el Alto, resulta ser el mismo inmueble objeto de Litis.


De otra parte, considerando que el recurso de casación tiene por objeto invalidar determinadas resoluciones de fondo, al considerar que se pronunció con infracción a la ley; en el caso presente, revisando el recurso de apelación interpuesto por las demandadas de fs. 426 a 429, se advierte que no expresó como agravio  relativos a que, el bien inmueble que les habría cedido el padre de sus hijas, cuyo derecho, si bien no estaría inscrito en DD.RR., sin embargo no está cancelada, y que el Tribunal de Alzada no habría tomado en cuenta los fundamentos esgrimidos en el memorial de respuesta y los documentos acompañados, ya que los mismos nacen de la pensión de asistencia familiar a favor de las hijas Mónica y Ana Verónica Ruiz Arteaga, y que los mismos serian irrenunciables conforme al art. 24 del Código de Familia, acusando la violación de los arts. 1318-3), 1319 y 1451 del Código Civil y 515-1) del Código de Procedimiento Civil; omisión que no permitió al Tribunal Ad quem pronunciarse en cuanto a este nuevo reclamo traído hoy en casación, conforme a la pertinencia a la que está obligado de acuerdo a lo previsto en el  art. 236 del Cód. de Pdto. Civil, vigente a la emisión del Auto de Vista recurrido; es decir, respecto a los agravios que hubiesen sido objeto de apelación, bajo ese entendimiento, a la recurrente le correspondía refutar aquellos aspectos, de considerar que tuviera expresión de agravios en el recurso de apelación que planteó; sin embargo, en el caso de Autos, aquello no sucede, y no existe cuestionamiento del Auto de Vista y por el contrario, trae a  consideración temas que no fueron estimados en segunda instancia, extrayendo de ello que no se formuló apelación de manera oportuna a fin de que el Ad quem responda a sus cuestionamientos en consecuencia.


Bajo los antecedentes referidos, se debe tener presente que éste Tribunal no puede resolver de manera válida los argumentos expuestos en el recurso de casación, que como se dijo, no fueron motivo de apelación, por lo que el Auto de Vista en ningún momento consideró aquellos aspectos ahora denunciados, por lo que la pretensión de la recurrente estaría encaminado a que este Tribunal falle en “per saltum” (pase por alto) lo resuelto por el Ad quem e ingrese a considerar los argumentos que expone en el recurso de casación, debiendo considerarse al respecto que, nuestra economía procesal no permite aquello, y al ser el recurso de casación uno de carácter extraordinario, por lo tanto excepcional, implica que tiene como finalidad esencial, revisar la legalidad de la Sentencia del juzgador de segunda instancia, en razón de los errores en que pudiera incurrir el mismo en la aplicación de la norma de derecho sustancial o de las reglas de procedimiento; resaltando el entendimiento que al no haber considerado el Auto de Vista los temas que se exponen en el recurso de casación, se estuviera frente a una petición per saltum, posición que tiene sustento conforme a lo analizado y orientado en la doctrina aplicable en el punto III.2.-


Adicionalmente a lo expuesto, con relación a que estaría poseyendo desde el año 1979, por lo que habría cumplido el presupuesto de la prescripción adquisitiva o usucapión, de cuyo contenido se tiene que,  no cumple con lo normado en el art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil, Civil (vigente a  la interposición del recurso en análisis), es decir no indica cual el error de hecho o de derecho que hubiese cometido los Tribunales de instancia, aspecto que limita otorgar una respuesta concreta y razonada.


Consiguientemente, en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el Tribunal ad quem, al confirmar la Sentencia de primera instancia, no infringió norma alguna, deviniendo estas en infundadas.


II.- Resolviendo el recurso en la forma y en el fondo, de fs. 493 a 495 formulado por Ibis Adriana Arteaga Alanoca:


Que antes de considerar los fundamentos del recurso, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento a fin de establecer si los Jueces y los Tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que norman la tramitación y conclusión de los procesos.


En este contexto, en principio es menester referirnos que, los plazos procesales deben ser computados conforme lo establecen los arts. 90 y 91 de La Ley N° 439 Código Procesal Civil, normativa que regula que los plazos establecidos para las partes comenzará a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil al de su respectiva citación o notificación y transcurrirán en forma ininterrumpida salvo disposición contraria. Se exceptúan los plazos cuya duración no exceda de quince días, computándose solamente los días hábiles.

En el caso de Autos de la revisión de obrados se evidencia que, la recurrente, fue notificada con el Auto complementario de (fs. 452)  del Auto de Vista recurrido en fecha 3 de septiembre de 2014, según se infiere a fs. 453, computándose el plazo desde el día siguiente, es decir desde el 4 de septiembre y descontando los días sábados y domingos, el plazo de los 8 días se cumplía el día 15 de septiembre, sin embargo se advierte que la recurrente presentó su recurso de casación el día 17 de septiembre de 2014 como se establece del cargo de recepción cursante a fs. 495 y vta., es decir que presentó dos días después del plazo establecido por el art. 257 del Código de Procedimiento Civil- vigente a la interposición del recurso-, circunstancia que revela la extemporaneidad de su presentación, frente a la que el Tribunal Ad quem, debió haber negado la concesión del recurso, conforme al mandato establecido en el art. 262 num. 1) del Código de Procedimiento Civil.


En consideración a lo expuesto, impide a este Tribunal abrir su competencia para analizar en el fondo del litigio, en consecuencia el presente recurso deviene en improcedente.


En consecuencia, corresponde resolver, el recurso en la forma y en el fondo interpuesto por Ana Verónica Ruiz Arteaga de acuerdo a las previsiones contenidas en el art. 220.II del Código Procesal Civil, y con respecto al recurso en la forma y en el fondo formulado por Ibis Adriana Arteaga Alanoca corresponde resolver en la forma prevista por el art. 220.I num. 1) del citado Código Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el artículo 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación de los artículos 220.II y 220.I num. 1) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), declara: INFUNDADO el recurso de casación de fs. 454 a 457, interpuesto por Ana Verónica Ruiz Arteaga, y  en cuanto al recurso de casación de fs. 493 a 495, formulado por Ibis Adriana Arteaga Alanoca, IMPROCEDENTE, ambos contra el Auto de Vista Nº 177/2014 de 2 de junio, cursante de fs. 447 a 448 y su complemento de fs. 452, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.


Se regulan los honorarios del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                          

Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Durán.