TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 625/2016

Sucre: 14 de junio 2016

Expediente: PT-29-15-S

Partes: Félix Hugo Collazos Churruarrin y otros. c/ Zacarías Collazos Nava y

            otros. 

Proceso: Nulidad de venta y otros.

Distrito: Potosí.


VISTOS: los recursos de casación en la forma de fs. 766 y vlta., interpuesto por Rubén López Orgaz; el interpuesto en la forma y fondo por Carlos y Zacarías Collazos Nava de fs. 768 a 772 ambos en contra del Auto de Vista Nº 098/2015 de 20 de mayo, cursantes de fs. 754 a 758, emitido por la Sala Civil y Comercial, del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso de nulidad de venta y otros promovido por Félix Hugo Collazos Churruarrin y otros contra Zacarias Collazos Nava y otros, la contestación, el Auto de concesión de fs. 785 vlta., los antecedentes del proceso, y:


I: DE LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Tramitado el proceso ordinario civil, el Juez de Partido Mixto Liquidador de Colquechaca - Potosí, pronunció la Sentencia 36/2014 de 11 de noviembre, cursante de fs. 580 a 592 vlta, declarando probada la demanda y dispone: 1).- la Nulidad de la venta realizada por Claudio Collazos Morales a favor de Zacarias, Angel y Carlos Collazos Nava , del terreno urbano sito en la población de Ravelo- Chayanta- Potosí, mediante el testimonio Nº 54/2001 de 8 de marzo, otorgado por ante Notario de Fe pública Ximena Prieto Barragan, inscrita en Derechos Reales bajo la Ptda. Nº57, Folio Nº30, Libro Nº10 de propiedades Chayanta de 27 de marzo de 2001. 2).- Se declara que los demandantes tienen mejor derecho de propiedad en el terreno urbano sito en las calles Sucre y Churruarrin de la población de Ravelo- Chayanta- Potosí, en una superficie de total 5.696,97m2, por prioridad de inscripción en el registro de Derechos Reales del Departamento de potosí. 3).- Se dispone la cancelación de la inscripción en Derechos Reales del documento de transferencia hecha a favor de los hermanos Carlos, Angel y Zacarias Collazos Nava, en la partida Nº 57, Folio Nº30, Libro Nº10 de propiedades Chayanta de 27 de marzo de 2001, contenido en el testimonio Nº54/2001 de 8 de marzo. 4) .- Se dispone que Ruben López Orgaz retire materiales y construcciones realizadas dentro del lote de terreno de los demandantes dentro del plazo que se concederá en ejecución de sentencia bajo apercibimiento de demolición y lanzamiento a su costa, mas resarcimiento de daños y perjuicios averiguables en ejecución. 5).- Calificación de daños y Perjuicios y su pago por la parte demandada a los demandantes, a establecerse en ejecución de sentencia. 6).- Se declara improbada las excepciones perentorias planteadas por Zacarías Collazos Nava, en su contestación de fs. 239 improbadas las excepciones perentorias planteadas por Rubén López Orgaz en su memorial de contestación de fs. 243 e improbada la excepción perentoria planteada por el defensor de oficio Carlos Gutiérrez Medrano en su memorial de fs. 247. 7).- Improbada la demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria interpuesta por Zacarias Collazos Nava en su memorial de fs. 239 y se declara probada las excepciones perentorias planteadas a dicha demanda reconvencional por la parte demandante en su memorial de fs. 322. Complementado por Auto de fs. 607 y vlta, de 21 de noviembre de 2014.


Que, tras las apelaciones incoadas por Rubén López Orgaz, por Carlos Gutiérrez Medrano y por Carlos y Zacarias Collazos Nava, se emitió el Auto de Vista Nº 098/2015 de 20 de mayo emitido por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, cursante de fs. 754 a 758, por el cual se confirmó la Sentencia.


Dicho fallo motivó la formulación del recurso de casación en la forma de Ruben López Orgaz y el recurso en la forma y en el fondo interpuesto por Carlos y Zacarias Collazos Nava.


II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:

II.1.- EN SU RECURSO DE CASACIÓN DE RUBEN LÓPEZ ORGAZ, este denuncia la vulneración del art. 236 concordante con el 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil al no estar debidamente motivado ni fundamentado, que la uniforme jurisprudencia habría establecido que una resolución judicial debe contener argumentos legales, solidos, motivos lógicos que indubitablemente hagan comprender las razones por la cuales se llegó a una determinada conclusión.

No ocurriría lo anterior en el proceso, sin explicar porque razón la Sentencia de primera instancia  seria correcta y justa, e indican que  la apelación seria subjetiva y carentes de medios objetivos, pero no explican porque la Sentencia seria correcta y justa, además los vocales no sanearon el proceso, toda vez que la manera en que se tramito daría mucho que desear, que era lógico anular obrados, y apelando el principio de verdad material piden que se compulse los datos del proceso y se disponga la nulidad del Auto de vista, a fin de que se dicte una nueva resolución.

II.2.- RECURSO DE CASACION EN LA FORMA Y EN EL FONDO DE CARLOS Y ZACARIAS COLLAZOS NAVA, denuncia  la violación del art. 15 y 247 de la LOJ con relación al 137-I y II, 90 del Cod. de Proc. Civil, el Auto de Vista en su considerando I refiere: “a que la señora Maria Judith Ramírez de López se apersono como legitima propietaria del bien inmueble, por estar en posesión del mismo, hecho constatado a tiempo de haberse producido la inspección judicial, resulta que siendo dueña de la construcción…..” hecho corroborado por el memorial de 18 de noviembre de 2014 presentado por la parte demandada. Al respecto la consideración realizado por el tribunal A-quem sobre la nulidad es arbitrario y sesgado pues no se consideró que al no tener conocimiento de la presente demanda la Sra. María Judith Ramírez, se le hace incurrir en un estado de indefensión, pues en todo el expediente no existe una citación o notificación a María Judith Ramírez y se lo comunicó por terceras personas la existencia de una Sentencia de nulidad de venta y otra de registro de DD.RR.


El argumento del A quo respecto a que la obligación de poner en conocimiento que la propietaria de una parte del lote de terreno es la Sra. Maria Judith Ramírez es de los demandados no es evidente, y siendo que en la presente demanda la referida señora nunca fue citada con ningún actuado se incumplió con el art. 236 del Cód. de Proc. Civil., siendo que el A-quo tomo conocimiento de ese hecho al momento de la inspección judicial en el lote de terreno objeto de la presente lítis, corroborado por fs. 680, 681 y 682, he inclusive con el incidente de nulidad planteada  por la referida propietaria de fs. 738 a 741, hecho que fue soslayada por el A-quo y el A-quem, incurriendo en un defecto formal al no integrarle a la lítis a la propietaria. Y que con la presentación de su memorial de Ruben López Orgaz  se hubiera convalidado tal irregularidad es ilógico, el proceso no cumplió su cometido al no dar a conocer del presente proceso a María Judith Ramírez, dejándole en absoluta indefensión y no se garantizó el debido proceso.


Que con referencia a la apelación de los ahora recurrentes, sobre el régimen que regulan las nulidades no pueden obviar el mandato del art. 247 de la LOJ , pues no se la notifico a María Judith Ramírez que también manda el art. 251 y 252 del CPC. Por lo que piden se anule la resolución impugnada.


Vulneración  de  los art. 90, 236 y 397 del C.C., por no pronunciarse  respecto al vicio procesal denunciado en apelación (segundo agravio), referente a la defectuosa valoración documental, testifical y la inspección judicial, porque la parte demandante no ha demostrado con que documental ostenta la superficie que indican, es más al no concurrir dos de los demandantes a la confesión provocada (Francisco Javier y Marina Collazos Churruarrin) se violó el art.424  del CPC., al no declararles confesos.


También en apelación se acusó que en sentencia se concluyó que la venta realizada de Claudio Collazos a Zacarias, Angel y Carlos Collazos Nava resulta nulo, porque no existe objeto de contrato, la causa es ilícita y es nula la venta por error esencial, porque el supuesto vendedor nunca fue propietario del “Canchon”, sin embargo acusamos que si existían todos los elementos pues por testimonio 054/2001 que el vendedor es legalmente propietario del predio objeto de venta de 3618,22mts2., y al registrar el derecho propietario en DD.RR. la causa ha sido lícita.


Un tercer argumento apelado y no considerado, fue que a la conclusión que se llegó en sentencia de existir error esencial en la venta de Claudio Collazos hacia los demandados no es evidente, pues había la voluntad de ambas partes de concretar la venta, por una parte de vender y entregar la cosa, y por otra de comprar entregar el dinero,  violándose el art. 90, 236, 397 y 254-4) del CPC.


Por otro lado el A-quo y A-quem no observan ni valoran las pruebas presentadas por los demandados de fs. 16 y 17 violando el art. 90 y 397 del C.P.C. Por lo que pide se anule obrados, debiendo citársela a la verdadera propietaria de una parte del lote de terreno como tercerista.


III: DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

El artículo 106 del Código Procesal Civil -Ley N° 439 de fecha 19 de noviembre de 2013, faculta al Tribunal de Casación revisar de oficio el proceso cuando en su parágrafo I señala, que :“La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, disposición legal que se relaciona con el artículo 5 del mismo Adjetivo, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; preceptivas puestas en vigencia por la disposición transitoria segunda numeral 4) del recién aprobado Adjetivo Civil y ahora en vigencia plena, en el entendido, de que se hubieran vulnerado las garantías constitucionales de las partes o de una de ellas, o en el que se encontraren infracciones que interesan al orden público; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel, lo contrario sería hacer insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.


En ese entendido, es menester señalar que conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación, se constituye en el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un Tribunal Superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el Tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia.


En ese contexto, haciendo un análisis minucioso del Auto de Vista recurrido, se evidencia que el Tribunal Ad quem en el Considerando Segundo refiriéndose al debido proceso que el Estado debe garantizar dice “que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos…, tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar la defensa y la igualdad efectiva de las partes art. 3º inc.3) del CPC., posteriormente se refieren a las pruebas de fs. 1, 2 y 40, 41 indicando que son documentos auténticos y refieren al instituto del contrato, con esos argumentos dicen que se puso fin al litigio y al haberse declarado probada la demanda se ha obrado correctamente; sin embargo, el Tribunal A-quem no tomo en cuenta que la demanda solo está dirigido contra Zacarias, Angel, Carlos Collazos Nava, Claudio Collazos Morales y contra  Ruben López Orgaz, y fue este último que en su respuesta a la demanda a fs. 245 hizo notar “que al ser un bien ganancialicio debería de demandarse también a su esposa…” refiriéndose a María Judith Ramírez, este hecho incluso fue reclamado por la propia Sra. María Judith Ramírez en la audiencia de inspección de visu y mediante un incidente de nulidad de fs. 738 y siguientes indicando que ella es propietaria de 1061,05 m2 dentro del referido inmueble en litigio desde el 18 de julio de 2011, mucho antes de haberse planteado la demanda el 30 de octubre de 2012, en ese sentido ese argumento del Tribunal A-quem referido al debido proceso no fue  aplicado correctamente por ellos mismo y menos por el A-quo, al no haberse anulado obrados y ordenar la ampliación de la demanda de oficio o a petición de parte en contra de María Judith Ramírez; es más, al haberse dictado sentencia sobre un bien que es también de propiedad de la referida señora, se le causo indefensión en sus derechos y menos se le dio oportunidad de defenderse en igualdad de oportunidades que a los demás, puesto que la Sentencia sería inaplicable en contra de la referida señora, en consecuencia debió integrarse a la litis desde un comienzo.


Por otro lado los Vocales del Tribunal A-quem no tomaron en cuenta que esos documentos auténticos no se refieren para nada sobre el inmueble en litigio denominado ”el canchon”, sino tratan de la pequeña casa que da a la plaza Manuel Ascencio padilla en Ravelo. Además no observaron que el A-quo no se pronunció sobre la prueba documental ofrecida por la parte demandante cursantes a fs. 16, 17, 21, 22, 23, y de la documental de fs. 225 a 227 presentado sobre la transferencia de un inmueble de 3.168 m2., hecha a favor de los demandados Zacarias, Carlos y Angel Collazos Nava y que cuenta con el plano aprobado por la H.A.M. de Ravelo fs.228, donde tiene una construcción María Judith Ramírez, reclamados su falta de valoración mediante los recursos de apelación de los demandados.


Tampoco se refirieron a la denuncia hecha en apelación, que con una simple modificación de superficie se pretende hacer ver que el “canchón” de Claudio Collazos no existe, y menos se contrasto este con la orden judicial de fs. 34 a 37 por el cual se hizo la rectificación de la extensión superficial del canchón a 5.696,97 m2, en base solo en la simple declaración realizada en su memorial por Amadea Churruarrin Vda. de Collazos y de sus hijos Félix Hugo y Francisco Xavier  Collazos Churruarrin indicando que su derecho propietario se encuentra intacto desde el momento que compraron, cuando de las documentales de fs. 4 a 13 se puede extraer claramente que los pagos de impuesto refieren solo aún inmueble de 3.401 m2, en el Barrio Suchuna de Ravelo. Es más, el Tribunal A-quem no se pronunció sobre los fundamentos expuestos en el recurso de apelación de fs. 618 a 622, formulado por Ruben López donde denuncia que se declaró probada las cinco demandas, sin tomar en cuenta que en los hechos se trata de dos canchones y que el derecho propietario de Claudio Collazos jamás se llegó a demostrar que fuera ilegal, falsificado e irregular y que dicha propiedad proviene de un reconocimiento de derecho de 1992 realizada por  Petrona Morales, y en la Sentencia no se explica el por qué? no se hace valer este documento, evidenciándose error de hecho en la valoración de esta prueba. Y refiriéndose a la cuarta demanda este denuncio que se comunicó al Juez que el propietario de dicho predio era su esposa “María Judith Ramírez” y no su persona y lo correcto era que se corra traslado a la parte contraria se pronuncie sobre ello. Al respecto también en su apelación de Carlos y Zacarias Collazos Nava a fs 732, denunciaron que en ningún momento se demandó la nulidad de su derecho propietario de Claudio Collazos Morales, y que esa propiedad sigue subsistente, por otra parte, la única propietaria de la construcción en el inmueble en litigio es María Judith Ramírez Nava por cuanto la demanda de “retiro de construcción y daños y perjuicios” fue demandada a una tercera persona. Tampoco se pronunciaron sobre la apelación del Defensor de oficio respecto a que se dio todo el valor al plano de fs. 78.


Ahora bien, revisado el contenido de la Sentencia emitida por el Juez A quo, de la misma se advierte que en cuanto a la prueba para llegar a esa decisión solo le basto tomar en cuenta el documento de modificación de superficie y el plano de fs.78, y no dio ningún valor a las pruebas de contrario reclamados su valoración vía apelación, esos extremos no fueron considerados a momento de dictar la sentencia de primera instancia, resolución que debía contener  motivación y fundamentación para cada uno de los conceptos demandados tanto de cargo como de descargo; en tal sentido se debe recordar que los Tribunales de segundo grado, al constituir órganos judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la facultad y la obligación para analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse a la resolución de la causa, si en el texto del memorial de apelación constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser dilucidados, resueltos y considerados sin restricción alguna.

   

En este entendido, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo todos los recursos de apelación, otorgando a las partes recurrentes una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el artículo 236 del anterior Código de Procedimiento Civil y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados e impide que la competencia de este Tribunal se abra, toda vez que no existe pronunciamiento sobre algunas pruebas adjuntas al proceso y los sobre todos aspectos alegados en el recurso de alzada y en el de su adhesión.

  

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los artículos 190, 192, 236 del Código de Procedimiento Civil,  (vigente en ese entonces) normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.


Por lo expuesto, en aplicación del artículo 106 parágrafo I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el artículo 220 parágrafo III del mismo Adjetivo Civil.


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el artículo  42 parágrafo I numeral 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los artículos 106 parágrafo I y 220 parágrafo III del Código Procesal Civil, ANULA obrados hasta el sorteo de fs. 753, inclusive, disponiendo que el Tribunal Ad quem, sin espera de turno, proceda al sorteo de la causa y emita nueva resolución con la pertinencia del  artículo  265 parágrafo I  del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable.


En cumplimiento a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.


Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.