TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A  C I V I L




Auto Supremo: 595/2016

Sucre: 07 de junio 2016

Expediente: CH-45-15-S

Partes: Juana Serrudo Porcel Vda. De Iglesias, Justa Julieta Iglesias        Serrudo y

            Carmen  Iglesias  Serrudo.  c/  María  Corina  Alarcón  Ibáñez,  Carlos

             Ocampo,  Miguel  Ortiz Gonzales,  Zenón Cervantes Vedia, Luis Téllez

             Escobar, Ernesto Téllez Escobar y Sabino Barja Yucra.

Proceso: Mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación en la forma interpuesto por Carmen Iglesias Serrudo, de fs. 1846 a 1850, y el recurso de casación en la forma interpuesto por Juana Serrudo Porcel de fs. 1859 a 1863, ambos impugnando el Auto de Vista Nº 157/2015 de fecha 29 de abril de 2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso de Mejor derecho propietario, acción negatoria y reivindicación, seguido por las recurrentes en contra de María Corina Alarcón Ibáñez y otros, las contestaciones de fs. 1853 y vta., de fs. 1869 a 1870, de fs. 1872 a 1873 vta., y de fs. 1883 a 1885 vta., la concesión de fs. 1895, los antecedentes del proceso y:

I.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

Que, el Juez Séptimo de Partido en lo Civil y Comercial, mediante Sentencia Nº 53/2014 de fecha 30 de septiembre de 2014 cursante de fs. 1748 a 1753 vta., declaró: PROBADA en parte la demanda principal solo respecto a la Acción negatoria y Reivindicación de terreno Urbano e Improbada respecto al mejor derecho propietario, Improbadas las excepciones perentorias de falta de acción y derecho deducidas por los codemandados e Improbada la reconvencional de Mejor Derecho Propietario, acción negatoria y nulidad de documento deducida por María Corina Alarcón Ibáñez en una superficie de 1522,82 mts2 respecto al lote L-H de Carlos Ocampo Pérez y Sra. De 25.37 mts2 de Miguel Ortiz Gonzales lote L-H 40.80 mts2, Zenon Cervantes Vedia y Luisa Yucra Lenis lote L-F 37.75 mts2; Ernesto Téllez lote L-E 44.40 mts2; Luis Téllez Escobar lote L-D- 48.71 mts2 y Sabino Barja Yucra lote L-C una superficie de 215.54 mts2, así como el retiro de las construcciones existentes para lo cual se concedió un plazo de 30 días a partir de la ejecutoria de la Sentencia.

Contra dicha resolución, la parte demandada interpusieron recursos de apelación, motivo por el cual se emitió el Auto de Vista Nº 157/2015.

Auto de Vista:

La Resolución de alzada estableció que no existió un debido análisis y correcta ponderación de la demanda, respuesta, de las excepciones opuestas, como de las constancias que cursan en el expediente, omisión incurrida por el Juzgador, que constituyen una flagrante inobservancia del principio de congruencia que debe contener la Sentencia, es decir la adecuación y coherencia de lo demandado, probado y lo determinado en la Sentencia, incurriendo además en infracción de lo establecido por el art. 192-2) y 397 del Cód. Pdto. Civil y art. 1286 del Cód. Civil, al declarar de manera llana probada en parte la demanda ordinaria de fs. 102-104 vta., respecto a la Acción Negatoria y Reivindicación de terreno, sin especificar que extensión ordena la reivindicación a favor de las actoras, al tener derecho propietario específico, máxime si de la extensión que tenía primeramente la co-actora Juana Serrudo Porcel de Iglesias, afirma ser de 3.400 mts2. De superficie, luego 3.600 mts.2 de los cuales transfirió a sus hijas la extensión de 1.000 mts2 a cada una mediante Escrituras Públicas Nº 157/2005 y 212/2005.  Por lo cual anuló obrados hasta la Sentencia de fs. 1.748 ordenando al Juez _ A quo emitir nueva Sentencia.

Resolución que fue notificada a las partes y recurrida en casación en la forma por las actoras, recurso que se analiza.

II.- DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN:


Recurso de casación en la forma de Carmen Iglesias Serrudo por sí y por Justa Julieta Iglesias Serrudo:

La recurrente señala que la resolución de alzada otorga más de lo pedido por la parte apelante en franca violación a la ley, principios procesal rectores del procedimiento civil, derecho, garantías constitucional como lo son el principio de transcendencia, convalidación, indicando que de manera clara y concreta se señala en la demanda la extensión que se demanda, la individualización o identificación del predio que se demanda, los sujetos pasivos, los cuales se encuentran claramente identificados en la demanda principal (transcribe texto íntegro) continuando que dicho argumento no fue advertido por el Tribunal de alzada.

Por otro lado acusa al Auto de Vista de haber infringido el art. 17.II de la Ley del Órgano Judicial, estableciendo que el espíritu de este precepto legal, no es otra que, el de evitar que los juzgados anulen los procesos de una forma discrecional, arbitraria e inoficiosamente como ocurría anteriormente invocando el art. 15 de la ley de Organización Judicial. 

En merito a lo expuesto solicita que se case en la forma el Auto de Vista y se disponga que el Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista que cumpla estrictamente lo establecido en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.

Recurso de Casación en la Forma de Juana Serrudo Porcel:

Bajo el mismo argumento del primer recurso de casación en la forma solicita también que se case en la forma el Auto de Vista Nº 157/2015 de fecha 29 de abril de 2015 cursante a fs. 1840 de obrados y auto complementario de fecha 11 de mayo de 2015 cursante a fs. 1843, y se disponga que el Tribunal de alzada pronuncie nuevo Auto de Vista que cumpla con lo dispuesto en el art. 236 del CPC.

Respuesta al Recurso de casación de Carlos Casiano Ocampo Pérez:

La parte contraria señala que entre las funciones y obligaciones que tienen los vocales o cualquier otra autoridad que conozca un recurso, es la de revisar de oficio el correcto tramite del proceso, pudiendo dictar una resolución anulatoria de obrados.

Señala además que la sentencia dictada en la litis, no ha fundamentado y motivado, no existe el debido análisis y la correcta ponderación de la demanda, no existe congruencia entre la demanda y la Sentencia, ni la valoración y apreciación de las pruebas presentadas por los demandados ni por los demandantes.  Solicitando por dicho motivo que se declare infundado el recurso de casación.

Situación similar se presente en la respuesta al recurso de  casación presentado por Juana Serrudo Porcel.

Respuesta al Recurso de Casación, de Zenon Cervantes Vedia, Luis Téllez Escobar, Ernesto Téllez Escobar, Sabino Barja Yucra y Miguel Ortiz:

Señalan que por mandato de la ley el Tribunal de alzada tiene el deber de revisar de oficio la correcta tramitación del proceso a objeto de evitar que se cometan injusticias.

Sobre la sentencia dictada en obrados señala que no se consideró que cada uno de los recurrentes  adquirieron los terrenos a título de compra venta de la propietaria Máxima Cutipa Vda. de Morales y Sabino Barja del señor Andreas Hollesteiner quien lo adquirió de las misma señora Máxima Cutipa, con anterioridad a que la actora Juana Serrudo, haya suscrito el documento de rectificación de superficie (E.P. Nº 1484/2007), por el que se reduce la superficie original de sus terreno de 6.000 mts2 a 3.600 mts2 , cuando ya se encontraban en posesión de los terrenos, por lo que mal podría haber sobre posición de terrenos.

Argumentos entre otros que concluyen en indicar que Auto de Vista ha sido emitido de manera proba por lo que correspondería al Juez A quo emitir una nueva Sentencia, por lo  cual solicitan que se declare infundado el recurso de casación en la forma presentado por la recurrente.

Respuesta al recurso de casación, de Anibal Cuellar Echalar en representación de María Corina Alarcón Ibáñez, Patricia Rebeca Cuellar Assaf, Delia Ximena Cuellar Assaf y Franco Hans Cuellar Assaf

Apoyando la determinación asumida por el Auto de Vista respecto a la congruencia que debe existir entre lo demandado y lo resuelto, señala que dichas irregularidades observadas por el Tribunal de alzada fueron parte de la ratificación de apelación en el efecto diferido y en el recurso de apelación de la Sentencia en donde en su oportunidad se objetó dichos aspectos (señalados en 5 puntos).

Concluyendo que el Tribunal de alzada, advirtió previa verificación de esos documentos, que existía una incoherencia respecto de la superficie que alegan ser propietarios los demandantes y en cuyo mérito, sin analizar ya los argumentos de la apelación presentada por la parte, anulo la Sentencia, determinación que fue recurrida en casación en la forma.  Mencionado que en el recurso, las actoras denuncias que se habría vulnerado los principios de transcendencia y convalidación sin constatar que todos esos hechos, analizados por el Ad quem, fueron alegados en el recurso de apelación, por lo cual solicita que se declare infundado el recurso con costas.

III.- DOCTRINA APLICABLE AL CASO:


Para el caso de autos se deberá tener presente lo dispuesto en el Auto Supremo Nº 212/2014 de fecha 09 de mayo, la que establece: “Asimismo, el Tribunal de Apelación no consideró que en materia de nulidades procesales, existe diferenciación substancial entre las específicas que son aquellas que están señaladas expresamente por ley y las nulidades virtuales que si bien no están señaladas por ley de manera taxativa, pueden afectar al interés particular de la parte en desmedro de su derecho a la defensa.


En el caso en cuestión la nulidad que encuentra el Tribunal de apelación, no está señalada de manera específica por disposición legal alguna, encontrando en ese análisis que estuviera inmerso entre las llamadas nulidades virtuales, empero la característica principal de estas últimas, es que deben ser aplicadas cuando han sido reclamadas oportunamente, siendo ése el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, esta impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.


En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad, sino que debe hacerse consideración y ponderación de los elementos que deban concurrir que afecten de manera directa a los derechos nombrados supra que cree un estado de indefensión. En ese sentido Alsina sostiene que, son las nulidades esenciales las que se pueden declarar de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional.


Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, estos referidos al Principio de especificidad o legalidad, Trascendencia, Convalidación, Protección; que entendemos no es preciso desarrollarlos de manera individual, dada la comprensión que se entiende tienen los Tribunales de Justicia al administrar justicia y asumen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso.”


En apoyo a lo descrito tenemos lo establecido en el A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre,   que orienta: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II.


Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.


IV.- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN:

En el caso de autos, el Tribunal de alzada apartándose de lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, en consideración al art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial entró a considerar lo siguiente: “Que, el juzgador al emitir la Sentencia Nº 53/2014 de 30 de septiembre de 2014, señala que la parte actora, demanda Mejor Derecho Propietario, reivindicación del inmueble sito en la Ex. Florida, Cantón San Lázaro de esta ciudad, con la extensión de 3.600 mts2., por Escritura Pública 1484/2007 de 29 de octubre de 2007, reivindicación, que no señala de manera precisa su extensión y a quien reivindica, a Juana Serrudo vda. De Iglesias, a Justa Julieta Iglesias Serrudo o a Carmen Iglesias Serrudo, ya que la co-actora Sra. Juana Serrudo Porcel vda. De  Iglesias, Por Escrituras Públicas No. 157/2005 de 12 de abril de 2005 y Nº 212/2005 de 1º de junio de 2005 transfiere a Justa Julieta Iglesias Serrudo y a Carmen Iglesias Serrudo, 2000 mts2., de superficie, es decir a 1.000 mts2., para cada una de ellas demandando Mejor Derecho Propietario, Acción Negatoria y Reivindicación, (…) estableciéndose, no existir el debido análisis y correcta ponderación de la demanda, respuesta, de las excepciones opuestas, como de las constancias que cursan en el expediente, omisión incurrida por el Juzgador, que constituyen una flagrante inobservancia del principio de congruencia que debe contener la sentencia, es decir la adecuación y coherencia de lo demandado, probado y lo determinado en la sentencia, no obstante ser su deber valorar y apreciar las pruebas aportadas dentro del marco legal establecido por el art. 192 2) y 397 del Cód. Pdto. Civil y art. 1286 del Cód. Civil, al declarar de manera llana Probada en parte la demanda ordinaria de fs. 102 104 vlta., respecto a la Acción Negatoria y Reivindicación de terreno, sin especificar que extensión ordena la reivindicación a favor de las actoras, al tener derecho propietario específico…” fundamento del Auto de Vista que es objetado por la parte recurrente que lo acusa de ser una resolución que otorgó más de lo pedido por la parte apelante, no revisar adecuadamente su demanda principal  y de vulnerar lo dispuesto por el art. 236 del Código Adjetivo de la materia.

Al respeto, evidentemente el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, instruye al Tribunal de alzada circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación, pertinencia que debe guarda la resolución de alzada al momento de resolver el recurso de apelación; como se tiene expuesto supra, el Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista en aplicación de lo dispuesto por el art. 17 I de la Ley del Órgano Judicial que establece: “ La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previsto por ley”, base legal con la que anula la sentencia dictada por el Juez A quo. De una interpretación sesgada de lo establecido por el art. 17 entenderíamos que  en el marco de lo establecido en dicha norma, el Tribunal de alzada tiene la potestad de entrar a revisar actuaciones de oficio y de anular obrados por los vicios u omisiones cometidos por los inferiores, aspecto que no es evidente, conforme el espíritu legal de la nueva normativa que se va implementando desde la Nueva Constitución Política del Estado que para el caso específico y en debate sobre la ley del Órgano Judicial que orienta que las nulidades procesales son de última ratio, por dicho motivo la interpretación de lo establecido en el art. 17 debe hacerse de manera conjunta con los demás parágrafos de dicha disposición, en ese entendido tenemos el romano II que establece de manera clara y especifica que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recurso interpuestos.”, el cual se complementa con el parágrafo III que indica: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”, enunciados que sin duda reflejan que las nulidades procesales deben ser entendidas de diferente manera a lo que el antiguo sistema procesal admitía y facultaba a los tribunales de alzada a anular obrados por cualquier omisión incurrida por el inferior.

Ahora, el Tribunal de alzada ya no es un mero verificador de aspectos formales en la tramitación del proceso o finalmente en la emisión de la Sentencia, ésta autoridad cuenta con amplias facultades  y ante cualquier omisión o incongruencia, puede enmendar dicho “vicio procesal” y fallar en el fondo sin la necesidad de anular obrados o la Sentencia, es así que el nuevo Código Procesal Civil (Ley Nº 439) establece en su art. 265. III, en lo referente a las facultades del Tribunal de Segunda Instancia que: “Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que en los agravios se hubieren reclamado pronunciamiento sobre tales agravios.”, disposición imperativa para el Tribunal de alzada que se conjuncionan a lo dispuesto en el mismo artículo en su parágrafo I que dice: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación.”.

Bajo ese entendido, estaremos de acuerdo que el Tribunal de alzada mediante una resolución alejada a los petitorios de los recursos de apelación (ninguno solicita la anulación de la Sentencia)  de oficio, dispone la nulidad de la misma bajo argumentos que sin duda podían ser la base de una consideración de fondo de la litis en especial la valoración probatoria observada por el Tribunal de alzada quien podía mediante una consideración más amplia de los hechos fácticos del proceso con la pertinencia imperativa del art. 236 del CPC., en conocimiento  de una apelación dar una solución sobre el fondo del litigio, ya sea revocando o modificando la resolución impugnada y no necesariamente anularla como ocurre en el caso de autos.

Finalmente, estando planteado bajo los mismos argumentos el recurso de casación

en la Forma de Juana Serrudo Porcel, la presente fundamentación también se aplica al mismo; por otro lado, respecto a las contestaciones a los dos recursos presentados en la litis, se debe tener en cuenta lo indicado en el punto III de la presente resolución al igual que lo establecido y desarrollado en el punto IV (fundamentos de la resolución) donde se explica porque los Tribunales de alzada tienen limitado su actuar en torno a las anulaciones de oficio y la aplicación correcta de lo preceptuado en el art. 17 de la Ley Nº 025.

Por todas las consideraciones realizadas, se concluye que el Ad quem al disponer la nulidad de la Sentencia, ha actuado al margen de lo permitido por la Ley, sin observar los principios de especificidad y conservación de los actos que rigen las nulidades procesales, sustrayéndose de su obligación de resolver el recurso de apelación, correspondiendo anular la resolución impugnada conforme previene el art. 220.III num. 2) inc. a) del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del Art. 220.III num. 2) inc. a) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439): ANULA el Auto de Vista Nº 157/2015 de fecha 29 de abril de 2015, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, disponiendo que en consideración a lo determinado por el art. 265.I de la nueva codificación adjetiva civil emita nueva resolución de alzada.


Sin responsabilidad para el Ad quem, por ser excusable el error incurrido.


De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.


Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Rómulo Calle Mamani.